México
Senadores dejan a medias Ley Antisecuestro
Con la reforma, se crea un ‘‘Fondo Para la Reparación del Daño y Atención a Víctimas’’ y se ratifican las intervenciones telefónicas por parte de las autoridades
CIUDAD DE MÉXICO (30/ABR/2010).- El Senado aprobó esta noche en lo general la ley Antisecuestro por la que aumenta las penas a secuestradores; crea un "Fondo Para la Reparación del Daño y Atención a Víctimas"-administrado por la PGR y que se integrará parte con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de otros fondos- y ratifica que las autoridades intervengan comunicaciones telefónicas para investigar ese delito.
En la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, denominada Antisecuestro, los senadores dejaron fuera la esencia de la propuesta del Presidente Felipe Calderón, tales como la prisión vitalicia, el pago a informantes y la escucha en lugares públicos, además de los agentes encubiertos.
Sin embargo, la Ley Antisecuestro quedará a medias, ya que se enviará a la Cámara de Diputados, órgano que ya terminó su periodo ordinario de sesiones, por lo que será hasta septiembre cuando pueda analizarla a fondo y votarla.
El pleno aprobó por unanimidad la reforma en lo general, sin embargo, senadores hicieron reservas a artículos en lo particular que son analizados en este momento.
El senador del PRD, Tomás Torres Mercado, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, reconoció el esfuerzo político de los senadores para avalar una reforma compleja.
El presidente de la comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, destacó que la reforma avalada se integró con 16 propuestas diferentes.
El presidente de la comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, del PRI, subrayó la importancia de que se contará con un fondo para resarcir el daño a las víctimas del delito y sus familiares.
La reforma obliga a la autoridad a actuar "de oficio", aun si no existe denuncia alguna, evita que el delito prescriba y orilla a autoridades a crear programas para la protección de personas y testigos.
El dictamen señala que una investigación de secuestro tampoco podrá enviarse a la "reserva" y los secuestradores que hayan purgado una condena, podrán ser vigilados por la policía durante cinco años posteriores a su liberación.
La reforma obliga además a las procuradurías estatales a crear y operar unidades especiales para la investigación del secuestro.
Así mismo permite que la sentencia condenatoria por secuestro contemple la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa.
En cuanto a otro tema polémico, el de la competencia, se señala que los delitos de secuestro se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De igual forma, cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.
La Ley Antisecuestro aumenta las penas y las pone de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa. Las multas aumentan si las víctimas son menores de edad, ancianos, deficientes mentales o mujeres embarazadas.
Plantea además de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en el secuestro, los autores, sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; que le causen lesiones o violencia sexual, y que la víctima muera por enfermedad como consecuencia del secuestro.
Si la víctima muere a manos de los autores o partícipes de los mismos, se impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 6 mil a 12 mil días multa.
También se imponen sanciones a servidores públicos que actúen del lado de los secuestradores.
Con la reforma, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para combatir al secuestro.
Durante la aprobación en el salón de sesiones estuvo presente la señora Isabel Miranda de Wallace.
En la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, denominada Antisecuestro, los senadores dejaron fuera la esencia de la propuesta del Presidente Felipe Calderón, tales como la prisión vitalicia, el pago a informantes y la escucha en lugares públicos, además de los agentes encubiertos.
Sin embargo, la Ley Antisecuestro quedará a medias, ya que se enviará a la Cámara de Diputados, órgano que ya terminó su periodo ordinario de sesiones, por lo que será hasta septiembre cuando pueda analizarla a fondo y votarla.
El pleno aprobó por unanimidad la reforma en lo general, sin embargo, senadores hicieron reservas a artículos en lo particular que son analizados en este momento.
El senador del PRD, Tomás Torres Mercado, presidente de la comisión de Estudios Legislativos, Segunda, reconoció el esfuerzo político de los senadores para avalar una reforma compleja.
El presidente de la comisión de Justicia, Alejandro González Alcocer, destacó que la reforma avalada se integró con 16 propuestas diferentes.
El presidente de la comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, del PRI, subrayó la importancia de que se contará con un fondo para resarcir el daño a las víctimas del delito y sus familiares.
La reforma obliga a la autoridad a actuar "de oficio", aun si no existe denuncia alguna, evita que el delito prescriba y orilla a autoridades a crear programas para la protección de personas y testigos.
El dictamen señala que una investigación de secuestro tampoco podrá enviarse a la "reserva" y los secuestradores que hayan purgado una condena, podrán ser vigilados por la policía durante cinco años posteriores a su liberación.
La reforma obliga además a las procuradurías estatales a crear y operar unidades especiales para la investigación del secuestro.
Así mismo permite que la sentencia condenatoria por secuestro contemple la reparación del daño a las víctimas, cuyo monto fijará el juez de la causa.
En cuanto a otro tema polémico, el de la competencia, se señala que los delitos de secuestro se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
De igual forma, cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo.
La Ley Antisecuestro aumenta las penas y las pone de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa. Las multas aumentan si las víctimas son menores de edad, ancianos, deficientes mentales o mujeres embarazadas.
Plantea además de 25 a 50 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en el secuestro, los autores, sean o hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas Armadas mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; que le causen lesiones o violencia sexual, y que la víctima muera por enfermedad como consecuencia del secuestro.
Si la víctima muere a manos de los autores o partícipes de los mismos, se impondrán de 40 a 70 años de prisión y de 6 mil a 12 mil días multa.
También se imponen sanciones a servidores públicos que actúen del lado de los secuestradores.
Con la reforma, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno se coordinarán a través del Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para combatir al secuestro.
Durante la aprobación en el salón de sesiones estuvo presente la señora Isabel Miranda de Wallace.