México
Periodistas carecen de protección en México
El Gobierno federal no es capaz de brindar seguridad a los trabajadores de los medios, coinciden especialistas
CIUDAD DE MÉXICO (02/AGO/2010).- Aunque México es considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, no existe una política de Estado que garantice su protección o permita reducir los riesgos en el ejercicio de la profesión.
Este es el diagnóstico de José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras y Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, quienes coincidieron en que en medio de la ola de violencia que se vive en el país por la operación del crimen organizado, los periodistas mexicanos se enfrentan a una situación extrema que mantiene en vilo la libertad de expresión.
La última ocurrió hace ocho días, cuando cuatro periodistas, un reportero y tres camarógrafos, fueron secuestrados por una célula del cártel de Sinaloa en Durango.
Las víctimas fueron elegidas para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización, en una estrategia de propaganda criminal. En el transcurso de la semana fueron liberados dos y el sábado pasado dos más.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), señala que hoy “los periodistas mexicanos están pagando un precio altísimo por su trabajo y las autoridades deben enviar un mensaje claro que este accionar violento será castigado con todo el peso de la ley”.
Para el experto de HRW, José Miguel Vivanco, en México “no hay una política para enfrentar de manera eficiente el riesgo en el que están los periodistas, ni sancionar e identificar a los responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los que son víctimas a lo largo y ancho del país”.
Dijo que los esfuerzos para crear una Fiscalía para Delitos contra Periodistas se quedaron en buenas intenciones y no han dado resultado (ver telón de fondo).
“Ésta área investigadora no cuenta con los recursos ni las facultades para operar con eficacia, de lo contrario su existencia ya habría tenido algún impacto para revertir esta tragedia que se vive en México con sus comunicadores”.
Sin estrategia común
Notas sin firma del reportero que cubrió la información, no dar a conocer el nombre del fotógrafo que tomó la imagen, o dejar de publicar un hecho que podría generar represalias, son las medidas aisladas que han adoptado algunos medios de comunicación para proteger la integridad de sus comunicadores, pero que han sido insuficientes.
Balbina Flores, la corresponsal que desde 2001 ha informado desde México a Reporteros Sin Fronteras la realidad que enfrentan los periodistas en el país, resumió así las acciones aisladas que han aplicado algunos medios de comunicación para evitar que su personal forme parte de la estadística de víctimas en los años recientes.
“Tampoco hay una política en los medios de comunicación, desde las redacciones, que permita revertir la situación extrema e inédita que vivimos hoy en este país, en el que el sólo hecho de ser reportero o cubrir la información ya implica un riesgo, desde hace más de un año hacer investigación en este país parece prohibido, todo ya implica un riesgo”.
Reporteros sin Fronteras elaboró en 2002 la “Carta sobre la Seguridad de los Periodistas en Zonas de Conflicto y de Tensiones” aplicable para regiones en guerra. Para Balbina Flores, hoy, para los comunicadores mexicanos los riesgos son equiparables y las recomendaciones que incluye el texto tienen vigencia ante las condiciones de inseguridad en el país.
El documento señala –en ocho apartados- que para los profesionales de la información, los conflictos armados implican asumir riesgos y un compromiso personal, que justifica el hecho de que vayan, por voluntad propia, a hacer reportajes en zonas hostiles.
Sin embargo, un protocolo debería contemplar que “tienen que poder negarse a ser enviados a zonas de conflicto armado, sin tener que justificarse por ello y sin que se les pueda acusar de ninguna falta profesional. Una vez sobre el terreno, se podrá poner fin a la misión del reportero, tanto a petición propia como de su redacción”.
Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, considera que México se tiene que enfocar en reducir el nivel de riesgo de los periodistas que cubren la información en situaciones de alto riesgo.
“La prevención es la ventana de oportunidad para evitar agresiones o atentados contra periodistas. Sin ella la protección no sirve de nada, pues al final estaríamos en el absurdo de buscar el uso de carros blindados, chalecos antibalas, cascos, escoltas o algunos otros elementos para realizar las labores periodísticas”.
De acuerdo con el último informe elaborado por la organización en México se carece de protocolos de seguridad para las coberturas de alto riesgo.
“Debe haber protocolos específicos de este tipo entre los editores, las mesas de redacción y los periodistas, donde el punto más importante para lograr niveles óptimos de protección es la comunicación permanente entre todas estas áreas cuando se realiza una cobertura informativa en zonas de alto riesgo”.
TELÓN DE FONDO
El poco interés en la fiscalía
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión fue creada el pasado 6 de julio con el fin de proteger la seguridad de los periodistas y comunicadores.
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la fiscalía, que depende de la PGR, deberá dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra quienes ejerzan la actividad periodística.
El convenio indica que también dará seguimiento a acciones relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo, e informará de ello al procurador y a las asociaciones profesionales mundiales y nacionales de periodistas a través de mecanismos de concertación que se establezcan para tal efecto.
Antes de la creada hace un mes, en 2006 nació la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra periodistas (FEADP), que estuvo encabezada por David Vega Vera, quien renunció nueve meses después a su cargo. Cuando renunció su titular, la fiscalía tenía 108 averiguaciones previas, pero ni un solo caso esclarecido.
La Cámara de Diputados creó en 2008 una comisión de seguimiento a delitos en contra de periodistas, que cambió de nombre por el de comisión para la atención a periodistas y medios de comunicación con pocos resultados.
Quizá su mayor contribución fue convocar a las organizaciones de periodistas y editores para promover una iniciativa con el fin de federalizar los delitos contra los trabajadores de los medios, que fue aprobada por los diputados con apenas 263 votos en abril de 2009, pero que a casi un año sigue atorada en el Senado.
La iniciativa propone que quien cometa un hecho ilícito con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días multa.
También dice que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Este es el diagnóstico de José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Balbina Flores, corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras y Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, quienes coincidieron en que en medio de la ola de violencia que se vive en el país por la operación del crimen organizado, los periodistas mexicanos se enfrentan a una situación extrema que mantiene en vilo la libertad de expresión.
La última ocurrió hace ocho días, cuando cuatro periodistas, un reportero y tres camarógrafos, fueron secuestrados por una célula del cártel de Sinaloa en Durango.
Las víctimas fueron elegidas para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización, en una estrategia de propaganda criminal. En el transcurso de la semana fueron liberados dos y el sábado pasado dos más.
Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), señala que hoy “los periodistas mexicanos están pagando un precio altísimo por su trabajo y las autoridades deben enviar un mensaje claro que este accionar violento será castigado con todo el peso de la ley”.
Para el experto de HRW, José Miguel Vivanco, en México “no hay una política para enfrentar de manera eficiente el riesgo en el que están los periodistas, ni sancionar e identificar a los responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los que son víctimas a lo largo y ancho del país”.
Dijo que los esfuerzos para crear una Fiscalía para Delitos contra Periodistas se quedaron en buenas intenciones y no han dado resultado (ver telón de fondo).
“Ésta área investigadora no cuenta con los recursos ni las facultades para operar con eficacia, de lo contrario su existencia ya habría tenido algún impacto para revertir esta tragedia que se vive en México con sus comunicadores”.
Sin estrategia común
Notas sin firma del reportero que cubrió la información, no dar a conocer el nombre del fotógrafo que tomó la imagen, o dejar de publicar un hecho que podría generar represalias, son las medidas aisladas que han adoptado algunos medios de comunicación para proteger la integridad de sus comunicadores, pero que han sido insuficientes.
Balbina Flores, la corresponsal que desde 2001 ha informado desde México a Reporteros Sin Fronteras la realidad que enfrentan los periodistas en el país, resumió así las acciones aisladas que han aplicado algunos medios de comunicación para evitar que su personal forme parte de la estadística de víctimas en los años recientes.
“Tampoco hay una política en los medios de comunicación, desde las redacciones, que permita revertir la situación extrema e inédita que vivimos hoy en este país, en el que el sólo hecho de ser reportero o cubrir la información ya implica un riesgo, desde hace más de un año hacer investigación en este país parece prohibido, todo ya implica un riesgo”.
Reporteros sin Fronteras elaboró en 2002 la “Carta sobre la Seguridad de los Periodistas en Zonas de Conflicto y de Tensiones” aplicable para regiones en guerra. Para Balbina Flores, hoy, para los comunicadores mexicanos los riesgos son equiparables y las recomendaciones que incluye el texto tienen vigencia ante las condiciones de inseguridad en el país.
El documento señala –en ocho apartados- que para los profesionales de la información, los conflictos armados implican asumir riesgos y un compromiso personal, que justifica el hecho de que vayan, por voluntad propia, a hacer reportajes en zonas hostiles.
Sin embargo, un protocolo debería contemplar que “tienen que poder negarse a ser enviados a zonas de conflicto armado, sin tener que justificarse por ello y sin que se les pueda acusar de ninguna falta profesional. Una vez sobre el terreno, se podrá poner fin a la misión del reportero, tanto a petición propia como de su redacción”.
Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, considera que México se tiene que enfocar en reducir el nivel de riesgo de los periodistas que cubren la información en situaciones de alto riesgo.
“La prevención es la ventana de oportunidad para evitar agresiones o atentados contra periodistas. Sin ella la protección no sirve de nada, pues al final estaríamos en el absurdo de buscar el uso de carros blindados, chalecos antibalas, cascos, escoltas o algunos otros elementos para realizar las labores periodísticas”.
De acuerdo con el último informe elaborado por la organización en México se carece de protocolos de seguridad para las coberturas de alto riesgo.
“Debe haber protocolos específicos de este tipo entre los editores, las mesas de redacción y los periodistas, donde el punto más importante para lograr niveles óptimos de protección es la comunicación permanente entre todas estas áreas cuando se realiza una cobertura informativa en zonas de alto riesgo”.
TELÓN DE FONDO
El poco interés en la fiscalía
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión fue creada el pasado 6 de julio con el fin de proteger la seguridad de los periodistas y comunicadores.
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la fiscalía, que depende de la PGR, deberá dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra quienes ejerzan la actividad periodística.
El convenio indica que también dará seguimiento a acciones relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo, e informará de ello al procurador y a las asociaciones profesionales mundiales y nacionales de periodistas a través de mecanismos de concertación que se establezcan para tal efecto.
Antes de la creada hace un mes, en 2006 nació la Fiscalía para la atención de delitos cometidos contra periodistas (FEADP), que estuvo encabezada por David Vega Vera, quien renunció nueve meses después a su cargo. Cuando renunció su titular, la fiscalía tenía 108 averiguaciones previas, pero ni un solo caso esclarecido.
La Cámara de Diputados creó en 2008 una comisión de seguimiento a delitos en contra de periodistas, que cambió de nombre por el de comisión para la atención a periodistas y medios de comunicación con pocos resultados.
Quizá su mayor contribución fue convocar a las organizaciones de periodistas y editores para promover una iniciativa con el fin de federalizar los delitos contra los trabajadores de los medios, que fue aprobada por los diputados con apenas 263 votos en abril de 2009, pero que a casi un año sigue atorada en el Senado.
La iniciativa propone que quien cometa un hecho ilícito con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días multa.
También dice que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.