México
Calderón envía a diputados proyecto para renovar Código Penal
La Comisión de Justicia de San Lázaro debe analizar, con la opinión de la de Presupuesto, la iniciativa enviada por el Presidente
CIUDAD DE MÉXICO (22/SEP/2011).- El Presidente Felipe Calderón, envió a la Cámara de Diputados el proyecto de decreto para un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, el cual contempla la videograbación de juicios y audiencias.
Además prevé restricciones a los medios de comunicación para difundir casos de secuestros, situaciones que pongan en riesgo a testigos o la privacidad de menores de edad.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Presupuesto.
La propuesta del Presidente de la República consta de 595 artículos y prevé ampliar los derechos de las víctimas del delito, así como las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público y de la policía de investigación.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal señala que en la transición hacia un Sistema de Justicia Penal se deben ofrecer a la población las condiciones de confiabilidad y transparencia.
Esto, precisa, traerá como consecuencia que la justicia se imparta con cimientos normativos fundados en la razón, cerrando espacios a la impunidad, a la arbitrariedad, al abandono de las víctimas y sociedad en general'.
Además prevé restricciones a los medios de comunicación para difundir casos de secuestros, situaciones que pongan en riesgo a testigos o la privacidad de menores de edad.
Durante la sesión ordinaria en San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Presupuesto.
La propuesta del Presidente de la República consta de 595 artículos y prevé ampliar los derechos de las víctimas del delito, así como las atribuciones y obligaciones del Ministerio Público y de la policía de investigación.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo federal señala que en la transición hacia un Sistema de Justicia Penal se deben ofrecer a la población las condiciones de confiabilidad y transparencia.
Esto, precisa, traerá como consecuencia que la justicia se imparta con cimientos normativos fundados en la razón, cerrando espacios a la impunidad, a la arbitrariedad, al abandono de las víctimas y sociedad en general'.