Jalisco
Sin sustento legal, pensiones vitalicias para ex presidentes
Especialistas coinciden en que los acuerdos presidenciales son inconstitucionales
GUADALAJARA, JALISCO (23/ENE/2016).- Los acuerdos presidenciales que regulan la pensión vitalicia, así como la asignación de personal de seguridad, fueron suscritos por los ex presidentes Luis Echeverría (1976) y Miguel de la Madrid (1987); sin embargo, especialistas en derecho aseguran que se trata de acuerdos inconstitucionales que carecen de todo sustento legal.
Tras revisar, durante nueve meses, el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los últimos 38 años, los investigadores Hilda Nucci y Ernesto Villanueva encontraron que dichos acuerdos no tienen una base legal.
En su libro “Beneficios ex presidenciales”, los autores detallan que el primer Acuerdo 7637, suscrito el 25 de noviembre de 1976, asigna a cada ex presidente un total de 78 elementos del Ejército, Armada y Fuerza Área. El acuerdo fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Tampoco fue publicado en el DOF, siendo solamente registrado en la Secretaría de la Presidencia.
La investigadora Cecilia Licona Vite, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Unión, llegó a la misma conclusión, tras realizar un estudio en materia de pensiones y beneficios a los ex presidentes:
“No hay razones ni argumentos jurídicos para mantener la eficacia del Acuerdo 7637, el cual adolece de inconstitucionalidad e ilegalidad. Asimismo carece de obligatoriedad ante la falta de su publicación”. La conclusión es contundente: “Es menester suprimir los privilegios que, con base en dicho documento, se han concedido indebida e injustificadamente a los ex presidentes”.
El otro acuerdo (2763), suscrito durante el sexenio de Miguel de la Madrid, concede diversas percepciones económicas a los ex mandatarios: una pensión vitalicia equivalente al salario que percibe un secretario de Estado, así como seguro de vida y de gastos médicos mayores; mientras que confiere pensión vitalicia para la viuda del ex mandatario y para los hijos menores de edad.
Este acuerdo también pone al servicio de cada ex presidente, a 25 empleados (personal civil) adscritos a la planta del personal de la Presidencia de la República. Por lo que sumando las prestaciones de ambos acuerdos, cada ex mandatario tiene a su disposición a hasta 103 empleados, civiles y militares.
Los investigadores han señalado que este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF y no cuenta con la firma del entonces presidente en turno, Miguel de la Madrid. “El Acuerdo 2763 careció de publicación en el DOF, lo cual conlleva a su falta de obligatoriedad”, señala la especialista en derecho Celina Licona.
Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada perredista en el Congreso de la Unión, coincide: “Son inconstitucionales porque no se publican de manera expresa en el DOF, tienen todos los visos de ilegalidad y lo que tenemos que hacer es hacerlos legales”.
Para Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el que no existan fundamentos legales para otorgar los beneficios a los e presidentes refleja que “vivimos en un país con un Estado de derecho simbólico, en donde las prácticas tienen más peso que la ley”.
A decir del académico, la práctica se volvió parte del folclor mexicano hasta que finalmente se incorporó una partida de los gastos en el presupuesto federal, aunque está pulverizada “para que no se vea el impacto económico, no sabemos cuánto cuesta la seguridad de los ex mandatarios”.
Se mueven en camionetas de lujo
Una solicitud de información, a través del sistema Infomex, reveló que los vehículos comisionados al servicio de seguridad que se proporciona a los ex presidentes pertenecen a exclusivas marcas de lujo.
El Estado Mayor Presidencial respondió que los presidentes tienen a su disposición una flota vehicular integrada por modelos Suburban, Tahoe, Expedition, Yukon y Lincoln. Los años: 2001, 2006, 2007, 2008 y 2013.
Se trata de las camionetas más costosas en el mercado automotriz. Este año, por ejemplo, los modelos se cotizan desde los 818 mil pesos hasta los 958 mil; mientras que la Navigator es la más cara de todas, según su equipamiento el costo de la camioneta Lincoln ronda entre los 997 mil hasta un millón 100 mil pesos. Sin embargo, no se incluye el costo del blindaje de los vehículos.
Pese a que se revelaron detalles sobre los vehículos de los ex mandatarios, el Estado Mayor ocultó información sobre el número y sueldos de los elementos asignados a la seguridad de los ex presidentes: “No es posible proporcionarla por estar clasificada como reservada por 12 años”, argumentando razones de seguridad.
Sin embargo, de acuerdo con el decreto emitido por Luis Echeverría, en 1976, cada ex mandatario tiene derecho de manera vitalicia a un total de 78 elementos, de los cuales 45 pertenecen al Ejército, 22 a la Armada y 11 a la Fuerza Aérea.
El reglamento del Estado Mayor Presidencial sólo menciona en su artículo 24, que le corresponde a su sección séptima, “planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de los ex presidentes de la República”.
Sobre la omisión de informar el número de elementos y el gasto en salarios, el EMP justificó que la difusión de la información solicitada “no sólo pondría en riesgo la seguridad, integridad física e inclusive la vida de los ex presidentes de México, sino también del personal que labora para el Estado Mayor Presidencial”.
Asimismo, informó que los rangos del personal asignados a la seguridad de los ex mandatarios son: jefes (coronel, teniente coronel y mayor), oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y tropa (sargento primero, sargento segundo y cabo) y sus equivalentes en la Armada, así como policías federales (inspector jefe) y civiles (OC3 y MB3).
CONGRESO DE LA UNIÓN
Atoradas, iniciativas de regulación
En un intento por regular el tema, en los últimos 15 años diputados y senadores, principalmente del PRD, PT y Morena, han presentado una decena de iniciativas de ley para reducir las pensiones vitalicias y privilegios a los que tienen acceso los ex presidentes. La mala noticia es que todas las iniciativas están estancadas en comisiones, a donde fueron enviadas para su discusión y análisis.
La más reciente presentada por el legislador del PRD, Francisco Martínez Neri, en septiembre pasado, pretende acabar con los excesos al reducir las prestaciones y servicios que gozan los ex mandatarios a partir de la creación de una Ley de Retiro para los ex presidentes mexicanos, que tope la pensión mensual en 30 mil pesos.
También pretende reducir el número de elementos de seguridad asignados a los ex mandatarios. El líder de la bancada perredista en San Lázaro considera que deben gozar de algún beneficio, pero no en el sentido que se tiene actualmente, “será uno de los temas prioritarios para el segundo periodo de sesiones que empieza en febrero”.
El legislador confía en que en los próximos tres meses se debata el tema, “estaríamos llevando a cabo los trabajos para llegar a los acuerdos con otras fracciones parlamentarias y conseguir una mayoría… parece que es posible que el propio PRI pueda aceptar la iniciativa y aprobarla en el siguiente periodo de sesiones (que termina en abril)”.
Adicionalmente, los diputados perredistas buscarán que las partidas a los ex presidentes se sometan a la Ley de Transparencia. “No se trata de quitar de tajo las prestaciones sino de regularlas, se trata de disminuir las partidas que son excesivas”.
Por su parte, la fracción de Morena pretende que la pensión vitalicia desaparezca por completo. Mientras que en la Cámara Alta, el senador Mario Delgado aseguró a finales del 2015 que es urgente poner fin a las pensiones de los ex presidentes, terminar con los salarios y las prestaciones millonarias de los servidores públicos para dar paso a remuneraciones acordes con la economía de nuestro país.
Con ese objetivo, adelantó, presentará una iniciativa de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En el mismo camino, la senadora Angélica de la Peña propuso una reforma constitucional en 2014 para reducir al mínimo la pensión presidencial, y que no reciban más del equivalente a 20 veces el salario mínimo: cerca de mil 300 pesos diarios (cerca de 40 mil mensuales).
Otra iniciativa presentada en 2012 pretendía que los ex presidentes se integraran como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad pública del país, para retribuir durante tres años el monto de sus pensiones con su trabajo, y una vez concluido ese lapso, podrían trabajar para empresas o instituciones privadas.
Los más caros
Lo que es una realidad, dice Ernesto Villanueva, es que de 21 países analizados, los privilegios de los que gozan los ex presidentes de México son superiores a los que perciben sus homólogos de los países más ricos del mundo.
Según datos del investigador, Felipe Calderón es el ex presidente más caro del mundo, con un costo mensual estimado en cinco millones de pesos, que lo colocan a nivel mundial a la altura de naciones como Singapur.
En otros países como Estados Unidos, el Gobierno otorga una pensión por 10 años después del cargo, supeditada a la aprobación del Congreso; en Australia, por ejemplo, un ex presidente tiene derecho a dos pasajes en clase turista al año, concluye Villanueva.
Echeverría, el que recibe más recursos
Según información proporcionada por Recursos Humanos de Presidencia, Luis Echeverría Álvarez es el ex presidente más caro de todos. Tiene a su disposición una nómina de 17 personas que costaron el año pasado 9.9 millones de pesos (MDP).
En la nómina de personal al servicio de Echeverría se encuentran los cuatro funcionarios mejor pagados al servicio de todos los ex presidentes: Florentino Torres Lima disfruta un salario mensual de 192 mil 529 pesos; le sigue Miguel Alemán Dávila, con 119 mil 670 pesos, mientras que Óscar Pérez Nango y José Rojas Pimentel reciben 95 mil 354 pesos.
El segundo ex presidente más costoso es Felipe Calderón, que tiene a su cargo a 18 trabajadores que representaron una merma al erario de 6.3 MDP en 2015. Los cuatro colaboradores mejor pagados en la nómina a su servicio reciben cada mes 47 mil 890 pesos. Entre ellos se encuentra Solange Madrona, quien fuera subdirectora de la Secretaría Particular en el sexenio calderonista.
En tercer lugar aparece Carlos Salinas de Gortari, que tiene un equipo de apoyo de 11 personas, por las cuales se erogaron 2.7 millones de pesos; seguido por Vicente Fox Quesada, con una nómina de 2.2 millones repartidos entre 20 personas; sin embargo, sus sueldos son mucho más bajos: entre nueve mil pesos mensuales (el más bajo) y 14 mil 297 (el más alto).
En contraste con sus homólogos, Ernesto Zedillo es el ex mandatario más austero, pues además de renunciar a su pensión vitalicia, tiene solamente a tres personas a su cargo con un salario mensual de poco más de 17 mil pesos cada uno, que en conjunto representó un gasto anual de 625 mil 546 pesos.
En total, Presidencia de la República erogó 21.9 millones de pesos para cubrir los salarios de los 69 funcionarios que trabajan para los ex mandatarios.
Según el Acuerdo 2763, expedido en la Presidencia de Miguel de la Madrid, cada mandatario dispone la asignación de 25 empleados de la Federación, quienes estarán a su servicio directo: directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativas. Todos adscritos a la planta de personal de la Oficina de la Presidencia de la República.
No se incluye el personal de seguridad.
Sigue: #debateinformador
¿Debe el Congreso de la Unión reducir las pensiones y las plantillas laborales de los ex presidentes?
Participa en Twitter en el debate del día @informador
Tras revisar, durante nueve meses, el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los últimos 38 años, los investigadores Hilda Nucci y Ernesto Villanueva encontraron que dichos acuerdos no tienen una base legal.
En su libro “Beneficios ex presidenciales”, los autores detallan que el primer Acuerdo 7637, suscrito el 25 de noviembre de 1976, asigna a cada ex presidente un total de 78 elementos del Ejército, Armada y Fuerza Área. El acuerdo fue firmado por los secretarios de la Defensa y Marina, pero no por el entonces presidente Echeverría. Tampoco fue publicado en el DOF, siendo solamente registrado en la Secretaría de la Presidencia.
La investigadora Cecilia Licona Vite, del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias del Congreso de la Unión, llegó a la misma conclusión, tras realizar un estudio en materia de pensiones y beneficios a los ex presidentes:
“No hay razones ni argumentos jurídicos para mantener la eficacia del Acuerdo 7637, el cual adolece de inconstitucionalidad e ilegalidad. Asimismo carece de obligatoriedad ante la falta de su publicación”. La conclusión es contundente: “Es menester suprimir los privilegios que, con base en dicho documento, se han concedido indebida e injustificadamente a los ex presidentes”.
El otro acuerdo (2763), suscrito durante el sexenio de Miguel de la Madrid, concede diversas percepciones económicas a los ex mandatarios: una pensión vitalicia equivalente al salario que percibe un secretario de Estado, así como seguro de vida y de gastos médicos mayores; mientras que confiere pensión vitalicia para la viuda del ex mandatario y para los hijos menores de edad.
Este acuerdo también pone al servicio de cada ex presidente, a 25 empleados (personal civil) adscritos a la planta del personal de la Presidencia de la República. Por lo que sumando las prestaciones de ambos acuerdos, cada ex mandatario tiene a su disposición a hasta 103 empleados, civiles y militares.
Los investigadores han señalado que este acuerdo tampoco fue publicado en el DOF y no cuenta con la firma del entonces presidente en turno, Miguel de la Madrid. “El Acuerdo 2763 careció de publicación en el DOF, lo cual conlleva a su falta de obligatoriedad”, señala la especialista en derecho Celina Licona.
Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada perredista en el Congreso de la Unión, coincide: “Son inconstitucionales porque no se publican de manera expresa en el DOF, tienen todos los visos de ilegalidad y lo que tenemos que hacer es hacerlos legales”.
Para Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el que no existan fundamentos legales para otorgar los beneficios a los e presidentes refleja que “vivimos en un país con un Estado de derecho simbólico, en donde las prácticas tienen más peso que la ley”.
A decir del académico, la práctica se volvió parte del folclor mexicano hasta que finalmente se incorporó una partida de los gastos en el presupuesto federal, aunque está pulverizada “para que no se vea el impacto económico, no sabemos cuánto cuesta la seguridad de los ex mandatarios”.
Se mueven en camionetas de lujo
Una solicitud de información, a través del sistema Infomex, reveló que los vehículos comisionados al servicio de seguridad que se proporciona a los ex presidentes pertenecen a exclusivas marcas de lujo.
El Estado Mayor Presidencial respondió que los presidentes tienen a su disposición una flota vehicular integrada por modelos Suburban, Tahoe, Expedition, Yukon y Lincoln. Los años: 2001, 2006, 2007, 2008 y 2013.
Se trata de las camionetas más costosas en el mercado automotriz. Este año, por ejemplo, los modelos se cotizan desde los 818 mil pesos hasta los 958 mil; mientras que la Navigator es la más cara de todas, según su equipamiento el costo de la camioneta Lincoln ronda entre los 997 mil hasta un millón 100 mil pesos. Sin embargo, no se incluye el costo del blindaje de los vehículos.
Pese a que se revelaron detalles sobre los vehículos de los ex mandatarios, el Estado Mayor ocultó información sobre el número y sueldos de los elementos asignados a la seguridad de los ex presidentes: “No es posible proporcionarla por estar clasificada como reservada por 12 años”, argumentando razones de seguridad.
Sin embargo, de acuerdo con el decreto emitido por Luis Echeverría, en 1976, cada ex mandatario tiene derecho de manera vitalicia a un total de 78 elementos, de los cuales 45 pertenecen al Ejército, 22 a la Armada y 11 a la Fuerza Aérea.
El reglamento del Estado Mayor Presidencial sólo menciona en su artículo 24, que le corresponde a su sección séptima, “planear, organizar, proporcionar y controlar los servicios para garantizar la seguridad inmediata de los ex presidentes de la República”.
Sobre la omisión de informar el número de elementos y el gasto en salarios, el EMP justificó que la difusión de la información solicitada “no sólo pondría en riesgo la seguridad, integridad física e inclusive la vida de los ex presidentes de México, sino también del personal que labora para el Estado Mayor Presidencial”.
Asimismo, informó que los rangos del personal asignados a la seguridad de los ex mandatarios son: jefes (coronel, teniente coronel y mayor), oficiales (capitán primero, capitán segundo, teniente y subteniente) y tropa (sargento primero, sargento segundo y cabo) y sus equivalentes en la Armada, así como policías federales (inspector jefe) y civiles (OC3 y MB3).
CONGRESO DE LA UNIÓN
Atoradas, iniciativas de regulación
En un intento por regular el tema, en los últimos 15 años diputados y senadores, principalmente del PRD, PT y Morena, han presentado una decena de iniciativas de ley para reducir las pensiones vitalicias y privilegios a los que tienen acceso los ex presidentes. La mala noticia es que todas las iniciativas están estancadas en comisiones, a donde fueron enviadas para su discusión y análisis.
La más reciente presentada por el legislador del PRD, Francisco Martínez Neri, en septiembre pasado, pretende acabar con los excesos al reducir las prestaciones y servicios que gozan los ex mandatarios a partir de la creación de una Ley de Retiro para los ex presidentes mexicanos, que tope la pensión mensual en 30 mil pesos.
También pretende reducir el número de elementos de seguridad asignados a los ex mandatarios. El líder de la bancada perredista en San Lázaro considera que deben gozar de algún beneficio, pero no en el sentido que se tiene actualmente, “será uno de los temas prioritarios para el segundo periodo de sesiones que empieza en febrero”.
El legislador confía en que en los próximos tres meses se debata el tema, “estaríamos llevando a cabo los trabajos para llegar a los acuerdos con otras fracciones parlamentarias y conseguir una mayoría… parece que es posible que el propio PRI pueda aceptar la iniciativa y aprobarla en el siguiente periodo de sesiones (que termina en abril)”.
Adicionalmente, los diputados perredistas buscarán que las partidas a los ex presidentes se sometan a la Ley de Transparencia. “No se trata de quitar de tajo las prestaciones sino de regularlas, se trata de disminuir las partidas que son excesivas”.
Por su parte, la fracción de Morena pretende que la pensión vitalicia desaparezca por completo. Mientras que en la Cámara Alta, el senador Mario Delgado aseguró a finales del 2015 que es urgente poner fin a las pensiones de los ex presidentes, terminar con los salarios y las prestaciones millonarias de los servidores públicos para dar paso a remuneraciones acordes con la economía de nuestro país.
Con ese objetivo, adelantó, presentará una iniciativa de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En el mismo camino, la senadora Angélica de la Peña propuso una reforma constitucional en 2014 para reducir al mínimo la pensión presidencial, y que no reciban más del equivalente a 20 veces el salario mínimo: cerca de mil 300 pesos diarios (cerca de 40 mil mensuales).
Otra iniciativa presentada en 2012 pretendía que los ex presidentes se integraran como miembros académicos o investigadores a cualquier universidad pública del país, para retribuir durante tres años el monto de sus pensiones con su trabajo, y una vez concluido ese lapso, podrían trabajar para empresas o instituciones privadas.
Los más caros
Lo que es una realidad, dice Ernesto Villanueva, es que de 21 países analizados, los privilegios de los que gozan los ex presidentes de México son superiores a los que perciben sus homólogos de los países más ricos del mundo.
Según datos del investigador, Felipe Calderón es el ex presidente más caro del mundo, con un costo mensual estimado en cinco millones de pesos, que lo colocan a nivel mundial a la altura de naciones como Singapur.
En otros países como Estados Unidos, el Gobierno otorga una pensión por 10 años después del cargo, supeditada a la aprobación del Congreso; en Australia, por ejemplo, un ex presidente tiene derecho a dos pasajes en clase turista al año, concluye Villanueva.
Echeverría, el que recibe más recursos
Según información proporcionada por Recursos Humanos de Presidencia, Luis Echeverría Álvarez es el ex presidente más caro de todos. Tiene a su disposición una nómina de 17 personas que costaron el año pasado 9.9 millones de pesos (MDP).
En la nómina de personal al servicio de Echeverría se encuentran los cuatro funcionarios mejor pagados al servicio de todos los ex presidentes: Florentino Torres Lima disfruta un salario mensual de 192 mil 529 pesos; le sigue Miguel Alemán Dávila, con 119 mil 670 pesos, mientras que Óscar Pérez Nango y José Rojas Pimentel reciben 95 mil 354 pesos.
El segundo ex presidente más costoso es Felipe Calderón, que tiene a su cargo a 18 trabajadores que representaron una merma al erario de 6.3 MDP en 2015. Los cuatro colaboradores mejor pagados en la nómina a su servicio reciben cada mes 47 mil 890 pesos. Entre ellos se encuentra Solange Madrona, quien fuera subdirectora de la Secretaría Particular en el sexenio calderonista.
En tercer lugar aparece Carlos Salinas de Gortari, que tiene un equipo de apoyo de 11 personas, por las cuales se erogaron 2.7 millones de pesos; seguido por Vicente Fox Quesada, con una nómina de 2.2 millones repartidos entre 20 personas; sin embargo, sus sueldos son mucho más bajos: entre nueve mil pesos mensuales (el más bajo) y 14 mil 297 (el más alto).
En contraste con sus homólogos, Ernesto Zedillo es el ex mandatario más austero, pues además de renunciar a su pensión vitalicia, tiene solamente a tres personas a su cargo con un salario mensual de poco más de 17 mil pesos cada uno, que en conjunto representó un gasto anual de 625 mil 546 pesos.
En total, Presidencia de la República erogó 21.9 millones de pesos para cubrir los salarios de los 69 funcionarios que trabajan para los ex mandatarios.
Según el Acuerdo 2763, expedido en la Presidencia de Miguel de la Madrid, cada mandatario dispone la asignación de 25 empleados de la Federación, quienes estarán a su servicio directo: directores generales, de área, subdirectores, jefes de departamento, secretarias, técnicos, choferes y administrativas. Todos adscritos a la planta de personal de la Oficina de la Presidencia de la República.
No se incluye el personal de seguridad.
Sigue: #debateinformador
¿Debe el Congreso de la Unión reducir las pensiones y las plantillas laborales de los ex presidentes?
Participa en Twitter en el debate del día @informador