Jacinta y la podredumbre de la ‘justicia’

GUADALAJARA, JALISCO (26/FEB/2017).-  La democracia supone una ciudadanía despierta y crítica. El caso de las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa supondría la caída de un procurador en cualquier país medianamente civilizado del mundo. Supondría una indignación nacional que sacaría a la calle a millones de personas. Más indignación que la subida de dos pesos en el precio de la gasolina o la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Es el uso de la justicia para atentar contra los más débiles, contra los más indefensos. Tal vez no nos damos cuenta, pero un Estado que no respeta los procesos, nos amenaza a todos. La violación al debido proceso es la destrucción del estado de derecho y su principio rector: todos somos inocentes, hasta que se demuestra lo contrario. Todos somos Jacinta, Alberta y Teresa. Hoy fueron ellas, mañana podemos ser usted o yo.  

No hay forma de escribir sobre este caso sin ponerte en los zapatos de las afectadas. No hay forma de escribir sin conectar emocionalmente con la tragedia de tres mujeres indígenas víctimas de un sistema corrompido hasta la médula. Un sistema que criminaliza al inocente y protege al culpable. Un país en donde ser pobre es un delito que amerita cárcel y ser indígena es sinónimo del abandono. Jacinta, Alberta y Teresa son condenadas a 21 años de prisión, mientras que Javier Duarte huye bajo las narices de las autoridades. Saqueos públicos un día sí y el otro también, e impunidad garantizada.

Ése es nuestro gran fracaso. Un sistema judicial que es capaz de alterar, engañar, falsificar y hacer todo lo necesario, para poner tras las rejas a tres indígenas que venden aguas frescas, pero que consiente y garantiza la podredumbre del sistema.  

Jacinta, Alberta y Teresa son tres mujeres condenadas a 21 años por secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI). La mera querella es un absurdo indescriptible. Un atentado contra la razón. ¿Cómo es posible que tres mujeres priven de la libertad a seis elementos de la AFI, fuertemente armados y entrenados? Todo ello derivado de un enfrentamiento público con comerciantes informales en agosto de 2006. Jacinta, Alberta y Teresa fueron las víctimas fáciles para tomar venganza. De ahí en adelante, todo fue corrupción y simulación. Todo fue falsificación.

Fueron sentenciadas sin traductores a su lengua, como la marca la ley. Fueron sentenciadas a 21 años de prisión sin desahogo de pruebas. Hasta le falsificaron su declaración en perfecto castellano. La consigna era refundirla en prisión, al precio que fuera.   

Tres años en prisión a base de mentiras y manipulaciones. En 2009 se probó su inocencia ante un juicio mediatizado por la invaluable compañía del Centro Miguel Agustín Pro que llevó la causa hasta sus últimas consecuencias. Y hasta 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) falló a favor de la demanda de resarcimiento moral y material, interpuesta por en contra de la PGR. Casi una década batallando contra la mentira; casi una década luchando contra un país en donde la injusticia es la moneda corriente. No deja de ser indignante que el Ministerio Público, la PGR, que defiende el interés público en contra de los actos de los criminales, haya decidido hacer todo lo posible para incriminar y someter a tres indígenas pobres que viven de vender agua fresca en el centro de Querétaro.

Es una radiografía dolorosa de la podredumbre institucional.  

No digo nada nuevo que cuando señalo que la transición a la democracia no tocó a la justicia en México. Jacinta, Alberta y Teresa son el espejo de un sistema que no sólo no se reformó, sino que incluso se ha deteriorado más en los últimos años. Como ciudadanos lo hemos permitido. Hemos blindado al Poder Judicial con nuestra indiferencia y nuestra indolencia. Las injusticias se apilan y nuestra respuesta siempre es la misma: seguro andaba en algo.

Sabemos que el Poder Judicial y los órganos de procuración de justicia están corrompidos hasta el fondo y nada pasa. El sistema judicial es una caja oscura, repleta de intereses y que nadie se atreve a tocar. No tenemos que echar la mirada demasiado para atrás para acordarnos de presunto culpable y las tropelías de los expedientes armados para criminalizar selectivamente. Los escándalos suben y bajan, pero tal vez en nuestra conciencia está la tranquilizadora idea de que a nosotros no nos va a pasar.

No nos damos cuenta que la historia de estas tres indígenas es tan común como indignante. Cuántos mexicanos inocentes aguardan silenciosamente en prisión la intervención del destino. Cuántos casos de mexicanos inocentes no se mediatizan, no tienen la atención de la ciudadanía y se desvanecen en el anonimato. Jóvenes pobres, madres de familia criminalizadas, profesionistas justos que son chivos expiatorios.

Un abogado con recursos para corromper, un ministerio público dispuesto al soborno y un juez seducido por el dinero, pueden meter a una persona a la cárcel por 30 años y acabar con su vida. Y si es pobre, sin influencias y relaciones, la injusticia está asegurada. No hay país más injusto que el que abandona a los más desfavorecidos.

La disculpa pública de la PGR es un avance, pero un avance obligado. El procurador dio disculpas públicas el pasado 21 de febrero por una orden manifiesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al igual que la disculpa que ofreció Peña Nieto por la indignación nacional por el caso de la Casa Blanca, la disculpa de la PGR puede ser un perdón, pero nunca una disculpa. El verdadero acto de constricción del Ministerio Público sería admitir que la realidad de Jacinta, Alberta y Teresa es la realidad común; la de todos los días. Hasta abril de 2015, 40% de los presos en México no tenían sentencia.

¿Cuántos inocentes hay ahí? ¿Cuántos inocentes que ni siquiera son capaces de tener un abogado que los defienda adecuadamente? ¿Cuántos inocentes que sufren en la oscuridad, la corrupción del sistema? Sólo hay un peor mal que no castigar a un culpable, y es criminalizar a un inocente.

El Sistema Penal Acusatorio, los juicios orales, son una buena ruta para respetar el debido proceso de los acusados. Tal vez, con el sistema que nace, Jacinta, Alberta y Teresa no habrían sido condenadas a 21 años con un juicio amañado y sin posibilidad de defensa. A pesar de su duro comienzo, el Sistema Penal Acusatorio es garantista, protege los derechos humanos y el debido proceso.

Un cambio paradigmático que nos tocará buen tiempo asimilar. Sin embargo, no hay modelo que pueda contra un sistema corrompido hasta la medula. No hay sistema que aguante abogados corruptos, ministerios que no defienden el interés público y jueces o magistrados que solo piensan en favorecer sus negocios o intereses personales. No hay y nunca habrá sistema que pueda con la corrupción generalizada; eso nos debe quedar muy claro.  

En materia de reforma judicial, no hay camino fácil. Las varitas mágicas son comunes en el discurso político, pero irrealizables en la práctica. El sistema está roto, corrompido y viciado. Lo primero es limpiar y dotar de autonomía al ministerio público. En 2018 entra en funciones la Fiscalía General de la República, con autonomía constitucional. Investigación e integración de expedientes son fundamentales, particularmente en el nuevo sistema. El primer fiscal debe ser una figura intachable que le imprima su sello a una institución que necesita un parto sin dolor.

Los partidos políticos tienen una responsabilidad histórica y un saliente Peña Nieto, también. Luego, el Poder Judicial. La corrupción es más acentuada a nivel local que a nivel federal, pero es tiempo de que alguien le entre a fondo a limpiar al Poder Judicial y asegurar jueces imparciales, que no estén vendidos ni al crimen ni a intereses externos a la justicia. Necesitamos parar de cabeza el sistema, el actual está obsoleto.  

Como siempre, detrás de todo episodio obscuro y doloroso, están todos esos héroes anónimos que nos recuerdan que vale la pena luchar por este país. Abogados comprometidos con los derechos humanos que dejaron tiempo y dinero para evitar que se consumara la tropelía de encerrar a Jacinta, Alberta y Teresa por más de dos décadas. Magistrados que se negaron a comprar una mentira y que, ante las leguleyadas, pusieron el brazo firma de la justicia.

Y medios de comunicación que no soltaron el problema hasta que la inocencia de las indígenas fue probada. No exagero sí digo que hay motivos para pensar que muchas cosas están cambiando. No olvidemos la frase de Berhtold Brecht: la crisis comienza cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pocos casos ilustran con tanta claridad la crisis de régimen que vive nuestro país.