Quedan domésticas a conciencia de sus patrones
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, se estima que en el país casi 3
millones de empleados domésticos -2.5 por ciento de la población total-, los cuales el 96.7 por ciento lo hacen de una manera informal. Un mínimo porcentaje -sólo poco más de 30 mil personas de ese universo; casi 70 por ciento mujeres- se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo tanto miles no están protegidos laboralmente y no tienen derechos.
Esto pudiera cambiar muy pronto, ya que la reforma para hacer obligatoria la seguridad social de los empleados
domésticos pasó en el Senado de manera unánime el trámite de revisión y autorización para turnarse a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Aunque para los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Hogar (SINACTRAHO) la propuesta no cumple con los requisitos del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, es histórica porque es la primera vez que el Senado la aprueba y estaría a punto de convertirse en ley una vez que la Cámara de Diputados la apruebe y se envíe al Presidente para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De concretarse el proceso, los empleados domésticos IMSS tendrán derecho a los cinco seguros que otorga la institución, como son el de enfermedad maternidad; riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y guarderías y prestaciones sociales, con el antecedente de que no será necesario contar con registro patronal ni contar con el seguro de riesgo de trabajo, lo que que significaria un protocolo burocrático para los empleadores.
Se pretende, de lograrse , conseguir la igualdad de las personas con otro tipo de empleos y darle visibilidad formal que nunca han tenido.
La aplicación de esta nueva ley ahora deberá de enfrentarse a dos problemas, ya no de orden legislativo, sino en el sentido de su aplicación: convencer a los patrones domésticos a que se registre a sus empleados -con quienes se tiene solo acuerdos verbales- y se cumplan con todos los requisitos de ley, y la inspección por parte de las autoridades a que la aplicación de la misma se lleve a cabo.
Aquí -seguramente-, ante la falta de recursos por parte de las autoridades del trabajo para vigilar que se cumpla con los requisitos de ley, todo quedará a la conciencia de los patrones domésticos a que sus empleados estén protegidos como cualquier trabajador y perciban un salario justo y las prestaciones de ley a que tienen derecho. ¿Usted, qué opina?.
daniel.rodriguez@dbhub.net