Jalisco
Sacan de las calles a 369 choferes por infractores
La Secretaría de Movilidad ha recibido dos mil 657 expedientes de malos conductores de camiones desde 2005, pero 72% de los casos está archivado
GUADALAJARA, JALISCO (20/MAY/2016).- Comenzó a beber desde el domingo por la noche, y el lunes por la tarde subió a su unidad asignada, de la Ruta 52-A, para echar a andar el motor. Condujo.
Siguió su ruta con normalidad. Entre los zigzagueos permitió que abordaran y descendieran los usuarios. Eventualmente llegó al Centro Histórico de Guadalajara. Giró hacia la Avenida 16 de Septiembre, cuando ésta aún no estaba cerrada al paso, y una agente vial le ordenó detenerse.
Armando Ortega atendió la indicación. Supuso que lo reprenderían por no llevar puesto el cinturón de seguridad, no porque circulaba ocupando dos carriles de la arteria. Confiaba que las autoridades nunca notarían el fuerte olor a alcohol que despedía su cuerpo.
Era el 22 de septiembre de 2014. Detuvo el camión justo afuera de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La oficial subió a la unidad 1159 y de inmediato notó la condición del chofer. Estaba completamente alcoholizado.
Le pidieron descender del vehículo. Balbuceó y se tambaleó antes de ponerse de pie. Al bajar se recostó en la jardinera: junto a las estatuas de Enrique Díaz de León y Heliodoro Hernández Loza. Retenido, el conductor del transporte público fue sometido a la prueba del alcoholímetro.
El resultado de la prueba fue de 0.88 grados de alcohol en la sangre. La traducción: intoxicado. “Andaba conduciendo bien. Me detuvieron por la falta de cinturón nada más”, respondió minutos antes de que le colocaran las esposas y lo trasladaran al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA). Su licencia quedó suspendida.
Entre el 2005 y los primeros tres meses de 2016, la Dirección Jurídica de Transporte Público en la Secretaría de Movilidad (Semov) ha recibido dos mil 657 expedientes para suspensión o cancelación de licencias a choferes que causaron accidentes o, como el caso de Armando, incurrieron en faltas graves durante su jornada laboral.
De acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia de la Semov, de ese total, 306 licencias han sido canceladas, 369 fueron suspendidas (temporalmente) y 59 más están en trámite. El resto: mil 923, hoy son expedientes “archivados”. Estos últimos representan el 72% del total. La Dirección Jurídica de la Semov recuerda que muchos procedimientos prescriben con el tiempo.
NUMERALIA
Sanciones
2,657 expedientes de suspensión o cancelación de licencia a conductores del transporte público, entre enero de 2005 y abril de 2016.
1,923 de esos expedientes están archivados.
369 licencias retiradas.
53 procedimientos de revocación de concesión o permiso a rutas del transporte público, entre enero de 2005 y abril de 2016.
32 de esos procedimientos fueron improcedentes.
13 de esos procedimientos aún están en curso.
8 concesiones revocadas en el periodo en mención.
Van ocho concesiones de camiones revocadas
En el mismo periodo, 11 años y tres meses, la Secretaría de Movilidad inició 53 procedimientos administrativos de revocación de concesiones o permisos para rutas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con la misma fuente, sólo hay ocho resoluciones a través de las cuales se revocaron las concesiones. Aún hay 13 procedimientos en curso y los 32 restantes se declararon “improcedentes”. En ninguno de esos casos se precisan las rutas.
En ese sentido, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, afirma que desde que está al frente de la Semov (julio de 2015), “no hay accidente en el que no iniciemos (el procedimiento para) la cancelación de la concesión y la licencia”.
Actualmente, afirma, hay más de 70 procedimientos en revisión. Destaca, a su vez, que justo cuando se notifica de un choque (haya o no víctimas mortales), “inmediatamente se suspende la licencia vía internet, y los transfieren a la Dirección Jurídica de Transporte Público para iniciar el procedimiento administrativo”.
La demora en las resoluciones ocurre porque no es posible cancelar licencias en tanto no se tenga un dictamen oficial, sea del Juzgado en turno o del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). “Si nosotros decimos: ‘Hay responsabilidad’ y el dictamen dice que no, actuaríamos contra los derechos de los transportistas”.
“Fue con fines políticos”
Cuando pasó el accidente que cobró la vida de María Fernanda Vázquez, en marzo de 2014, la familia de la joven estudiante de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibió atención inmediata. La Fiscalía atendió su caso durante las primeras horas y después el Estado les proporcionó ayuda psicológica. “Sólo a ellos”.
“En ese accidente hubo más de 20 lesionados graves. Nadie se acercó con ninguna de las víctimas, más que con nosotros. Eso nos causa mucho estrago porque hay lesionados que quedaron muy, muy mal”, recuerda su hermana Belén Vázquez.
Las aseguradoras, narra otra de sus hermanas Abril Vázquez, se acercaron con varios de los heridos y les ofrecieron cubrir todos sus gastos médicos… en tanto otorgaran el perdón para evitar demandas a los permisionarios de la Ruta 368, que antes de María Fernanda había cobrado una vida por año en 2009, 2010 y 2011, de acuerdo con los registros del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ).
“Eso es fatal. Las aseguradoras no prestan ayuda sino todo lo contrario. A quienes se les prometió esa ayuda fue a cambio del perdón, y con trabas y engaños”.
Dos años después de perder a su hermana, las jóvenes encabezan una plataforma que denominaron “Por un Transporte Digno” y que, lejos de la confrontación, busca armonía entre choferes y usuarios. Ambas entienden que no necesariamente el chofer es el responsable de los percances: es su modelo del trabajo.
“La idea es crear empatía entre el usuario y el operador. Los dos son trabajadores y tienen a alguien que los espera. Son usuarios del mismo espacio y víctimas de un mismo sistema”, opina Abril. “No lleva a nada la división. Por el contrario: si ellos se sienten apoyados, podremos impactar y alzar la voz de manera unificada para tener mejor resultado”.
Lamentan que una de las ciudades más importantes del país deba contar con organizaciones ciudadanas en contra de las muertes del transporte público, pues éstas “simplemente no deberían ocurrir”.
Belén espera que el tema de transporte no sea desplazado por el debate de las plataformas digitales, o el ordenamiento de taxis o mototaxis, pues “hay muchas rutas certificadas que continúan matando a las personas. Esto no está funcionando; necesitamos una restructuración del sistema: que se castigue a quienes realmente hacen mal”.
Abril abona en este sentido: “Es muy triste que sólo se enjuicie a un operador, siendo que detrás está el dueño y quien le otorga esa concesión o la licencia: a ellos son a quienes se debería castigar”. Y remata que, al menos como bono político (una de las razones por las que, sostienen, las autoridades cobijaron al principio el caso María Fernanda), las autoridades deberían poner empeño en este tenor.
“Que lo usen a su favor; nosotros eso esperamos. Que los políticos o quienes estén involucrados en mejorar el sistema del transporte aprovecharan esa plataforma… que lo hicieran bien y crearan un precedente importante. Es una plataforma excelente para ellos”, dice Belén.
ACEPTAN DEFICIENCIAS
Semov retomará la atención a víctimas
En enero de 2005 nació el Consejo para la Atención a Víctimas del Transporte Público: un Organismo Público Desconcentrado, con autonomía técnica, cuyo objetivo es atender “inmediatamente” a quienes eventualmente sufran perjuicios por alguna ruta.
Este organismo depende directamente de la Secretaría de Salud y fue conformado para apoyar a las víctimas prestándoles atención médica, hospitalaria, intervención quirúrgica, terapia hasta el alta o, en caso de requerirse, apoyo funerario.
Hoy, el Consejo está rebasado y además carece de infraestructura. “Aparte de Yannick Nordín (secretario técnico), no hay nadie”, reconoce el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda.
El funcionario estatal afirma que la norma y el reglamento bajo las cuales está cimentado el Consejo se han reformado. Su interés es que éste deje su adhesión a la Secretaría de Salud y sea la Semov la instancia que lo cobije.
Actualmente, el borrador de esta nueva norma está en manos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Servando Sepúlveda explica que se busca su aprobación para, eventualmente, darle un rumbo nuevo al Consejo.
"EL NUEVO MODELO SE ESTANCÓ"
Piden cero tolerancia
Dado que prestan un servicio público y que se paga por él, las unidades del transporte público no deberían verse involucradas en percances que causen muertes. Ni en Jalisco ni en México entero.
En la opinión de Alma Chávez, miembro del Colectivo Ciudadano por la Seguridad Vial, el que hayan muerto 539 personas en poco más de 11 años es una cifra enorme, pues no puede medirse en función de la cantidad de viajes diarios sino del fin que tiene la prestación de ese servicio: trasladar a ciudadanos.
“En el transporte público debe haber tolerancia cero: ninguna muerte. Debemos ver hacia una mejora total en los temas de movilidad”.
Recuerda que en grandes urbes de la Unión Americana, como Nueva York, un solo percance en su red del transporte público se vuelve un escándalo de escala nacional. “Y aquí tenemos a más de 500 familias sufriendo”.
Además, destaca que esas son únicamente las cifras de decesos, y no se cuentan los accidentes de menor escala, pero que han terminado con personas con discapacidad, o los daños colaterales que hay, por ejemplo, cuando una madre pierde a sus hijos, y viceversa.
“El problema es social; los muertos son de todos. El Estado debe tener esa sensibilidad”.
Lamenta, a su vez, que la Ruta 380 esté a la cabeza en percances mortales, pues su operación diaria, aunado a ese indicador, son pruebas de que “es un coto de poder de la Alianza de Camioneros”.
Entre los avances teóricos, habla del Observatorio de Movilidad y Transporte Público; del descenso a las tarifas (salvo en rutas que estén certificadas) y las mesas de negociación. En contraste, destaca que los diálogos continúan priorizando la lógica de los transportistas. “Tienen más poder del que se pudiera pensar; no sabemos aún quiénes son todos los dueños de las concesiones”.
Difieren en avances
La muerte de María Fernanda Vázquez afuera de la Preparatoria 10 sacudió a la opinión pública y provocó, además de una multitudinaria manifestación de los alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que el Gobierno del Estado ordenara una serie de medidas para la mejora del transporte público, enfocadas especialmente en la seguridad de la prestación del servicio.
El “nuevo modelo de transporte público” se echó a andar. El gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la tarifa del camión bajaría de siete a seis pesos, y la conformación de un Observatorio Ciudadano del Transporte Público que estaría integrado por núcleos de la sociedad civil, de estudiantes y empresarios.
Ese Observatorio emitió 37 recomendaciones para la mejora del sistema. Dos años después, las autoridades han acatado únicamente seis de éstas. “Ninguna de gran calado”, dice el coordinador de ese Observatorio, Alberto Galarza Villaseñor.
Mientras el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, defiende que se han cubierto todos los puntos, el representante estudiantil sostiene que el avance “ha sido nulo”.
“Aún partimos de cero. Lo único que puede hacerse es la ruta de las recomendaciones: calendarizada y con tiempos específicos aceptados por el Gobierno del Estado. Esa es la única ruta que puede seguir esta administración para poder lograr algo. De lo contrario, continuarán dejando a la suerte la reducción de accidentes del transporte público que cobran vidas”.
Destaca que si hay 539 muertos en poco más de una década, la cifra de lesionados, amputados o personas que salieron vivas de un percance, pero con alguna discapacidad, debe ser mucho mayor.
“¿Por qué la mayoría (de las muertes) está en Guadalajara? Porque la estructura de las rutas no obedece a un servicio eficiente, sino en donde está el negocio de los transportistas. Por eso hay 80 rutas, a fuerzas, por el primer cuadro de la ciudad, contaminándolo y con una competencia encarnizada por el pasaje”.
Servando Sepúlveda contesta que “le extraña” escuchar esas declaraciones, cuando todos los puntos del Observatorio han sido aceptados y atendidos por la autoridad. “Tenemos una nueva agenda con el Observatorio y concluyó hace 15 días”.
Sigue: #DebateInformador
¿Observa alguna mejoría en el sistema del transporte colectivo de la metrópoli?
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Siguió su ruta con normalidad. Entre los zigzagueos permitió que abordaran y descendieran los usuarios. Eventualmente llegó al Centro Histórico de Guadalajara. Giró hacia la Avenida 16 de Septiembre, cuando ésta aún no estaba cerrada al paso, y una agente vial le ordenó detenerse.
Armando Ortega atendió la indicación. Supuso que lo reprenderían por no llevar puesto el cinturón de seguridad, no porque circulaba ocupando dos carriles de la arteria. Confiaba que las autoridades nunca notarían el fuerte olor a alcohol que despedía su cuerpo.
Era el 22 de septiembre de 2014. Detuvo el camión justo afuera de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. La oficial subió a la unidad 1159 y de inmediato notó la condición del chofer. Estaba completamente alcoholizado.
Le pidieron descender del vehículo. Balbuceó y se tambaleó antes de ponerse de pie. Al bajar se recostó en la jardinera: junto a las estatuas de Enrique Díaz de León y Heliodoro Hernández Loza. Retenido, el conductor del transporte público fue sometido a la prueba del alcoholímetro.
El resultado de la prueba fue de 0.88 grados de alcohol en la sangre. La traducción: intoxicado. “Andaba conduciendo bien. Me detuvieron por la falta de cinturón nada más”, respondió minutos antes de que le colocaran las esposas y lo trasladaran al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA). Su licencia quedó suspendida.
Entre el 2005 y los primeros tres meses de 2016, la Dirección Jurídica de Transporte Público en la Secretaría de Movilidad (Semov) ha recibido dos mil 657 expedientes para suspensión o cancelación de licencias a choferes que causaron accidentes o, como el caso de Armando, incurrieron en faltas graves durante su jornada laboral.
De acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia de la Semov, de ese total, 306 licencias han sido canceladas, 369 fueron suspendidas (temporalmente) y 59 más están en trámite. El resto: mil 923, hoy son expedientes “archivados”. Estos últimos representan el 72% del total. La Dirección Jurídica de la Semov recuerda que muchos procedimientos prescriben con el tiempo.
NUMERALIA
Sanciones
2,657 expedientes de suspensión o cancelación de licencia a conductores del transporte público, entre enero de 2005 y abril de 2016.
1,923 de esos expedientes están archivados.
369 licencias retiradas.
53 procedimientos de revocación de concesión o permiso a rutas del transporte público, entre enero de 2005 y abril de 2016.
32 de esos procedimientos fueron improcedentes.
13 de esos procedimientos aún están en curso.
8 concesiones revocadas en el periodo en mención.
Van ocho concesiones de camiones revocadas
En el mismo periodo, 11 años y tres meses, la Secretaría de Movilidad inició 53 procedimientos administrativos de revocación de concesiones o permisos para rutas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo con la misma fuente, sólo hay ocho resoluciones a través de las cuales se revocaron las concesiones. Aún hay 13 procedimientos en curso y los 32 restantes se declararon “improcedentes”. En ninguno de esos casos se precisan las rutas.
En ese sentido, el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, afirma que desde que está al frente de la Semov (julio de 2015), “no hay accidente en el que no iniciemos (el procedimiento para) la cancelación de la concesión y la licencia”.
Actualmente, afirma, hay más de 70 procedimientos en revisión. Destaca, a su vez, que justo cuando se notifica de un choque (haya o no víctimas mortales), “inmediatamente se suspende la licencia vía internet, y los transfieren a la Dirección Jurídica de Transporte Público para iniciar el procedimiento administrativo”.
La demora en las resoluciones ocurre porque no es posible cancelar licencias en tanto no se tenga un dictamen oficial, sea del Juzgado en turno o del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). “Si nosotros decimos: ‘Hay responsabilidad’ y el dictamen dice que no, actuaríamos contra los derechos de los transportistas”.
“Fue con fines políticos”
Cuando pasó el accidente que cobró la vida de María Fernanda Vázquez, en marzo de 2014, la familia de la joven estudiante de la Preparatoria 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG) recibió atención inmediata. La Fiscalía atendió su caso durante las primeras horas y después el Estado les proporcionó ayuda psicológica. “Sólo a ellos”.
“En ese accidente hubo más de 20 lesionados graves. Nadie se acercó con ninguna de las víctimas, más que con nosotros. Eso nos causa mucho estrago porque hay lesionados que quedaron muy, muy mal”, recuerda su hermana Belén Vázquez.
Las aseguradoras, narra otra de sus hermanas Abril Vázquez, se acercaron con varios de los heridos y les ofrecieron cubrir todos sus gastos médicos… en tanto otorgaran el perdón para evitar demandas a los permisionarios de la Ruta 368, que antes de María Fernanda había cobrado una vida por año en 2009, 2010 y 2011, de acuerdo con los registros del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ).
“Eso es fatal. Las aseguradoras no prestan ayuda sino todo lo contrario. A quienes se les prometió esa ayuda fue a cambio del perdón, y con trabas y engaños”.
Dos años después de perder a su hermana, las jóvenes encabezan una plataforma que denominaron “Por un Transporte Digno” y que, lejos de la confrontación, busca armonía entre choferes y usuarios. Ambas entienden que no necesariamente el chofer es el responsable de los percances: es su modelo del trabajo.
“La idea es crear empatía entre el usuario y el operador. Los dos son trabajadores y tienen a alguien que los espera. Son usuarios del mismo espacio y víctimas de un mismo sistema”, opina Abril. “No lleva a nada la división. Por el contrario: si ellos se sienten apoyados, podremos impactar y alzar la voz de manera unificada para tener mejor resultado”.
Lamentan que una de las ciudades más importantes del país deba contar con organizaciones ciudadanas en contra de las muertes del transporte público, pues éstas “simplemente no deberían ocurrir”.
Belén espera que el tema de transporte no sea desplazado por el debate de las plataformas digitales, o el ordenamiento de taxis o mototaxis, pues “hay muchas rutas certificadas que continúan matando a las personas. Esto no está funcionando; necesitamos una restructuración del sistema: que se castigue a quienes realmente hacen mal”.
Abril abona en este sentido: “Es muy triste que sólo se enjuicie a un operador, siendo que detrás está el dueño y quien le otorga esa concesión o la licencia: a ellos son a quienes se debería castigar”. Y remata que, al menos como bono político (una de las razones por las que, sostienen, las autoridades cobijaron al principio el caso María Fernanda), las autoridades deberían poner empeño en este tenor.
“Que lo usen a su favor; nosotros eso esperamos. Que los políticos o quienes estén involucrados en mejorar el sistema del transporte aprovecharan esa plataforma… que lo hicieran bien y crearan un precedente importante. Es una plataforma excelente para ellos”, dice Belén.
ACEPTAN DEFICIENCIAS
Semov retomará la atención a víctimas
En enero de 2005 nació el Consejo para la Atención a Víctimas del Transporte Público: un Organismo Público Desconcentrado, con autonomía técnica, cuyo objetivo es atender “inmediatamente” a quienes eventualmente sufran perjuicios por alguna ruta.
Este organismo depende directamente de la Secretaría de Salud y fue conformado para apoyar a las víctimas prestándoles atención médica, hospitalaria, intervención quirúrgica, terapia hasta el alta o, en caso de requerirse, apoyo funerario.
Hoy, el Consejo está rebasado y además carece de infraestructura. “Aparte de Yannick Nordín (secretario técnico), no hay nadie”, reconoce el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda.
El funcionario estatal afirma que la norma y el reglamento bajo las cuales está cimentado el Consejo se han reformado. Su interés es que éste deje su adhesión a la Secretaría de Salud y sea la Semov la instancia que lo cobije.
Actualmente, el borrador de esta nueva norma está en manos del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Servando Sepúlveda explica que se busca su aprobación para, eventualmente, darle un rumbo nuevo al Consejo.
"EL NUEVO MODELO SE ESTANCÓ"
Piden cero tolerancia
Dado que prestan un servicio público y que se paga por él, las unidades del transporte público no deberían verse involucradas en percances que causen muertes. Ni en Jalisco ni en México entero.
En la opinión de Alma Chávez, miembro del Colectivo Ciudadano por la Seguridad Vial, el que hayan muerto 539 personas en poco más de 11 años es una cifra enorme, pues no puede medirse en función de la cantidad de viajes diarios sino del fin que tiene la prestación de ese servicio: trasladar a ciudadanos.
“En el transporte público debe haber tolerancia cero: ninguna muerte. Debemos ver hacia una mejora total en los temas de movilidad”.
Recuerda que en grandes urbes de la Unión Americana, como Nueva York, un solo percance en su red del transporte público se vuelve un escándalo de escala nacional. “Y aquí tenemos a más de 500 familias sufriendo”.
Además, destaca que esas son únicamente las cifras de decesos, y no se cuentan los accidentes de menor escala, pero que han terminado con personas con discapacidad, o los daños colaterales que hay, por ejemplo, cuando una madre pierde a sus hijos, y viceversa.
“El problema es social; los muertos son de todos. El Estado debe tener esa sensibilidad”.
Lamenta, a su vez, que la Ruta 380 esté a la cabeza en percances mortales, pues su operación diaria, aunado a ese indicador, son pruebas de que “es un coto de poder de la Alianza de Camioneros”.
Entre los avances teóricos, habla del Observatorio de Movilidad y Transporte Público; del descenso a las tarifas (salvo en rutas que estén certificadas) y las mesas de negociación. En contraste, destaca que los diálogos continúan priorizando la lógica de los transportistas. “Tienen más poder del que se pudiera pensar; no sabemos aún quiénes son todos los dueños de las concesiones”.
Difieren en avances
La muerte de María Fernanda Vázquez afuera de la Preparatoria 10 sacudió a la opinión pública y provocó, además de una multitudinaria manifestación de los alumnos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), que el Gobierno del Estado ordenara una serie de medidas para la mejora del transporte público, enfocadas especialmente en la seguridad de la prestación del servicio.
El “nuevo modelo de transporte público” se echó a andar. El gobernador Aristóteles Sandoval anunció que la tarifa del camión bajaría de siete a seis pesos, y la conformación de un Observatorio Ciudadano del Transporte Público que estaría integrado por núcleos de la sociedad civil, de estudiantes y empresarios.
Ese Observatorio emitió 37 recomendaciones para la mejora del sistema. Dos años después, las autoridades han acatado únicamente seis de éstas. “Ninguna de gran calado”, dice el coordinador de ese Observatorio, Alberto Galarza Villaseñor.
Mientras el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, defiende que se han cubierto todos los puntos, el representante estudiantil sostiene que el avance “ha sido nulo”.
“Aún partimos de cero. Lo único que puede hacerse es la ruta de las recomendaciones: calendarizada y con tiempos específicos aceptados por el Gobierno del Estado. Esa es la única ruta que puede seguir esta administración para poder lograr algo. De lo contrario, continuarán dejando a la suerte la reducción de accidentes del transporte público que cobran vidas”.
Destaca que si hay 539 muertos en poco más de una década, la cifra de lesionados, amputados o personas que salieron vivas de un percance, pero con alguna discapacidad, debe ser mucho mayor.
“¿Por qué la mayoría (de las muertes) está en Guadalajara? Porque la estructura de las rutas no obedece a un servicio eficiente, sino en donde está el negocio de los transportistas. Por eso hay 80 rutas, a fuerzas, por el primer cuadro de la ciudad, contaminándolo y con una competencia encarnizada por el pasaje”.
Servando Sepúlveda contesta que “le extraña” escuchar esas declaraciones, cuando todos los puntos del Observatorio han sido aceptados y atendidos por la autoridad. “Tenemos una nueva agenda con el Observatorio y concluyó hace 15 días”.
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¿Observa alguna mejoría en el sistema del transporte colectivo de la metrópoli?
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