Jalisco
Posponen nuevamente resolver asunto del auditor
Comisión de Responsabilidades no sesiona por falta de quórum
GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2011).- Por falta de quórum, la Comisión de Responsabilidades del
Congreso no sesionó este lunes. De acuerdo con la orden del día de esa comisión legislativa se pretendía someter a discusión y votación el proyecto de dictamen que presentaría el presidente de esa comisión legislativa, Carlos Briseño Becerra en el que se advierte la falta de documentos para sancionar al auditor, Alonso Godoy Pelayo, por percibir un monto cercano a los 10 millones extraordinarios a su salario.
El presidente de esa comisión legislativa dijo que en los próximos días volverán a ser citados, aunque no se dio a conocer la fecha.
“Yo cumplo con mi obligación de venir. En breve estaremos citando otra vez, tendré que citar a la comisión para que se discuta el proyecto de dictamen, con esa convicción de transparencia y en cuanto tenga la fecha, la daré a conocer”, dijo.
En la sesión que apenas duró unos cuantos minutos, estuvieron presentes representantes de organizaciones ciudadanas, quienes se inconformaron por “las largas que le dan al asunto” y lanzaron un llamado a los legisladores a tomar una decisión en torno al polémico caso del auditor.
Margarita Sierra del Congreso Ciudadano afirmó que los diputados sí tienen la facultad de sancionar al auditor y solicitar que deje el cargo.
“Es mentira que los diputados no pueden decirle al auditor que se vaya, eso es mentira porque ellos sí le pueden decir al auditor que se vaya, el auditor es un empleado de los diputados y le pueden decir que se vaya por ineficiente. Si su auditoría y la de Russell Bedford son tan diferentes y hay tantas discrepancias, el señor no es un buen auditor y por lo tanto se tiene que ir y si se va a amparar que lo haga”, señaló.
Para Ignacio Gutiérrez de Iluminemos México “las acciones dilatorias” como llamó a las acciones de los diputados para no resolver el tema son “una burla”, recordó que le caso del auditor está en “la cancha del Congreso” desde hace 200 días.
Los inconformes dijeron que en los próximos días dirigirán cartas a los integrantes de esta comisión legislativa exhortándolos a tomar una resolución.
Los legisladores que acudieron a la sesión fueron el presidente, Carlos Briseño y Felipe de Jesús Hernández; quienes presentaron justificante para no asistir a la sesión fueron del PRI, Marco Barba, Omar Hernández, Gabriel, Ponce, Patricia Retamoza y Raúl Vargas; quienes no llegaron a la comisión fueron los panistas, Isaías Cortés y Miguel Ángel Monraz, de acuerdo con versiones de los panistas pretendían llegar a la comisión pero el presidente concluyó antes de 15 minutos la sesión. -La Ley Orgánica del Poder Legislativa da hasta 15 minutos de tolerancia para iniciar las sesiones-
Telón de Fondo
El dictamen que se pretendía presentar, proponía al pleno del Congreso que “se deslinden responsabilidades y se inicien procedimientos en contra de los servidores públicos que resulten responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos hechos al auditor”.
En un segundo punto, el dictamen de la Comisión de Responsabilidades que concreta a petición del pleno del Congreso propone que se instruya al Secretario General del Congreso (Manuel Correa Ceseña) para que presente denuncias penales, de juicio político en contra de quienes resulten responsables por el extravío, robo y distracción del patrimonio del Congreso dentro del cual se consideran los archivos y documentos de este poder”, se lee.
En ninguno de los dos puntos se especifican nombres ni cargos de quienes habrían cometido las irregularidades; no obstante, los responsables de las finanzas y cuestiones administrativas, sería quienes ocuparon los cargos los secretarios de secretario General de Gobierno e integrantes de la Comisión de Administración de las pasadas Legislaturas. En el cuerpo del dictamen, establece que el pago al auditor habría sido ilegal, aunque no se especifican sanciones para el titular a la Auditoría Superior, Alonso Godoy.
“Recibimos copias simples que evidencian información con relación a la posible responsabilidad del auditor por recibir dinero por concepto de pagos extraordinarios, no se ha podido sustentar la existencia de documentos, acuerdos o decreto donde se autorizan los mismos (pagos) por lo que se deriva en una responsabilidad no solo para quien recibió, si no para quien autorizó y refrendaron dichos pagos y podrían ser sujetos de responsabilidad en materia penal, administrativa o político”.
En el dictamen, se concluye además que “la investigación realizada arroja indicios para señalar la mala administración de recursos públicos, malversación de fondos y extravío de documentos”.
El análisis que se llevó a cabo por el diputado Carlos Briseño advierte que no existen originales de los pagos ordinarios que habría recibido el auditor por un monto superior a los 10.7 millones de pesos, además añade una lista de otros funcionarios del Congreso del Estado que también habrían recibido recursos extraordinarios.
“La inexistencia de los documentos originales, se desprende una posible responsabilidad para quienes tuvieron bajo su potestad el resguardo y archivo los documentos, en este caso quien fungió como secretario General del Congreso –no menciona el nombre, era Alfredo Argüelles- y a quien se le hizo la entrega recepción de dicho documento –Carlos Corona-“.
En este tenor, el dictamen de la Comisión señala que “en relación al auditor, las percepciones ordinarias las recibió por concepto de salario integral y no se desprende responsabilidad”
No obstante, advierte que se encontraron documentos en los que se advierte que el auditor recibió pagos extraordinarios por un total de 10 millones 784 mil pesos, remuneración que dice el dictamen, recibió de parte de la Junta de Coordinación Política”, sin embargo no existe evidencia que existieran los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y para haber sido legales, debieron de haber pasado por el pleno del Poder Legislativo, presumimos que no sucedió porque no se encuentran antecedentes en los archivos”, se lee en el documento.
En el texto refiere además que existe constancia de una transferencia por 30 millones de pesos para la Auditoría Superior del Estado que habrían salido de la partida 3827, señala que existe constancia que existió acuerdo por parte de la Comisión de Administración para avalar este pago, pero señala que el acuerdo nunca se votó en el pleno.
Integrantes de la Comisión de Responsabilidades
Acudieron
Carlos Briseño Becerra PRI
Felipe de Jesús Hernández Verde
Faltaron con justificante
Omar Hernández PRI
Marco Barba PRI
Gabriel Ponce PRI
Patricia Retamoza PRI
Raúl Vargas PRD
No acudieron
Isaías Cortés Berumen PAN
Miguel Ángel Monraz PAN
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ
El presidente de esa comisión legislativa dijo que en los próximos días volverán a ser citados, aunque no se dio a conocer la fecha.
“Yo cumplo con mi obligación de venir. En breve estaremos citando otra vez, tendré que citar a la comisión para que se discuta el proyecto de dictamen, con esa convicción de transparencia y en cuanto tenga la fecha, la daré a conocer”, dijo.
En la sesión que apenas duró unos cuantos minutos, estuvieron presentes representantes de organizaciones ciudadanas, quienes se inconformaron por “las largas que le dan al asunto” y lanzaron un llamado a los legisladores a tomar una decisión en torno al polémico caso del auditor.
Margarita Sierra del Congreso Ciudadano afirmó que los diputados sí tienen la facultad de sancionar al auditor y solicitar que deje el cargo.
“Es mentira que los diputados no pueden decirle al auditor que se vaya, eso es mentira porque ellos sí le pueden decir al auditor que se vaya, el auditor es un empleado de los diputados y le pueden decir que se vaya por ineficiente. Si su auditoría y la de Russell Bedford son tan diferentes y hay tantas discrepancias, el señor no es un buen auditor y por lo tanto se tiene que ir y si se va a amparar que lo haga”, señaló.
Para Ignacio Gutiérrez de Iluminemos México “las acciones dilatorias” como llamó a las acciones de los diputados para no resolver el tema son “una burla”, recordó que le caso del auditor está en “la cancha del Congreso” desde hace 200 días.
Los inconformes dijeron que en los próximos días dirigirán cartas a los integrantes de esta comisión legislativa exhortándolos a tomar una resolución.
Los legisladores que acudieron a la sesión fueron el presidente, Carlos Briseño y Felipe de Jesús Hernández; quienes presentaron justificante para no asistir a la sesión fueron del PRI, Marco Barba, Omar Hernández, Gabriel, Ponce, Patricia Retamoza y Raúl Vargas; quienes no llegaron a la comisión fueron los panistas, Isaías Cortés y Miguel Ángel Monraz, de acuerdo con versiones de los panistas pretendían llegar a la comisión pero el presidente concluyó antes de 15 minutos la sesión. -La Ley Orgánica del Poder Legislativa da hasta 15 minutos de tolerancia para iniciar las sesiones-
Telón de Fondo
El dictamen que se pretendía presentar, proponía al pleno del Congreso que “se deslinden responsabilidades y se inicien procedimientos en contra de los servidores públicos que resulten responsables por la autorización, refrendo y recepción de pagos hechos al auditor”.
En un segundo punto, el dictamen de la Comisión de Responsabilidades que concreta a petición del pleno del Congreso propone que se instruya al Secretario General del Congreso (Manuel Correa Ceseña) para que presente denuncias penales, de juicio político en contra de quienes resulten responsables por el extravío, robo y distracción del patrimonio del Congreso dentro del cual se consideran los archivos y documentos de este poder”, se lee.
En ninguno de los dos puntos se especifican nombres ni cargos de quienes habrían cometido las irregularidades; no obstante, los responsables de las finanzas y cuestiones administrativas, sería quienes ocuparon los cargos los secretarios de secretario General de Gobierno e integrantes de la Comisión de Administración de las pasadas Legislaturas. En el cuerpo del dictamen, establece que el pago al auditor habría sido ilegal, aunque no se especifican sanciones para el titular a la Auditoría Superior, Alonso Godoy.
“Recibimos copias simples que evidencian información con relación a la posible responsabilidad del auditor por recibir dinero por concepto de pagos extraordinarios, no se ha podido sustentar la existencia de documentos, acuerdos o decreto donde se autorizan los mismos (pagos) por lo que se deriva en una responsabilidad no solo para quien recibió, si no para quien autorizó y refrendaron dichos pagos y podrían ser sujetos de responsabilidad en materia penal, administrativa o político”.
En el dictamen, se concluye además que “la investigación realizada arroja indicios para señalar la mala administración de recursos públicos, malversación de fondos y extravío de documentos”.
El análisis que se llevó a cabo por el diputado Carlos Briseño advierte que no existen originales de los pagos ordinarios que habría recibido el auditor por un monto superior a los 10.7 millones de pesos, además añade una lista de otros funcionarios del Congreso del Estado que también habrían recibido recursos extraordinarios.
“La inexistencia de los documentos originales, se desprende una posible responsabilidad para quienes tuvieron bajo su potestad el resguardo y archivo los documentos, en este caso quien fungió como secretario General del Congreso –no menciona el nombre, era Alfredo Argüelles- y a quien se le hizo la entrega recepción de dicho documento –Carlos Corona-“.
En este tenor, el dictamen de la Comisión señala que “en relación al auditor, las percepciones ordinarias las recibió por concepto de salario integral y no se desprende responsabilidad”
No obstante, advierte que se encontraron documentos en los que se advierte que el auditor recibió pagos extraordinarios por un total de 10 millones 784 mil pesos, remuneración que dice el dictamen, recibió de parte de la Junta de Coordinación Política”, sin embargo no existe evidencia que existieran los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y para haber sido legales, debieron de haber pasado por el pleno del Poder Legislativo, presumimos que no sucedió porque no se encuentran antecedentes en los archivos”, se lee en el documento.
En el texto refiere además que existe constancia de una transferencia por 30 millones de pesos para la Auditoría Superior del Estado que habrían salido de la partida 3827, señala que existe constancia que existió acuerdo por parte de la Comisión de Administración para avalar este pago, pero señala que el acuerdo nunca se votó en el pleno.
Integrantes de la Comisión de Responsabilidades
Acudieron
Carlos Briseño Becerra PRI
Felipe de Jesús Hernández Verde
Faltaron con justificante
Omar Hernández PRI
Marco Barba PRI
Gabriel Ponce PRI
Patricia Retamoza PRI
Raúl Vargas PRD
No acudieron
Isaías Cortés Berumen PAN
Miguel Ángel Monraz PAN
EL INFORMADOR/ ZAIRA RAMÍREZ