México
Falta claridad en masacre de San Fernando
Miembro de la CNDH reconoce que a un año del asesinato de los 72 migrantes, los secuestros de indocumentados se siguen perpetrando
CIUDAD DE MÉXICO (25/AGO/2011).- La masacre de San Fernando, Tamaulipas, es un expediente abierto. A un año del asesinato de 72 migrantes por integrantes del cártel de “Los Zetas”, los secuestros de indocumentados se siguen perpetrando en México, reconoce Fernando Batista Jiménez, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Pasaba la media noche del miércoles 25 de agosto, cuando se esparció la noticia: miembros de la Secretaría de Marina acudieron a un rancho en el municipio de San Fernando; ahí, tuvieron un enfrentamiento con sicarios en el que murió un marino y tres pistoleros. En el lugar encontraron 58 hombres y 14 mujeres sin vida. Los agentes de seguridad dieron con la propiedad luego de que una persona que salió del rancho con vida fue a avisarles hasta un control militar.
La CNDH continúa la investigación del caso: indaga si las autoridades federales y estatales han trabajado en el apoyo y protección a migrantes en la zona, cómo actuaron después de las ejecuciones y cómo se han conducido las pesquisas, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) se ha resistido a colaborar y dar acceso a las averiguaciones previas al personal de la comisión, señala.
Batista Jiménez subraya que este episodio trágico no debe, ni puede ser olvidado, ya que la muerte de 58 hombres y 14 mujeres —provenientes de países como Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador— a manos del crimen organizado “constituye un botón de muestra de la situación de especial vulnerabilidad a la que se haya expuesta la población migrante en tránsito por México”.
Entre los fallecidos que habían sido identificados se encontraban 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 4 brasileños y un ecuatoriano.
La CNDH documentó en el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México que entre abril y septiembre de 2010 se reportaron al menos 214 casos de secuestro masivo de migrantes, con 11 mil 333 víctimas, y que en el país hay 71 municipios, en 16 entidades, identificados como las zonas más peligrosas para este sector, donde son víctimas de secuestros, abusos de autoridad, extorsiones, robos y ataques sexuales.
— ¿Un año después de la masacre hay cambios en este escenario?
— A partir de febrero pasado, cuando se presenta el informe relacionado con los secuestros en perjuicio de la población migrante, hemos documentado otros casos relacionados, en concreto de secuestro.
“Aunque las cifras actualizadas aún no están disponibles, el hecho es que los plagios siguen ocurriendo. Habría que elaborar un nuevo diagnóstico muy concreto en la materia. Esperaríamos que lo hiciera el propio Gobierno federal con la finalidad de contar con un análisis muy puntual a partir de estos hechos que ocurrieron en San Fernando, para determinar si ha habido avances en la materia sobre todo tratándose del tema de seguridad pública y de prevención del delito y procuración de justicia”.
— Al margen de este diagnóstico, ¿se siguen registrando estos hechos?
— Hemos venido documentando algunos casos y, efectivamente, es un tema que tiene que atacarse de manera puntual, sobre todo de manera inmediata para que no sigan ocurriendo en el futuro. Se deben tomar acciones a corto plazo, porque lo importante es garantizar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Se debe atacar el problema en las zonas de alto riesgo ya identificadas.
Tras las presiones que salieron de diversos sectores políticos y sociales, Cecilia Romero abandonó la dirigencia del Instituto Nacional de Migración (INM).
Batista Jiménez dijo que el caso concreto de la masacre de migrantes no está cerrado para la CNDH.
“Seguimos integrando el expediente de queja hasta que podamos emitir una determinación que sirva para ayudar a las víctimas (...) que se investigue la actuación de las autoridades que pudiera ser violatoria de los derechos humanos”.
En el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, el organismo nacional tiene abiertas diversas líneas, tales como determinar si las autoridades federales, así como de Tamaulipas y del municipio de San Fernando, han tenido coordinación para brindar apoyo y protección en favor de la población migrante en la zona.
Se indaga, añade el visitador, que la atención médica que recibió uno de los sobrevivientes de los hechos haya sido la adecuada, y que las autoridades hayan cumplido con su obligación de resguardar sus datos personales en su calidad de víctima, con el fin de garantizar su seguridad e integridad personales.
Listos, los 32 mandos
La PGR nombra delegada en Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) finalizó la entrega de cargos a los 32 nuevos delegados estatales de la institución designados por la titular de la dependencia, Marisela Morales Ibañez.
Ayer tomó posesión como delegada en el Estado de Tamaulipas María del Rocío Sandoval Sánchez, quien agradeció el nombramiento y se comprometió a trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno en beneficio de una mejor procuración de justicia federal.
La nueva delegada es licenciada en Derecho por la Universidad Femenina de México. Se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, y antes ocupó diversos cargos ministeriales.
Cabe señalar que estos movimientos obedecen a un proceso de depuración impulsado por Morales Ibañez, con la finalidad de reconstituir la fuerza laboral de la PGR para adecuarse a los principios constitucionales que rige el servicio público, y eliminar los indicios de corrupción.
Pasaba la media noche del miércoles 25 de agosto, cuando se esparció la noticia: miembros de la Secretaría de Marina acudieron a un rancho en el municipio de San Fernando; ahí, tuvieron un enfrentamiento con sicarios en el que murió un marino y tres pistoleros. En el lugar encontraron 58 hombres y 14 mujeres sin vida. Los agentes de seguridad dieron con la propiedad luego de que una persona que salió del rancho con vida fue a avisarles hasta un control militar.
La CNDH continúa la investigación del caso: indaga si las autoridades federales y estatales han trabajado en el apoyo y protección a migrantes en la zona, cómo actuaron después de las ejecuciones y cómo se han conducido las pesquisas, aunque la Procuraduría General de la República (PGR) se ha resistido a colaborar y dar acceso a las averiguaciones previas al personal de la comisión, señala.
Batista Jiménez subraya que este episodio trágico no debe, ni puede ser olvidado, ya que la muerte de 58 hombres y 14 mujeres —provenientes de países como Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador— a manos del crimen organizado “constituye un botón de muestra de la situación de especial vulnerabilidad a la que se haya expuesta la población migrante en tránsito por México”.
Entre los fallecidos que habían sido identificados se encontraban 21 hondureños, 14 salvadoreños, 10 guatemaltecos, 4 brasileños y un ecuatoriano.
La CNDH documentó en el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México que entre abril y septiembre de 2010 se reportaron al menos 214 casos de secuestro masivo de migrantes, con 11 mil 333 víctimas, y que en el país hay 71 municipios, en 16 entidades, identificados como las zonas más peligrosas para este sector, donde son víctimas de secuestros, abusos de autoridad, extorsiones, robos y ataques sexuales.
— ¿Un año después de la masacre hay cambios en este escenario?
— A partir de febrero pasado, cuando se presenta el informe relacionado con los secuestros en perjuicio de la población migrante, hemos documentado otros casos relacionados, en concreto de secuestro.
“Aunque las cifras actualizadas aún no están disponibles, el hecho es que los plagios siguen ocurriendo. Habría que elaborar un nuevo diagnóstico muy concreto en la materia. Esperaríamos que lo hiciera el propio Gobierno federal con la finalidad de contar con un análisis muy puntual a partir de estos hechos que ocurrieron en San Fernando, para determinar si ha habido avances en la materia sobre todo tratándose del tema de seguridad pública y de prevención del delito y procuración de justicia”.
— Al margen de este diagnóstico, ¿se siguen registrando estos hechos?
— Hemos venido documentando algunos casos y, efectivamente, es un tema que tiene que atacarse de manera puntual, sobre todo de manera inmediata para que no sigan ocurriendo en el futuro. Se deben tomar acciones a corto plazo, porque lo importante es garantizar la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Se debe atacar el problema en las zonas de alto riesgo ya identificadas.
Tras las presiones que salieron de diversos sectores políticos y sociales, Cecilia Romero abandonó la dirigencia del Instituto Nacional de Migración (INM).
Batista Jiménez dijo que el caso concreto de la masacre de migrantes no está cerrado para la CNDH.
“Seguimos integrando el expediente de queja hasta que podamos emitir una determinación que sirva para ayudar a las víctimas (...) que se investigue la actuación de las autoridades que pudiera ser violatoria de los derechos humanos”.
En el expediente CNDH/5/2010/4688/Q, el organismo nacional tiene abiertas diversas líneas, tales como determinar si las autoridades federales, así como de Tamaulipas y del municipio de San Fernando, han tenido coordinación para brindar apoyo y protección en favor de la población migrante en la zona.
Se indaga, añade el visitador, que la atención médica que recibió uno de los sobrevivientes de los hechos haya sido la adecuada, y que las autoridades hayan cumplido con su obligación de resguardar sus datos personales en su calidad de víctima, con el fin de garantizar su seguridad e integridad personales.
Listos, los 32 mandos
La PGR nombra delegada en Tamaulipas
CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) finalizó la entrega de cargos a los 32 nuevos delegados estatales de la institución designados por la titular de la dependencia, Marisela Morales Ibañez.
Ayer tomó posesión como delegada en el Estado de Tamaulipas María del Rocío Sandoval Sánchez, quien agradeció el nombramiento y se comprometió a trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de Gobierno en beneficio de una mejor procuración de justicia federal.
La nueva delegada es licenciada en Derecho por la Universidad Femenina de México. Se desempeñaba como agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, y antes ocupó diversos cargos ministeriales.
Cabe señalar que estos movimientos obedecen a un proceso de depuración impulsado por Morales Ibañez, con la finalidad de reconstituir la fuerza laboral de la PGR para adecuarse a los principios constitucionales que rige el servicio público, y eliminar los indicios de corrupción.