¿Se desmontará la casta notarial?
Mientras sigue sin resolverse el caso de la sustentante María Guadalupe Sánchez González, que confirmó toda la opacidad y el tráfico de influencias que ha existido siempre en la asignación de los Fiat que otorga el Gobierno del Estado para ejercer como titular de una Notaría Pública, hoy el Colegio de Notarios y la Consejería Jurídica del Gobierno estatal tienen una gran oportunidad de demostrar si se aprendió o no de esa lección y si se mejorarán las prácticas, los procedimientos y la transparencia para dar a las y los mejores aspirantes las credenciales para ejercer como fedatarios públicos.
Me refiero a la aplicación del examen que a las cinco de la tarde de este lunes se realizará a quienes respondieron a la convocatoria publicada en el “Periódico Oficial El Estado de Jalisco” en la edición del pasado 15 de junio donde se da cuenta de las vacantes para ocupar notarías públicas de municipios del interior del Estado como Ameca, Atotonilco, Autlán, Chapala, Cihuatlán, Cocula, El Salto, Ixtlahuacán del Río, Lagos de Moreno, Magdalena, Mascota, Puerto Vallarta, Sayula, Tamazula, Tepatitlán, Tequila, Zapotiltic y Zapotlán.
Para empezar, ojalá que los hombres y mujeres que apliquen su examen hoy, sí tengan la oportunidad de revisar su examen si es que consideran ilógica la calificación dictaminada e indispensable para avanzar en el concurso, sin que tengan que padecer un calvario de uno y hasta cinco largos años de litigios y gastos, buscando un amparo para obligar al Colegio de Notarios y a la Consejería Jurídica a mostrarlo como le pasó a María Guadalupe, cuyo caso expusimos aquí a principios de julio pasado.
El escándalo sobrevino cuando tras este largo juicio, se le mostró su examen pero no se pudo saber si las respuestas estaban bien o mal, ya que estaba mutilado. Por ello la justicia federal obligó a que se le repusieran las 27 preguntas arrancadas. Pese a la flagrante prueba del delito, no hubo investigación alguna por parte de la Consejería Jurídica y a regañadientes le diseñaron un nuevo examen cambiando las preguntas originales que debía responder en 48 minutos con seis segundos. La sustentante se negó a contestarlo por considerar que no se que cumplían las condiciones de igualdad que marcaba la sentencia, situación que rechazó el lunes pasado, tras 40 días, la titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo. Contra este fallo, la defensa de María Guadalupe acudió a un Tribunal Colegiado para exigir que se le apliquen las mismas preguntas y con un tiempo razonablemente justo.
En espera del desenlace de este paradigmático caso, habrá que estar muy atentos a lo que ocurra hoy en el Colegio de Notarios, que encabeza Jaime Natera, en donde aseguran que esta vez, será sólo el mérito el criterio con el que se entreguen las Notarías Públicas en juego y no con la lógica siempre dominante de la casta notarial. Veremos.