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Piketty en México
La desigualdad, uno de los ejes del debate económico contemporáneo, quedó extraviado en las reformas estructurales promovidas desde la Presidencia
GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2014).- ''Le Capital au XXIe siècle'' (''El capital en el siglo XXI'') de Thomas Piketty ha revolucionado el debate económico. The Economist calificó el libro como “un material que cambiará la forma en que pensamos la economía de los dos últimos siglos”. Editorialistas del The New York Times, Le Monde o The Guardian, han intercambiado decenas de colaboraciones discutiendo sus postulados, analizando sus datos y debatiendo sus premisas. Incluso, tanta polémica ha generado su tesis central, que han existido acusaciones de que Piketty manipuló los datos para que encajaran en sus hipótesis y que su manejo estadístico dejó mucho que desear (un matemático, por cierto). Sin embargo, “El Capital” (en clara alusión a la obra de Karl Marx) ha provocado un interesante debate sobre la desigualdad, las contradicciones del sistema capitalista y las alternativas para corregir sus impactos sociales. La tesis principal de Piketty es que el capitalismo tiene una falla sistémica: produce más y más desigualdad. Así, es imposible pensar en reducir la desigualdad si no es a través de altos impuestos y una estructura fiscal profundamente progresiva. Sólo el Estado a través de una agresiva política de redistribución de la riqueza puede consolidar una sociedad con niveles más aceptables de igualdad. No es un problema político, sino esencialmente económico.
El debate sobre la desigualdad se ha colocado en el centro de la agenda mundial desde los movimientos de indignados en España y los llamados “okupas” en Estados Unidos. Estos movimientos visibilizaron esa tendencia del sistema económico a generar dos clases: el uno por ciento rico, empoderado y opulento, frente al 99% de la población con carencias. “We are the 99 porcent” decían los carteles de los acampados a las afueras de Wall Street.
Por mucho tiempo, la opinión pública, en México y en distintas partes del mundo, parecía haber llegado a un consenso: la desigualdad es simplemente una consecuencia de la falta de crecimiento económico. La tesis es simple: cuando crezcamos en México a tasas del cinco o seis por ciento, problema solucionado. Sin embargo, ni en tiempos de alto crecimiento económico (dos años con Ernesto Zedillo y el último trienio de Felipe Calderón) hemos tenido una correlación en la disminución de la desigualdad en México. Con pasitos adelante o pasitos para atrás, pero el llamado Coeficiente de Gini, que mide la inequidad económica en una sociedad, se ha mantenido en la misma línea desde 2004, tras un descenso de la desigualdad en los primeros años del periodo de Vicente Fox. La pregunta es: ¿automáticamente el crecimiento económico genera mayor igualdad? ¿Es posible reducir la desigualdad en un México con esta estructura fiscal? ¿Qué tanto abonarán las reformas estructurales para construir un México más equitativo y menos dispar?
Crecimiento económico, un lastre estructural
Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía mexicana ha crecido en promedio menos de tres puntos porcentuales. Atravesado por periodos de picos, particularmente después de crisis o recesiones económicas, lo cierto es que tal parece que las condiciones estructurales de la economía nacional destinan el crecimiento a rondar, un poco arriba o un poco abajo, el 3 por ciento. Sin embargo, si cruzamos ese indicador de crecimiento con la población, nos damos cuenta que prácticamente el crecimiento económico se anula con el crecimiento demográfico: de 1990 a 2010, México incrementó en 40 por cientosu población (la economía 50 por ciento en términos absolutos). Es decir, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país corre paralelamente al aumento de población, lo que en términos prácticos nulifica el crecimiento. Así, en este periodo el crecimiento del PIB per cápita está por debajo de uno por ciento.
Pero, ¿por qué no crecemos? Existe un debate vivo sobre el tema. Tras la publicación de los nuevos indicadores de crecimiento económico del Inegi, relativos al primer trimestre de 2014 y en donde la economía mexicana creció 0.28 por ciento en términos desestacionalizados (y extiende a cinco los trimestres en que la economía mexicana se encuentra en fase de desaceleración y estancamiento), comenzaron los distintos análisis sobre las causas de este estancamiento continuo. Las hipótesis son muchas: la falta de productividad (organismos internacionales); la falta de reformas estructurales, apertura a la competencia y sectores monopolizados (discurso presidencial, incluso del PAN); la corrupción y el abandono del mercado interno, los bajos salarios en distintas áreas (la izquierda, el PRD, Andrés Manuel López Obrador); el sistema fiscal y la estructura económica interna (académicos de izquierda).
Seguramente, la causa del mediocre crecimiento económico del país responde a la combinación de todos estos factores. Sin embargo, detrás de cada una de las premisas planteadas por especialistas, expertos y académicos, se extravía una de las preguntas clave: ¿qué país queremos ser? ¿A quién nos queremos parecer?
¿Son suficientes las reformas estructurales?
El primer año de Enrique Peña Nieto será visto en algunos años como un periodo “cuasi-constituyente” (con toda la exageración). Es decir, en poco tiempo, se lograron acuerdos legislativos en materias como la educativa, la financiera, la política, la de telecomunicaciones, la energética y hasta la fiscal. Una sobrecarga de modificaciones constitucionales que auguraban la entrada a un periodo dinámico y reformista. Y aunque dichas reformas no han tenido una correspondencia en materia de crecimiento económico (sería imposible tenerlo tan rápido), la narrativa de Los Pinos es contraponer a los malos resultados económicos la futura eficacia de las reformas aprobadas.
Con relación a este debate, la reforma fiscal toma una relevancia clara. La reforma fiscal, no es secreto para nadie, sacó de sus casillas al empresariado mexicano. Le perdieron la confianza a Luis Videgaray y culpan a las modificaciones tributarias del lento inicio económico de 2014. La reforma fiscal, quitando algunos aspectos técnicos y cambios en la facturación, fue una “reforma medianamente progresiva”. Es decir, apostó por incrementar la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los que más tienen y con eso el PRI se echó a la bolsa los votos de la izquierda. Y al mismo tiempo, fue una “reforma de gasto”: facultó al Gobierno federal a aumentar el déficit público, recaudar más y, por lo tanto, gastar este año un 30 por ciento más. Ha sido llamada una “reforma keynesiana”, por el economista John Maynard Keynes, que tenía como uno de sus postulados que ante una economía deprimida, el Estado debería comenzar a gastar para recuperar la confianza, echar a andar el mercado interno y que se generen empleos. Tesis como ésta han sido defendidas por economistas como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, ambos Premio Nobel. Sin embargo, tras un trimestre donde el Gobierno federal gastó mucho más que en 2013, la economía sigue en depresión y la previsión es que la recuperación comience a mediados de agosto de este año.
A nadie le gusta pagar más impuestos (excepto a algún escandinavo, más una excepción que la regla). A nadie le gusta que Hacienda se tome la atribución de meter su largo brazo en el bolsillo del contribuyente, y menos cuando existe la percepción en México, justificada, de que el Gobierno gasta mucho y mal. Sin embargo, detrás de los impuestos hay un debate aún más estructural. En general, si tomamos los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI), queda claro que la estructura fiscal en México es inequitativa, ineficiente e injusta. Como lo definió Carlos Elizondo en su libro Con dinero y sin dinero. En materia fiscal, dos datos nos pueden ilustrar la ausencia de una política redistributiva. Por un lado, el PIB per cápita de México es de 10 mil dólares, unos 130 mil pesos por persona al año (si la riqueza estuviera perfectamente repartida). Es decir, si la economía del país estuviera dividida perfectamente entre los más de 113 millones de mexicanos, el salario promedio al mes por persona sería de 11 mil pesos. Actualmente, el ingreso promedio en México es la mitad que eso. En segundo lugar, es muy ilustrativo que en términos salariales, la desigualdad en México no es tan lejana a Alemania o a España; sin embargo, tras el pago de los impuestos y las transferencias, México se mantiene prácticamente con la misma inequidad económica y social, mientras que Alemania y España reducen entre 30 y 40 por ciento su desigualdad original. En México, la estructura de impuestos y de gasto público está hecha para no combatir las inequidades.
Podemos encontrar muchos matices, válidos todos, pero México se encuentra frente a dos opciones de país. La derecha económica, una parte de la opinión publicada, señala que la posición geográfica de México, su bono demográfico y su estructura económica nos empujan a adoptar un modelo económico de bajos impuestos, productividad y alto desarrollo económico. Es decir, un modelo de un Estado pequeño, regulador y que impulse tasas fiscales bajas. Chile o Perú son los ejemplos más citados. En contraposición, existe una tendencia de otros analistas y economistas, más vinculados con la izquierda socialdemócrata de inspiración europea, que cree que México debe por el contrario apostar por un modelo de clases medias sólidamente fincadas, servicios públicos (educación y salud), seguridad social universal y una estructura fiscal más progresiva. Es decir, la construcción de un Estado de bienestar “a la mexicana” que permita avanzar en mayor igualdad y disminuir la enorme concentración de la riqueza en México. Un modelo a la francesa o a la argentina.
Las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto, en caso de que den los resultados económicos prometidos, abrazan el primero de los dos modelos. A cambio de la reforma fiscal, se aprobaron dos tímidas innovaciones en materia de seguridad social: la pensión universal (que no es universal) y el seguro de desempleo (limitado y con numeroso candados). Asimismo, con el Pacto de Estabilidad donde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, promete no incrementar los impuestos, se entierra aquella idea de la “seguridad social universal”, una cobertura que no dependa de ninguna condición laboral. No existe en las reformas promovidas por Peña Nieto un combate a la desigualdad decidido y claro. Se apuesta a que la competencia, a través de su “mano invisible”, reparta mejor la riqueza. Una fórmula que en el análisis de Piketty no resuelve el problema de la desigualdad económica y el reparto de la riqueza.
El debate sobre la desigualdad se ha colocado en el centro de la agenda mundial desde los movimientos de indignados en España y los llamados “okupas” en Estados Unidos. Estos movimientos visibilizaron esa tendencia del sistema económico a generar dos clases: el uno por ciento rico, empoderado y opulento, frente al 99% de la población con carencias. “We are the 99 porcent” decían los carteles de los acampados a las afueras de Wall Street.
Por mucho tiempo, la opinión pública, en México y en distintas partes del mundo, parecía haber llegado a un consenso: la desigualdad es simplemente una consecuencia de la falta de crecimiento económico. La tesis es simple: cuando crezcamos en México a tasas del cinco o seis por ciento, problema solucionado. Sin embargo, ni en tiempos de alto crecimiento económico (dos años con Ernesto Zedillo y el último trienio de Felipe Calderón) hemos tenido una correlación en la disminución de la desigualdad en México. Con pasitos adelante o pasitos para atrás, pero el llamado Coeficiente de Gini, que mide la inequidad económica en una sociedad, se ha mantenido en la misma línea desde 2004, tras un descenso de la desigualdad en los primeros años del periodo de Vicente Fox. La pregunta es: ¿automáticamente el crecimiento económico genera mayor igualdad? ¿Es posible reducir la desigualdad en un México con esta estructura fiscal? ¿Qué tanto abonarán las reformas estructurales para construir un México más equitativo y menos dispar?
Crecimiento económico, un lastre estructural
Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía mexicana ha crecido en promedio menos de tres puntos porcentuales. Atravesado por periodos de picos, particularmente después de crisis o recesiones económicas, lo cierto es que tal parece que las condiciones estructurales de la economía nacional destinan el crecimiento a rondar, un poco arriba o un poco abajo, el 3 por ciento. Sin embargo, si cruzamos ese indicador de crecimiento con la población, nos damos cuenta que prácticamente el crecimiento económico se anula con el crecimiento demográfico: de 1990 a 2010, México incrementó en 40 por cientosu población (la economía 50 por ciento en términos absolutos). Es decir, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país corre paralelamente al aumento de población, lo que en términos prácticos nulifica el crecimiento. Así, en este periodo el crecimiento del PIB per cápita está por debajo de uno por ciento.
Pero, ¿por qué no crecemos? Existe un debate vivo sobre el tema. Tras la publicación de los nuevos indicadores de crecimiento económico del Inegi, relativos al primer trimestre de 2014 y en donde la economía mexicana creció 0.28 por ciento en términos desestacionalizados (y extiende a cinco los trimestres en que la economía mexicana se encuentra en fase de desaceleración y estancamiento), comenzaron los distintos análisis sobre las causas de este estancamiento continuo. Las hipótesis son muchas: la falta de productividad (organismos internacionales); la falta de reformas estructurales, apertura a la competencia y sectores monopolizados (discurso presidencial, incluso del PAN); la corrupción y el abandono del mercado interno, los bajos salarios en distintas áreas (la izquierda, el PRD, Andrés Manuel López Obrador); el sistema fiscal y la estructura económica interna (académicos de izquierda).
Seguramente, la causa del mediocre crecimiento económico del país responde a la combinación de todos estos factores. Sin embargo, detrás de cada una de las premisas planteadas por especialistas, expertos y académicos, se extravía una de las preguntas clave: ¿qué país queremos ser? ¿A quién nos queremos parecer?
¿Son suficientes las reformas estructurales?
El primer año de Enrique Peña Nieto será visto en algunos años como un periodo “cuasi-constituyente” (con toda la exageración). Es decir, en poco tiempo, se lograron acuerdos legislativos en materias como la educativa, la financiera, la política, la de telecomunicaciones, la energética y hasta la fiscal. Una sobrecarga de modificaciones constitucionales que auguraban la entrada a un periodo dinámico y reformista. Y aunque dichas reformas no han tenido una correspondencia en materia de crecimiento económico (sería imposible tenerlo tan rápido), la narrativa de Los Pinos es contraponer a los malos resultados económicos la futura eficacia de las reformas aprobadas.
Con relación a este debate, la reforma fiscal toma una relevancia clara. La reforma fiscal, no es secreto para nadie, sacó de sus casillas al empresariado mexicano. Le perdieron la confianza a Luis Videgaray y culpan a las modificaciones tributarias del lento inicio económico de 2014. La reforma fiscal, quitando algunos aspectos técnicos y cambios en la facturación, fue una “reforma medianamente progresiva”. Es decir, apostó por incrementar la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los que más tienen y con eso el PRI se echó a la bolsa los votos de la izquierda. Y al mismo tiempo, fue una “reforma de gasto”: facultó al Gobierno federal a aumentar el déficit público, recaudar más y, por lo tanto, gastar este año un 30 por ciento más. Ha sido llamada una “reforma keynesiana”, por el economista John Maynard Keynes, que tenía como uno de sus postulados que ante una economía deprimida, el Estado debería comenzar a gastar para recuperar la confianza, echar a andar el mercado interno y que se generen empleos. Tesis como ésta han sido defendidas por economistas como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, ambos Premio Nobel. Sin embargo, tras un trimestre donde el Gobierno federal gastó mucho más que en 2013, la economía sigue en depresión y la previsión es que la recuperación comience a mediados de agosto de este año.
A nadie le gusta pagar más impuestos (excepto a algún escandinavo, más una excepción que la regla). A nadie le gusta que Hacienda se tome la atribución de meter su largo brazo en el bolsillo del contribuyente, y menos cuando existe la percepción en México, justificada, de que el Gobierno gasta mucho y mal. Sin embargo, detrás de los impuestos hay un debate aún más estructural. En general, si tomamos los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI), queda claro que la estructura fiscal en México es inequitativa, ineficiente e injusta. Como lo definió Carlos Elizondo en su libro Con dinero y sin dinero. En materia fiscal, dos datos nos pueden ilustrar la ausencia de una política redistributiva. Por un lado, el PIB per cápita de México es de 10 mil dólares, unos 130 mil pesos por persona al año (si la riqueza estuviera perfectamente repartida). Es decir, si la economía del país estuviera dividida perfectamente entre los más de 113 millones de mexicanos, el salario promedio al mes por persona sería de 11 mil pesos. Actualmente, el ingreso promedio en México es la mitad que eso. En segundo lugar, es muy ilustrativo que en términos salariales, la desigualdad en México no es tan lejana a Alemania o a España; sin embargo, tras el pago de los impuestos y las transferencias, México se mantiene prácticamente con la misma inequidad económica y social, mientras que Alemania y España reducen entre 30 y 40 por ciento su desigualdad original. En México, la estructura de impuestos y de gasto público está hecha para no combatir las inequidades.
Podemos encontrar muchos matices, válidos todos, pero México se encuentra frente a dos opciones de país. La derecha económica, una parte de la opinión publicada, señala que la posición geográfica de México, su bono demográfico y su estructura económica nos empujan a adoptar un modelo económico de bajos impuestos, productividad y alto desarrollo económico. Es decir, un modelo de un Estado pequeño, regulador y que impulse tasas fiscales bajas. Chile o Perú son los ejemplos más citados. En contraposición, existe una tendencia de otros analistas y economistas, más vinculados con la izquierda socialdemócrata de inspiración europea, que cree que México debe por el contrario apostar por un modelo de clases medias sólidamente fincadas, servicios públicos (educación y salud), seguridad social universal y una estructura fiscal más progresiva. Es decir, la construcción de un Estado de bienestar “a la mexicana” que permita avanzar en mayor igualdad y disminuir la enorme concentración de la riqueza en México. Un modelo a la francesa o a la argentina.
Las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto, en caso de que den los resultados económicos prometidos, abrazan el primero de los dos modelos. A cambio de la reforma fiscal, se aprobaron dos tímidas innovaciones en materia de seguridad social: la pensión universal (que no es universal) y el seguro de desempleo (limitado y con numeroso candados). Asimismo, con el Pacto de Estabilidad donde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, promete no incrementar los impuestos, se entierra aquella idea de la “seguridad social universal”, una cobertura que no dependa de ninguna condición laboral. No existe en las reformas promovidas por Peña Nieto un combate a la desigualdad decidido y claro. Se apuesta a que la competencia, a través de su “mano invisible”, reparta mejor la riqueza. Una fórmula que en el análisis de Piketty no resuelve el problema de la desigualdad económica y el reparto de la riqueza.