México
El INE justifica gastos para consultas populares
Lorenzo Córdova considera que los 27 MDP invertidos en las consultas eran necesarios
CIUDAD DE MÉXICO (05/NOV/2014).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que los más de 27 millones de pesos que se invirtieron para verificar los requisitos de las cuatro consultas populares estuvieron debidamente justificados, sin embargo, llamó a "repensar" su diseño legal.
En sesión extraordinaria recibió el informe final de las consultas promovidas por el PRD, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), PAN y PRI, y precisó que entre 30 y 40 por ciento de los ciudadanos entrevistados en sus hogares, dijeron no haber respaldado alguno de esos ejercicios.
Sin embargo, aclaró, "es convicción de las y los consejeros electorales que el INE no puede ni debe limitar un derecho político a partir de un ejercicio estadístico".
"Por lo tanto, estos datos que menciono son solamente reportados en los informe respectivos, sin que esto implique un ejercicio de invalidación de un porcentaje similar de las firmas", enfatizó.
De ser así, añadió el consejero presidente, "estamos convencidos, si hubiéramos hecho eso, estaríamos atentando con un derecho político", luego de que se consultó a los partidos su opinión en temas como reforma energética, salario mínimo, disminución de candidaturas y senadurías plurinominales.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las cuatro consultas, Córdova Vianello recordó que el INE realizó de forma paralela tres de las cuatro consultas, ya que fueron recibidas casi de manera simultánea.
En suma, "para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, el INE tuvo que dedicar un poco más de 27 millones de pesos, sin embargo es mi convicción de que se trata de un gasto justificado e indispensable para que el Instituto cumpliera lo mandatado por la ley", remarcó.
El consejero presidente del INE opinó que lo que estaba en juego era la protección de un derecho político de todos los ciudadanos; "estoy convencido de que la consulta popular llegó para quedarse y el diseño legal debe repensarse".
De acuerdo con Córdova Vianello, "se trata de un mecanismo que encauza la participación ciudadana por el cauce legal y ello fortalece y fortalecerá en el futuro la democracia".
Al respecto, el consejero Ciro Murayama explicó que el INE recibió en total 623 cajas, de las cuales 220 fueron del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 142 de Morena, 68 del Partido Acción Nacional (PAN), y 193 del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Su contenido se analizó en un plazo de 30 días y en total significaron 16 millones 117 mil 846 registros, de los cuales sólo se validaron 11 millones 600 mil.
"En el cotejo muestral de firmas de trabajo de campo se encontró que porcentajes no despreciables de ciudadanos que supuestamente firmaron el apoyo a las consultas dijeron no haber firmado tal solicitud", indicó.
Esto es, 40 por ciento de las que presentó el PRD manifestó no haber apoyado la consulta en materia energética; 30 por ciento sobre el mismo tema de los que presentó Morena; 31.7 de las firmas que entregó el partido blanquiazul y 39 por ciento, de los ciudadanos que presentó el PRI.
Debido a que la ley no obligó a los solicitantes de las consultas a entregar una base de datos, se contrató a mil 700 ciudadanos entre capturistas y supervisores, quienes trabajaron a marchas forzadas.
Además, se realizaron cuatro muestras representativas, una por consulta, 850 por cada ejercicio para preguntarles si efectivamente respaldaron este mecanismo.
"Esto costó 27 millones de pesos: 14.5 millones de pesos en personal y 12.5 millones de pesos en equipamiento, infraestructura y gastos de campo", abundó.
"Ahora que se habla de modificar y mejorar la Ley de Consulta Popular sería bueno que el solicitante cargue con el costo de capturar sus listados en base de datos", propuso el consejero presidente del INE.
"Serían ellos, en su caso habrían sido los partidos, los que deberían hacerse cargo del costo y no los contribuyentes como ocurrió esta vez", puntualizó.
En sesión extraordinaria recibió el informe final de las consultas promovidas por el PRD, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), PAN y PRI, y precisó que entre 30 y 40 por ciento de los ciudadanos entrevistados en sus hogares, dijeron no haber respaldado alguno de esos ejercicios.
Sin embargo, aclaró, "es convicción de las y los consejeros electorales que el INE no puede ni debe limitar un derecho político a partir de un ejercicio estadístico".
"Por lo tanto, estos datos que menciono son solamente reportados en los informe respectivos, sin que esto implique un ejercicio de invalidación de un porcentaje similar de las firmas", enfatizó.
De ser así, añadió el consejero presidente, "estamos convencidos, si hubiéramos hecho eso, estaríamos atentando con un derecho político", luego de que se consultó a los partidos su opinión en temas como reforma energética, salario mínimo, disminución de candidaturas y senadurías plurinominales.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales las cuatro consultas, Córdova Vianello recordó que el INE realizó de forma paralela tres de las cuatro consultas, ya que fueron recibidas casi de manera simultánea.
En suma, "para cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, el INE tuvo que dedicar un poco más de 27 millones de pesos, sin embargo es mi convicción de que se trata de un gasto justificado e indispensable para que el Instituto cumpliera lo mandatado por la ley", remarcó.
El consejero presidente del INE opinó que lo que estaba en juego era la protección de un derecho político de todos los ciudadanos; "estoy convencido de que la consulta popular llegó para quedarse y el diseño legal debe repensarse".
De acuerdo con Córdova Vianello, "se trata de un mecanismo que encauza la participación ciudadana por el cauce legal y ello fortalece y fortalecerá en el futuro la democracia".
Al respecto, el consejero Ciro Murayama explicó que el INE recibió en total 623 cajas, de las cuales 220 fueron del Partido de la Revolución Democrática (PRD); 142 de Morena, 68 del Partido Acción Nacional (PAN), y 193 del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Su contenido se analizó en un plazo de 30 días y en total significaron 16 millones 117 mil 846 registros, de los cuales sólo se validaron 11 millones 600 mil.
"En el cotejo muestral de firmas de trabajo de campo se encontró que porcentajes no despreciables de ciudadanos que supuestamente firmaron el apoyo a las consultas dijeron no haber firmado tal solicitud", indicó.
Esto es, 40 por ciento de las que presentó el PRD manifestó no haber apoyado la consulta en materia energética; 30 por ciento sobre el mismo tema de los que presentó Morena; 31.7 de las firmas que entregó el partido blanquiazul y 39 por ciento, de los ciudadanos que presentó el PRI.
Debido a que la ley no obligó a los solicitantes de las consultas a entregar una base de datos, se contrató a mil 700 ciudadanos entre capturistas y supervisores, quienes trabajaron a marchas forzadas.
Además, se realizaron cuatro muestras representativas, una por consulta, 850 por cada ejercicio para preguntarles si efectivamente respaldaron este mecanismo.
"Esto costó 27 millones de pesos: 14.5 millones de pesos en personal y 12.5 millones de pesos en equipamiento, infraestructura y gastos de campo", abundó.
"Ahora que se habla de modificar y mejorar la Ley de Consulta Popular sería bueno que el solicitante cargue con el costo de capturar sus listados en base de datos", propuso el consejero presidente del INE.
"Serían ellos, en su caso habrían sido los partidos, los que deberían hacerse cargo del costo y no los contribuyentes como ocurrió esta vez", puntualizó.