Quedan a deber en indemnizaciones a familias de policías caídos en 2019

Sólo las familias de 12 de los 29 agentes de Seguridad Pública que fueron asesinados en Jalisco el año pasado recibieron indemnización tras la muerte del elemento. Sin embargo, no a todas las atendieron de igual manera.

En el caso de los uniformados abatidos en Tepatitlán y Poncitlán, por ejemplo (uno en cada municipio), a sus seres queridos sólo les entregaron recursos para las exequias y hasta la primera quincena de octubre no se había liberado el seguro de vida.

Por su parte, la Policía tapatía indicó, vía Transparencia, que de los seis agentes caídos, sólo cuatro accedieron a las prestaciones del régimen complementario, que incluye apoyo para los estudios de sus hijos. El resto sólo obtuvo el pago por su seguro de vida.

Los otros dos no pudieron acceder al pago completo porque los mataron en su día de descanso.

La directora de Recursos Humanos de Guadalajara, Verónica Torres, explicó que los oficiales cuentan con un seguro de vida de 150 mil pesos cuando fallecen por causas naturales, y de un millón 440 mil si la baja ocurre en cumplimiento de su deber.

En Zapopan, de acuerdo con la Unidad de Transparencia, cuatro de cinco recibieron pago: sus deudos accedieron a un millón 200 mil pesos y su finiquito (que contempla gastos funerarios). Del quinto no se informó su situación.

La Fiscalía estatal registró la muerte de cinco agentes investigadores, un fiscal regional y un escolta del fiscal. Sin embargo, no informó sobre las compensaciones.

Tampoco lo hizo la Secretaría de Seguridad estatal ni Lagos de Moreno, Ojuelos y Teocaltiche, que sumaron nueve policías asesinados. Mismo escenario con el agente de la Guardia Nacional que fue abatido a inicios de diciembre pasado.

Raúl Rosales Ochoa, investigador de la asociación Causa en Común, acentuó que la falta de una ley que especifique las garantías mínimas que debe tener el régimen complementario ocasiona que los policías no cuenten con seguridad jurídica que los respalde.

Policía de Jalisco, entre las que menos reciben seguridad social

Si bien la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que cada Entidad debe generar, según sus necesidades y presupuestos, una normatividad sobre el régimen complementario de seguridad social para sus oficiales, la Policía del Estado de Jalisco es una de las que menos reciben prestaciones en dicho régimen.

Jalisco se encuentra en el quinto lugar de las entidades con menos seguridad social complementaria, de acuerdo con la organización nacional Causa en Común, que evalúa el desempeño de las corporaciones estatales en el estudio titulado “Índice de Desarrollo Policial (Indepol)”.

De acuerdo con el estudio más reciente, presentado en 2018, con -63 puntos de calificación (donde 0 es la calificación más favorable) Jalisco se ubicó en el quinto lugar de las entidades que menos prestaciones complementarias  brindan a sus policías estatales, sólo por debajo de las de Nayarit y Tamaulipas (-100), Querétaro (-75), Tlaxcala (-73) y Baja California (-65).

El documento reveló que, a diferencia de otras entidades (Ciudad de México, Morelos o Guerrero), la Policía de Jalisco refirió a la organización que sus elementos no cuentan con préstamos ni servicios funerarios, a diferencia de 2017, cuando indicaron que sí las tenían. Tampoco tienen una ley o reglamento sobre el régimen complementario dentro de la corporación, según explicó el investigador de la organización, Raúl Rosales Ochoa.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que sus policías reciben las mismas prestaciones que el resto del personal que labora para el Poder Ejecutivo del Estado, bajo el “Plan Múltiple de Beneficios para los trabajadores del Gobierno del Estado”, el cual permite que sus familiares o dependientes puedan acceder a él.

En caso de que lleguen a fallecer en el cumplimento del deber, pueden acceder a una indemnización por 525 mil pesos; en caso de muerte natural reciben el pago del seguro de vida por 150 mil pesos y 350 mil pesos por muerte accidental.

Aseguró que las familias reciben una pensión vitalicia de 100%, además del apoyo para gastos funerarios correspondiente a tres meses de salario de compensación.

Dijo que también son acreedores al pago de indemnización por riesgo de trabajo; al pago por concepto policial de carreras (por tres mil 500 pesos) y su afiliación al Instituto de Pensiones del Estado, mediante el cual reciben préstamos hipotecarios, a corto y mediano plazo y demás prestaciones de ley, como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.

El director general de Causa en Común, José Antonio Polo Oteyza, explicó durante su visita a Guadalajara en julio pasado, que durante 2019 se buscaba comenzar de nuevo con el estudio, pero al no haber modificaciones significativas entre los dos años previos (2017 y 2018), prefirieron no realizar el ejercicio para dar prioridad a otras investigaciones.

Casi 450 caídos el año pasado

En México, durante 2019 fueron asesinados al menos 446 policías, de acuerdo con la organización nacional Causa en Común, lo que representa el homicidio de un agente de seguridad cada 20 horas.

Indemnizaciones, “voluntad” de las autoridades

De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones en esa materia deben garantizar por lo menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, establecidas en el Artículo 123 constitucional, entre las que se encuentran sus días de descanso, seguridad social y acceso a un salario sin distinción de género, entre otros.

La ley establece también que las entidades y sus municipios deben generar, según sus necesidades y cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, además de generar sus propias tabulaciones para la revisión de su cumplimento.

En Jalisco la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado sólo informa que, en caso del fallecimiento de un policía, la corporación a la que pertenezca deberá pagar a sus beneficiarios cuando menos dos meses de su remuneración como ayuda para los gastos funerarios.

Al no existir una ley, manual o reglamento que rija como base dichas prestaciones complementarias, éstas quedan como “una voluntad”, pues dependen, en muchas ocasiones, de las capacidades económicas, las disposiciones de las administraciones gubernamentales y sus periodos de Gobierno, debido a las lagunas que hay en los estatutos que regulan la seguridad pública, según explicó Raúl Rosales Ochoa, investigador de la organización Causa en Común.

“Al no estar especificado en alguna ley, las prestaciones complementarias no son una certeza para los policías. A nivel municipal estas lagunas son más grandes y se convierten en un problema para la seguridad jurídica de los policías y sus familias, porque pierden su sustento económico”, dijo.

Por ejemplo, en Guadalajara, la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Laura Verónica Torres, explicó que el régimen complementario se establece dentro de un reglamento interno de operación, que consta de apoyo escolar para los hijos del policía fallecido, así como un monto mayor del seguro de vida.

En Zapopan, de acuerdo con el comisario Roberto Alarcón Estrada, se entrega el seguro de vida por un monto de un millón 200 mil pesos cuando fallecen en cumplimento de su deber, mientras que por otras causas sólo se les da la mitad.

GUÍA

¿Qué dice la ley en Jalisco?

• El Artículo 56 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado sólo informa que, en caso del fallecimiento de un policía, la institución de seguridad a la que pertenezca deberá pagar a sus beneficiarios cuando menos dos meses de su remuneración como ayuda para los gastos funerarios. “Esta prestación se otorgará sin perjuicio de lo que al respecto establezcan diversas leyes”. Además, el Artículo 28 señala que, si el oficial fallece durante su labor, independientemente de su antigüedad en el servicio, sus hijos, si los tuviera, recibirán una beca educativa durante todo el tiempo que continúen estudiando, hasta llegar a los estudios superiores, ya sea a través de un apoyo mensual por el equivalente a setenta y cinco días de salario mínimo o a través del pago de la colegiatura en las instituciones educativas con las que tenga algún convenio. No se habla sobre los regímenes complementarios.

Pierden prestaciones 

El viernes 15 de febrero del año pasado, José Octavio García Aceves, Javier Raudales Mota y Gilberto Casillas Uribe renunciaron a sus cargos como como director de Seguridad Pública, subdirector operativo y comandante de la Policía de Tonalá, respectivamente.

Por la noche, los tres acudieron a un bar de Tlaquepaque. También llegó un grupo armado, quien se los llevó contra su voluntad.

La desaparición se reportó el mismo fin de semana por sus familiares, pero a pocos días transcurridos, la Fiscalía del Estado confirmó que sus cuerpos habían sido localizados en distintos hechos registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sin embargo, debido a que su asesinato ocurrió una vez que los ex mandos habían salido de la corporación, sus familias no pudieron recibir alguna clase de apoyo o indemnización, como sucedió en los casos anteriores.

De acuerdo con la Policía de Tonalá, el día en que García Aceves, Raudales Mota y Casillas Uribe dejaron sus cargos, el área correspondiente les entregó los pagos al día de su renuncia, incluyendo las prestaciones equivalentes a la temporalidad en la cual laboraron para la comisaría.

LA VOZ DEL EXPERTO

Vital, legislar para proteger a los agentes

Raúl Rosales Ochoa (Causa en Común)

De acuerdo con Raúl Rosales Ochoa, es urgente que las leyes a nivel nacional y local sean reformadas con la finalidad de establecer, de manera homologada, un mínimo de régimen de prestaciones complementarias para los policías, con el fin de dar mayor certeza a los agentes.

Lo anterior, dijo, debe ser prioritario ante en el panorama de violencia que se vive en México, ya que, en la mayoría de las corporaciones, tanto estatales como municipales, no se contempla un régimen complementario para los uniformados que son asesinados fuera del cumplimiento de su deber, y, según los análisis de la organización, gran parte de los homicidios de policías se comete durante su descanso.

“Se pueden comenzar a hacer cambios desde lo estatal, ya que la ley federal puede tomarse como una base, pues cada municipio y cada Entidad tiene necesidades distintas. Sin embargo, las homologaciones estatales pueden ser el motor para un cambio más grande”, expresó.

En Jalisco, explicó, es necesario que se revise con urgencia el proyecto de operación de la Policía Metropolitana, pues a partir de allí puede comenzar a trabajarse también una homologación del régimen complementario, ya que, al ser una Policía que reaccione sin distinción de municipios, las prestaciones complementarias también deben ser las mismas.

Récord de elementos asesinados

Homicidios. En Jalisco, durante 2018 fueron asesinados al menos 30 policías y agentes encargados de la seguridad, entre ellos un comisario municipal de otra Entidad, lo que representó un promedio de un oficial asesinado cada 11 días.

Desapariciones. En la Entidad no sólo asesinan uniformados, también los desaparecen. En 2019 al menos ocho uniformados y un ex policía fueron reportados como desaparecidos. Se sabe que, de ellos, al menos tres fueron “levantados” por hombres armados mientras se dirigían a sus jornadas laborales o en sus días de descanso.

Aumento. El Congreso del Estado aprobó en marzo reformar el Código Penal para castigar con hasta 70 años de cárcel a quienes maten a funcionarios que desarrollen funciones de seguridad pública, impartición o procuración de justicia. Hasta septiembre sumaban siete personas detenidas por asesinar policías, pero aún no habían sentenciado a nadie con la pena más alta.
 

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