Doble desaparición
Desde finales de marzo de este año el Gobierno del Estado de Jalisco viene violando sistemáticamente la ley, tanto estatal como general, en materia de desaparición de personas: están desapareciendo a los desaparecidos de los registros tanto estatales como nacionales. Es un asunto de la mayor relevancia porque las autoridades estatales encargadas de recibir las denuncias, hacer las búsquedas y llevar los registros de los casos, de manera deliberada, no están reportando todos los casos de desaparición que ocurren en la Entidad.
Desde hace dos años, deshonrosamente, Jalisco ocupó el primer lugar en personas desaparecidas en todo el país. En marzo de este año se rebasó la cantidad de 16 mil personas desaparecidas. De manera repentina, la Fiscalía General del Estado anunció una “carga masiva de datos” ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) que maneja la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación.
El 25 de marzo, Jalisco reportaba 16 mil 222 personas desaparecidas y no localizadas, pero tras la carga masiva de datos la cifra se redujo inexplicablemente a 14 mil 915. De un plumazo se borraron mil 307 casos. A los días siguientes el Gobierno del Estado emitió un comunicado explicando que durante 2021 y hasta febrero de 2022 la Comisión Estatal de Búsqueda detectó casos de personas localizadas como “posibles vinculados, posibles reincidentes y posibles duplicados”, que no se actualizaran en su momento de manera automática en el portal del Rnpdno.
Pero si esto fuera cierto, a partir de esa fecha continuarían reportándose los nuevos casos presentados en Jalisco, pero no ha sido así. De la cifra de 14 mil 915 desaparecidos el 25 de marzo hasta ayer, apenas se habían reportado 115 casos para llegar a 15 mil 030 desaparecidos en seis meses y medio, cuando en promedio están desapareciendo 120 personas por mes.
Claramente el Gobierno de Jalisco, a través de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) han dejado de seguir reportando los casos que siguen ocurriendo cotidianamente como lo hace público la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco a través de sus redes sociales.
Justo a partir del seguimiento a esta información, Víctor Manuel González Romero, profesor y ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), ha registrado la desaparición de 487 mujeres y hombres a partir del 23 de mayo de este año.
Claramente el Gobierno de Jalisco ha dejado de reportar los casos de desaparecidos que ocurren en la Entidad ante el Rnpdno, a pesar de que la ley lo obliga a ello. El artículo 87 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares señala lo siguiente: “Una vez que la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda que corresponda reciba, en términos del artículo anterior, un Reporte o Noticia de una Persona Desaparecida o No Localizada, debe ingresar de inmediato la información correspondiente al Registro Nacional y generar un folio único de búsqueda”. No lo está haciendo así ni la Comisión Estatal de Búsqueda ni la FEPD.
Pero también se está incumpliendo con la ley estatal, pues el artículo 40, fracción IV, señala que es una atribución de la FEPD “dar aviso de manera inmediata, a través del Registro correspondiente, a la Comisión de Búsqueda y a la Comisión Nacional sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de la Ley General, a fin de que se inicien las acciones correspondientes a la búsqueda (…)”.
Además de incumplir con los reportes ante el Rnpdno, el Gobierno de Jalisco incumple con la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco que obliga a instaurar un registro estatal de personas desaparecidas. En su lugar, el actual Gobierno mantiene un Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) que presenta cifras menores a las del Rnpdno y que es cuestionado por los colectivos de familiares por sus limitaciones y presumir las personas localizadas antes que reconocer el número total de personas desaparecidas.
Como puede verse, además de incumplir la ley, el actual Gobierno del Estado está duplicando a los desaparecidos: primero al no hacer lo suficiente para detener esta crisis por desapariciones, y luego al intentar ocultar y negar deliberadamente la magnitud de este problema.
No se trata sólo de cifras, es conveniente recordarlo. Cada caso de una persona desaparecida se trata de una vida suspendida, una familia que no puede cerrar su duelo y por lo tanto se trata de un dolor perpetuado. Un dolor que el gobierno alimenta y duplica al llevar a cabo una estrategia para el control de daños a su imagen que conlleva ser la primera entidad con desapariciones en el país. Un control de daños para cuidar la imagen del gobierno y del gobernador, pero no dirigida a encontrar y buscar a todos los desaparecidos.