México
Un retroceso condiciones de plan Mérida: PGR
Propone José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, que los 350 mdd solicitados por Bush, en lugar de ser entregados a México, los utilice EU para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza e impedir el tráfico de armas.
MÉXICO.- Las condiciones planteadas por el Senado estadounidense para liberar 350 millones de dólares para la lucha antinarco en México, parecen un retroceso a la etapa de la certificación unilateral, por lo que el gobierno federal evaluará si acepta o no la aplicación del proyecto, aseguró José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales.
Por ello, propuso que los recursos solicitados por el presidente George Bush en la llamada Iniciativa Mérida, en lugar de ser entregados a México sean utilizados por los estadounidenses para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza e impedir el tráfico de armas a nuestro país, ya que el 97% del arsenal que utiliza el crimen organizado en el territorio nacional proviene de esa nación.
En una entrevista radiofónica, el funcionario de la Procuraduría General de la República ( PGR), dijo que "estas condicionantes parecen un retroceso respecto de una etapa ya superada en las relaciones con Estados unidos en materia de tráfico ilícito de drogas, que es la certificación unilateral", por lo que en un acto soberano el Estado Mexicano debe de definir es si rechaza o no la aplicación del programa y bajo que circunstancias.
Por ello, propuso que los recursos solicitados por el presidente George Bush en la llamada Iniciativa Mérida, en lugar de ser entregados a México sean utilizados por los estadounidenses para reforzar sus aduanas, la Patrulla Fronteriza e impedir el tráfico de armas a nuestro país, ya que el 97% del arsenal que utiliza el crimen organizado en el territorio nacional proviene de esa nación.
En una entrevista radiofónica, el funcionario de la Procuraduría General de la República ( PGR), dijo que "estas condicionantes parecen un retroceso respecto de una etapa ya superada en las relaciones con Estados unidos en materia de tráfico ilícito de drogas, que es la certificación unilateral", por lo que en un acto soberano el Estado Mexicano debe de definir es si rechaza o no la aplicación del programa y bajo que circunstancias.