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Una transición agotada
La alternancia del poder abandonó la construcción de un país de estado de derecho y castigo a la corrupción
GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2014).- Muchos dirían que la transición nunca existió. Es decir, que lo que vivimos en el periodo de 1988 al 2000 fueron una serie de alternancias de partidos en el poder, a nivel local y nacional, y punto final. Se fueron unos y llegaron otros, pero la arquitectura del viejo régimen se mantuvo prácticamente intacta. Corporativismo, elitismo, corrupción, opacidad y demás calificativos de los años de la “Presidencia Imperial” perduraron bajo otros nombres y otras siglas. Y aunque esta interpretación parece exagerada —aún de su popularidad en tiempos recientes—, ya que bajo cualquier óptica nuestra endeble e incipiente democracia se parece muy poco al sistema autoritario de los años sesenta o setenta, lo que resulta casi innegable es que la transición democrática presenta marcados signos de agotamiento y la clase política no parece dar acuse de recibo.
Es cierto, la transición nos proporcionó un pluralismo partidista innegable; mayores cuotas de libertad de expresión; y unas elecciones donde el voto cuenta. Sin embargo, fracasó en otras tareas igualmente relevantes o más importantes: construir un estado de derecho que trate a todos iguales ante la ley, sin privilegios ni jerarquías; un Gobierno que rinda cuentas y se supedite al escrutinio constante de la ciudadanía; la constitución de una masa de ciudadanos que se asuma con plenos derechos adquiridos y garantizados, y no las clientelas y las corporaciones del viejo régimen; el respeto democrático a los derechos humanos inviolables de cada ciudadano por el sólo hecho de serlo; delinear estructuras estatales abiertas y transparentes que reduzcan la opacidad y abonen a la rendición de cuentas. La transición se agotó: son innegables sus aportaciones, pero poco puede decirnos sobre lo que vivimos hoy. ¿Estamos frente a una segunda transición? ¿Una transición hacia el estado de derecho, la participación y la rendición de cuentas? ¿O simplemente es un momento de tensión política sin horizonte de cambio?
El agotamiento de un modelo
Las transiciones pactadas, es decir aquellas que no provienen de una revuelta o de una subversión del orden establecido, fueron populares en los ochenta y noventa. Los ejemplos de España y Chile, dos transiciones que evitaron la purga del pasado para abrazar una ruta reformista pactada y sin sangre, se veían como modelos a seguir. Sin embargo, en el caso de México, que no proveníamos de una dictadura militar al estilo de Francisco Franco y Augusto Pinochet, sino de un régimen que se fue transformando durante los años, la alternancia de partido en Los Pinos significó gran euforia, pero el camino por recorrer era aún muy largo.
Nos confundimos: pensamos estar ya en buen puerto, cuando en realidad apenas zarpábamos. Es decir, a diferencia de los países antes mencionados, en México el partido hegemónico contaba con legitimidad, voto duro y significaba el ancla de la cultura política de este país. No hubo de parte de Vicente Fox una condena al viejo régimen y a sus valores políticos. No hubo juicio del pasado, el cambio de partido en el Gobierno no se tradujo en nuevas ideas, estructuras y formas de ejercer el poder.
Los datos son contundentes: la ciudadanía cada vez más identifica en la transición el paso de un sistema de partido único cerrado a otro multipartidista pero también cerrado y con baja participación. Dos de cada 10 mexicanos opinan que los partidos políticos no son solución a ninguno de sus problemas y nueve de cada 10 creen que responden a sus propios intereses y no a los de sus gobernados. Así, la transición logró, que no es poca cosa, una apertura pluralista a un sistema de varios partidos que compiten por el poder político y en donde el cambio es pacífico. Sin embargo, ese pacto luce agotado: es fundamental renovar el pacto pero ahora lejos de la lógica cupular y corporativa. Las “oligarquías de Hierro”, como define Robert Michels a los partidos, deben dar paso a un nuevo consenso democrático que abra la política a más participantes y que transforme internamente a los partidos. Los partidos son indispensables en una democracia, sin embargo nuestros partidos están lejos de ser los vehículos de representación que necesitamos para alcanzar la democracia que queremos.
El agotamiento de una constitución vulnerada
Desde 1917, en promedio la Constitución de México se ha reformado cinco veces por año. Es una Carta Magna sacralizada en discursos, pero violada, desobedecida y vulnerada en la práctica. Por más que algunos principios que le dieron vida al espíritu constitucional de 1917 siguen ahí, ese pacto social cayó en la obsolescencia. Es una Constitución social que encarna principios que nos unen como país, pero que hoy en día ya no significada nada para buena parte de la sociedad.
Es un tratado constitucional funcional para un régimen que no debía rendir cuentas, que fingía obediencia, pero que en la práctica actuaba con todas esas facultades meta-constitucionales que le permitían saltarse su observancia. Y es que por más que se defienda el “cinco de febrero” como un día importante para el país, en los datos, México ocupa una de las últimas posiciones en el mundo en el famoso “respeto al estado de derecho”. Dos de cada tres mexicanos creen que la ley en México se respeta “poco o nada”; seguimos creyendo que es más importante que agarren a los criminales sin importar el respeto a los derechos humanos (54%); una mayoría de mexicanos considera que es justificable que en algunos casos se haga “justicia por propia mano”, y también la mayoría cree que no sirve para nada denunciar los delitos.
Un constituyente sería un poderoso mensaje de cambio. Una nueva Constitución que fuera discutida en los congresos estatales, en el Federal, en las universidades y en círculos sociales, y que al final fuera ratificada en las urnas, es un elemento clave para avanzar hacia una segunda transición. Repensar nuestro federalismo, un municipalismo vigoroso y moderno, una democracia que conjugue con eficacia democracia representativa y directa, un sistema de rendición de cuentas que cuide realmente por los pesos públicos y un combate decidido a la impunidad, podrían ser cimientos de esta nueva constitución. Un proceso constituyente nunca deja contentos a todos (el caso de España está claro, un 12% votó en contra de la Constitución de 1978), sin embargo es una buena hoja de ruta para la construcción de una mayoría social y política que renueve un pacto agotado.
El agotamiento del “ciudadano Kleenex”
Las calles son el espejo: le época del ciudadano Kleenex ha llegado a su fin. Es decir, ese ciudadano que es “usado una vez y es desechado”. En América Latina, México es uno de los países donde los canales de participación se encuentran más cerrados. No existe hoy en día a nivel federal, ningún mecanismo vivo para preguntarles a los ciudadanos por su opinión en distintos temas. Ya no hablemos de Suiza en donde los ciudadanos acuden a las urnas por lo menos cinco veces al año para votar por distintos temas.
Para acabar de empeorar la situación, ya sea por error de los legisladores o por una interpretación sumamente estrecha de la Constitución, la Ley de Consultas Populares quedó en letra muerta tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si bien en otros casos importantes, la Corte ha tenido una visión mucho más progresista y más sistémica de los problemas, en el caso de las consultas decidió jugar conservador y regresarles el problema a los diputados. Se necesita otra reforma constitucional para hacer de la participación un derecho auténtico.
Hoy en día la mayoría de los ciudadanos en México conciben al voto como su único acto político (nuestras tasas de participación en elecciones presidenciales son comparables con democracias consolidadas. Arriba del 60%). Si revisamos los datos de asociacionismo a nivel nacional, nos damos cuenta que somos un país apático a la hora de defender causas colectivamente: solamente 6% de los mexicanos ha participado alguna vez en una manifestación y sólo 2% ha participado en una huelga. En lo relativo a asociaciones u organizaciones, la participación más alta se da en entidades religiosas y sólo alcanza una membresía activa de 10%. Nueve de cada 10 mexicanos nunca ponen en su vida un píe en una organización. Hay que decirlo, la baja participación política es un fenómeno inercial en nuestro país que nos remonta al viejo régimen. Una especie de entendido: el ciudadano se dedica a su vida y los políticos a las decisiones. Una segunda transición debe romper este círculo vicioso que impide la consolidación democrática.
El agotamiento de una sociedad de privilegios
El privilegio y la impunidad, son dos conceptos que suelen comunicarse. En una democracia inconclusa, no se entiende el primero sin la segunda. Incluso, la impunidad es, en gran medida, el origen de los privilegios. En un estado de derecho, solamente la impunidad puede asegurar que los privilegios dividan a los ciudadanos entre los que son lo suficientemente poderosos como para escapar la ley y sus limitaciones, y aquellos a los que su debilidad económica o política deben seguir las reglas. México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos.
Una sociedad de estado de derechos debe divorciarse de los privilegios. En México, hay más de cinco mil funcionarios con fuero, se hacen declaraciones patrimoniales pero no se hacen públicas y rara vez vemos que un político caiga por corrupción. Los fueros y los privilegios son propios de una sociedad pre-moderna no de una democracia de estado de derecho. Sin igualdad ante la ley, real y material, es imposible pensar en la construcción de instituciones democráticas durables. En México se cree que “la ley es para los débiles-o pobres” como dijo alguna vez el politólogo estadounidense Robert Kagan.
Lentamente se abre el telón de lo que podría ser una segunda transición que enmiende los grandes pendientes de la primera. La primera transición significó apertura democrática y pluralismo, pero dejó intacta la arquitectura que nos condena a que acontecimientos como los de Ayotzinapa o incluso el escándalo por la “Casa Blanca” sean una realidad permanente en el país. Las 10 acciones anunciadas por el Presidente de la República el jueves pasado contienen posibles soluciones a problemas aquí planteados, pero no sabemos las políticas públicas específicas ni tampoco si habrá mayor participación de la sociedad civil en el diagnóstico de nuestros problemas y en las soluciones. El panorama político en México cambió de arriba abajo en solamente dos meses, así de débil era ése gigante pies de barro que conocíamos como transición.
Es cierto, la transición nos proporcionó un pluralismo partidista innegable; mayores cuotas de libertad de expresión; y unas elecciones donde el voto cuenta. Sin embargo, fracasó en otras tareas igualmente relevantes o más importantes: construir un estado de derecho que trate a todos iguales ante la ley, sin privilegios ni jerarquías; un Gobierno que rinda cuentas y se supedite al escrutinio constante de la ciudadanía; la constitución de una masa de ciudadanos que se asuma con plenos derechos adquiridos y garantizados, y no las clientelas y las corporaciones del viejo régimen; el respeto democrático a los derechos humanos inviolables de cada ciudadano por el sólo hecho de serlo; delinear estructuras estatales abiertas y transparentes que reduzcan la opacidad y abonen a la rendición de cuentas. La transición se agotó: son innegables sus aportaciones, pero poco puede decirnos sobre lo que vivimos hoy. ¿Estamos frente a una segunda transición? ¿Una transición hacia el estado de derecho, la participación y la rendición de cuentas? ¿O simplemente es un momento de tensión política sin horizonte de cambio?
El agotamiento de un modelo
Las transiciones pactadas, es decir aquellas que no provienen de una revuelta o de una subversión del orden establecido, fueron populares en los ochenta y noventa. Los ejemplos de España y Chile, dos transiciones que evitaron la purga del pasado para abrazar una ruta reformista pactada y sin sangre, se veían como modelos a seguir. Sin embargo, en el caso de México, que no proveníamos de una dictadura militar al estilo de Francisco Franco y Augusto Pinochet, sino de un régimen que se fue transformando durante los años, la alternancia de partido en Los Pinos significó gran euforia, pero el camino por recorrer era aún muy largo.
Nos confundimos: pensamos estar ya en buen puerto, cuando en realidad apenas zarpábamos. Es decir, a diferencia de los países antes mencionados, en México el partido hegemónico contaba con legitimidad, voto duro y significaba el ancla de la cultura política de este país. No hubo de parte de Vicente Fox una condena al viejo régimen y a sus valores políticos. No hubo juicio del pasado, el cambio de partido en el Gobierno no se tradujo en nuevas ideas, estructuras y formas de ejercer el poder.
Los datos son contundentes: la ciudadanía cada vez más identifica en la transición el paso de un sistema de partido único cerrado a otro multipartidista pero también cerrado y con baja participación. Dos de cada 10 mexicanos opinan que los partidos políticos no son solución a ninguno de sus problemas y nueve de cada 10 creen que responden a sus propios intereses y no a los de sus gobernados. Así, la transición logró, que no es poca cosa, una apertura pluralista a un sistema de varios partidos que compiten por el poder político y en donde el cambio es pacífico. Sin embargo, ese pacto luce agotado: es fundamental renovar el pacto pero ahora lejos de la lógica cupular y corporativa. Las “oligarquías de Hierro”, como define Robert Michels a los partidos, deben dar paso a un nuevo consenso democrático que abra la política a más participantes y que transforme internamente a los partidos. Los partidos son indispensables en una democracia, sin embargo nuestros partidos están lejos de ser los vehículos de representación que necesitamos para alcanzar la democracia que queremos.
El agotamiento de una constitución vulnerada
Desde 1917, en promedio la Constitución de México se ha reformado cinco veces por año. Es una Carta Magna sacralizada en discursos, pero violada, desobedecida y vulnerada en la práctica. Por más que algunos principios que le dieron vida al espíritu constitucional de 1917 siguen ahí, ese pacto social cayó en la obsolescencia. Es una Constitución social que encarna principios que nos unen como país, pero que hoy en día ya no significada nada para buena parte de la sociedad.
Es un tratado constitucional funcional para un régimen que no debía rendir cuentas, que fingía obediencia, pero que en la práctica actuaba con todas esas facultades meta-constitucionales que le permitían saltarse su observancia. Y es que por más que se defienda el “cinco de febrero” como un día importante para el país, en los datos, México ocupa una de las últimas posiciones en el mundo en el famoso “respeto al estado de derecho”. Dos de cada tres mexicanos creen que la ley en México se respeta “poco o nada”; seguimos creyendo que es más importante que agarren a los criminales sin importar el respeto a los derechos humanos (54%); una mayoría de mexicanos considera que es justificable que en algunos casos se haga “justicia por propia mano”, y también la mayoría cree que no sirve para nada denunciar los delitos.
Un constituyente sería un poderoso mensaje de cambio. Una nueva Constitución que fuera discutida en los congresos estatales, en el Federal, en las universidades y en círculos sociales, y que al final fuera ratificada en las urnas, es un elemento clave para avanzar hacia una segunda transición. Repensar nuestro federalismo, un municipalismo vigoroso y moderno, una democracia que conjugue con eficacia democracia representativa y directa, un sistema de rendición de cuentas que cuide realmente por los pesos públicos y un combate decidido a la impunidad, podrían ser cimientos de esta nueva constitución. Un proceso constituyente nunca deja contentos a todos (el caso de España está claro, un 12% votó en contra de la Constitución de 1978), sin embargo es una buena hoja de ruta para la construcción de una mayoría social y política que renueve un pacto agotado.
El agotamiento del “ciudadano Kleenex”
Las calles son el espejo: le época del ciudadano Kleenex ha llegado a su fin. Es decir, ese ciudadano que es “usado una vez y es desechado”. En América Latina, México es uno de los países donde los canales de participación se encuentran más cerrados. No existe hoy en día a nivel federal, ningún mecanismo vivo para preguntarles a los ciudadanos por su opinión en distintos temas. Ya no hablemos de Suiza en donde los ciudadanos acuden a las urnas por lo menos cinco veces al año para votar por distintos temas.
Para acabar de empeorar la situación, ya sea por error de los legisladores o por una interpretación sumamente estrecha de la Constitución, la Ley de Consultas Populares quedó en letra muerta tras las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Si bien en otros casos importantes, la Corte ha tenido una visión mucho más progresista y más sistémica de los problemas, en el caso de las consultas decidió jugar conservador y regresarles el problema a los diputados. Se necesita otra reforma constitucional para hacer de la participación un derecho auténtico.
Hoy en día la mayoría de los ciudadanos en México conciben al voto como su único acto político (nuestras tasas de participación en elecciones presidenciales son comparables con democracias consolidadas. Arriba del 60%). Si revisamos los datos de asociacionismo a nivel nacional, nos damos cuenta que somos un país apático a la hora de defender causas colectivamente: solamente 6% de los mexicanos ha participado alguna vez en una manifestación y sólo 2% ha participado en una huelga. En lo relativo a asociaciones u organizaciones, la participación más alta se da en entidades religiosas y sólo alcanza una membresía activa de 10%. Nueve de cada 10 mexicanos nunca ponen en su vida un píe en una organización. Hay que decirlo, la baja participación política es un fenómeno inercial en nuestro país que nos remonta al viejo régimen. Una especie de entendido: el ciudadano se dedica a su vida y los políticos a las decisiones. Una segunda transición debe romper este círculo vicioso que impide la consolidación democrática.
El agotamiento de una sociedad de privilegios
El privilegio y la impunidad, son dos conceptos que suelen comunicarse. En una democracia inconclusa, no se entiende el primero sin la segunda. Incluso, la impunidad es, en gran medida, el origen de los privilegios. En un estado de derecho, solamente la impunidad puede asegurar que los privilegios dividan a los ciudadanos entre los que son lo suficientemente poderosos como para escapar la ley y sus limitaciones, y aquellos a los que su debilidad económica o política deben seguir las reglas. México es un país de privilegios. Lo vemos en los sindicatos, en las empresas, las universidades, la iglesia y en los gobiernos.
Una sociedad de estado de derechos debe divorciarse de los privilegios. En México, hay más de cinco mil funcionarios con fuero, se hacen declaraciones patrimoniales pero no se hacen públicas y rara vez vemos que un político caiga por corrupción. Los fueros y los privilegios son propios de una sociedad pre-moderna no de una democracia de estado de derecho. Sin igualdad ante la ley, real y material, es imposible pensar en la construcción de instituciones democráticas durables. En México se cree que “la ley es para los débiles-o pobres” como dijo alguna vez el politólogo estadounidense Robert Kagan.
Lentamente se abre el telón de lo que podría ser una segunda transición que enmiende los grandes pendientes de la primera. La primera transición significó apertura democrática y pluralismo, pero dejó intacta la arquitectura que nos condena a que acontecimientos como los de Ayotzinapa o incluso el escándalo por la “Casa Blanca” sean una realidad permanente en el país. Las 10 acciones anunciadas por el Presidente de la República el jueves pasado contienen posibles soluciones a problemas aquí planteados, pero no sabemos las políticas públicas específicas ni tampoco si habrá mayor participación de la sociedad civil en el diagnóstico de nuestros problemas y en las soluciones. El panorama político en México cambió de arriba abajo en solamente dos meses, así de débil era ése gigante pies de barro que conocíamos como transición.