México
La PGR desiste de acusar a Jacinta
El organismo de derechos humanos que defiende a la indígena otomí lamentó que olvidaran a Teresa y Alberta, las otras dos indígenas acusadas de secuestro
MÉXICO, D.F.- La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que existe “duda razonable” sobre la culpabilidad de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, en el secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), por lo que decidió presentar conclusiones no acusatorias en su caso.
La decisión de la PGR no aplica a sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, sino sólo a Francisco Marcial, quien podrá obtener su libertad bajo esta figura una vez que se dicte la sentencia correspondiente dentro de la reposición del procedimiento ordenada en el Toca Penal 27/2009, por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito.
La PGR informó que el Ministerio Público adscrito al caso realizó una valoración objetiva de las pruebas en contra de la procesada, particularmente las aportadas durante el trámite de reposición.
De dicha valoración, precisó, el Ministerio Público advirtió que “se actualiza la existencia legal de la figura denominada “duda razonable”, concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”.
Por ello, “una vez desahogados los careos procesales, en los que coadyuvará la PGR para su agilización, y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán conclusiones no acusatorias”, destacó.
Francisco Marcial, vendedora de nieves y aguas frescas, fue detenida el 3 de agosto de 2006, junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González de privar de su libertad a los seis policías federales el 26 de marzo del mismo año.
Ese día, los agentes participaron en un operativo en búsqueda de vendedores pirata, que terminó con un despojo de las pertenencias de las tres mujeres, originarias de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tomó la defensa de la indígena y evidenció las contradicciones existentes en las acusaciones de los seis agentes de la AFI.
Organizó, además, una campaña de recolección de firmas para exigir su libertad, mientras Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia.
Procesada y sentenciada a 20 años de prisión, la intervención de organismos de derechos humanos en su caso logró que se repusiera el procedimiento, dentro del cual la PGR está reconociendo la existencia de la "duda razonable" que le permitirá salir en libertad.
Telón de fondo
Vendía aguas y fue apresada
La indígena otomí Jacinta Francisco Marcial recuerda bien el domingo 26 de marzo de 2006, el día que originó que la detuvieran casi cinco meses después por presuntamente secuestrar a seis agentes federales de investigación.
En entrevista con Ricardo Rocha concedida el año pasado para su programa Reporte 13, cuenta que al salir de misa escuchó que habían llegado unos hombres para llevarse la mercancía pirata que estaban vendiendo en el tianguis.
Dice que no le dio mucha importancia a la presencia de los hombres —al fin y al cabo ella vendía aguas frescas—, y que le pidió a su hija que la acompañara a la farmacia para que la inyectaran porque ir sola le daba vergüenza.
El operativo se había salido de control y los vendedores pidieron que se retribuyeran los daños causados, por lo que algunos de los agentes fueron retenidos.
Al salir de la farmacia Jacinta pasaba por el lugar cuando lamentablemente fue captada por un fotógrafo del diario “Noticias”. Esa fue la prueba de que “había participado en el secuestro” de los fornidos agentes federales.
“No supe cómo salí en el periódico y nada más por el periódico me fueron a traer”, contó al periodista desde su celda.
Lo demás es historia, Jacinta y otras dos indígenas (Teresa González y Alberta Alcántar) fueron detenidas con engaños el jueves 3 de agosto de 2006 y desde esa fecha están en la prisión de San José el Alto, Querétaro. E diciembre de 2007 se les condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multas (más de 96 mil pesos).
“Le dije (al juez) que no podía creerlo, le pregunté sí era cierto que me están dando eso o nada más me está engañando”.
(EL INFORMADOR)
La decisión de la PGR no aplica a sus coacusadas Alberta Alcántara y Teresa González, sino sólo a Francisco Marcial, quien podrá obtener su libertad bajo esta figura una vez que se dicte la sentencia correspondiente dentro de la reposición del procedimiento ordenada en el Toca Penal 27/2009, por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito.
La PGR informó que el Ministerio Público adscrito al caso realizó una valoración objetiva de las pruebas en contra de la procesada, particularmente las aportadas durante el trámite de reposición.
De dicha valoración, precisó, el Ministerio Público advirtió que “se actualiza la existencia legal de la figura denominada “duda razonable”, concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta Francisco Marcial”.
Por ello, “una vez desahogados los careos procesales, en los que coadyuvará la PGR para su agilización, y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán conclusiones no acusatorias”, destacó.
Francisco Marcial, vendedora de nieves y aguas frescas, fue detenida el 3 de agosto de 2006, junto con las también indígenas Alberta Alcántara y Teresa González de privar de su libertad a los seis policías federales el 26 de marzo del mismo año.
Ese día, los agentes participaron en un operativo en búsqueda de vendedores pirata, que terminó con un despojo de las pertenencias de las tres mujeres, originarias de Santiago Mexquititlán, Querétaro.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tomó la defensa de la indígena y evidenció las contradicciones existentes en las acusaciones de los seis agentes de la AFI.
Organizó, además, una campaña de recolección de firmas para exigir su libertad, mientras Amnistía Internacional la declaró presa de conciencia.
Procesada y sentenciada a 20 años de prisión, la intervención de organismos de derechos humanos en su caso logró que se repusiera el procedimiento, dentro del cual la PGR está reconociendo la existencia de la "duda razonable" que le permitirá salir en libertad.
Telón de fondo
Vendía aguas y fue apresada
La indígena otomí Jacinta Francisco Marcial recuerda bien el domingo 26 de marzo de 2006, el día que originó que la detuvieran casi cinco meses después por presuntamente secuestrar a seis agentes federales de investigación.
En entrevista con Ricardo Rocha concedida el año pasado para su programa Reporte 13, cuenta que al salir de misa escuchó que habían llegado unos hombres para llevarse la mercancía pirata que estaban vendiendo en el tianguis.
Dice que no le dio mucha importancia a la presencia de los hombres —al fin y al cabo ella vendía aguas frescas—, y que le pidió a su hija que la acompañara a la farmacia para que la inyectaran porque ir sola le daba vergüenza.
El operativo se había salido de control y los vendedores pidieron que se retribuyeran los daños causados, por lo que algunos de los agentes fueron retenidos.
Al salir de la farmacia Jacinta pasaba por el lugar cuando lamentablemente fue captada por un fotógrafo del diario “Noticias”. Esa fue la prueba de que “había participado en el secuestro” de los fornidos agentes federales.
“No supe cómo salí en el periódico y nada más por el periódico me fueron a traer”, contó al periodista desde su celda.
Lo demás es historia, Jacinta y otras dos indígenas (Teresa González y Alberta Alcántar) fueron detenidas con engaños el jueves 3 de agosto de 2006 y desde esa fecha están en la prisión de San José el Alto, Querétaro. E diciembre de 2007 se les condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multas (más de 96 mil pesos).
“Le dije (al juez) que no podía creerlo, le pregunté sí era cierto que me están dando eso o nada más me está engañando”.
(EL INFORMADOR)