México

Niveles educativos de indígenas, impiden acceso a justicia, afirman

Juez de la CIDH señala que el pleno no tiene registro de casos de comunidades indígenas mexicanas

GUADALAJARA, JALISCO (14/OCT/2013).- De 18 sentencias dictadas por la Corte Interamericana  de Derechos Humanos ( CIDH) para resolver conflictos con comunidades indígenas, ninguna tuvo relación con México; y aunque aquí también se registran complicaciones, "los niveles educativos diferentes les impide acceder adecuadamente a la materia judicial internacional", señala el juez Humberto Antonio Sierra Porto.
 
"La problemática con las comunidades indígenas es transversal. Se debe a la lógica de explotación económica, específicamente de los recursos naturales (...) En muchos sectores no saben de los instrumentos que pueden utilizar".
 
Explica que la función de Organizaciones No Gubernamentales y asociaciones civiles es trascendental  ya que colaboran en la divulgación de los derechos que permiten a los indígenas gozar de los recursos legales internacionales.
 
Sentencias judiciales pueden provocar la desaparición de grupos indígenas
 
La integración de los indígenas en una democracia participativa, o involucrarlos en decisiones legales que los afecten, podría trastocar sus costumbres y pondría en peligro la conservación de su cultura, explica el juez de la CIDH Humberto Antonio Sierra Porto.
 
Indica que las determinaciones judiciales deben partir de un consenso para proteger los derechos indígenas, "se deben defender para conservarlos, evitando erosión de sus costumbres para que no desaparezcan".
 
"Entre los principales aspectos que deben tenerse en cuenta en los juicios donde se involucra indígenas con las perspectivas de evolución son: Qué hacer cuando el Estado afecta a los indígenas, ¿será necesario la consulta previa?".
 
La otra opción de impartir justicia es garantizarle a la población la mayor cantidad de beneficios aunque se invada su cultura. "Lo importante es que se les den beneficios".
 
La tercera es combinar las opciones anteriores. Las decisiones deberán ser lo menos invasivas para resguardar la costumbre pero que sean de beneficio para los indígenas. Dará coherencia a las soluciones.
 
"A la comunidad se le afecta en la cotidianidad y en la manera de ver el mundo cuando se les consulta, cambia la manera tradicional de entender la vida (...) Hay muchos gastos por trasladar a las personas y realizar la consulta, terminan trastocando la vida tradicional de ellos. Por exigirles mucha participación pueden desconocer su identidad cultural".
 
Menciona que entre las 18 sentencias que ha dictado la Corte están temas como el derecho al idioma, propiedad de la tierra, el manejo de las competencias de las autoridades indígenas con la de la mayoría, y derechos de representación política en democracias representativas.
 
A pesar de que ningún caso de haya originado en México, dice que con ayuda del protocolo de actuación frente a problemas de derechos indígenas creado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da un punto de partida para resolverlo.
 
Organizan Seminario de impacto de sentencias internacionales
 
Sierra Porto participó en el Seminario itinerante "Diálogo Jurisprudencial e Impacto de las Sentencias de la CIDH", que se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio de Justicia; donde participó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
 
El ombudsman hace una remembranza de la vigencia y autoridad de la Corte Internacional en México, el cual se remonta a 1998, hasta el año en curso cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigió como obligatorias las sentencias de la CIDH. "Es una riqueza incalculable para el momento en el que un litigante quiera acceder a la justicia".
 
Entre los invitados también estuvieron los diputados locales Héctor Pizano y Hugo Gaeta, y el magistrado del Consejo de Estado de Colombia Enrique Gil Botero.
 
Deben garantizar derecho de refugiados por violencia
 
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos refiere que aclarar el contexto de las peticiones de refugio político por cuestiones de violencia, es un tema que se está tratando de especificar en estándares legales.
 
"Se trata de establecer los criterios para manejar esas cosas; cuándo se revisa la documentación, o en casos donde haya niños involucrados. Es lo que se trata de establecer".
 
Sólo en julio y agosto de este año hubo 11 solicitudes diarias, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, del Gobierno de Estados Unidos. "Muchos que tenían relaciones de violencia tuvieron que pedir asilo político".
 
EL INFORMADOR / SAÚL PRIETO

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