Ricardo Suro renuncia a doble sueldo, pero sigue con los privilegios

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAR/2017).- En diciembre pasado, tras ser electo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves señaló que estaría dispuesto a dejar de recibir el doble sueldo como titular del Consejo de la Judicatura (68 mil 826 pesos mensuales), lo cual se concretó mediante el acuerdo 173/2017 aprobado el 25 de enero pasado.

Desde entonces el magistrado ha renunciado a cinco cheques correspondientes a los meses de enero, febrero y la primera quincena de marzo, por lo que su ingreso mensual se queda en 183 mil 505 pesos sólo como presidente del Supremo. Sin embargo, sus percepciones son mayores a las que recibe Aristóteles Sandoval: 166 mil pesos.

Juan Diego Martínez Delgado, director de Planeación, administración y finanzas del Consejo de la Judicatura, confirma la devolución de los cheques a través de un documento en el que aparecen los cinco pagos cancelados, aunque en la nómina del organismo siguen apareciendo los pagos al consejero presidente.

“En la nómina de marzo ya no aparecerán… la nómina se emite en automático, pero no ha recogido los cheques”. Se solicitó copia de los cheques y del acuerdo que promueve Ricardo Suro para rechazar esta prestación, pero no se recibió la información.

Según el organismo, el recurso que no ha sido cobrado (172 mil pesos en total) se ha reintegrado al Capítulo 1000 del Consejo para mitigar el déficit que tiene la institución.

Resalta que desde mayo de 2016 entró en vigor una reforma constitucional que obliga a que ningún servidor público de Jalisco gane más que el gobernador. Aunque la reforma, presumida por los legisladores en 2016, no toca el sueldo de Ricardo Suro como magistrado porque ya tenía ese cargo antes de su aprobación, existen otros funcionarios del Poder Judicial que se aferran a mantener sus privilegios.

En lugar de seguir el ejemplo de Ricardo Suro, que renunció a un sobresueldo otorgado por su reciente nombramiento como consejero presidente de la Judicatura, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, nombrado en enero pasado, percibe un sueldo bruto de 183 mil pesos mensuales brutos, frente a los 166 mil del gobernador.

Pedro de Alba Letipichía, quien en septiembre pasado fue nombrado como consejero de la Judicatura, tiene un sueldo de 180 mil pesos mensuales, al igual que los consejeros Irma Leticia Leal Moya y Eduardo Moel Modiano, quienes obtuvieron su nombramiento justo antes de la entrada en vigor de esta reforma (mayo de 2016), pero que entraron en funciones cuando ya aplicaba.

En términos generales, el ordenamiento especifica que todos los magistrados y los consejeros de la Judicatura, legisladores, funcionarios estatales, municipios y sus organismos, deben acatar la medida.

Sin embargo, como presidente del Poder Judicial de Jalisco, Ricardo Suro tiene una serie de beneficios, que van desde una amplia plantilla laboral a su disposición, compensaciones y gratificaciones millonarias, gastos de representación, viáticos, comidas, vehículos, escoltas y choferes, entre otros. De acuerdo con el portal de transparencia del Supremo, el presidente cuenta con un contador, tres secretarios relatores, un secretario particular, dos secretarias, tres auxiliares judiciales, dos trabajadores en taquigrafía y dos choferes. En total, el presupuesto anual para la Presidencia del Tribunal ascendió a 57.8 millones de pesos en 2016.

Por otra parte, en la Presidencia de la Judicatura dispone de otros 12 servidores públicos adicionales (tres cobran por honorarios): cuatro secretarios relatores, cinco auxiliares y tres jefes de sección.

CLAVE

Los salarios en otros Estados

El sueldo bruto del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Ricardo Suro, es de 183 mil 505 pesos al mes. Esta cifra es inferior a los 184 mil 743 pesos que gana Carlos Emilio Arenas Bátiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Nuevo León, pero superior a los 169 mil 302 pesos que obtiene el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar.

En el Poder Judicial del Estado de México no se incluye en su sitio de internet las percepciones de su titular.

El Poder Judicial de Veracruz tampoco da a conocer el sueldo de Edel Humberto Álvarez Peña, su presidente.

Comparativo

Las dos áreas de Presidencia del Supremo y la Judicatura cuestan al erario, por lo menos en los conceptos mencionados, 63 millones de pesos, una cifra que representa 10 veces más que el presupuesto asignado al Despacho del Gobernador Aristóteles Sandoval: 6.6 millones de pesos.

Mientras Suro tiene percepciones mensuales por 183 mil pesos, Aristóteles recibe 166 mil.

Ocultan gasto

Si de ser omisos se trata, los magistrados del Supremo Tribunal de Jalisco se llevan de calle a sus homólogos de otras Entidades. Mientras otros Tribunales estatales sí cumplen con la publicación de información fundamental que marca la Ley de Transparencia, en Jalisco los magistrados no publican la distribución del presupuesto que ejercerán este año, por lo que no es posible conocer cómo se erogarán los 488.6 millones de pesos que le fueron asignados en este año.

La omisión es mayor: los magistrados tampoco publican las pólizas de los cheques que han sido expedidos desde octubre del año pasado, los estados de cuenta que guardan información sobre pagos de nómina, de pensiones y gasto corriente, los estados financieros mensuales ni la cuenta pública del 2015 y 2016.

Aunque se puede consultar la nómina actualizada, la Dirección de Transparencia también incumple en actualizar el tabulador de sueldos 2017 y la plantilla de personal, la cual no se ha actualizado desde el año 2015. La consecuencia es que se desconoce el costo total de la nómina y el número de trabajadores que cobran en el Tribunal, pues si se quiere consultar la nómina se debe introducir nombre y apellido de cada funcionario.

Otros incisos de la nómina que están en proceso de actualización “por las reformas a la Ley de Transparencia” son los que refieren la información sobre las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; el nombre y RFC de quienes se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como las exenciones fiscales; y el listado de personas y empresas a las que se les ha asignado recursos públicos.

Tampoco está actualizado el padrón de proveedores de este año ni se han publicado los contratos de prestación de servicios o por honorarios, ni el gasto por concepto de asesorías desde el año 2015. El Tribunal tampoco ha sido auditado desde 2011, cuando se realizó la última auditoría externa.

GUÍA

¿Y el desempeño?

Los magistrados también desatienden la responsabilidad de transparentar estadísticas e indicadores sobre su actuación y desempeño. Lo anterior significa que es imposible conocer el total de asuntos turnados y resueltos por cada magistrado, el número de resoluciones resueltas, los amparos negados o concedidos, las quejas administrativas contra su desempeño y las asistencias a las sesiones plenarias, entre otros indicadores, pues sólo es posible acceder a las estadísticas por Sala.

Se buscó a la Dirección de Administración para acceder a la distribución del presupuesto (información que debe estar publicada en el portal de transparencia), pero el funcionario Edgar Hernández respondió que se debe solicitar a la Unidad de Transparencia, instancia que señaló que dará respuesta en ocho días.

PERIODO 2016-2017

Autorizan 20 millones para “aportaciones voluntarias”

Los presupuestos aprobados de los periodos 2016 y 2017 en el Supremo Tribunal de Justicia tienen una partida específica que considera “aportaciones extraordinarias”. Este concepto se refiere a los “pagos que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos”, en tanto éstos sean aprobados por sus respectivo órgano de Gobierno.

Los “bonos” son entregados a discreción. La partida 4131, que en ambos años suma 20 millones 300 mil pesos, sólo indica que la asignación presupuestal puede irse a ese concepto, o bien, a los haberes por retiro. No desagrega.

El año pasado, tres ex magistrados recibieron 15 millones de pesos para su retiro. José María Magallanes Valenzuela, Joaquín Moreno Contreras y Jaime Cedeño Corral obtuvieron, cada uno, cinco millones en promedio. El recurso salió de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).

Entonces, el secretario de acuerdos del Tribunal, Juan Carlos Rodríguez, informó que había otros cuatro interesados en recibir su bono de retiro para este año, adicional a su pensión mensual. Confirmó que Miguel Ángel Estrada Nava, Gilberto Ernesto Garabito García, Alfredo González Becerra y Ernesto Chavoya Fernández, habían interpuesto juicios de amparo para obtener su prestación, que fue aprobada en la pasada Legislatura de Jalisco.

El Supremo Tribunal solicitó 35.3 millones de pesos este año para cubrir esa arista, según comentó en su momento Juan Carlos Rodríguez. El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, Saúl Galindo Plazola, informó hace una semana que la reforma judicial ya no considera el haber por retiro como prestación para ex magistrados. Por eso debe desaparecer.

TELÓN DE FONDO

Estímulos, comidas, flores, teles… y las sesiones de fotos

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en 2016, último año que Luis Carlos Vega Pámanes ocupó la presidencia de este órgano, tuvo 879 mil 138 pesos para comprar “productos alimenticios”. El recurso fue sólo para el área de Presidencia.

Sin embargo, hasta el momento no es posible consultar el monto destinado en este año a esa partida, pues en su página de internet no lo han transparentado y, en cambio, sólo ofrece la publicación de El Periódico Oficial El Estado de Jalisco, donde no se detallan los montos.

Otros beneficios integrados en el documento son los 405 mil 437 pesos para los “estímulos al personal” y otros 356 mil 095 para “otros estímulos”.

El Supremo tampoco ha actualizado la información sobre los cheques emitidos a partir de noviembre, mes en el que Vega Pámanes presentó su renuncia en el Congreso del Estado luego de las acusaciones en su contra por abuso de poder y por la difusión de sus antecedentes penales.

La póliza más reciente es de octubre de 2016, mes en el que la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia compró flores, televisores, tarjetas de presentación y hasta pagó sesiones fotográficas.

Por ejemplo, el pasado 10 de octubre, tres días antes de que se diera a conocer el audio en el que Vega Pámanes le pidió al comisario de la Policía de Guadalajara, Salvador Caro, la liberación de dos personas detenidas por portar armas, se compraron 21 cuadernillos color verde. Según el cheque emitido esa fecha, estos artículos costaron 14 mil 128 pesos.

El 13 de octubre se gastaron 10 mil 44 pesos en el cambio de llantas y el balanceo de una Chevrolet Silverado. Un día después la Presidencia pidió instalar en las salas nueve televisores de 50 pulgadas por los cuales se requirieron 137 mil 375 pesos.

El 20 de octubre solicitó “diversos arreglos florales” por los que erogó cinco mil 452 pesos. Ese mismo día autorizó la compra de 11 reproductores de DVD para las salas por un monto de 13 mil 171 pesos.

El 28 de octubre, un día después de que un medio de comunicación publicó que en 1984 Luis Carlos Vega Pámanes participó en el robo de un vehículo, se enfrentó a balazos con policías, atropelló a dos señoras y mató a una, se registró el pago de un levantamiento fotográfico, su proceso de edición y diseño gráfico por 23 mil 200 pesos.

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