México
Senado aprueba el Sistema Anticorrupción
Contemplan prevenir, investigar y sancionar la corrupción en la administración pública e incluso a empresas privadas
CIUDAD DE MÉXICO (22/ABR/2015).- En una jornada maratónica, el Senado de la República aprobó la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.
El dictamen contempla prevenir, investigar y sancionar la corrupción en la administración pública de todos los niveles de Gobierno e incluso a empresas privadas y a los directivos que caigan en corruptelas.
Pese a votar a favor, los legisladores panistas y perredistas reconocieron que la minuta presentó severas deficiencias, entre ellas que no se elimina el fuero constitucional para los legisladores y que ni el Presidente ni el Poder Judicial estarán sujetos a dicha legislación.
Lo que sí plantea es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya podrá auditar en tiempo real debido a que se elimina el principio de anualidad y posterioridad.
Incluso la ASF tendrá la facultad de revisar las participaciones federales destinados a los estados hasta en un 92%, el resto serán fiscalizados por los órganos locales.
Además obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses —aunque no se hará pública—, y estarán sujetos a la extinción de dominio en caso de enriquecimiento ilícito.
El dictamen contempla prevenir, investigar y sancionar la corrupción en la administración pública de todos los niveles de Gobierno e incluso a empresas privadas y a los directivos que caigan en corruptelas.
Pese a votar a favor, los legisladores panistas y perredistas reconocieron que la minuta presentó severas deficiencias, entre ellas que no se elimina el fuero constitucional para los legisladores y que ni el Presidente ni el Poder Judicial estarán sujetos a dicha legislación.
Lo que sí plantea es fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ya podrá auditar en tiempo real debido a que se elimina el principio de anualidad y posterioridad.
Incluso la ASF tendrá la facultad de revisar las participaciones federales destinados a los estados hasta en un 92%, el resto serán fiscalizados por los órganos locales.
Además obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses —aunque no se hará pública—, y estarán sujetos a la extinción de dominio en caso de enriquecimiento ilícito.