De la cooperación a la coordinación
La revelación, publicada por The New York Times, de que Donald Trump habría autorizado el uso de la fuerza militar estadounidense contra cárteles designados como organizaciones terroristas, marca un punto de inflexión en la agenda bilateral de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó de inmediato, descartando la posibilidad de intervención militar extranjera en territorio mexicano.
Más allá del desmentido, la decisión —de confirmarse— tendría implicaciones jurídicas y operativas profundas. La legislación de Estados Unidos permite que, bajo la designación de terrorismo, se empleen recursos militares en el extranjero, ya sea de forma unilateral, como en la invasión a Panamá de 1989, o en operaciones conjuntas, como las realizadas en Colombia bajo el marco del Plan Colombia. La diferencia con México sería que, hasta ahora, la colaboración se ha limitado al intercambio de información e inteligencia con agencias como la DEA, el FBI o la CIA. La nueva disposición abriría la puerta a capacidades logísticas y de inteligencia militar de alcance mucho mayor.
Este escenario no partiría de cero. Existen antecedentes de cooperación en seguridad que datan de décadas, incluyendo mecanismos de coordinación en operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, el cambio cualitativo radicaría en pasar de una cooperación respetuosa a una coordinación operativa de alto nivel, con marcos jurídicos listos en Estados Unidos para actuar de manera más integrada.
Los obstáculos no son menores. Persisten dudas sobre la confiabilidad de ciertas corporaciones policiales mexicanas y limitaciones logísticas para emprender acciones de alto perfil. Una coordinación militar más estrecha podría superar parte de estos problemas, pero también plantea riesgos: la erosión de la soberanía, la tentación de operaciones unilaterales y la posible ampliación del uso de la fuerza más allá de lo estrictamente necesario.
A diferencia del Plan Colombia, el objetivo declarado no sería únicamente neutralizar a los líderes de los cárteles, sino desmantelar sus estructuras hasta reducirlas a expresiones de delincuencia común. Esto implica operaciones sostenidas y menos visibles mediáticamente, pero de gran alcance estratégico.
El reto será garantizar que cualquier acción conjunta se rija por principios de legalidad y control democrático. La fuerza sin ley erosiona la legitimidad del Estado; la fuerza bajo la ley, en cambio, puede consolidarlo. Si México y Estados Unidos avanzan hacia una coordinación más profunda, deberán hacerlo bajo reglas claras, objetivos comunes y mecanismos de rendición de cuentas. Solo así la seguridad dejará de ser un terreno de improvisación y se convertirá en una política de Estado compartida.