México, es una tumba clandestina
Debido a la gravedad de las estadísticas sobre desaparición de personas, desde 2023 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había recomendado a México, “Promover la activa participación y colaboración de la Fiscalía General de la República, La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Secretaría de Marina y la Secretaria de la Defensa Nacional en el Mecanismo Nacional de seguimiento de las recomendaciones del Comité, y garantizar la participación efectiva de las víctimas y colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, y otros actores interesados en el diseño e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”.
Y ante la nula respuesta por parte del gobierno mexicano, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU decidió el viernes pasado abrir un proceso ante lo que ocurre en nuestro país, donde “de manera generalizada o sistemática” desaparecen miles de personas, para ponerlo a consideración de la Asamblea General del organismo.
La respuesta del gobierno mexicano no se dejó esperar, y el sábado, a través de la Secretaría de Gobernación, se rechazó la declaración “... en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado”, haciendo énfasis en México “... no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”. Y detrás de la nota oficial, vino la caballada morenista acusando a Naciones Unidas de pretender descarrilar al gobierno de Claudia Sheinbaum, como lo hizo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que “...son herramientas del poder económico y del conservadurismo que no paran ninguna agresión a ningún pueblo, y no sirven para nada nada más estar hostilizando a gobiernos que verdaderamente sirven al pueblo”; mientras que la dirigente Nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que los comentarios tienen orientación política e ideológica, “... pues no les gustan los gobiernos progresistas y cercanos a la gente”.
Ya desde el año pasado en su reporte anual sobre desapariciones, el Alto Comisionado de la ONU había recomendado la integración de los “ciudadanos civiles” al organigrama para la búsqueda de soluciones, así como “Adoptar una política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”. Sin embargo, después de muchos años, fue hasta el pasado fin de semana cuando el primer grupo de buscadores de víctimas tuvieron contacto con el Estado para exponer sus puntos de vista.
Desde mediados de 2018 el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota ya hacía referencia a las desapariciones y sus reportes indican que “México es una enorme tumba clandestina”, bajo el argumento “... de cuatro lógicas que explican la persistencia de las desapariciones en un Estado post-transicional como México: su naturaleza clandestina, la construcción de personas ‘desechables’, la utilidad de la política económica y la pérdida ambigua como control social”.
Usted, ¿qué opina?