Jalisco
Pugna de poderes suspende control de confianza a jueces
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia confía en sus propios métodos de vigilancia sobre la actuación de los juzgadores; hay críticas sobre la efectividad de los mismos
GUADALAJARA, JALISCO (21/OCT/2013).- Para el 19 de junio de 2016 todo el sistema de justicia penal en Jalisco habrá migrado hacia el nuevo modelo acusatorio y oral y dos de sus eslabones principales ingresarán al mismo tras un proceso de depuración y certificación: policías y Ministerio Público (MP), pero no así un tercero: los jueces.
De cada 100 elementos policiales y ministeriales, 63 han pasado por las pruebas de control de confianza (la autoridad estatal dice que son tres cuartas partes), pero en el Poder Judicial éstas no se han iniciado; su titular, Luis Carlos Vega Pámanes, lo sustenta en una invasión de su competencia y en que tienen sus propios métodos de vigilancia. ¿Cuáles son éstos?
Con los jueces, advierte, “el primer nombramiento es por cuatro años y después se le hace una evaluación y, si fueron debidamente acreditados, se les da ya definitividad; al magistrado (el primer periodo) es de siete años, y si fue acreditado se le da otro nombramiento de 10 años”. De los jueces se encarga el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; de los magistrados, los diputados.
La ratificación del juzgador debe basarse en una evaluación a su desempeño, en los resultados de visitas de inspección, en su grado académico y estudios, y en no tener una sanción por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero esto es muy distinto a una prueba de confianza, que analiza su ingreso económico y gasto para detectar enriquecimiento ilícito, si consume drogas ilegales o tiene ligas con la delincuencia mediante el examen poligráfico (cuya cientificidad fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
En efecto, para ser juez en Jalisco se necesita pasar por pruebas escritas, orales y prácticas para demostrar conocimiento y buen criterio, se valora también su labor y hasta la antigüedad en el servicio público, pero ni para el ingreso o ratificación se exigen exámenes tan rigurosos como los de un policía certificado.
Dice Vega Pámanes: “Somos un Poder independiente, no nos podemos ir a hacer un control de confianza con otro Poder porque sería la invasión de uno hacia el otro; tenemos que ser muy cuidadosos de lo que dice la Constitución Política de la sana diferencia de los tres Poderes”.
Cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa de la Ley de Control, el 13 de mayo de 2009, la autonomía de Poderes no se pasó por alto; por eso se propuso que la Unidad encargada de examinar fuera parte de la misma instancia judicial: “Con esto se pretende que cada dependencia sea la encargada de la evaluación de su propio personal, respetando la independencia del Poder Judicial”, decía el planteamiento avalado, pero hoy en suspenso.
UNO X UNO
Jueces cesados en el periodo 2005-2013
Expediente Nombre, cargo y lugar Sanción
217/2012-A José González, juez menor de El Tuito Destitución
134/2012-B Genaro Omar León Arango, juez menor de Villa Hidalgo Cese
182/2011-B María Elena Rodríguez, juez mixto de Cihuatlán Destitución
128/2013-C José Avalos Pelayo, juez penal de Lagos de Moreno Destitución
272/2013-C Miguel Valenzuela González, juez penal de Puerto Vallarta Destitución
Fuente: Informe de la Comisión de Visitaduría del CJEJ.
LA VIGILANCIA ACTUAL REDUCIDA
Dos vehículos para vigilar todo el Estado
Sin la creación de la Unidad de Control de Confianza del Poder Judicial, la tarea de vigilar a los jueces recae básicamente en la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, aunque el pleno de éste, encabezado por el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, también puede formar comités de investigación especiales y hacer visitas extraordinarias a juzgados.
La Dirección de Visitaduría debe inspeccionar los 104 juzgados al menos dos veces por año, pero el Consejo de la Judicatura advierte en su solicitud de presupuesto que hoy “cuenta con sólo dos vehículos modelo 2006 para realizar las visitas a todo el Estado, lo que hace que la frecuencia y programación se vea limitada”.
Además, la legislación le fija a la Visitaduría una obligación cuyo absurdo fue apuntado por el antecesor de Vega Pámanes, Celso Rodríguez: la dependencia debe advertirle al juez con una antelación de al menos 15 días que lo visitará para fiscalizarlo (EL INFORMADOR 01/AGO/2011).
En un reporte de la Judicatura que abarca de 2007 a 2010 se informa de nueve jueces contra los que se emprendieron averiguaciones previas por supuestos delitos. En otro difundido apenas el 15 de octubre, el consejo informa de cinco jueces cesados dentro de una relación de expedientes que van de 2005 hasta hoy en día.
FRASES
"El control de confianza ya en sí es un insulto que se le hace a un funcionario al que se le debe de tener toda la confianza, no es lo mismo que un policía "
"El que llega a ser funcionario público judicial ya pasó por un montón de cosas; el control de confianza, como que no me suena el nombrecito "
Luis Carlos Vega Pámanes, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Control quedó fuera de la Ley Orgánica
Aun cuando la Ley de Control de Confianza de Jalisco mandata a los jueces a pasar por estas pruebas para ingresar, permanecer y ascender en la estructura de impartición de justicia, los diputados de la pasada legislatura no modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial, así que en ningún punto se fijó en ella la obligación del juzgador de estar certificado para no ser cesado, como sí se hizo con todo el andamiaje legal alrededor de los policías (desde leyes estatales hasta los reglamentos municipales).
Los capítulos de la Ley Orgánica sobre la carrera judicial y el ingreso a ésta no fueron tocados por los diputados; por tanto, ni el método de selección de los jueces considera que deban estar certificados, ni se ordena al CJEJ a elegir sólo a personas que hayan aplicado las pruebas de confianza.
Si bien el especialista de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Felipe de Jesús Garibay Valle no está de acuerdo con la aplicación del control de confianza sobre los jueces, sí señala que, en el contexto de la concepción del legislador por contar con jueces certificados en Jalisco, es una “omisión” no haber adecuado con ese fin la ley que rige la vida interna del Poder Judicial.
Según la Ley de Control, la certificación será para los jueces de todas las materias: penal, familiar, civil y mercantil (104 en total), aunque son los primeros los que tienen en sus manos la libertad de las personas; también considera a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Electoral y Administrativo, e incluso al Instituto de Justicia Alternativa.
De cada 100 elementos policiales y ministeriales, 63 han pasado por las pruebas de control de confianza (la autoridad estatal dice que son tres cuartas partes), pero en el Poder Judicial éstas no se han iniciado; su titular, Luis Carlos Vega Pámanes, lo sustenta en una invasión de su competencia y en que tienen sus propios métodos de vigilancia. ¿Cuáles son éstos?
Con los jueces, advierte, “el primer nombramiento es por cuatro años y después se le hace una evaluación y, si fueron debidamente acreditados, se les da ya definitividad; al magistrado (el primer periodo) es de siete años, y si fue acreditado se le da otro nombramiento de 10 años”. De los jueces se encarga el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; de los magistrados, los diputados.
La ratificación del juzgador debe basarse en una evaluación a su desempeño, en los resultados de visitas de inspección, en su grado académico y estudios, y en no tener una sanción por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero esto es muy distinto a una prueba de confianza, que analiza su ingreso económico y gasto para detectar enriquecimiento ilícito, si consume drogas ilegales o tiene ligas con la delincuencia mediante el examen poligráfico (cuya cientificidad fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
En efecto, para ser juez en Jalisco se necesita pasar por pruebas escritas, orales y prácticas para demostrar conocimiento y buen criterio, se valora también su labor y hasta la antigüedad en el servicio público, pero ni para el ingreso o ratificación se exigen exámenes tan rigurosos como los de un policía certificado.
Dice Vega Pámanes: “Somos un Poder independiente, no nos podemos ir a hacer un control de confianza con otro Poder porque sería la invasión de uno hacia el otro; tenemos que ser muy cuidadosos de lo que dice la Constitución Política de la sana diferencia de los tres Poderes”.
Cuando el Ejecutivo presentó la iniciativa de la Ley de Control, el 13 de mayo de 2009, la autonomía de Poderes no se pasó por alto; por eso se propuso que la Unidad encargada de examinar fuera parte de la misma instancia judicial: “Con esto se pretende que cada dependencia sea la encargada de la evaluación de su propio personal, respetando la independencia del Poder Judicial”, decía el planteamiento avalado, pero hoy en suspenso.
UNO X UNO
Jueces cesados en el periodo 2005-2013
Expediente Nombre, cargo y lugar Sanción
217/2012-A José González, juez menor de El Tuito Destitución
134/2012-B Genaro Omar León Arango, juez menor de Villa Hidalgo Cese
182/2011-B María Elena Rodríguez, juez mixto de Cihuatlán Destitución
128/2013-C José Avalos Pelayo, juez penal de Lagos de Moreno Destitución
272/2013-C Miguel Valenzuela González, juez penal de Puerto Vallarta Destitución
Fuente: Informe de la Comisión de Visitaduría del CJEJ.
LA VIGILANCIA ACTUAL REDUCIDA
Dos vehículos para vigilar todo el Estado
Sin la creación de la Unidad de Control de Confianza del Poder Judicial, la tarea de vigilar a los jueces recae básicamente en la Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, aunque el pleno de éste, encabezado por el presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes, también puede formar comités de investigación especiales y hacer visitas extraordinarias a juzgados.
La Dirección de Visitaduría debe inspeccionar los 104 juzgados al menos dos veces por año, pero el Consejo de la Judicatura advierte en su solicitud de presupuesto que hoy “cuenta con sólo dos vehículos modelo 2006 para realizar las visitas a todo el Estado, lo que hace que la frecuencia y programación se vea limitada”.
Además, la legislación le fija a la Visitaduría una obligación cuyo absurdo fue apuntado por el antecesor de Vega Pámanes, Celso Rodríguez: la dependencia debe advertirle al juez con una antelación de al menos 15 días que lo visitará para fiscalizarlo (EL INFORMADOR 01/AGO/2011).
En un reporte de la Judicatura que abarca de 2007 a 2010 se informa de nueve jueces contra los que se emprendieron averiguaciones previas por supuestos delitos. En otro difundido apenas el 15 de octubre, el consejo informa de cinco jueces cesados dentro de una relación de expedientes que van de 2005 hasta hoy en día.
FRASES
"El control de confianza ya en sí es un insulto que se le hace a un funcionario al que se le debe de tener toda la confianza, no es lo mismo que un policía "
"El que llega a ser funcionario público judicial ya pasó por un montón de cosas; el control de confianza, como que no me suena el nombrecito "
Luis Carlos Vega Pámanes, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Control quedó fuera de la Ley Orgánica
Aun cuando la Ley de Control de Confianza de Jalisco mandata a los jueces a pasar por estas pruebas para ingresar, permanecer y ascender en la estructura de impartición de justicia, los diputados de la pasada legislatura no modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial, así que en ningún punto se fijó en ella la obligación del juzgador de estar certificado para no ser cesado, como sí se hizo con todo el andamiaje legal alrededor de los policías (desde leyes estatales hasta los reglamentos municipales).
Los capítulos de la Ley Orgánica sobre la carrera judicial y el ingreso a ésta no fueron tocados por los diputados; por tanto, ni el método de selección de los jueces considera que deban estar certificados, ni se ordena al CJEJ a elegir sólo a personas que hayan aplicado las pruebas de confianza.
Si bien el especialista de la Universidad de Guadalajara (UdeG) Felipe de Jesús Garibay Valle no está de acuerdo con la aplicación del control de confianza sobre los jueces, sí señala que, en el contexto de la concepción del legislador por contar con jueces certificados en Jalisco, es una “omisión” no haber adecuado con ese fin la ley que rige la vida interna del Poder Judicial.
Según la Ley de Control, la certificación será para los jueces de todas las materias: penal, familiar, civil y mercantil (104 en total), aunque son los primeros los que tienen en sus manos la libertad de las personas; también considera a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, Electoral y Administrativo, e incluso al Instituto de Justicia Alternativa.