Van otra vez por tres ex secretarios
Nos dicen que tres ex secretarios de Desarrollo e Integración Social durante la pasada administración están nuevamente vinculados a proceso. Se trata de Miguel Castro, Salvador Rizo y Daviel Trujillo, quienes fueron sentados en el banquillo de los acusados por las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. Incluso, el primero estuvo preso.
Aunque ya la habían librado, la Fiscalía impugnó. Y siguen sus procesos en libertad, pero nos cuentan que el juicio está programado para la primera quincena de septiembre próximo.
Recuerden que son acusados por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al haber emitido cheques a nombre de diversas organizaciones civiles cuando estuvieron al frente de la Secretaría, pero los tres niegan irregularidades.
¿Pisarán la cárcel, resarcirán el daño económico o quedarán totalmente en libertad?
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La semana pasada hubo grilla hasta para almacenar en la azotea. Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se echaron su vuelta a Guadalajara, igual que Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Cosa curiosa: los aspirantes de Morena fueron generosos en sus tiempos para aparecer en los medios de comunicación y presentar sus puntos de vista.
La que se escondió sistemáticamente fue Xóchitl y ni siquiera la presidenta del PAN en Jalisco, Diana González, pudo hacer una propuesta para la agenda de trabajo de la senadora que, se presume, será anunciada el domingo entrante como la aspirante a la candidatura presidencial para el 2024 (por el Frente Amplio por México).
Se confirma que su equipo cercano tiene muchos problemas para equilibrar la agenda y atender lo más importante.
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Desde octubre pasado se confirmó que todas las escuelas en Jalisco con más de 300 estudiantes deben contar con un plan de movilidad. Éste debe incluir acciones y estrategias para impulsar el transporte escolar regulado, para mitigar el uso del vehículo particular y mejorar la señalización en los entornos. ¿Cuántas escuelas cumplen?
Se trata de una nueva regulación tras la reforma a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte Público, pero quedó en el papel hasta el momento.
La ley indica que corresponde a los Ayuntamientos solicitar, evaluar y colaborar en la elaboración de los planes. Y hasta precisa en qué condiciones podrá operar un sistema de transporte escolar, pero no hay novedades.