Criminalización insostenible
Es una guerra entre bandas del crimen; es una pugna entre células criminales; dos cárteles se están disputando el control de la plaza; hay una pelea por el territorio….
La frase puede cambiar un poco, pero en esencia, este es el mensaje que el Gobierno de Jalisco da en toda ocasión para tratar de explicar el aumento sostenido e indignante de la guerra que tenemos en Jalisco. Esta oleada de asesinados, masacrados, desaparecidos y las consecuentes fosas clandestinas y centros de exterminio que se van sembrando en todo el Estado.
Lo escuchamos en marzo de parte del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz cuando se presentó una oleada de asesinatos y desde entonces advirtió: “Vienen días complicados, no les miento, la ola de violencia no se va a terminar, lo que sí podemos, y estamos obligados, y lo que vamos a hacer es contener, dejar la piel en el esfuerzo para impedir que esta crisis sacuda nuestra Entidad”. Durante el intento de asesinato del ex fiscal y entonces secretario de Trabajo, Luis Carlos Nájera, en mayo pasado, el gobernador dio la misma explicación.
Es aún más recurrente escucharlo de parte de los fiscales estatales. En diciembre de 2016, el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer, reconocía un aumento de la violencia y lo atribuía a una escisión del cártel Nueva Generación (CNG).
En este diario se dieron a conocer la versión de la Fiscalía del Estado sobre los crímenes en el primer semestre del año. Según sus cuentas, de 1,043 víctimas, 841 están relacionados con el narco, es decir más de ocho de cada 10. Sin embargo, también datos de la Fiscalía entre enero y agosto de 2017 decían que sólo uno de cada tres homicidios dolosos tenía relación con algún cártel (EL INFORMADOR, 3 agosto 2018). Como se puede ver, no hay consistencia en las afirmaciones de la autoridad. Y no la puede haber porque en realidad hay una incompetencia mayúscula en combatir todos los delitos y en particular los homicidios dolosos.
Entre enero y junio de este año se abrieron 699 carpetas de investigación, de las cuales apenas 133 cuentan con un detenido y del total de crímenes sólo se ha dictado sentencia contra tres personas (Mural, 20 agosto 2018). El año pasado hubo 1,369 carpetas de investigación por homicidio doloso de las cuales sólo 112 resultaron en alguna consignación con detenidos (8%) (EL INFORMADOR, 15 agosto 2018). Los niveles de impunidad son mayúsculos. El año pasado 92% de los crímenes violentos quedaron impunes; en lo que va del año la impunidad es de 99.5 por ciento.
Con estas tasas de impunidad, ¿con qué seguridad la autoridad asegura que es una guerra entre narcos, por qué se afirmó que ocho de cada 10 muertes violentas estaban relacionadas a bandas criminales? Las mismas estadísticas oficiales los desmienten. Si las investigaciones no se terminan, si los que cometen los homicidios, las desapariciones, y cavan las fosas clandestinas no son detenidos, ¿por qué el gobernador y el fiscal aseguran que es una guerra entre narcos o bandas del crimen organizado? Estas preguntas no pretenden negar que tenemos un grave problema de presencia de organizaciones que se dedican a los grandes negocios del capitalismo ilegal (protegidos por autoridades políticas) pero al generalizar que la mayoría de las muertes “son entre ellos”, el Gobierno se exculpa y se lava las manos. Evade su responsabilidad.