Suplementos
Pobreza: el fracaso del Estado
La política de contención de los salarios como mecanismo de competitividad y la ausencia de un Estado que asegure el bienestar a los ciudadanos
GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2015).- Ciento trece mexicanos cayeron en pobreza cada hora entre 2012 y 2014. Una cifra escalofriante. El reflejo más fidedigno del fracaso de nuestro modelo económico y de la incapacidad del Estado para brindar condiciones mínimas de subsistencia a la ciudadanía. Dificilmente un país puede articular un proyecto de nación legítimo e incluyente, cuando a diario miles de mexicanos caen en situación de pobreza.
Tenemos muchos problemas como país, la inseguridad y la corrupción son dos explícitos, pero la pobreza es el desafío nunca resuelto. La pobreza no sólo es un asunto material, de carencias económicas, sino que la tendencia hacia el aumento del número de pobres en el país tiene explicaciones que exceden la esfera económica.
La política, nuestro tipo de Estado, y la moral son elementos fundamentales para entender por qué en México el incremento de la pobreza no da respiro y por qué el país está estructurado en torno a una élite que cada vez concentra más, y los 55 millones de pobres de la base de la pirámide económica que viven en situación de pobreza.
El padre estricto
George Lakoff, político e ideólogo demócrata, escribió en “no pienses en un elefante” que las posturas políticas en Estados Unidos se estructuran en torno a una dicotomía de raigambre familiar: el “padre estricto” que defienden los republicanos y el “padre defensor” por el que abogan los demócratas. Esta concepción irradia las demás posiciones del partido en temas como el aborto, la seguridad social o el medio ambiente.
Para los republicanos, el Gobierno es ese padre que debe de castigar, dejar que los hijos crezcan solos y darle simplemente a quien merece. Por el contrario, los demócratas creen que el padre tiene la obligación de proteger a sus hijos, sin importar su condición, mérito o dificultades. Esta concepción que surge de la familia es la semilla que explica las posiciones de los dos partidos hegemónicos en Estados Unidos, dice Lakoff.
En México, el padre estricto ha ganado el debate cultural. Lo demostró la revista Nexos en su retrato del mexicano como el “liberal salvaje”. El individualismo y el mérito son dos características muy valoradas en la concepción ideológica que tiene el mexicano sobre la vida y el desarrollo. De ahí, se desprenden frases tan habituales del léxico nacional como “son pobres porque quieren”, “son pobres porque no trabajan”, “son pobres porque son holgazanes”.
En un país con los niveles tan altos de desigualdad, en donde 10 por ciento de la población controla más de 60 por ciento de la riqueza, los mexicanos parecen haber comprado la idea de que la pobreza no se explica por variables estructurales, sino por la voluntad del individuo.
Y es que la frase “son pobres porque quieren” no es sólo característica de la élite económica del país, dicha frase es compartida más allá del círculo de privilegiados. Una tercera parte de los mexicanos, según una encuesta publicada en 2013 por Parametría, considera que los pobres son “pobres porque quieren”. Y en el caso de las clases altas, como muestra el estudio, la tendencia a creer que se sale de la pobreza con “esfuerzo” se afianza más.
Es decir, las clases altas de este país, los que pueden tener acceso a la educación, les piden a los pobres más esfuerzo para salir de su condición.
Sin embargo, no sólo es una creencia de las clases altas, según el mismo estudio, 36 por ciento de los mexicanos que podrían ser considerados de clase baja también creen que salir de la pobreza es un asunto de “esfuerzo”.
De esta manera, el enfoque de responsabilidad personal que irradia nuestra percepción sobre la pobreza, les resta responsabilidad a las autoridades políticas y a los gobiernos en turno. Si los mexicanos consideran que pobre es quien no se esfuerza lo suficiente o quien no ha trabajado duro durante su vida, la distribución de la riqueza y los programas sociales se convierten en políticas públicas secundarias.
Esta idiosincrasia es pilar de la construcción de nuestro Estado y de las prioridades de la agenda pública. Tras los resultados de Coneval, nos damos cuenta que en México 55 millones de ciudadanos son pobres. Casi la mitad de la población. Más de 11 millones son pobres en situación extrema. Y, sin embargo, paradójicamente, la inversión pública para combatir la pobreza sigue siendo mínima. Vamos tomando el programa bandera de la política social, Prospera.
En 2015, el programa articuló distintas partidas por un valor total de 37 mil millones de pesos, lo que supone 800 pesos por pobre o unos tres mil pesos por pobre extremo en todo el año. No es cierto que el Gobierno gasta mucho en materia de política social, estamos muy por detrás de naciones con menos pobreza como las europeas o incluso con América Latina. Un Estado que gasta poco y concibe a la política social como una dádiva y no como un derecho de los ciudadanos.
Contención del ingreso
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), presentada hace algunos días, ilustra con claridad la constante depreciación de los salarios en el país. De acuerdo al estudio realizado por el Inegi, sólo 10 por ciento más rico de la población creció sus ingresos durante 2014, mientras que las clases medias experimentaron una contracción en sus ingresos del orden del tres por ciento.
El reflejo más nítido de la apuesta de los gobiernos para competir en el mercado mundial: salarios bajos y mano de obra barata. Aquí en México, la mesa está servida para los empresarios: impuestos bajos, deducciones altas, salarios en depresión y una nula red de seguridad social.
El paraíso de la desregulación y aun así los 30 años de Consenso de Washington nos han dejado más pobres, más desigualdad, y sin que ello signifique más crecimiento económico.
De acuerdo a los datos del Coneval, la vulnerabilidad por ingreso en el país creció en el periodo 2012 a 2014. Si bien, estados como Jalisco lograron reducir el número de personas que se encuentran por debajo de los ingresos que marca la línea de bienestar mínimo, existen muchas entidades en donde el crecimiento es de escándalo. Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chiapas u Oaxaca, son ejemplos de estados que experimentaron un crecimiento acelerado en el número de habitantes que deben vivir sin los mínimos benefactores.
La política de contención de los salarios, comenzada en la crisis de los ochenta y perpetuada tras la del “Tequila” de 1994-1995, tiene hoy al país en niveles salariales totalmente estancados.
Mientras la productividad del mexicano no ha dejado de crecer, de forma gradual y lenta pero sostenida, los salarios se encuentran contenidos y sin margen de crecimiento. Esto ha provocado un nivel de ahorro bajísimo, un nivel de crédito bajísimo en comparación con el contexto internacional y un mercado interno sumamente débil.
Un país desvertebrado
México ha sido desde la década de los ochenta, el “niño bien portado” del canon neoliberal. No nos apartamos ni un ápice de su credo.
Estabilidad presupuestal, bajo déficit, poco endeudamiento y un mínimo de gasto social. Se ha privatizado todo lo que se debía de privatizar y el último sector a abrir a la competencia, el energético, ya dio paso a la Ronda Uno.
Esta apuesta de apertura y dogmatismo de mercado, lo que ha provocado es un creciente aumento en el número de personas en situación de pobreza y ha desestructurado un sistema mínimo de equidad entre las regiones.
El Estado ausente, que gasta poco en política social, en conjunto con las dinámicas tan asimétricas en las regiones, nos tiene hoy como un país que avanza en velocidades completamente distintas.
Sólo basta con revisar los datos de Coneval para darnos cuenta de estas lamentables diferencias. En nuestro mismo país, tenemos a entidades como Nuevo León en donde solamente uno de cada cinco ciudadanos es pobre, 20.4 por ciento, mientras que encontramos estados como Oaxaca en donde dos de cada tres son pobres, 66.8 por ciento; o Chiapas, el Estado más pobre del país, con 76.2 por ciento de su población en condición de pobreza. Más de 55 puntos de pobreza separa al próspero Nuevo León del empobrecido Chiapas. ¿Qué país aguanta estas diferencias? ¿Cómo se construye un proyecto de Estado unificado con estas insultantes asimetrías?
Las cifras de pobreza ratifican la separación entre el Norte-Occidente del país, con niveles altos de pobreza pero mucho menores al Sur-Costa del Pacífico que está integrados por estados que promedian 60 por ciento de pobreza, lo doble y hasta el triple que las entidades del Norte del país.
No existe ni una aproximación federalista ni tampoco una redefinición de los criterios utilizados para asignar recursos a las entidades federativas. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se modificaron los criterios de asignación presupuestal a los estados, privilegiando el factor poblacional y sin una referencia a los ínfimos niveles de desarrollo de algunas regiones del país. Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, estos estados concentran 15 por ciento de la población nacional total, pero en materia de pobreza son responsables de 25 por ciento del número de personas en esta situación.
La pobreza en México, como también la desigualdad, exige un replanteamiento global del Estado que tenemos, la política social, los impuestos, la red de seguridad social y la asignación de recursos en el federalismo mexicano.
Sólo entendiendo que la pobreza es un asunto que deben resolver los gobiernos, con mejor protección social y una decidida apuesta por la revaloración salarial, podremos exigir a los partidos políticos que coloquen un asunto tan delicado en la primera de la lista de prioridades de nuestros gobiernos. Los pobres no son pobres porque quieren, son pobres porque el Estado ha renunciado a trabajar por los que más lo necesitan.
Tenemos muchos problemas como país, la inseguridad y la corrupción son dos explícitos, pero la pobreza es el desafío nunca resuelto. La pobreza no sólo es un asunto material, de carencias económicas, sino que la tendencia hacia el aumento del número de pobres en el país tiene explicaciones que exceden la esfera económica.
La política, nuestro tipo de Estado, y la moral son elementos fundamentales para entender por qué en México el incremento de la pobreza no da respiro y por qué el país está estructurado en torno a una élite que cada vez concentra más, y los 55 millones de pobres de la base de la pirámide económica que viven en situación de pobreza.
El padre estricto
George Lakoff, político e ideólogo demócrata, escribió en “no pienses en un elefante” que las posturas políticas en Estados Unidos se estructuran en torno a una dicotomía de raigambre familiar: el “padre estricto” que defienden los republicanos y el “padre defensor” por el que abogan los demócratas. Esta concepción irradia las demás posiciones del partido en temas como el aborto, la seguridad social o el medio ambiente.
Para los republicanos, el Gobierno es ese padre que debe de castigar, dejar que los hijos crezcan solos y darle simplemente a quien merece. Por el contrario, los demócratas creen que el padre tiene la obligación de proteger a sus hijos, sin importar su condición, mérito o dificultades. Esta concepción que surge de la familia es la semilla que explica las posiciones de los dos partidos hegemónicos en Estados Unidos, dice Lakoff.
En México, el padre estricto ha ganado el debate cultural. Lo demostró la revista Nexos en su retrato del mexicano como el “liberal salvaje”. El individualismo y el mérito son dos características muy valoradas en la concepción ideológica que tiene el mexicano sobre la vida y el desarrollo. De ahí, se desprenden frases tan habituales del léxico nacional como “son pobres porque quieren”, “son pobres porque no trabajan”, “son pobres porque son holgazanes”.
En un país con los niveles tan altos de desigualdad, en donde 10 por ciento de la población controla más de 60 por ciento de la riqueza, los mexicanos parecen haber comprado la idea de que la pobreza no se explica por variables estructurales, sino por la voluntad del individuo.
Y es que la frase “son pobres porque quieren” no es sólo característica de la élite económica del país, dicha frase es compartida más allá del círculo de privilegiados. Una tercera parte de los mexicanos, según una encuesta publicada en 2013 por Parametría, considera que los pobres son “pobres porque quieren”. Y en el caso de las clases altas, como muestra el estudio, la tendencia a creer que se sale de la pobreza con “esfuerzo” se afianza más.
Es decir, las clases altas de este país, los que pueden tener acceso a la educación, les piden a los pobres más esfuerzo para salir de su condición.
Sin embargo, no sólo es una creencia de las clases altas, según el mismo estudio, 36 por ciento de los mexicanos que podrían ser considerados de clase baja también creen que salir de la pobreza es un asunto de “esfuerzo”.
De esta manera, el enfoque de responsabilidad personal que irradia nuestra percepción sobre la pobreza, les resta responsabilidad a las autoridades políticas y a los gobiernos en turno. Si los mexicanos consideran que pobre es quien no se esfuerza lo suficiente o quien no ha trabajado duro durante su vida, la distribución de la riqueza y los programas sociales se convierten en políticas públicas secundarias.
Esta idiosincrasia es pilar de la construcción de nuestro Estado y de las prioridades de la agenda pública. Tras los resultados de Coneval, nos damos cuenta que en México 55 millones de ciudadanos son pobres. Casi la mitad de la población. Más de 11 millones son pobres en situación extrema. Y, sin embargo, paradójicamente, la inversión pública para combatir la pobreza sigue siendo mínima. Vamos tomando el programa bandera de la política social, Prospera.
En 2015, el programa articuló distintas partidas por un valor total de 37 mil millones de pesos, lo que supone 800 pesos por pobre o unos tres mil pesos por pobre extremo en todo el año. No es cierto que el Gobierno gasta mucho en materia de política social, estamos muy por detrás de naciones con menos pobreza como las europeas o incluso con América Latina. Un Estado que gasta poco y concibe a la política social como una dádiva y no como un derecho de los ciudadanos.
Contención del ingreso
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), presentada hace algunos días, ilustra con claridad la constante depreciación de los salarios en el país. De acuerdo al estudio realizado por el Inegi, sólo 10 por ciento más rico de la población creció sus ingresos durante 2014, mientras que las clases medias experimentaron una contracción en sus ingresos del orden del tres por ciento.
El reflejo más nítido de la apuesta de los gobiernos para competir en el mercado mundial: salarios bajos y mano de obra barata. Aquí en México, la mesa está servida para los empresarios: impuestos bajos, deducciones altas, salarios en depresión y una nula red de seguridad social.
El paraíso de la desregulación y aun así los 30 años de Consenso de Washington nos han dejado más pobres, más desigualdad, y sin que ello signifique más crecimiento económico.
De acuerdo a los datos del Coneval, la vulnerabilidad por ingreso en el país creció en el periodo 2012 a 2014. Si bien, estados como Jalisco lograron reducir el número de personas que se encuentran por debajo de los ingresos que marca la línea de bienestar mínimo, existen muchas entidades en donde el crecimiento es de escándalo. Veracruz, Hidalgo, Puebla, Chiapas u Oaxaca, son ejemplos de estados que experimentaron un crecimiento acelerado en el número de habitantes que deben vivir sin los mínimos benefactores.
La política de contención de los salarios, comenzada en la crisis de los ochenta y perpetuada tras la del “Tequila” de 1994-1995, tiene hoy al país en niveles salariales totalmente estancados.
Mientras la productividad del mexicano no ha dejado de crecer, de forma gradual y lenta pero sostenida, los salarios se encuentran contenidos y sin margen de crecimiento. Esto ha provocado un nivel de ahorro bajísimo, un nivel de crédito bajísimo en comparación con el contexto internacional y un mercado interno sumamente débil.
Un país desvertebrado
México ha sido desde la década de los ochenta, el “niño bien portado” del canon neoliberal. No nos apartamos ni un ápice de su credo.
Estabilidad presupuestal, bajo déficit, poco endeudamiento y un mínimo de gasto social. Se ha privatizado todo lo que se debía de privatizar y el último sector a abrir a la competencia, el energético, ya dio paso a la Ronda Uno.
Esta apuesta de apertura y dogmatismo de mercado, lo que ha provocado es un creciente aumento en el número de personas en situación de pobreza y ha desestructurado un sistema mínimo de equidad entre las regiones.
El Estado ausente, que gasta poco en política social, en conjunto con las dinámicas tan asimétricas en las regiones, nos tiene hoy como un país que avanza en velocidades completamente distintas.
Sólo basta con revisar los datos de Coneval para darnos cuenta de estas lamentables diferencias. En nuestro mismo país, tenemos a entidades como Nuevo León en donde solamente uno de cada cinco ciudadanos es pobre, 20.4 por ciento, mientras que encontramos estados como Oaxaca en donde dos de cada tres son pobres, 66.8 por ciento; o Chiapas, el Estado más pobre del país, con 76.2 por ciento de su población en condición de pobreza. Más de 55 puntos de pobreza separa al próspero Nuevo León del empobrecido Chiapas. ¿Qué país aguanta estas diferencias? ¿Cómo se construye un proyecto de Estado unificado con estas insultantes asimetrías?
Las cifras de pobreza ratifican la separación entre el Norte-Occidente del país, con niveles altos de pobreza pero mucho menores al Sur-Costa del Pacífico que está integrados por estados que promedian 60 por ciento de pobreza, lo doble y hasta el triple que las entidades del Norte del país.
No existe ni una aproximación federalista ni tampoco una redefinición de los criterios utilizados para asignar recursos a las entidades federativas. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se modificaron los criterios de asignación presupuestal a los estados, privilegiando el factor poblacional y sin una referencia a los ínfimos niveles de desarrollo de algunas regiones del país. Guerrero, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, estos estados concentran 15 por ciento de la población nacional total, pero en materia de pobreza son responsables de 25 por ciento del número de personas en esta situación.
La pobreza en México, como también la desigualdad, exige un replanteamiento global del Estado que tenemos, la política social, los impuestos, la red de seguridad social y la asignación de recursos en el federalismo mexicano.
Sólo entendiendo que la pobreza es un asunto que deben resolver los gobiernos, con mejor protección social y una decidida apuesta por la revaloración salarial, podremos exigir a los partidos políticos que coloquen un asunto tan delicado en la primera de la lista de prioridades de nuestros gobiernos. Los pobres no son pobres porque quieren, son pobres porque el Estado ha renunciado a trabajar por los que más lo necesitan.