México
El Gobierno, dispuesto a analizar el fuero militar
Los funcionarios pusieron como condición que se garantice la tradición de obediencia y disciplina al interior de las Fuerzas Armadas
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal está dispuesto a revisar el tema del fuero militar, aseguró el senador Santiago Creel Miranda del Partido Acción Nacional (PAN) después de una reunión entre legisladores y los miembros del gabinete de seguridad.
También se informó que el Senado de la República buscará establecer en el paquete de reformas en materia de seguridad que el Estado quede obligado a indemnizar a las víctimas de los civiles que mueran durante el fuego cruzado entre militares y sicarios, pues los funcionarios encargados de la seguridad en el país justificaron la caída de civiles con el argumento de que en una guerra “siempre hay costos”.
Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Seguridad, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez, y el procurador general de la República, Arturo Chávez, acudieron a la Cámara de Senadores para conocer el avance de las iniciativas enviadas por el Presidente Calderón relativas a la seguridad.
En el encuentro, manifestaron a los senadores que la estrategia de seguridad instrumentada por el Gobierno actual se mantendrá porque “es imposible pensar” en que las autoridades pacten con una célula delictiva, relató el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega.
Temen golpe a Fuerzas Armadas
Los funcionarios mostraron apertura para legislar la figura del fuero militar, pero el general Guillermo Galván Galván dejó claro que aceptar que un militar sea juzgado en un tribunal civil, por acciones cometidas en el ejercicio de sus funciones, sería un “duro golpe” para las Fuerzas Armadas del país.
El senador panista, Santiago Creel Miranda dijo que “nos expresaron en diversas intervenciones que hay apertura para revisar el fuero militar. Que hay apertura bajo dos condiciones fundamentales: que no se vaya a relajar de ninguna manera la obediencia necesaria que debe darse en todo el sistema de las fuerzas armadas y segundo, que no se vaya a relajar igualmente la disciplina militar. Con esas dos premisas, hay apertura para hacer una revisión”.
“De hecho, se les informó que estamos trabajando en comisiones sobre este aspecto. Les dijimos de los avances que se han dado en materia de discusión y de debate interno en el Senado, por lo tanto vamos a seguir trabajando en este tema, vamos a tomar muy en cuenta los condicionantes de lo que es la obediencia interna y la disciplina que debe tener el sistema de las Fuerzas Armadas en todo el país”.
Limitan espionaje telefónico del Cisen
El Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) no podrá bajo ninguna circunstancia “alambrear” las conversaciones telefónicas ni obtener de manera directa y sin orden judicial los registros en poder de las empresas de telefonía, conocidos como sábanas.
De acuerdo con la relatoría de los acuerdos alcanzados por los senadores involucrados en la elaboración del dictamen de estas reformas, el Legislativo limitó las aspiraciones de la Presidencia para recurrir al uso de información anónima, ampliar el catálogo de motivos para solicitar a un juez la intervención comunicaciones privadas y otorgar al Cisen la facultad de solicitar directamente a las empresas telefónicas información de sus clientes.
Con ello, el Senado de la República en comisiones fijó candados para que el Cisen no repita prácticas como las que realizó en los setenta.
La reforma que se discute en el Senado establece que para intervenir llamadas, el Cisen deberá seguir el procedimiento que marca el artículo 16 de la Constitución, y que obliga a que exista una orden de un juez para llevar a cabo esta práctica.
Los senadores fortalecen algunas facultades del Cisen para que por primera vez realice legalmente tareas de contrainteligencia y blinde la información reservada del Estado. Con esta reforma, el Cisen podrá compartir datos con organismos internacionales similares para establecer sistemas de cooperación.
De acuerdo con el documento, los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos establecen una prohibición para que el Cisen contrate empresas externas para desarrollar tareas de espionaje.
El 26 de mayo de 2008 se reveló que el Cisen pagó a una empresa privada casi un millón 200 mil pesos para dar seguimiento al Poder Legislativo.
Este contrato tiene cláusulas reservadas hasta por 12 años, como los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia”, así como datos personales, nombres de servidores públicos del Centro y la estructura del Cisen.
En el dictamen que se turnará al pleno el 20 de abril, los senadores rechazaron la propuesta de ampliar el número de razones para poder solicitar a un juez la intervención de conversaciones privadas.
También se informó que el Senado de la República buscará establecer en el paquete de reformas en materia de seguridad que el Estado quede obligado a indemnizar a las víctimas de los civiles que mueran durante el fuego cruzado entre militares y sicarios, pues los funcionarios encargados de la seguridad en el país justificaron la caída de civiles con el argumento de que en una guerra “siempre hay costos”.
Los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Seguridad, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de Marina, Francisco Saynez, y el procurador general de la República, Arturo Chávez, acudieron a la Cámara de Senadores para conocer el avance de las iniciativas enviadas por el Presidente Calderón relativas a la seguridad.
En el encuentro, manifestaron a los senadores que la estrategia de seguridad instrumentada por el Gobierno actual se mantendrá porque “es imposible pensar” en que las autoridades pacten con una célula delictiva, relató el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega.
Temen golpe a Fuerzas Armadas
Los funcionarios mostraron apertura para legislar la figura del fuero militar, pero el general Guillermo Galván Galván dejó claro que aceptar que un militar sea juzgado en un tribunal civil, por acciones cometidas en el ejercicio de sus funciones, sería un “duro golpe” para las Fuerzas Armadas del país.
El senador panista, Santiago Creel Miranda dijo que “nos expresaron en diversas intervenciones que hay apertura para revisar el fuero militar. Que hay apertura bajo dos condiciones fundamentales: que no se vaya a relajar de ninguna manera la obediencia necesaria que debe darse en todo el sistema de las fuerzas armadas y segundo, que no se vaya a relajar igualmente la disciplina militar. Con esas dos premisas, hay apertura para hacer una revisión”.
“De hecho, se les informó que estamos trabajando en comisiones sobre este aspecto. Les dijimos de los avances que se han dado en materia de discusión y de debate interno en el Senado, por lo tanto vamos a seguir trabajando en este tema, vamos a tomar muy en cuenta los condicionantes de lo que es la obediencia interna y la disciplina que debe tener el sistema de las Fuerzas Armadas en todo el país”.
Limitan espionaje telefónico del Cisen
El Centro de Investigación de Seguridad Nacional (Cisen) no podrá bajo ninguna circunstancia “alambrear” las conversaciones telefónicas ni obtener de manera directa y sin orden judicial los registros en poder de las empresas de telefonía, conocidos como sábanas.
De acuerdo con la relatoría de los acuerdos alcanzados por los senadores involucrados en la elaboración del dictamen de estas reformas, el Legislativo limitó las aspiraciones de la Presidencia para recurrir al uso de información anónima, ampliar el catálogo de motivos para solicitar a un juez la intervención comunicaciones privadas y otorgar al Cisen la facultad de solicitar directamente a las empresas telefónicas información de sus clientes.
Con ello, el Senado de la República en comisiones fijó candados para que el Cisen no repita prácticas como las que realizó en los setenta.
La reforma que se discute en el Senado establece que para intervenir llamadas, el Cisen deberá seguir el procedimiento que marca el artículo 16 de la Constitución, y que obliga a que exista una orden de un juez para llevar a cabo esta práctica.
Los senadores fortalecen algunas facultades del Cisen para que por primera vez realice legalmente tareas de contrainteligencia y blinde la información reservada del Estado. Con esta reforma, el Cisen podrá compartir datos con organismos internacionales similares para establecer sistemas de cooperación.
De acuerdo con el documento, los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos establecen una prohibición para que el Cisen contrate empresas externas para desarrollar tareas de espionaje.
El 26 de mayo de 2008 se reveló que el Cisen pagó a una empresa privada casi un millón 200 mil pesos para dar seguimiento al Poder Legislativo.
Este contrato tiene cláusulas reservadas hasta por 12 años, como los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia”, así como datos personales, nombres de servidores públicos del Centro y la estructura del Cisen.
En el dictamen que se turnará al pleno el 20 de abril, los senadores rechazaron la propuesta de ampliar el número de razones para poder solicitar a un juez la intervención de conversaciones privadas.