Hallar desaparecidos, un avance insuficiente
La clausura simbólica del Congreso del Estado que hicieron el martes pasado familiares de desaparecidos y organizaciones sociales que los acompañan y tienen años de lucha por esta causa, fue una especie de cierre de manifestaciones que se dieron en julio para denunciar este flagelo, y que visibilizaron nuevamente a este delito, vinculado al de las fosas clandestinas, como el más importante problema de inseguridad a resolver en Jalisco, que requiere atención urgente, aun en medio de la pandemia.
Aunque lamentablemente nuevos casos de desapariciones se registran todos los días en Jalisco, la presentación a mediados de este mes del Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas que hizo la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, en el que nuestra entidad aparece en el primer lugar de cadáveres extraídos de fosas clandestinas con 487 entre diciembre y julio, y en el segundo lugar de desapariciones con 10 mil 239 casos (826 más que la estadística estatal hasta junio) que representan casi el 14 por ciento del total en el país, fue un fuerte llamado para recordarnos la dimensión del problema que tenemos con estas expresiones delincuenciales que son las más crueles y las que más dolor causan entre las familias de las víctimas.
En la presentación de este Registro, la Secretaría de Gobernación reconoció que el gobierno de Jalisco es uno de los que más ha actualizado las cifras de desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas, y el fortalecimiento presupuestal para las instancias encargadas de afrontar la incidencia de este tipo delincuencial.
A ese respaldo pareció responder el corte que hizo la semana pasada la Fiscalía General del Estado de lo encontrado en lo que va del año en las fosas que han hallado en predios y casas de la muerte. Ahí reveló cifras escalofriantes como las 800 bolsas que han acumulado con cuerpos mutilados, además de 245 cuerpos.
También del insólito hecho de que un solo cementerio clandestino en el que las mafias convirtieron una casa de la Colonia El Mirador II, de Tlajomulco, han exhumado ya 104 cuerpos.
Si bien es de reconocerse el esfuerzo para hacer más sistemática y permanente la búsqueda de las y los desaparecidos por parte del gobierno estatal, deben hacer mucho más que sostener que estas altas cifras se deben a las investigaciones y búsquedas, incluso de fosas, que gobiernos anteriores no hacían.
Hallar desaparecidos con vida es lo deseable; encontrarlos sin vida es una tragedia, pero trae al menos el consuelo a las familias de acabar con la incertidumbre e intentar poner fin al duelo; pero lo obligado y lo que le falta cumplir a las autoridades federal, estatal y municipales es parar las desapariciones. Deben dedicarse a detener y encarcelar a los raptores y asesinos, no sólo a buscar a los muertos.
Ojalá estas alarmantes cifras, hagan reaccionar a una desprestigiada Legislatura LXII, y contribuyan aún en la pandemia que los atacó con todo, a sacar ya, de la mano de las familias y las organizaciones sociales, las tres iniciativas pendientes en materia de desaparecidos, para que contribuyan en algo a parar esta inercia criminal que destruye cada día más nuestro tejido social y enluta a miles de familias jaliscienses.
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