Jalisco
Un problema que vuelve
Los diversos intentos por retirar ambulantes del primer cuadro han terminado siempre en el regreso de éstos
GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2013).- El problema del
ambulantaje en el Centro Histórico de Guadalajara lleva años de provocar debates entre las autoridades, los comerciantes establecidos, organismos ciudadanos y los propios comerciantes informales, que han presionado para que los autoricen a utilizar las calles para sus actividades. El más reciente conflicto estalló la semana pasada, luego de que la regidora Maribel Alfeirán hiciera público un reporte realizado por el ahora ex director de Inspección y Vigilancia, Salvador Orozco Santillán, que ventiló la tolerancia de la Secretaría General a los ambulantes.
En octubre de 2012, el recién nombrado alcalde Ramiro Hernández prometió que su Gobierno cumpliría la ley y los reglamentos en el Centro Histórico y que para los primeros días de noviembre se “limpiaría” el primer cuadro de ambulantes. Diez meses después, los comerciantes informales siguen invadiendo las banquetas y los espacios públicos del perímetro. Su reordenamiento se ha quedado en el discurso. Los números evidencian una realidad difícil de rebatir: en 2006, la Secretaría General del Ayuntamiento contabilizó 295 vendedores informales, cifra que se incrementó a mil 37 para 2012. Es decir, casi cuatro veces más.
En febrero pasado, la Secretaría General tapatía elaboró un diagnóstico sobre la situación del ambulantaje en el Centro, en el que se concluye que la presencia de vendedores se disparó en el periodo de 2010 a 2012, cuando se pasó de 406 a mil 37. En mayo, Tomás Vázquez Vigil, titular de la Secretaría General, reconoció abiertamente que “estaban tolerando” de momento la actividad, y declaró que las acciones definitivas contra el ambulantaje no se emprenderían sino hasta este mes. Mientras el alcalde reconocía que el fenómeno seguía creciendo en el primer cuadro, el Ayuntamiento anunció la renovación de 105 inspectores.
Ya desde la Administración del actual gobernador, Aristóteles Sandoval, los líderes de los ambulantes admitieron públicamente que el Ayuntamiento repartió el espacio público entre diferentes organizaciones a cambio de que no se manifestaran contra las autoridades durante ese año electoral.
Cuatro años sin ambulantes
Antes de la llegada de Sandoval a la alcaldía, el Centro logró hilar cuatro años sin ambulantes, luego de un acuerdo para que ofrecieran sus productos en el pasaje subterráneo conocido como Plaza Guadalajara, en el que las autoridades invirtieron 30 millones de pesos. A la vez, se elevaron las multas por vender productos en la vía pública sin permiso, hasta llegar a los dos mil 500 pesos. Sólo para las llamadas “temporadas altas” de comercio, como el periodo navideño, se expedían permisos especiales al comercio informal. En 2009, el Ayuntamiento gobernado por Alfonso Petersen calculó que apenas entre 50 y 100 comerciantes ambulantes operaban en el Centro Histórico.
Durante ese trienio, Inspección y Vigilancia levantaba un promedio de 11 mil sanciones a ambulantes cada mes. Incluso agentes de la Policía de Guadalajara y personal de espacios abiertos de reglamentos participaban en los operativos. Actualmente, la operación de vigilancia del Centro Histórico se lleva a cabo con sólo 71 elementos de Inspección, divididos en tres turnos; el máximo de personal laborando a la vez es de 47 personas.
Sin embargo, con el cambio de administración fue evidente el retorno de los ambulantes a las calles. En febrero de 2012 este medio publicó que los locales comerciales subterráneos de la Plaza Guadalajara funcionan ya como bodegas para los ambulantes, otra vez adueñados del Centro Histórico.
IMPUNIDAD, EL ECOSISTEMA PREDILECTO DEL AMBULANTAJE
Una comparación entre el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara y el Reglamento para Comercios y Mercados en la Vía Pública de Morelia no arroja grandes diferencias. En definitiva, que la capital michoacana disfrute de un Centro Histórico sin ambulantaje y limpio, mientras que Guadalajara tenga más de 15 años luchando para controlarlo, no tiene que ver con sus leyes y reglamentos, sino con el combate a la impunidad.
Hace más de una década, el 5 de junio de 2001, una intervención policial de los tres niveles de Gobierno logró la recuperación del Centro Histórico de Morelia. De la noche a la mañana, sus calles y banquetas cambiaron de rostro. A partir de ahí, aunque han existido retornos cíclicos de comerciantes ambulantes, que fueron reubicados en mercados cercanos al centro de la ciudad, las primeras cuadras de la capital michoacana siguen despejadas. Lo ocurrido allí no fue producto del momento. Años antes de la intervención policial, a finales de los noventa, se diseñó y se implementó el Programa Recuperación del Centro Histórico que constituyó el inicio de la “tolerancia cero” contra los ambulantes. Ambas acciones, el plan y la recuperación, se concretaron con alcaldes de extracción priista: Salvador Galván Infante y el interino Augusto Caire Arriaga.
Existen otras ciudades que han tenido éxito en el ordenamiento de los ambulantes a través de un esquema de brigadas de recuperación del espacio público y de multas que vuelven incosteable el negocio. Es el caso de Querétaro que, a pesar de que con el cambio de administración vio aumentar esta actividad, durante más de un lustro lo mantuvo bajo control. La reubicación, los patrullajes y las altas multas fueron una mezcla exitosa tanto en Querétaro como en Morelia.
El problema, como se le enfrente, dista de ser sencillo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a escala nacional dos millones 197 mil personas trabajan en el comercio ambulante y, por esa causa se dejan de recaudar en torno a siete mil millones de pesos. A pesar de esto, el comercio ambulante tiene cierta legitimidad social; por ejemplo, según la encuestadora Parametría, dos de cada tres mexicanos lo consideran benéfico.
Esto no ha impedido que se tomen medidas contundentes en ciudades como el Distrito Federal o Puebla. El primero se ha apoyado en las reubicaciones de comerciantes que se encontraban en los perímetros y en el corazón del Centro Histórico; el Gobierno ha tenido que negociar y configurar alianzas público-privadas de protección del Centro Histórico.
En Puebla, la instalación en el primer cuadro se encuentra prohibida, por lo que se dan permisos especiales durante ciertos periodos del año para que los ambulantes se coloquen en plazas públicas, ferias o tianguis.
SABER MÁS
Prácticas positivas
Algunas de las acciones de gobiernos que han resultado eficaces para evitar el ambulantaje en las ciudades:
Reubicación con permisos para vender en periodos especiales en otras zonas de la ciudad: Navidad, regreso a clases y días patrios.
Altas multas a todos los ambulantes que se coloquen en las zonas protegidas, particularmente en los centros históricos o zonas comerciales.
Tasas elevadas de impuestos y reglamentación severa.
Operativos permanentes de vigilancia y supervisión de los espacios públicos protegidos.
Alianzas público-privadas para proteger los perímetros de los centros históricos y espacios públicos turísticos.
Buscan juicio político contra secretario general tapatío
La fracción del PAN anunció que promoverá un juicio político en contra del secretario general de Guadalajara, Tomás Vázquez Vigil, tras el informe oficial de la Dirección de Inspección y Vigilancia que acusa a su dependencia de instruir y mantener la protección a los grupos de ambulantes en el Centro Histórico tapatío.
La regidora Maribel Alfeirán Ruíz, quien reveló ese documento el pasado 31 de julio en sesión de Ayuntamiento, elaborado por el entonces titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Salvador Orozco Santillán —las denuncias le costaron el empleo—, mencionó que Vázquez Vigil debe salir de manera definitiva del cargo —ayer solicitó licencia por 30 días— y ser inhabilitado.
“Queremos que el presidente municipal (Ramiro Hernández García) le exija su renuncia. La licencia es una manera muy elegante de a una persona de estos niveles, tanto del Ayuntamiento como del PRI, pues hacer que baje su responsabilidad”.
Habla del “nivel” del funcionario pues en la trayectoria de Vázquez Vigil está el haberse desempeñado al frente de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde tuvo como interlocutor a “Los Pinos” y a los más altos funcionarios del Gobierno federal.
El regidor de Movimiento Ciudadano (MC) Juan Carlos Anguiano Orozco hizo ver, por su parte, que la investigación que se instruyó sobre la protección hacia el ambulantaje de parte de las dependencias tapatías que deberían combatirlo no puede ser llevada por quien lo hace, el contralor, Gustavo César Galindo Velasco, por sus ligas con el secretario general, Vázquez Vigil, quien es señalado como responsable: “El contralor tiene que excusarse de llevar esta investigación, tiene un impedimento porque tiene parentesco por afinidad con el secretario general: son compadres”.
Lo mejor, opina el regidor, es que la indagatoria la lleve la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, donde están representadas las fracciones del PRI, PAN y MC.
Lamentó, además, la determinación de haber destituido al ex director de Inspección Salvador Orozco Santillán, luego de haber denunciado el problema. De hecho, era su obligación la denuncia, agregó, pues lo obligaba el artículo 61, fracción XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que mandata a “...denunciar por escrito ante el superior jerárquico o autoridad administrativa interna, los actos y comisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley”.
Vázquez Vigil anunció ayer por la mañana su licencia, afirmando categórico que no había incurrido en ninguna violación a la reglamentación: “En esta serie de hechos se me ha acusado falsamente y calumniado por haber solapado actos que no comparto y nunca compartiré”, dijo.
Y agregó: “Estoy moralmente obligado a pedir licencia por un mes al cargo de secretario que hasta hoy vengo desempeñando. Esta licencia la pido como un acto de congruencia y prudencia, pido esta licencia con profundo dolor pero con gran convicción de que se aclaren los hechos. El dolor es algo temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa tomará su lugar, sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre”.
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¿Debe permitirse el ambulantaje en el Centro?
En octubre de 2012, el recién nombrado alcalde Ramiro Hernández prometió que su Gobierno cumpliría la ley y los reglamentos en el Centro Histórico y que para los primeros días de noviembre se “limpiaría” el primer cuadro de ambulantes. Diez meses después, los comerciantes informales siguen invadiendo las banquetas y los espacios públicos del perímetro. Su reordenamiento se ha quedado en el discurso. Los números evidencian una realidad difícil de rebatir: en 2006, la Secretaría General del Ayuntamiento contabilizó 295 vendedores informales, cifra que se incrementó a mil 37 para 2012. Es decir, casi cuatro veces más.
En febrero pasado, la Secretaría General tapatía elaboró un diagnóstico sobre la situación del ambulantaje en el Centro, en el que se concluye que la presencia de vendedores se disparó en el periodo de 2010 a 2012, cuando se pasó de 406 a mil 37. En mayo, Tomás Vázquez Vigil, titular de la Secretaría General, reconoció abiertamente que “estaban tolerando” de momento la actividad, y declaró que las acciones definitivas contra el ambulantaje no se emprenderían sino hasta este mes. Mientras el alcalde reconocía que el fenómeno seguía creciendo en el primer cuadro, el Ayuntamiento anunció la renovación de 105 inspectores.
Ya desde la Administración del actual gobernador, Aristóteles Sandoval, los líderes de los ambulantes admitieron públicamente que el Ayuntamiento repartió el espacio público entre diferentes organizaciones a cambio de que no se manifestaran contra las autoridades durante ese año electoral.
Cuatro años sin ambulantes
Antes de la llegada de Sandoval a la alcaldía, el Centro logró hilar cuatro años sin ambulantes, luego de un acuerdo para que ofrecieran sus productos en el pasaje subterráneo conocido como Plaza Guadalajara, en el que las autoridades invirtieron 30 millones de pesos. A la vez, se elevaron las multas por vender productos en la vía pública sin permiso, hasta llegar a los dos mil 500 pesos. Sólo para las llamadas “temporadas altas” de comercio, como el periodo navideño, se expedían permisos especiales al comercio informal. En 2009, el Ayuntamiento gobernado por Alfonso Petersen calculó que apenas entre 50 y 100 comerciantes ambulantes operaban en el Centro Histórico.
Durante ese trienio, Inspección y Vigilancia levantaba un promedio de 11 mil sanciones a ambulantes cada mes. Incluso agentes de la Policía de Guadalajara y personal de espacios abiertos de reglamentos participaban en los operativos. Actualmente, la operación de vigilancia del Centro Histórico se lleva a cabo con sólo 71 elementos de Inspección, divididos en tres turnos; el máximo de personal laborando a la vez es de 47 personas.
Sin embargo, con el cambio de administración fue evidente el retorno de los ambulantes a las calles. En febrero de 2012 este medio publicó que los locales comerciales subterráneos de la Plaza Guadalajara funcionan ya como bodegas para los ambulantes, otra vez adueñados del Centro Histórico.
IMPUNIDAD, EL ECOSISTEMA PREDILECTO DEL AMBULANTAJE
Una comparación entre el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara y el Reglamento para Comercios y Mercados en la Vía Pública de Morelia no arroja grandes diferencias. En definitiva, que la capital michoacana disfrute de un Centro Histórico sin ambulantaje y limpio, mientras que Guadalajara tenga más de 15 años luchando para controlarlo, no tiene que ver con sus leyes y reglamentos, sino con el combate a la impunidad.
Hace más de una década, el 5 de junio de 2001, una intervención policial de los tres niveles de Gobierno logró la recuperación del Centro Histórico de Morelia. De la noche a la mañana, sus calles y banquetas cambiaron de rostro. A partir de ahí, aunque han existido retornos cíclicos de comerciantes ambulantes, que fueron reubicados en mercados cercanos al centro de la ciudad, las primeras cuadras de la capital michoacana siguen despejadas. Lo ocurrido allí no fue producto del momento. Años antes de la intervención policial, a finales de los noventa, se diseñó y se implementó el Programa Recuperación del Centro Histórico que constituyó el inicio de la “tolerancia cero” contra los ambulantes. Ambas acciones, el plan y la recuperación, se concretaron con alcaldes de extracción priista: Salvador Galván Infante y el interino Augusto Caire Arriaga.
Existen otras ciudades que han tenido éxito en el ordenamiento de los ambulantes a través de un esquema de brigadas de recuperación del espacio público y de multas que vuelven incosteable el negocio. Es el caso de Querétaro que, a pesar de que con el cambio de administración vio aumentar esta actividad, durante más de un lustro lo mantuvo bajo control. La reubicación, los patrullajes y las altas multas fueron una mezcla exitosa tanto en Querétaro como en Morelia.
El problema, como se le enfrente, dista de ser sencillo. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a escala nacional dos millones 197 mil personas trabajan en el comercio ambulante y, por esa causa se dejan de recaudar en torno a siete mil millones de pesos. A pesar de esto, el comercio ambulante tiene cierta legitimidad social; por ejemplo, según la encuestadora Parametría, dos de cada tres mexicanos lo consideran benéfico.
Esto no ha impedido que se tomen medidas contundentes en ciudades como el Distrito Federal o Puebla. El primero se ha apoyado en las reubicaciones de comerciantes que se encontraban en los perímetros y en el corazón del Centro Histórico; el Gobierno ha tenido que negociar y configurar alianzas público-privadas de protección del Centro Histórico.
En Puebla, la instalación en el primer cuadro se encuentra prohibida, por lo que se dan permisos especiales durante ciertos periodos del año para que los ambulantes se coloquen en plazas públicas, ferias o tianguis.
SABER MÁS
Prácticas positivas
Algunas de las acciones de gobiernos que han resultado eficaces para evitar el ambulantaje en las ciudades:
Reubicación con permisos para vender en periodos especiales en otras zonas de la ciudad: Navidad, regreso a clases y días patrios.
Altas multas a todos los ambulantes que se coloquen en las zonas protegidas, particularmente en los centros históricos o zonas comerciales.
Tasas elevadas de impuestos y reglamentación severa.
Operativos permanentes de vigilancia y supervisión de los espacios públicos protegidos.
Alianzas público-privadas para proteger los perímetros de los centros históricos y espacios públicos turísticos.
Buscan juicio político contra secretario general tapatío
La fracción del PAN anunció que promoverá un juicio político en contra del secretario general de Guadalajara, Tomás Vázquez Vigil, tras el informe oficial de la Dirección de Inspección y Vigilancia que acusa a su dependencia de instruir y mantener la protección a los grupos de ambulantes en el Centro Histórico tapatío.
La regidora Maribel Alfeirán Ruíz, quien reveló ese documento el pasado 31 de julio en sesión de Ayuntamiento, elaborado por el entonces titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, Salvador Orozco Santillán —las denuncias le costaron el empleo—, mencionó que Vázquez Vigil debe salir de manera definitiva del cargo —ayer solicitó licencia por 30 días— y ser inhabilitado.
“Queremos que el presidente municipal (Ramiro Hernández García) le exija su renuncia. La licencia es una manera muy elegante de a una persona de estos niveles, tanto del Ayuntamiento como del PRI, pues hacer que baje su responsabilidad”.
Habla del “nivel” del funcionario pues en la trayectoria de Vázquez Vigil está el haberse desempeñado al frente de la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde tuvo como interlocutor a “Los Pinos” y a los más altos funcionarios del Gobierno federal.
El regidor de Movimiento Ciudadano (MC) Juan Carlos Anguiano Orozco hizo ver, por su parte, que la investigación que se instruyó sobre la protección hacia el ambulantaje de parte de las dependencias tapatías que deberían combatirlo no puede ser llevada por quien lo hace, el contralor, Gustavo César Galindo Velasco, por sus ligas con el secretario general, Vázquez Vigil, quien es señalado como responsable: “El contralor tiene que excusarse de llevar esta investigación, tiene un impedimento porque tiene parentesco por afinidad con el secretario general: son compadres”.
Lo mejor, opina el regidor, es que la indagatoria la lleve la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, donde están representadas las fracciones del PRI, PAN y MC.
Lamentó, además, la determinación de haber destituido al ex director de Inspección Salvador Orozco Santillán, luego de haber denunciado el problema. De hecho, era su obligación la denuncia, agregó, pues lo obligaba el artículo 61, fracción XX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que mandata a “...denunciar por escrito ante el superior jerárquico o autoridad administrativa interna, los actos y comisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a advertir respecto de cualquier servidor público, que pueda ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley”.
Vázquez Vigil anunció ayer por la mañana su licencia, afirmando categórico que no había incurrido en ninguna violación a la reglamentación: “En esta serie de hechos se me ha acusado falsamente y calumniado por haber solapado actos que no comparto y nunca compartiré”, dijo.
Y agregó: “Estoy moralmente obligado a pedir licencia por un mes al cargo de secretario que hasta hoy vengo desempeñando. Esta licencia la pido como un acto de congruencia y prudencia, pido esta licencia con profundo dolor pero con gran convicción de que se aclaren los hechos. El dolor es algo temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa tomará su lugar, sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre”.
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