Atentado a la libertad empresarial
En términos históricos, la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética sucedieron no hace mucho tiempo. Hablando sólo del aspecto económico, estos dos acontecimientos dejaron claro, para quien quisiera verlo, los peligros que existen de que el Estado pretenda sustituir al mercado como el mecanismo privilegiado de intercambio entre individuos y empresas.
La reciente validación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tope al incremento de las rentas en la Ciudad de México —que ahora no pueden superar la inflación del año anterior— debe ser un acicate para repensar los peligros en México contra la libertad económica y empresarial.
Los argumentos del oficialismo se pueden reducir a dos: por un lado, se considera un fin constitucional legítimo asegurar que la vivienda sea asequible y no quede sujeta únicamente a la especulación. Se habla, en este sentido, de justicia social, un concepto demasiado abstracto como para basar políticas públicas sólo en él.
En segundo lugar, la medida busca, de acuerdo con sus apologistas, frenar la gentrificación, con el supuesto fin de evitar el desplazamiento de residentes locales debido a incrementos desproporcionados en zonas de alta presión inmobiliaria. Detrás de todo esto hay una crítica, digna de mejor causa, a la mejora de las condiciones de vida en las colonias.
La verdad de las cosas es que la reforma no considera las amplias diferencias entre rangos de precios y zonas, ya que trata por igual a todas las propiedades, sin importar sus características. Es demasiado general y no considera características específicas, algo que toda ley razonable debería atender.
Las medidas propuestas, sumadas a reformas en el Código Fiscal que exigen declaraciones detalladas sobre el estado que guarda un inmueble, podrían ser un primer paso hacia un control selectivo o incluso riesgos de expropiación. Es decir, estos cambios abren el camino para la profundización de abusos futuros, algo que una ley racional debería tomar en cuenta.
Otro aspecto negativo de ellas es que desincentivan la inversión, pues al mantener los precios por debajo de la dinámica de mercado podría reducirse la oferta de vivienda en renta a largo plazo, ya que los propietarios podrían preferir retirar sus inmuebles del mercado ante la baja rentabilidad frente a costos de mantenimiento. Es, quizás, este último punto el que más preocupa, desde el punto de vista no sólo del interés de los empresarios inmobiliarios, sino de quienes querrían rentar los inmuebles.
Por ahora, estas reglas se aplican en una ciudad del país, pero pronto podrían extenderse a todo México. Esto sería una mala idea, por las razones que hemos especificado y que tienen que ver, sobre todo, con la libertad empresarial y con el despliegue natural del mercado.
Debido a esto, es muy posible que todos salgan perdiendo debido a la distorsión del equilibrio necesario entre demandantes y oferentes. Es necesario, entonces, detener su generalización en el futuro.
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