México
Faltan garantías para defensores de derechos humanos
Relaciones Exteriores responde que ''no es la forma más apropiada de abordar el tema'', por lo que espera una actitud más “constructiva”
CIUDAD DE MÉXICO (13/MAY/2010).- Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que en México se deteriora la situación de los defensores de derechos humanos, quienes enfrentan graves amenazas y pagan con la vida al realizar su trabajo, como sucedió en San Juan Copala, Oaxaca, el mes pasado. Exigieron al Gobierno federal tomar las medidas necesarias para su protección e impedir que se repitan nuevos episodios de violencia.
Indicaron que a pesar de los desafíos que enfrenta la administración de Felipe Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, “no hay justificación” para no tomar las medidas cuando defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinadas.
“No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”, expusieron los relatores de la ONU en un comunicado que fue difundido ayer.
Los firmantes del comunicado son Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, y Philip Alston, relator sobre las Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias.
También signaron el documento James Anaya, relator de Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, y Frank la Rue, relator de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
Los relatores condenaron el asesinato de Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte de una misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca, cuando el 27 de abril pasado fueron emboscados por paramilitares y masacrados.
En la emboscada, otros activistas y periodistas resultaron heridos, incluyendo dos reporteros de la revista Contralínea, quienes pasaron dos días escondidos en la selva antes de ser rescatados por la Policía.
Frente a este último caso, Margaret Sekaggya enfatizó que “estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en México, incluidas las mujeres y las personas defensoras que trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”.
En respuesta, México rechazó las críticas de los relatores especiales de Naciones Unidas. En voz del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, respondió que el asesinato de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, ocurrió en una zona donde existe “un contexto social sumamente complejo, producto de la polarización de la zona “triki” en la que varios grupos disputan el control político, generando una serie de enfrentamientos.
Gómez Robledo sostuvo que “la complejidad de esta situación (en San Juan Copala) requería y requiere de precauciones extremas de las personas que lo visitan”.
Además, dijo que en otras ocasiones, cuando organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han pedido venir a México a constatar la situación, tanto las autoridades como las embajadas involucradas hacen las advertencias necesarias del caso y se toman las acciones necesarias para minimizar riesgos para los visitantes.
Más tarde, la Secretaría de Gobernación dijo que el Gobierno federal desconocía que la caravana humanitaria conformada en su mayoría por extranjeros porque ingresaron al país con visa de turistas.
Masacre en Oaxaca
Los llamamientos
El grupo de expertos hizo un llamado al Gobierno mexicano “a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”, así como a garantizar el ejercicio periodístico en el país.
En el caso concreto de San Juan Copala, el relator Anaya apuntó que es preocupante “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en esa comunidad durante los últimos meses; está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triki”.
Sobre el asesinato de los activistas, los relatores exhortaron a las autoridades “a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos mencionados con el fin de que las personas culpables sean identificadas, puestas a disposición judicial, y que se les impongan las penas adecuadas. La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del Gobierno mexicano en relación a estos hechos”.
Indicaron que a pesar de los desafíos que enfrenta la administración de Felipe Calderón en la lucha contra los cárteles de la droga, “no hay justificación” para no tomar las medidas cuando defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinadas.
“No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”, expusieron los relatores de la ONU en un comunicado que fue difundido ayer.
Los firmantes del comunicado son Margaret Sekaggya, relatora sobre la situación de los Defensores de los Derechos Humanos, y Philip Alston, relator sobre las Ejecuciones Sumarias, Extrajudiciales o Arbitrarias.
También signaron el documento James Anaya, relator de Libertades y Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas, y Frank la Rue, relator de Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión.
Los relatores condenaron el asesinato de Beatriz Alberta Cariño y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, quienes formaban parte de una misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca, cuando el 27 de abril pasado fueron emboscados por paramilitares y masacrados.
En la emboscada, otros activistas y periodistas resultaron heridos, incluyendo dos reporteros de la revista Contralínea, quienes pasaron dos días escondidos en la selva antes de ser rescatados por la Policía.
Frente a este último caso, Margaret Sekaggya enfatizó que “estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de los defensores de derechos humanos en México, incluidas las mujeres y las personas defensoras que trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”.
En respuesta, México rechazó las críticas de los relatores especiales de Naciones Unidas. En voz del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, respondió que el asesinato de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del observador finlandés Jyri Antero Jaakkola, ocurrió en una zona donde existe “un contexto social sumamente complejo, producto de la polarización de la zona “triki” en la que varios grupos disputan el control político, generando una serie de enfrentamientos.
Gómez Robledo sostuvo que “la complejidad de esta situación (en San Juan Copala) requería y requiere de precauciones extremas de las personas que lo visitan”.
Además, dijo que en otras ocasiones, cuando organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales han pedido venir a México a constatar la situación, tanto las autoridades como las embajadas involucradas hacen las advertencias necesarias del caso y se toman las acciones necesarias para minimizar riesgos para los visitantes.
Más tarde, la Secretaría de Gobernación dijo que el Gobierno federal desconocía que la caravana humanitaria conformada en su mayoría por extranjeros porque ingresaron al país con visa de turistas.
Masacre en Oaxaca
Los llamamientos
El grupo de expertos hizo un llamado al Gobierno mexicano “a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades”, así como a garantizar el ejercicio periodístico en el país.
En el caso concreto de San Juan Copala, el relator Anaya apuntó que es preocupante “el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en esa comunidad durante los últimos meses; está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triki”.
Sobre el asesinato de los activistas, los relatores exhortaron a las autoridades “a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos mencionados con el fin de que las personas culpables sean identificadas, puestas a disposición judicial, y que se les impongan las penas adecuadas. La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del Gobierno mexicano en relación a estos hechos”.