México
Comisiones en el Senado aprueban iniciativa de ley anticorrupción
El proyecto de ley agrava las sanciones derivadas de faltas administrativas imponiendo en el caso de inhabilitación de uno hasta veinte años según la gravedad del delito
CIUDAD DE MÉXICO (29/MAR/2011).- Las
comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron la tarde de este martes el decreto para expedir la Ley de anticorrupción en contrataciones públicas, que establece que una investigación en contra de un funcionario o servidor público iniciará por una denuncia, y se establecen recompensas y protección a los denunciantes de prácticas corruptas en la administración federal de los funcionarios públicos.
El dictamen, que se prevé llevar al Pleno el próximo jueves, abre la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública pueda solicitar al gobierno de otro país información para la investigación y sustentación del procedimiento administrativo en contra de quienes caigan en irregularidades al momento de transacciones internacionales, adquisiciones, arrendamientos o servicios de obra pública.
Por ley, la autoridad competente deberá investigar las quejas o denuncias anónimas y ordena a la Secretaría de la Función Pública establecer módulos de captación de denuncia, así como mecanismos para otorgar a los informantes protección y estímulos.
De acuerdo con la argumentación de la iniciativa, las multas o "mordidas" costaron en 2007 a la economía de cada familia 138 pesos mensuales, lo que significa que, en el mejor de los escenarios, los mexicanos destinaron 8% de su ingreso para gastos de corrupción.
Según Transparencia Internacional, el 31% de los mexicanos aceptaron haber pagado al menos un soborno para conseguir que atendieran sus reclamos, mientras que Brasil reportó un porcentaje de tan sólo 4 por ciento.
El proyecto de ley agrava las sanciones derivadas de faltas administrativas imponiendo en el caso de inhabilitación, por actos que impliquen beneficio o lucro, de uno hasta diez años, si el monto no excede a doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el DF, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.
Por otra parte, establece que en el caso de infracciones graves se impondrán de diez a veinte años de inhabilitación, así como la destitución.
Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, incluyendo ahora la referida a la colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos.
El dictamen, que se prevé llevar al Pleno el próximo jueves, abre la posibilidad de que la Secretaría de la Función Pública pueda solicitar al gobierno de otro país información para la investigación y sustentación del procedimiento administrativo en contra de quienes caigan en irregularidades al momento de transacciones internacionales, adquisiciones, arrendamientos o servicios de obra pública.
Por ley, la autoridad competente deberá investigar las quejas o denuncias anónimas y ordena a la Secretaría de la Función Pública establecer módulos de captación de denuncia, así como mecanismos para otorgar a los informantes protección y estímulos.
De acuerdo con la argumentación de la iniciativa, las multas o "mordidas" costaron en 2007 a la economía de cada familia 138 pesos mensuales, lo que significa que, en el mejor de los escenarios, los mexicanos destinaron 8% de su ingreso para gastos de corrupción.
Según Transparencia Internacional, el 31% de los mexicanos aceptaron haber pagado al menos un soborno para conseguir que atendieran sus reclamos, mientras que Brasil reportó un porcentaje de tan sólo 4 por ciento.
El proyecto de ley agrava las sanciones derivadas de faltas administrativas imponiendo en el caso de inhabilitación, por actos que impliquen beneficio o lucro, de uno hasta diez años, si el monto no excede a doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el DF, y de diez a veinte años si excede de dicho límite.
Por otra parte, establece que en el caso de infracciones graves se impondrán de diez a veinte años de inhabilitación, así como la destitución.
Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, incluyendo ahora la referida a la colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos.