México
Mayoría de Suprema Corte apoya despenalización de aborto
Desde que fue aprobada la reforma, unas 11 mil mujeres han acudido a las clínicas y hospitales capitalinos para someterse a un aborto, y en estos casos sólo se ha registrado una muerte, por negligencia médica
MÉXICO.- La mayoría de magistrados de la
Suprema Corte de México anticipó hoy su voto en contra de declarar anticonstitucional la reforma legal que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (
ALDF) en abril de 2007.
Los magistrados comenzaron esta semana en sesiones abiertas el análisis de una resolución que considera anticonstitucional la legalización del aborto en la capital mexicana antes de los tres meses de gestación.
Para invalidar la reforma, que se está aplicando en la capital desde hace más de un año, se requiere una mayoría de ocho de los once votos de los magistrados de la Suprema Corte, algo que ya no podrá lograrse, porque en los últimos dos días siete de ellos han rechazado en sus intervenciones el dictamen.
Ahora solamente queda pendiente conocer la opinión de los dos magistrados restantes, incluida la del presidente, y la formalidad de contar los votos para concretar este proceso, dijo a Efe un fuente de la Corte.
En mayo del año pasado, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de las reformas al Código penal del DF.
Estas demandas fueron apoyadas por la jerarquía de la Iglesia católica, numerosas organizaciones civiles antiabortistas y sectores políticos conservadores como el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón, de quien depende la Fiscalía.
En los últimos días los grupos antiabortistas han intensificado sus movilizaciones para presionar a los magistrados para que votaron contra la despenalización.
La CNDH y la PGR argumentaron que la ALDF no tiene facultades para legislar en esta materia y que la reforma atenta contra la vida, que está garantizada por la Constitución mexicana.
En sus intervenciones la mayoría de los magistrados ha desechado todos los planteamientos jurídicos de los antiabortistas y ha reiterado que las reformas no contradicen a la Constitución.
Además, señalaron que no se puede encarcelar a una mujer por abortar.
Desde que fue aprobada la reforma, unas 11 mil mujeres han acudido a las clínicas y hospitales capitalinos para someterse a un aborto, y en estos casos sólo se ha registrado una muerte, por negligencia médica.
Los magistrados comenzaron esta semana en sesiones abiertas el análisis de una resolución que considera anticonstitucional la legalización del aborto en la capital mexicana antes de los tres meses de gestación.
Para invalidar la reforma, que se está aplicando en la capital desde hace más de un año, se requiere una mayoría de ocho de los once votos de los magistrados de la Suprema Corte, algo que ya no podrá lograrse, porque en los últimos dos días siete de ellos han rechazado en sus intervenciones el dictamen.
Ahora solamente queda pendiente conocer la opinión de los dos magistrados restantes, incluida la del presidente, y la formalidad de contar los votos para concretar este proceso, dijo a Efe un fuente de la Corte.
En mayo del año pasado, la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusieron sendos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de las reformas al Código penal del DF.
Estas demandas fueron apoyadas por la jerarquía de la Iglesia católica, numerosas organizaciones civiles antiabortistas y sectores políticos conservadores como el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Felipe Calderón, de quien depende la Fiscalía.
En los últimos días los grupos antiabortistas han intensificado sus movilizaciones para presionar a los magistrados para que votaron contra la despenalización.
La CNDH y la PGR argumentaron que la ALDF no tiene facultades para legislar en esta materia y que la reforma atenta contra la vida, que está garantizada por la Constitución mexicana.
En sus intervenciones la mayoría de los magistrados ha desechado todos los planteamientos jurídicos de los antiabortistas y ha reiterado que las reformas no contradicen a la Constitución.
Además, señalaron que no se puede encarcelar a una mujer por abortar.
Desde que fue aprobada la reforma, unas 11 mil mujeres han acudido a las clínicas y hospitales capitalinos para someterse a un aborto, y en estos casos sólo se ha registrado una muerte, por negligencia médica.