México
La CNDH vigila garitas por la ley Arizona
La Comisión defensora de los derechos humanos se encargará de que los deportados sean tratados con respeto
CIUDAD DE MÉXICO (27/JUL/2010).- A dos días para que entre en vigor la ley Arizona, y previendo un posible aumento en actos discriminatorios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que enviará personal a cuatro puntos fronterizos.
La CNDH anunció que vigilará las operaciones en las garitas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa, por donde se presume que se realizarán deportaciones, incluso a gran escala.
El organismo anunció que controlará que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) “trate con pleno respeto” a los deportados.
Arizona cuenta con seis millones 500 mil habitantes, de los cuales 30.1% —casi dos millones— son personas de origen hispano o latino (estimado a 2008 de acuerdo con US Census Bureau).
Organizaciones como Ángeles de la Frontera, Human Borders, American Civil Liberties Union (ACLU) y Network Borders for Human Rights, junto con la CNDH articularán acciones expeditas en favor de los deportados.
Múltiples esfuerzos del Gobierno mexicano y autoridades federales estadounidenses resultaron insuficientes para impedir que la ley promulgada por la gobernadora Janice Kay Brewer en abril entre en vigor pasado mañana.
La CNDH anunció que vigilará las operaciones en las garitas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez y Reynosa, por donde se presume que se realizarán deportaciones, incluso a gran escala.
El organismo anunció que controlará que personal del Instituto Nacional de Migración (INM) “trate con pleno respeto” a los deportados.
Arizona cuenta con seis millones 500 mil habitantes, de los cuales 30.1% —casi dos millones— son personas de origen hispano o latino (estimado a 2008 de acuerdo con US Census Bureau).
Organizaciones como Ángeles de la Frontera, Human Borders, American Civil Liberties Union (ACLU) y Network Borders for Human Rights, junto con la CNDH articularán acciones expeditas en favor de los deportados.
Múltiples esfuerzos del Gobierno mexicano y autoridades federales estadounidenses resultaron insuficientes para impedir que la ley promulgada por la gobernadora Janice Kay Brewer en abril entre en vigor pasado mañana.