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Democracia y petróleo
Los partidos de izquierda piden una consulta que ratifique o derogue la reforma energética, el PRI señala que la ley de consultas populares no contempla el ejercicio en este caso en específico
GUADALAJARA, JALISCO (10/AGO/2014).- No es un secreto, sino un incipiente consenso entre los politólogos. Las democracias que incorporan elementos participativos son las más apreciadas por sus ciudadanos. Detrás de la democracia participativa, de las consultas, referéndums o plebiscitos, se encuentra una forma de inclusión que ataca el corazón mismo del déficit de representación.
Unos datos serían ilustrativos. Suiza es la democracia en donde los políticos obtienen la mayor tasa de aprobación de toda Europa (82%). La Confederación Helvética es conocida por su tradición plebiscitaria, hasta cuatro o cinco temas se consultan al año en materia política, constitucional o de políticas públicas. En el último año, los suizos han podido decidir en temas como: la construcción o no de más mezquitas; una ley para limitar los salarios más altos del país o poner mayores controles al paso de personas por sus fronteras. La herencia participativa de Suiza encuentra sus orígenes en la Edad Media y el derecho a decir se encuentra protegido en los distintos tratados constitucionales desde finales del siglo XIX. La actual constitución que data de 1999, amplía el abanico de temas consultables y sólo limita los relativos a los derechos fundamentales de las personas.
Otro caso, más bien reciente, es el de Venezuela. El modelo que heredó Hugo Chávez a Nicolás Maduro ha sido criticado exhaustivamente por su demagogia, la utilización de recursos públicos con fines políticos, el personalismo, la formación de redes clientelares y su debilitamiento del entramado institucional, así como de la división de poderes. Sin embargo, un elemento que no podemos soslayar es su apuesta por la democracia participativa. Durante los más de 14 años que Hugo Chávez estuvo en el poder, se realizaron ratificaciones de mandato cada mitad de periodo y la “constitución bolivariana”, el proyecto político del chavismo, se refrendó en las urnas. Y a pesar de las altas tasas de inseguridad que vive Venezuela y una economía deprimida, los resultados del último latinobarómetro arrojan una aprobación sorprendente de su régimen político. De 1995 a 2013, según datos del propio estudio regional, Venezuela es el país que mayor aumento ha registrado de apoyo a la democracia: 16 puntos. Seguido por Ecuador (+13%), otro régimen que ha implementado la revocación de mandato y los referéndums constitucionales, como mecanismos de ratificación de la voluntad popular. ¿Coincidencias? o ¿qué explica estos fenómenos?
“El ciudadano kleenex”
La crisis de la democracia representativa se encuentra diagnosticada desde hace por lo menos tres décadas. La caída en la participación electoral y el déficit de representación, han hecho que prácticamente todos los países del mundo se planteen “democratizar la democracia” (Boaventura de Sousa, dixit) a través de instrumentos de democracia participativa. Por ejemplo, la Constitución de la V República Francesa obliga a que las modificaciones a la carta magna se diriman en una consulta popular (en 2008 también se aprobó una ley de referéndums populares). En Gran Bretaña existe una ley de consultas desde mediados de la década de los setenta y Canadá tiene mecanismos similares desde la posguerra. En América Latina estos instrumentos han proliferado desde inicios de siglo. Y es que la crisis de la democracia representativa, esa idea de que los diputados, senadores o gobiernos no representan los intereses populares sino a sus agendas personales o de partido, ha sido atacada a través de nuevas formas de inclusión desde el Estado. El centro de la crisis de representación es el llamado “Ciudadano Kleenex”, ese ciudadano que se usa una vez y se tira a la basura. Es decir, que sólo sale a votar el día de las elecciones y nunca más vuelve a participar en decisiones de Gobierno hasta el siguiente proceso electoral.
En México, a nivel local existen distintas experiencias participativas desde presupuestales hasta ratificaciones de mandato (incluso en Jalisco). Sin embargo, a nivel nacional, la Ley de Consultas Populares se aprobó hasta marzo de este año. Y aunque en general cumple con los tres orígenes propios de una consulta (ciudadana, legislativa y ejecutiva), la Ley de Consultas Populares pone algunos candados que dificultan su realización. Por ejemplo, el artículo 11 menciona los temas que no podrían ser sujetos de consulta: los derechos humanos (en todos los tratados internacionales está prohibido); el carácter del Estado —representativo, federal y democrático—; los temas electorales, la seguridad nacional y los relativos a las Fuerzas Armadas. Y añade un sexto: los que tienen que ver con los ingresos y gastos del Gobierno. Un candado que da para muchas interpretaciones (casi todos los temas claves de la agenda nacional tienen una variante presupuestal).
¿Se justifica una consulta?
Todo este debate surge por la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de las distintas fuerzas políticas de izquierda desde Morena hasta el PT y MC, de consultar a la ciudadanía sobre la reforma energética. ¿Existen razones que justifiquen esta consulta en específico? Aparte del aporte democrático en sí mismo del instrumento, existen al menos cinco razones de peso para consultar sobre la reforma energética.
En primer lugar, por la “relevancia del tema”. Según la ley de consultas populares, ese es el primer elemento que debe ser contemplado para realizar un ejercicio de esta naturaleza. El cambio en el modelo energético tiene implicaciones fiscales, presupuestales, en el sistema de precios y en el aparato estatal. Es la reforma más importante al marco normativo nacional desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su relevancia es indiscutible y no pone en juego los derechos fundamentales.
En segundo lugar, por lo difuso de su discusión en campaña. En la campaña de 2012, los tres principales candidatos hablaron del sistema energético y de Petróleos Mexicanos (Pemex), e incluso enfatizaron en que el cambio era impostergable, pero nunca delinearon qué tipo de reforma querían promover. Incluso, en el libro de Enrique Peña Nieto vienen generalidades sobre la política energética, modelos exitosos, pero no la reforma a promover en sí misma. Nunca conocimos los detalles de los proyectos energéticos de los tres principales partidos políticos. Por lo tanto, el voto al PRI y al PAN no se puede interpretar o traducir automáticamente en un aval al proyecto de reforma energética aprobado en el Congreso. Los ciudadanos al votar por los partidos que promueven la reforma no tenían toda la información necesaria, al estar ausente del programa político-electoral.
Una tercera razón es lo que los politólogos llaman como “distorsión de la representación”. Es decir, al no haber sido la reforma energética un tema nodal de la campaña anterior, los electores decidieron su voto no con base en el proyecto de reforma, sino haciendo un balance de otros elementos. Tan es así que las encuestas publicadas a nivel nacional marcan una tendencia de paridad entre los que están a favor y los que están en contra. No sabemos si en una campaña donde los partidos políticos pusieran en la palestra pública información sobre el tema, las opiniones se modificarían, sin embargo hoy en día lo aprobado por el Congreso no tiene las mismas cuotas de aceptación en la sociedad civil. Hay una distorsión que una consulta puede dimensionar adecuadamente.
Como cuarto punto, la información es benéfica para la democracia. El hecho de que se empalme la consulta con las elecciones intermedias, sería un incentivo a un debate más informado y con posiciones de ambos lados. No hay que temer a que se “petrolice” la elección intermedia, mientras el debate sea de contraste y propuestas. Los que defienden el “no” a la reforma tendrían que verter información consistente y clara sobre las consecuencias negativas que habrá para el país si no se revoca la reforma. Por el otro lado, los que creen que la reforma constitucional es provechosa para el país, tendrían posibilidad de defender los alcances de las modificaciones y dotar de mayor credibilidad a la reforma.
Y quinto punto, la legitimidad del nuevo modelo. No es para nadie una sorpresa que el nacionalismo revolucionario tomó como bandera insigne a la energía durante siete décadas. El corolario ideal del fin de un modelo que significó una identidad política para millones de mexicanos, es una consulta que borre la idea de que la reforma energética sólo es producto de unas élites anti-nacionales y extranjerizantes. Una consulta que respalde un “sí” o el “no” serviría para dotar de legitimidad y credibilidad a cualquiera de los dos modelos energéticos que se encuentran en pugna.
Los límites de la consulta
Es cierto que las consultas tienen sus límites bien estudiados. Existe un abuso de la coyuntura, es decir se plantean en momentos donde el equilibrio de fuerzas favorece a uno u otro bando y no necesariamente es reflejo de una “opinión a largo plazo”; son reduccionistas al plantear temas complejos en una o dos preguntas simples; pueden implicar el sometimiento de la mayoría a la minoría sin matices ni moderación —-la mayoría gana todo y la minoría pierde todo—; sirven para legitimar proyectos populistas sin respaldo técnico.
Estos riesgos son reales y han sido estudiados hasta el cansancio. Sin embargo, todos esos riegos son también equiparables a la participación electoral regular; es decir, son deformaciones de los modelos electorales. Por lo que no deben ser impedimentos para abrir la participación ciudadana a distintos mecanismos, sino para buscar blindar el ejercicio de estos vicios (en la medida de lo posible).
Existen otros dos argumentos muy socorridosen contra de la consulta : es un tema técnico, por lo tanto la definición debe quedar en ese campo, y detrás de los partidos que la promueven hay una estrategia de posicionamiento de un tema que los fortalece. El primer argumento parte de la idea de que los mexicanos no somos capaces de digerir con responsabilidad y conocimiento asuntos complejos de la agenda pública. Es la apuesta por un modelo político donde las élites intelectuales le imponen un proyecto de desarrollo a la “masa ignorante” que ni siquiera sabe lo que le conviene. Un autoritarismo ilustrado que descalifica la opinión de los no especialistas. Y, el segundo argumento parte de una premisa que atenta contra el ADN del juego político: establecer la agenda. La batalla política tiene como uno de sus objetivos clave la definición de la agenda a discutir y los términos en los que se discute dicha agenda. La idea de que un partido se puede beneficiar del debate de cierta agenda política no es un argumento para cancelar la participación.
Una consulta sobre la reforma energética tiene antes que nada un valor democrático. Ojalá los legalismos o interpretaciones de los marcos jurídicos no vulneren el espíritu de la Ley de Consultas Populares: la participación ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá una oportunidad para incentivar la construcción de un modelo de democracia participativa que trascienda el simple acto de votar cada tres años. Una democracia de calidad se erige con instituciones públicas de calidad, pero sobre todo con auténtica participación política. La reforma energética, la más importante en las últimas dos décadas, es un buen marco para darle un empujón a nuestra democracia sumida en la insatisfacción y la falta de aprobación.
Unos datos serían ilustrativos. Suiza es la democracia en donde los políticos obtienen la mayor tasa de aprobación de toda Europa (82%). La Confederación Helvética es conocida por su tradición plebiscitaria, hasta cuatro o cinco temas se consultan al año en materia política, constitucional o de políticas públicas. En el último año, los suizos han podido decidir en temas como: la construcción o no de más mezquitas; una ley para limitar los salarios más altos del país o poner mayores controles al paso de personas por sus fronteras. La herencia participativa de Suiza encuentra sus orígenes en la Edad Media y el derecho a decir se encuentra protegido en los distintos tratados constitucionales desde finales del siglo XIX. La actual constitución que data de 1999, amplía el abanico de temas consultables y sólo limita los relativos a los derechos fundamentales de las personas.
Otro caso, más bien reciente, es el de Venezuela. El modelo que heredó Hugo Chávez a Nicolás Maduro ha sido criticado exhaustivamente por su demagogia, la utilización de recursos públicos con fines políticos, el personalismo, la formación de redes clientelares y su debilitamiento del entramado institucional, así como de la división de poderes. Sin embargo, un elemento que no podemos soslayar es su apuesta por la democracia participativa. Durante los más de 14 años que Hugo Chávez estuvo en el poder, se realizaron ratificaciones de mandato cada mitad de periodo y la “constitución bolivariana”, el proyecto político del chavismo, se refrendó en las urnas. Y a pesar de las altas tasas de inseguridad que vive Venezuela y una economía deprimida, los resultados del último latinobarómetro arrojan una aprobación sorprendente de su régimen político. De 1995 a 2013, según datos del propio estudio regional, Venezuela es el país que mayor aumento ha registrado de apoyo a la democracia: 16 puntos. Seguido por Ecuador (+13%), otro régimen que ha implementado la revocación de mandato y los referéndums constitucionales, como mecanismos de ratificación de la voluntad popular. ¿Coincidencias? o ¿qué explica estos fenómenos?
“El ciudadano kleenex”
La crisis de la democracia representativa se encuentra diagnosticada desde hace por lo menos tres décadas. La caída en la participación electoral y el déficit de representación, han hecho que prácticamente todos los países del mundo se planteen “democratizar la democracia” (Boaventura de Sousa, dixit) a través de instrumentos de democracia participativa. Por ejemplo, la Constitución de la V República Francesa obliga a que las modificaciones a la carta magna se diriman en una consulta popular (en 2008 también se aprobó una ley de referéndums populares). En Gran Bretaña existe una ley de consultas desde mediados de la década de los setenta y Canadá tiene mecanismos similares desde la posguerra. En América Latina estos instrumentos han proliferado desde inicios de siglo. Y es que la crisis de la democracia representativa, esa idea de que los diputados, senadores o gobiernos no representan los intereses populares sino a sus agendas personales o de partido, ha sido atacada a través de nuevas formas de inclusión desde el Estado. El centro de la crisis de representación es el llamado “Ciudadano Kleenex”, ese ciudadano que se usa una vez y se tira a la basura. Es decir, que sólo sale a votar el día de las elecciones y nunca más vuelve a participar en decisiones de Gobierno hasta el siguiente proceso electoral.
En México, a nivel local existen distintas experiencias participativas desde presupuestales hasta ratificaciones de mandato (incluso en Jalisco). Sin embargo, a nivel nacional, la Ley de Consultas Populares se aprobó hasta marzo de este año. Y aunque en general cumple con los tres orígenes propios de una consulta (ciudadana, legislativa y ejecutiva), la Ley de Consultas Populares pone algunos candados que dificultan su realización. Por ejemplo, el artículo 11 menciona los temas que no podrían ser sujetos de consulta: los derechos humanos (en todos los tratados internacionales está prohibido); el carácter del Estado —representativo, federal y democrático—; los temas electorales, la seguridad nacional y los relativos a las Fuerzas Armadas. Y añade un sexto: los que tienen que ver con los ingresos y gastos del Gobierno. Un candado que da para muchas interpretaciones (casi todos los temas claves de la agenda nacional tienen una variante presupuestal).
¿Se justifica una consulta?
Todo este debate surge por la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de las distintas fuerzas políticas de izquierda desde Morena hasta el PT y MC, de consultar a la ciudadanía sobre la reforma energética. ¿Existen razones que justifiquen esta consulta en específico? Aparte del aporte democrático en sí mismo del instrumento, existen al menos cinco razones de peso para consultar sobre la reforma energética.
En primer lugar, por la “relevancia del tema”. Según la ley de consultas populares, ese es el primer elemento que debe ser contemplado para realizar un ejercicio de esta naturaleza. El cambio en el modelo energético tiene implicaciones fiscales, presupuestales, en el sistema de precios y en el aparato estatal. Es la reforma más importante al marco normativo nacional desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Su relevancia es indiscutible y no pone en juego los derechos fundamentales.
En segundo lugar, por lo difuso de su discusión en campaña. En la campaña de 2012, los tres principales candidatos hablaron del sistema energético y de Petróleos Mexicanos (Pemex), e incluso enfatizaron en que el cambio era impostergable, pero nunca delinearon qué tipo de reforma querían promover. Incluso, en el libro de Enrique Peña Nieto vienen generalidades sobre la política energética, modelos exitosos, pero no la reforma a promover en sí misma. Nunca conocimos los detalles de los proyectos energéticos de los tres principales partidos políticos. Por lo tanto, el voto al PRI y al PAN no se puede interpretar o traducir automáticamente en un aval al proyecto de reforma energética aprobado en el Congreso. Los ciudadanos al votar por los partidos que promueven la reforma no tenían toda la información necesaria, al estar ausente del programa político-electoral.
Una tercera razón es lo que los politólogos llaman como “distorsión de la representación”. Es decir, al no haber sido la reforma energética un tema nodal de la campaña anterior, los electores decidieron su voto no con base en el proyecto de reforma, sino haciendo un balance de otros elementos. Tan es así que las encuestas publicadas a nivel nacional marcan una tendencia de paridad entre los que están a favor y los que están en contra. No sabemos si en una campaña donde los partidos políticos pusieran en la palestra pública información sobre el tema, las opiniones se modificarían, sin embargo hoy en día lo aprobado por el Congreso no tiene las mismas cuotas de aceptación en la sociedad civil. Hay una distorsión que una consulta puede dimensionar adecuadamente.
Como cuarto punto, la información es benéfica para la democracia. El hecho de que se empalme la consulta con las elecciones intermedias, sería un incentivo a un debate más informado y con posiciones de ambos lados. No hay que temer a que se “petrolice” la elección intermedia, mientras el debate sea de contraste y propuestas. Los que defienden el “no” a la reforma tendrían que verter información consistente y clara sobre las consecuencias negativas que habrá para el país si no se revoca la reforma. Por el otro lado, los que creen que la reforma constitucional es provechosa para el país, tendrían posibilidad de defender los alcances de las modificaciones y dotar de mayor credibilidad a la reforma.
Y quinto punto, la legitimidad del nuevo modelo. No es para nadie una sorpresa que el nacionalismo revolucionario tomó como bandera insigne a la energía durante siete décadas. El corolario ideal del fin de un modelo que significó una identidad política para millones de mexicanos, es una consulta que borre la idea de que la reforma energética sólo es producto de unas élites anti-nacionales y extranjerizantes. Una consulta que respalde un “sí” o el “no” serviría para dotar de legitimidad y credibilidad a cualquiera de los dos modelos energéticos que se encuentran en pugna.
Los límites de la consulta
Es cierto que las consultas tienen sus límites bien estudiados. Existe un abuso de la coyuntura, es decir se plantean en momentos donde el equilibrio de fuerzas favorece a uno u otro bando y no necesariamente es reflejo de una “opinión a largo plazo”; son reduccionistas al plantear temas complejos en una o dos preguntas simples; pueden implicar el sometimiento de la mayoría a la minoría sin matices ni moderación —-la mayoría gana todo y la minoría pierde todo—; sirven para legitimar proyectos populistas sin respaldo técnico.
Estos riesgos son reales y han sido estudiados hasta el cansancio. Sin embargo, todos esos riegos son también equiparables a la participación electoral regular; es decir, son deformaciones de los modelos electorales. Por lo que no deben ser impedimentos para abrir la participación ciudadana a distintos mecanismos, sino para buscar blindar el ejercicio de estos vicios (en la medida de lo posible).
Existen otros dos argumentos muy socorridosen contra de la consulta : es un tema técnico, por lo tanto la definición debe quedar en ese campo, y detrás de los partidos que la promueven hay una estrategia de posicionamiento de un tema que los fortalece. El primer argumento parte de la idea de que los mexicanos no somos capaces de digerir con responsabilidad y conocimiento asuntos complejos de la agenda pública. Es la apuesta por un modelo político donde las élites intelectuales le imponen un proyecto de desarrollo a la “masa ignorante” que ni siquiera sabe lo que le conviene. Un autoritarismo ilustrado que descalifica la opinión de los no especialistas. Y, el segundo argumento parte de una premisa que atenta contra el ADN del juego político: establecer la agenda. La batalla política tiene como uno de sus objetivos clave la definición de la agenda a discutir y los términos en los que se discute dicha agenda. La idea de que un partido se puede beneficiar del debate de cierta agenda política no es un argumento para cancelar la participación.
Una consulta sobre la reforma energética tiene antes que nada un valor democrático. Ojalá los legalismos o interpretaciones de los marcos jurídicos no vulneren el espíritu de la Ley de Consultas Populares: la participación ciudadana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá una oportunidad para incentivar la construcción de un modelo de democracia participativa que trascienda el simple acto de votar cada tres años. Una democracia de calidad se erige con instituciones públicas de calidad, pero sobre todo con auténtica participación política. La reforma energética, la más importante en las últimas dos décadas, es un buen marco para darle un empujón a nuestra democracia sumida en la insatisfacción y la falta de aprobación.