Cybertruck para la foto
I
Serán sólo tres cybertrucks las que adquirirá el Gobierno de Jalisco y no “cientos” como se mal informó. Un exceso de cualquier manera, pues basta una sola camioneta Tesla para la foto que buscan en el Mundial 2026 en Guadalajara.
Hay que acostumbrarnos. A partir de ahora, en la ciudad se tomarán muchas decisiones para lucir de cara a esos 360 minutos en los que se jugarán cuatro partidos de futbol.
Muchas de estas decisiones serán en beneficio de la ciudad, otras serán polémicas –véase el Parque Revolución– y algunas más, sólo frívolas y costosas.
El lunes, a Pablo Lemus se le salió decir, al justificar la adquisición de las cybertrucks de 2.1 millones de pesos cada una, que “necesitamos también trabajar mucho en la percepción de seguridad”.
Sin embargo, no estamos ante un simple problema de marketing sino de derechos fundamentales a la vida y la seguridad. ¿No debería ser la realidad la que moldea la percepción, y no al contrario?
Pero dejemos a un lado este debate de las cybertrucks que tanto apasiona en redes y medios, y cuyo costo de arrendamiento representan menos del 1% de la inversión en patrullas que hará el Gobierno de Jalisco.
II
Lemus confirmó ayer que su Gobierno arrendó casi 700 vehículos y patrullas a tres años por 970 mdp. Al menos 260 unidades serán para municipios del interior.
Traigo a colación un caso concreto para provocar una reflexión acerca de cómo este enfoque millonario sobre la seguridad –casi mil millones de pesos en vehículos– podría o no atajar nuestros graves y complejos problemas de inseguridad en el Estado.
Esta semana, en la Central Nueva de Tlaquepaque, dos jóvenes fueron rescatados por agentes de seguridad, pues iban a ser reclutados con engaños a través de anuncios falsos en redes.
Una mujer los contactó en el lugar y dos hombres, que resultaron ser policías de San Cristóbal de la Barranca, los iban a trasladar a ese municipio. El caso aún se investiga, pero esta es la información preliminar.
¿De qué manera una patrulla blindada o último modelo para la comisaría de San Cristóbal de la Barranca habría evitado la corrupción policial y el reclutamiento de estos jóvenes? Por el contrario, ¿no sería una forma indirecta de “equipar” al crimen si antes no saneamos a nuestras policías municipales?
Desde el sexenio pasado, 309 agentes municipales han sido procesados por desaparición forzada. A menudo, la CEDHJ emite recomendaciones por tortura y abusos policiales contra ciudadanos y nadie se inmuta.
III
¿Y si el problema de la inseguridad no es sólo un asunto de patrullas y ladrones sino, sobre todo, de policías?