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Patrimonialismo legalizado
La relación entre los gobiernos y quienes monopolizan los permisos de los taxis, es política; la llegada de Uber ha puesto en jaque este pacto
GUADALAJARA, JALISCO (09/AGO/2015).- No pocos han definido la transición a la democracia en México como un “pacto entre élites”. Una transición negociada, tanto en sus alcances como en sus reformas. El sistema se reformó a sí mismo, desde las impulsadas por Jesús Reyes Heroles hasta las “concertacesiones” de los noventa. Al igual que en Chile o en España, en donde el viejo régimen seguía concitando cierta popularidad, en México los actores del sistema se incorporaron en lugares privilegiados a la nueva distribución de poder.
No hubo un “borrón del pasado”, simplemente la transición fue un acuerdo de ver hacia adelante y subir al barco de la democracia a todos. Ni los sindicatos, ni los gobernadores, ni la Iglesia, ni tampoco los empresarios fueron visitos como agentes no democráticos; por el contrario, fueron incluidos en la gran alianza que marcó la transición y abrió las puertas a la alternancia política.
Así, el corporativismo, un elemento orgánico del viejo régimen, sobrevivió. Y diría que no sólo sobrevivió, sino que encontró mejores canales de interlocución. Como lo ha escrito Luis Carlos Ugalde, la dispersión de poder no significó en la práctica un sistema de pesos y contrapesos eficaces que evitara las inercias del viejo régimen.
Al contrario, “se multiplicó” la corrupción, sobre todo a nivel local. De este modo, las viejas corporaciones del Estado mexicano encontraron un encaje satisfactorio en las nuevas condiciones democráticas. Algunos hicieron un cambio de imagen, un poco de maquillaje, y siguieron operando de la misma forma que en los años del priato absoluto.
Otros de plano ni siquiera pasaron por un cambio cosmético, siguieron cosechando el cinismo de siempre. No es coincidencia que desde el 2000 se hayan multiplicado los escándalos de sindicalistas ricos y trabajadores pobres; dirigentes atesorando fortunas a costa de lo público.
Taxis: patrimonialismo y corporativismo
Un ejemplo de corporación son los taxistas. A través de sindicatos o de grupos políticos, los taxistas mantuvieron su postura de negociar con los gobernantes por medio de su capacidad de movilización política. Un gremio que en Jalisco supera las 12 mil unidades y que cuenta con altos niveles de asociación, nunca deja de ser atractivo para los políticos. Los taxistas son clave en las elecciones, tanto para movilizar como para hacerse de información.
La relación entre los gobiernos y los taxistas, con los choferes, pero sobre todo con los poquitos que monopolizan los permisos, es de naturaleza política: intercambio de lealtad partidista por impunidad. Los dueños de las placas, los que realmente exprimen el negocio, operan como auténticos rentistas que se enriquecen a costa de un servicio público. Y el Gobierno, a cambio de su lealtad, los premia “cerrando los ojos” ante el pésimo servicio y excesivo costo de sus pasajes. En términos prácticos, sindicalistas y políticos privatizan un servicio público, por el que no pagan ni impuestos. Y el gran defraudado de esta asociación es el consumidor, el ciudadano.
En Jalisco, la operación ha sido simple. El Gobierno del Estado, sin ningún contrapeso y con total opacidad, ha anunciado en el pasado la asignación de nuevos permisos de taxi. No se valora ni el mérito de los choferes, ni se concursa, ni tampoco se someten a condiciones mínimas de aportación al Estado. Los permisos caen en manos de los sindicalistas y los políticos mejor colocados en la estructura clientelar del sector. Pagan un impuesto mínimo y ya son propietarios del permiso. No es ni siquiera una concesión, que bajo cualquier óptica debería de tener un plazo perentorio de explotación y retornar a los activos públicos.
Es, por el contrario, la legalización del patrimonialismo como forma de concebir lo público. La entrega por parte del Gobierno de una propiedad, que el que la recibe no la ve como la posibilidad de operar un servicio en donde los principales criterios son públicos, sino la adhesión de un patrimonio a la cuenta individual del sindicalista o del político en turno. Nada diferente de lo que creen aquellos maestros que quieren vender o heredar su plaza como profesores. En el corrupto sistema de asignación de permisos para taxi, el patrimonialismo está legalizado.
La regulación del taxi amarillo que conocemos se originó en Inglaterra en el siglo XIX. Los argumentos para la construcción de un sistema de regulación fueron dos: la asimetría de la información y las externalidades negativas. La primera para dar seguridad a los pasajeros: saber con quién te subes y asumir que el conductor pasó por los filtros mínimos del Estado. La segunda, reparar los impactos de la prestación del servicio sobre la ciudad. Todo se reducía a impuestos. Sin embargo, en los países como México que históricamente aparejan regulación con corrupción, el sistema de taxi fue otra oportunidad de construir negocios al amparo del Estado y fortalecer las clientelas políticas.
Uber llega precisamente a descomponer ese arreglo, a poner en jaque toda la estructura de corrupción que se mueve en torno al servicio de taxis. No debemos de entronizar a Uber, es una empresa como cualquier otra que ve una oportunidad de negocio, no son hermanas de la caridad, pero sí rompe a través del mercado con la relación política, clientelar y corporativa que permite a los dueños de los taxistas convertirse en rentistas al amparo del poder político. El rentista es la persona que vive de la explotación de bienes públicos, y que implican en la práctica, un impuesto añadido a los servicios que prestan los gobiernos. El patrimonialismo, concebir al cargo o al servicio público como un patrimonio personal deriva tarde o temprano en rentismo.
El maestro que vende su plaza extrae ingresos y rentas de algo público; el empresario aliado a los petroleros que provee pipas a alto costo, es un rentista; el dueño de taxi que le cobra 400 pesos diarios a un chofer por conducir un auto con un permiso, es un rentista. Impuesto que termina forzosamente en un aumento en los costos del traslado. Este rentista, sólo con la “propiedad” de una placa de taxista, extrae rentas por poco más de 150 mil pesos anuales.
Es tal cual una renta, como una casa o un departamento, pero de un servicio público, sin que por ello entre más que el mínimo impuesto y que por lo tanto implique un impacto a la tarifa de consideración.
El efecto Uber
Uber es una medicina contra el rentismo, el patrimonialismo y el corporativismo. Tres conceptos que se entrelazan y se hermanan. Es innegable que Uber tiene sus problemas, tanto en materia fiscal como en derechos laborales, sin embargo constituye un modelo que opera sobre la base de una relación ciudadano-prestador de servicio-gobierno, en clave democrática. No hay más valoración o criterio que el servicio prestado, diluye las consideraciones políticas y empuja a una verdadera regulación del mercado.
La cara que Uber le pone al Estado no es la de la política, la del compadrazgo y la alianza electoral —yo te apoyo en 2018, pero bájame la regulación o dame mejores condiciones que a la competencia—, es la del servicio, la regulación y los costos. El Estado regula con impuestos y con las condiciones necesarias para prestar el servicio. No hay la negociación con el gran líder sindical, ni con los sitios más furibundos a la hora de defender sus intereses, es simplemente el Estado que regula, que cobra impuestos y que los distribuye.
Difícilmente veremos al diputado de Uber, fenómeno político que sí vemos con sindicatos como la CTM que controlan a una buena parte de los choferes de taxi. Para nuestro “capitalismo de cuates”, como lo diría Denisse Dresser, esto es una auténtica revolución.
Y es que la relación causal entre clientelas políticas, por un lado, y encaje regulatorio de Uber, es clarísimo. Barcelona es un ejemplo. Los taxistas barceloneses son poderosísimos, tienen una capacidad de exigir condiciones que son impensables en otros sitios. Paris es un caso similar. Y al no proveer un mal servicio, aunque sí uno muy caro, cuentan con cierta legitimidad. Por ello, lograron empujar a sus gobiernos a expulsar a Uber, a cerrarles las puertas.
En otros sitios del mundo, como es el caso de San Francisco, Los Ángeles o la Ciudad de México, Uber logró negociar arreglos normativos que le permitieron participar del mercado de transporte. Algunos más liberales, otros más restringidos, pero lo cierto es que encontraron espacios para la regulación.
En Guadalajara, todo indica que el Gobierno del Estado encontrará un encaje para Uber, Cabify o City Drive, sin embargo no sabemos el tipo de regulación y cómo éste podrá impactar en la reforma del obsoleto sistema de taxi tradicional. No hay nada peor que una regulación al estilo: cambio todo para que todo quede igual.
La irrupción de Uber visibilizó toda esa inconformidad existente sobre el servicio de taxi. Colocó sobre la mesa de discusión la vigencia del modelo y sacó a la luz los cimientos corporativistas que sostienen a un mercado controlado por la corrupción. Eso es lo valioso de las nuevas plataformas de prestación del servicio, que nos muestran desnudo al viejo sistema y nos recuerdan que nos hemos acostumbrado a un modelo rentista que favorece a unos pocos, pero que perjudica a la mayoría.
La moneda está en el aire y la incógnita es ver si el gobernador se montará en la ola del cambio o si, por el contrario, protegerá con la nueva regulación a los intereses corporativos que explican la obsolescencia del sistema. No es exagerado decir que el gobernador está ante una decisión que marcará su sexenio.
El corporativismo, un elemento orgánico del viejo régimen, sobrevivió. Y diría que no sólo sobrevivió, sino que encontró mejores canales de interlocución. Como lo ha escrito Luis Carlos Ugalde, la dispersión de poder no significó en la práctica un sistema de pesos y contrapesos eficaces que evitara las inercias del viejo régimen. Al contrario, “se multiplicó” la corrupción, sobre todo a nivel local. De este modo, las viejas corporaciones del Estado mexicano encontraron un encaje satisfactorio en las nuevas condiciones democráticas.
No hubo un “borrón del pasado”, simplemente la transición fue un acuerdo de ver hacia adelante y subir al barco de la democracia a todos. Ni los sindicatos, ni los gobernadores, ni la Iglesia, ni tampoco los empresarios fueron visitos como agentes no democráticos; por el contrario, fueron incluidos en la gran alianza que marcó la transición y abrió las puertas a la alternancia política.
Así, el corporativismo, un elemento orgánico del viejo régimen, sobrevivió. Y diría que no sólo sobrevivió, sino que encontró mejores canales de interlocución. Como lo ha escrito Luis Carlos Ugalde, la dispersión de poder no significó en la práctica un sistema de pesos y contrapesos eficaces que evitara las inercias del viejo régimen.
Al contrario, “se multiplicó” la corrupción, sobre todo a nivel local. De este modo, las viejas corporaciones del Estado mexicano encontraron un encaje satisfactorio en las nuevas condiciones democráticas. Algunos hicieron un cambio de imagen, un poco de maquillaje, y siguieron operando de la misma forma que en los años del priato absoluto.
Otros de plano ni siquiera pasaron por un cambio cosmético, siguieron cosechando el cinismo de siempre. No es coincidencia que desde el 2000 se hayan multiplicado los escándalos de sindicalistas ricos y trabajadores pobres; dirigentes atesorando fortunas a costa de lo público.
Taxis: patrimonialismo y corporativismo
Un ejemplo de corporación son los taxistas. A través de sindicatos o de grupos políticos, los taxistas mantuvieron su postura de negociar con los gobernantes por medio de su capacidad de movilización política. Un gremio que en Jalisco supera las 12 mil unidades y que cuenta con altos niveles de asociación, nunca deja de ser atractivo para los políticos. Los taxistas son clave en las elecciones, tanto para movilizar como para hacerse de información.
La relación entre los gobiernos y los taxistas, con los choferes, pero sobre todo con los poquitos que monopolizan los permisos, es de naturaleza política: intercambio de lealtad partidista por impunidad. Los dueños de las placas, los que realmente exprimen el negocio, operan como auténticos rentistas que se enriquecen a costa de un servicio público. Y el Gobierno, a cambio de su lealtad, los premia “cerrando los ojos” ante el pésimo servicio y excesivo costo de sus pasajes. En términos prácticos, sindicalistas y políticos privatizan un servicio público, por el que no pagan ni impuestos. Y el gran defraudado de esta asociación es el consumidor, el ciudadano.
En Jalisco, la operación ha sido simple. El Gobierno del Estado, sin ningún contrapeso y con total opacidad, ha anunciado en el pasado la asignación de nuevos permisos de taxi. No se valora ni el mérito de los choferes, ni se concursa, ni tampoco se someten a condiciones mínimas de aportación al Estado. Los permisos caen en manos de los sindicalistas y los políticos mejor colocados en la estructura clientelar del sector. Pagan un impuesto mínimo y ya son propietarios del permiso. No es ni siquiera una concesión, que bajo cualquier óptica debería de tener un plazo perentorio de explotación y retornar a los activos públicos.
Es, por el contrario, la legalización del patrimonialismo como forma de concebir lo público. La entrega por parte del Gobierno de una propiedad, que el que la recibe no la ve como la posibilidad de operar un servicio en donde los principales criterios son públicos, sino la adhesión de un patrimonio a la cuenta individual del sindicalista o del político en turno. Nada diferente de lo que creen aquellos maestros que quieren vender o heredar su plaza como profesores. En el corrupto sistema de asignación de permisos para taxi, el patrimonialismo está legalizado.
La regulación del taxi amarillo que conocemos se originó en Inglaterra en el siglo XIX. Los argumentos para la construcción de un sistema de regulación fueron dos: la asimetría de la información y las externalidades negativas. La primera para dar seguridad a los pasajeros: saber con quién te subes y asumir que el conductor pasó por los filtros mínimos del Estado. La segunda, reparar los impactos de la prestación del servicio sobre la ciudad. Todo se reducía a impuestos. Sin embargo, en los países como México que históricamente aparejan regulación con corrupción, el sistema de taxi fue otra oportunidad de construir negocios al amparo del Estado y fortalecer las clientelas políticas.
Uber llega precisamente a descomponer ese arreglo, a poner en jaque toda la estructura de corrupción que se mueve en torno al servicio de taxis. No debemos de entronizar a Uber, es una empresa como cualquier otra que ve una oportunidad de negocio, no son hermanas de la caridad, pero sí rompe a través del mercado con la relación política, clientelar y corporativa que permite a los dueños de los taxistas convertirse en rentistas al amparo del poder político. El rentista es la persona que vive de la explotación de bienes públicos, y que implican en la práctica, un impuesto añadido a los servicios que prestan los gobiernos. El patrimonialismo, concebir al cargo o al servicio público como un patrimonio personal deriva tarde o temprano en rentismo.
El maestro que vende su plaza extrae ingresos y rentas de algo público; el empresario aliado a los petroleros que provee pipas a alto costo, es un rentista; el dueño de taxi que le cobra 400 pesos diarios a un chofer por conducir un auto con un permiso, es un rentista. Impuesto que termina forzosamente en un aumento en los costos del traslado. Este rentista, sólo con la “propiedad” de una placa de taxista, extrae rentas por poco más de 150 mil pesos anuales.
Es tal cual una renta, como una casa o un departamento, pero de un servicio público, sin que por ello entre más que el mínimo impuesto y que por lo tanto implique un impacto a la tarifa de consideración.
El efecto Uber
Uber es una medicina contra el rentismo, el patrimonialismo y el corporativismo. Tres conceptos que se entrelazan y se hermanan. Es innegable que Uber tiene sus problemas, tanto en materia fiscal como en derechos laborales, sin embargo constituye un modelo que opera sobre la base de una relación ciudadano-prestador de servicio-gobierno, en clave democrática. No hay más valoración o criterio que el servicio prestado, diluye las consideraciones políticas y empuja a una verdadera regulación del mercado.
La cara que Uber le pone al Estado no es la de la política, la del compadrazgo y la alianza electoral —yo te apoyo en 2018, pero bájame la regulación o dame mejores condiciones que a la competencia—, es la del servicio, la regulación y los costos. El Estado regula con impuestos y con las condiciones necesarias para prestar el servicio. No hay la negociación con el gran líder sindical, ni con los sitios más furibundos a la hora de defender sus intereses, es simplemente el Estado que regula, que cobra impuestos y que los distribuye.
Difícilmente veremos al diputado de Uber, fenómeno político que sí vemos con sindicatos como la CTM que controlan a una buena parte de los choferes de taxi. Para nuestro “capitalismo de cuates”, como lo diría Denisse Dresser, esto es una auténtica revolución.
Y es que la relación causal entre clientelas políticas, por un lado, y encaje regulatorio de Uber, es clarísimo. Barcelona es un ejemplo. Los taxistas barceloneses son poderosísimos, tienen una capacidad de exigir condiciones que son impensables en otros sitios. Paris es un caso similar. Y al no proveer un mal servicio, aunque sí uno muy caro, cuentan con cierta legitimidad. Por ello, lograron empujar a sus gobiernos a expulsar a Uber, a cerrarles las puertas.
En otros sitios del mundo, como es el caso de San Francisco, Los Ángeles o la Ciudad de México, Uber logró negociar arreglos normativos que le permitieron participar del mercado de transporte. Algunos más liberales, otros más restringidos, pero lo cierto es que encontraron espacios para la regulación.
En Guadalajara, todo indica que el Gobierno del Estado encontrará un encaje para Uber, Cabify o City Drive, sin embargo no sabemos el tipo de regulación y cómo éste podrá impactar en la reforma del obsoleto sistema de taxi tradicional. No hay nada peor que una regulación al estilo: cambio todo para que todo quede igual.
La irrupción de Uber visibilizó toda esa inconformidad existente sobre el servicio de taxi. Colocó sobre la mesa de discusión la vigencia del modelo y sacó a la luz los cimientos corporativistas que sostienen a un mercado controlado por la corrupción. Eso es lo valioso de las nuevas plataformas de prestación del servicio, que nos muestran desnudo al viejo sistema y nos recuerdan que nos hemos acostumbrado a un modelo rentista que favorece a unos pocos, pero que perjudica a la mayoría.
La moneda está en el aire y la incógnita es ver si el gobernador se montará en la ola del cambio o si, por el contrario, protegerá con la nueva regulación a los intereses corporativos que explican la obsolescencia del sistema. No es exagerado decir que el gobernador está ante una decisión que marcará su sexenio.
El corporativismo, un elemento orgánico del viejo régimen, sobrevivió. Y diría que no sólo sobrevivió, sino que encontró mejores canales de interlocución. Como lo ha escrito Luis Carlos Ugalde, la dispersión de poder no significó en la práctica un sistema de pesos y contrapesos eficaces que evitara las inercias del viejo régimen. Al contrario, “se multiplicó” la corrupción, sobre todo a nivel local. De este modo, las viejas corporaciones del Estado mexicano encontraron un encaje satisfactorio en las nuevas condiciones democráticas.