Avenidas contra el huachicol
Por inédita, pero aún más, por el crecimiento imparable del huachicoleo que se ha registrado en Jalisco en la última década, habrá que tomar muy en serio la propuesta hecha ayer por autoridades municipales de Tlajomulco de hacer la Avenida Poliducto para combatir la ordeña de los ductos de Pemex, que, el miércoles, provocó una nueva fuga en San Agustín.
Es más, habrá que pensar en la Avenida Poliducto II para construirla por donde corre el que pasa por el municipio de Degollado, Jalisco, que es el paraíso del huachicol a nivel nacional, por ser donde más perforaciones se cometen para robar los hidrocarburos que por años han sido cada vez más una fuente extraordinaria de dinero para los cárteles delincuenciales y para sus cómplices de los gobiernos municipales, estatales y federales, y sus policías y hasta militares corruptos.
Más ahora que el senador republicano John Cornyn, de Texas, y la senadora demócrata Jacky Rosen, de Nevada, presentaron la iniciativa bipartidista denominada Ley para Detener el Fomento de la Violencia de los Cárteles, que propone considerar el tráfico y contrabando de hidrocarburos como una amenaza a la seguridad nacional para los Estados Unidos.
Esta propuesta, que debe ser aprobada primero en comités y luego en el pleno del Congreso, señala que el combate al huachicol mexicano debe ser prioritario en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado trasnacional.
Con muchos años de retraso, pero estos legisladores estadounidenses ya vieron lo que en México sabemos desde hace más de 30 años, y por lo que, en el pasado sexenio, la primera gran bandera anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador fue justamente acabar con el huachicol.
A la mitad de su sexenio, AMLO mintió al afirmar que ya había erradicado un 90 por ciento el robo de combustible. Hoy sabemos que no sólo no se acabó con el robo de los hidrocarburos en el primer Gobierno de la 4T, sino que desde el primer momento se empezó a tejer la mega red de corrupción que evolucionó al Huachicol Fiscal, que descubrió y ha perseguido a medias su sucesora, la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El tema de esta especie de Huachicol 2.0, que creció exponencialmente las ganancias del crimen organizado y su red de protección institucional, nos debe también llevar a pensar en al menos otra Avenida en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, que podría llamarse “Huachicol fiscal” para no olvidar que familiares del alcalde emecista José Murguía, detenido por el caso del Rancho Izaguirre y del Rancho de la Vega, tenían ahí sus empresas de transporte señaladas por la FGR de ser parte de esa trama de corrupción.
Pero además de las avenidas, para verdaderamente combatir el huachicol en Jalisco, que tan sólo en mayo hizo 140 perforaciones a los ductos de Pemex, es necesario desmantelar la red de funcionarios públicos municipales, estatales y federales que les han permitido operar a sus anchas durante años.