El viernes pasado ocurrió un episodio protagonizado por el Congreso, pero principalmente por las y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), que dejan claro cómo los que en teoría no podrían ser ejemplo en el cumplimiento de las leyes son los primeros en pisotearlas, al grado de ampliar de un plumazo y con toda arbitrariedad de 34 a 35 el número de magistrados del Poder Judicial, provocando un inédito vacío legal.Así, de forma voluntaria o involuntaria, en Jalisco quedó inaugurada la figura del “Magistrado Cachirul”, que recaería en Jorge Mario Rojas Guardado, quien desde sus primeros litigios para llegar a la magistratura en el 2011, se le conoció como el magistrado “verde ” por ser impulsado por el ex diputado y entonces dirigente de ese partido, Enrique Aubry, sólo por el mérito de ser su colaborador y sin importar que no cumpliera, de entrada, el requisito de tener un título profesional con 10 años de antigüedad.Y es que en cumplimiento de una resolución judicial del 18 de marzo pasado, del juicio de amparo 2217/2011 dictada por el Juez Cuarto de Distrito en materias administrativas, civil y de trabajo de Jalisco, el Congreso del Estado declaró vigente la semana pasada la designación de Martha Leticia Padilla Enríquez, como magistrada del STJE.Pero por alguna extraña razón, como podría ser algún acuerdo político cupular, en el oficio enviado por el Congreso al Poder Judicial no se explicita, como sí lo hace la resolución judicial, que deben quedar sin efecto los acuerdos que en su momento permitieron a Rojas Guardado se convirtió en magistrado, y por tanto sustituirlo por Padilla Enríquez, que finalmente ganó este litigio que se prolongó por más de 11 años por esa curul del STJE.Pese a esta omisión del Poder Legislativo, que quedó patente con el acuerdo de las y los magistrados que encabezaron a Daniel Espinoza Licón de hacer una “solicitud de aclaración” al Congreso de lo que debe proceder con Rojas Guardado, la mayoría de las veces tomar la protesta a la nueva magistrada, pese a que en el mismo pleno hubo voces que pidieron posponer su integración hasta tener la respuesta del Congreso.Aunque algunos acomodan a Rojas Guardado en la curul del magistrado acusado suspendido de abuso infantil, José de Jesús Covarrubias, habrá que recordar que eso no es posible porque el mismo presidente del Tribunal ha señalado que sin haber sentencia definitiva en este caso, no se le puede quitar su nombramiento como magistrado.Así que tenemos 34 magistrados y magistradas y un cachirul, situación irregular que sigue mandando muy preocupantes señales que explican la crisis en el cumplimiento del Estado de Derecho en el estado y por qué el STJE está entre los peores evaluadores del país.
