México
Nueva norma obliga a un censo de guarderías
Estados y municipios deben registrar y supervisar las estancias infantiles que estén en manos de particulares; tendrán un año para regularizarse
CIUDAD DE MÉXICO (16/SEP/2011).- Si hay alguien que conoce la nueva ley de guarderías, aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados, es el legislador perredista Emilio Serrano. Él estuvo al pendiente de la iniciativa desde su nacimiento, sosteniendo reuniones con los padres que perdieron a sus niños el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, y que ahora integran el Movimiento 5 de Junio.
En diálogo telefónico con este diario, el diputado señala un punto que le parece delicado: hay registro de las guarderías que son operadas por el Estado, y que suman aproximadamente 11 mil, pero se desconoce cuántas están en manos de particulares.
Por este motivo, la ley de guarderías obliga a los estados y municipios a realizar un censo para dar con las estancias infantiles que no son administradas por el Estado, para de esta manera ver las condiciones en las que se encuentran y darles un año para regularizar su situación de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Sobre el tiempo que llevó aprobar la iniciativa en la Cámara baja –la Cámara de Senadores mandó la minuta el 29 de abril–, Emilio Serrano, quien presidió la comisión especial que trató el tema, menciona que el acuerdo fue darle luz verde en fast track, porque no había que esperar más tiempo. Como resultado, la ley fue aprobada a dos semanas de iniciar el nuevo periodo ordinario de sesiones.
Al respecto, niega cualquier politización del tema, ya que la iniciativa fue nutrida con las propuestas de diversas bancadas.
Pese a que la ley abarca las demandas de los padres afectados por la guardería ABC, el legislador acepta que ésta es perfectible. Uno de los puntos que con el tiempo debe cambiar, señala, es que el consejo nacional de guarderías no contempla la participación de los padres de familia. Además, la nueva norma no especifica cuál será el órgano sancionador para las irregularidades en las estancias infantiles.
Sobre el mérito de los padres de la ABC y los diputados para sacar la ley adelante, Serrano menciona que todo corresponde a los primeros, ya que a los legisladores para eso se les paga.
En semanas pasadas, cuando la iniciativa estaba en comisiones, Emilio Serrano había referido a este medio que propondría cambiar el nombre al proyecto: en vez de llamarse Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el diputado proponía el nombre de Ley General de Estancias Infantiles. A pregunta expresa por este hecho, Serrano dijo que el nombre no fue modificado por deseo de los padres de familia.
El diputado recuerda que aún falta que caigan los responsables del incendio, y acusa a la Procuraduría General de la República de proteger a funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La voz del experto
Conquista social
Carlos Enrigue (Ex-consejero del Supremo Tribunal de Justicia)
El licenciado en derecho y ex-consejero del Supremo Tribunal de Justicia, Carlos Enrigue, opina que la aprobación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil es un triunfo de y para los ciudadanos, “los diputados no están para hacer lo que ellos quieren, son representantes de los ciudadanos”. Estima que a esta ley le hizo faltó que los legisladores la revisaran a fondo para que se regulen los mecanismos de quejas, denuncias y castigos cuando los administradores o personal que trabaja en guarderías, incurran en alguna falta. Para ello cree necesario que se establezca un mecanismo rápido de quejas que provoque una reacción inmediata.
Considera que también hace falta que las leyes “pongan rostro” de quienes deben de “pagar” por los delitos u omisiones que se cometan, como los ocurridos en el caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en 2009, “parte de los culpables quedaron muy campantes, como Juan Molinar Horcasitas (ex director del IMSS) y la prima de Margarita Zavala, (Marcia Gómez del Campo, una de las dueñas de la ABC).
Señala que las guarderías no deben de calificarse como un mal por el hecho de que ahí ocurrió un accidente, sino que debe de regularse su manera de operar. “La ley debe de tener una norma que diga por qué prohíbe algo y qué pasa si se viola”.
Carlos Enrigue expone que esta nueva ley responde a una necesidad social, ya que cada vez se vuelve más complicado para los padres de familia poner a sus hijos al cuidado de un familiar para ellos poder ir trabajar, y no dejarlos solos en casa y esto después se considere como abandono. “El problema es cómo se van a conceder, cómo se van a renovar los permisos para operar guarderías. El Gobierno está comprando la desgracia de la gente”, apunta el especialista en derecho.
En diálogo telefónico con este diario, el diputado señala un punto que le parece delicado: hay registro de las guarderías que son operadas por el Estado, y que suman aproximadamente 11 mil, pero se desconoce cuántas están en manos de particulares.
Por este motivo, la ley de guarderías obliga a los estados y municipios a realizar un censo para dar con las estancias infantiles que no son administradas por el Estado, para de esta manera ver las condiciones en las que se encuentran y darles un año para regularizar su situación de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Sobre el tiempo que llevó aprobar la iniciativa en la Cámara baja –la Cámara de Senadores mandó la minuta el 29 de abril–, Emilio Serrano, quien presidió la comisión especial que trató el tema, menciona que el acuerdo fue darle luz verde en fast track, porque no había que esperar más tiempo. Como resultado, la ley fue aprobada a dos semanas de iniciar el nuevo periodo ordinario de sesiones.
Al respecto, niega cualquier politización del tema, ya que la iniciativa fue nutrida con las propuestas de diversas bancadas.
Pese a que la ley abarca las demandas de los padres afectados por la guardería ABC, el legislador acepta que ésta es perfectible. Uno de los puntos que con el tiempo debe cambiar, señala, es que el consejo nacional de guarderías no contempla la participación de los padres de familia. Además, la nueva norma no especifica cuál será el órgano sancionador para las irregularidades en las estancias infantiles.
Sobre el mérito de los padres de la ABC y los diputados para sacar la ley adelante, Serrano menciona que todo corresponde a los primeros, ya que a los legisladores para eso se les paga.
En semanas pasadas, cuando la iniciativa estaba en comisiones, Emilio Serrano había referido a este medio que propondría cambiar el nombre al proyecto: en vez de llamarse Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el diputado proponía el nombre de Ley General de Estancias Infantiles. A pregunta expresa por este hecho, Serrano dijo que el nombre no fue modificado por deseo de los padres de familia.
El diputado recuerda que aún falta que caigan los responsables del incendio, y acusa a la Procuraduría General de la República de proteger a funcionarios como Juan Molinar Horcasitas, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La voz del experto
Conquista social
Carlos Enrigue (Ex-consejero del Supremo Tribunal de Justicia)
El licenciado en derecho y ex-consejero del Supremo Tribunal de Justicia, Carlos Enrigue, opina que la aprobación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil es un triunfo de y para los ciudadanos, “los diputados no están para hacer lo que ellos quieren, son representantes de los ciudadanos”. Estima que a esta ley le hizo faltó que los legisladores la revisaran a fondo para que se regulen los mecanismos de quejas, denuncias y castigos cuando los administradores o personal que trabaja en guarderías, incurran en alguna falta. Para ello cree necesario que se establezca un mecanismo rápido de quejas que provoque una reacción inmediata.
Considera que también hace falta que las leyes “pongan rostro” de quienes deben de “pagar” por los delitos u omisiones que se cometan, como los ocurridos en el caso de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en 2009, “parte de los culpables quedaron muy campantes, como Juan Molinar Horcasitas (ex director del IMSS) y la prima de Margarita Zavala, (Marcia Gómez del Campo, una de las dueñas de la ABC).
Señala que las guarderías no deben de calificarse como un mal por el hecho de que ahí ocurrió un accidente, sino que debe de regularse su manera de operar. “La ley debe de tener una norma que diga por qué prohíbe algo y qué pasa si se viola”.
Carlos Enrigue expone que esta nueva ley responde a una necesidad social, ya que cada vez se vuelve más complicado para los padres de familia poner a sus hijos al cuidado de un familiar para ellos poder ir trabajar, y no dejarlos solos en casa y esto después se considere como abandono. “El problema es cómo se van a conceder, cómo se van a renovar los permisos para operar guarderías. El Gobierno está comprando la desgracia de la gente”, apunta el especialista en derecho.