México
Esposas de reos en Acapulco pagaban por quedarse en las celdas
Dieron a conocer que las visitas a sus esposos eran recurrentes y que pagaban al jefe de seguridad y custodios para permanecer más tiempo dentro
ACAPULCO, GUERRERO (08/NOV/2011).- Cuatro de las 19 mujeres que fueron descubiertas dentro del área de reclusos del penal de Acapulco, denunciaron que fueron violentados sus derechos humanos en el cateo realizado el lunes por parte de elementos federales, puesto que aclararon que no son sexoservidoras, sino esposas de internos, e informaron que pagaban 100 pesos para quedarse a dormir con sus parejas en las celdas.
En conferencia de prensa con su abogado defensor, Alfredo Pérez Zárate, las mujeres dieron a conocer que las visitas a sus esposos eran recurrentes y que pagaban al jefe de seguridad y custodios para permanecer más tiempo dentro del penal e inclusive quedarse a dormir.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Diana "N", Kiabeth del Rosario "N", Alejandra "N" y Dainaí "N", quienes denunciaron que en el momento del cateo los elementos federales las agredieron y que en el momento de la detención no les dieron ni agua para tomar.
Por su parte, Alfredo Pérez, representante de las agraviadas, arremetió contra el gobierno de Guerrero por dicha acción que violentó que las garantías individuales y los derechos humanos de personas, y exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
El abogado defensor señaló que se reúnen las pruebas correspondientes jurídicas para demandar penalmente a los que cometieron dicha agresión.
En conferencia de prensa con su abogado defensor, Alfredo Pérez Zárate, las mujeres dieron a conocer que las visitas a sus esposos eran recurrentes y que pagaban al jefe de seguridad y custodios para permanecer más tiempo dentro del penal e inclusive quedarse a dormir.
En la rueda de prensa estuvieron presentes Diana "N", Kiabeth del Rosario "N", Alejandra "N" y Dainaí "N", quienes denunciaron que en el momento del cateo los elementos federales las agredieron y que en el momento de la detención no les dieron ni agua para tomar.
Por su parte, Alfredo Pérez, representante de las agraviadas, arremetió contra el gobierno de Guerrero por dicha acción que violentó que las garantías individuales y los derechos humanos de personas, y exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
El abogado defensor señaló que se reúnen las pruebas correspondientes jurídicas para demandar penalmente a los que cometieron dicha agresión.