Jalisco
PAN hace “huizachadas” en el Instituto Electoral: Guízar
El presidente de tricolor en Jalisco se dijo sorprendido por las millonarias indemnizaciones para ex consejeros, incluyendo liquidaciones para ex asesor y ex secretario del organismo
GUADALAJARA, JALISCO.- La millonaria indemnización que recibieron los ex consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (
IEyPC), José Luis Castellanos González y Rosa del Carmen Álvarez López, motivaron a que el presidente del
PRI Jalisco, Javier Guízar Macías, se dijera sorprendido por las cantidades (9.2 y 3.7 millones de pesos, respectivamente, sin descontarles los impuestos), y reflejara que de momento hay un “completo rompimiento” político entre PRI y PAN, pues acusó a los panistas de estar “preparando otra huizachada” que según previó, se concretará este miércoles al publicarse una convocatoria para elegir a dos nuevos consejeros electorales, sin tomar en cuenta a los suplentes. Incluso, precisó, éstos tienen el apoyo de la presidenta nacional del tricolor, Beatriz Paredes Rangel.
Cuando se le cuestionó al presidente del PRI en Jalisco que además, fueron indemnizadas otras personas como el asesor de Castellanos González, Pedro Pablo Quintero Badillo, con tres millones 50 mil pesos, y al ex secretario general de instituto, Manuel Ríos Gutiérrez, siendo que ellos no eran consejeros electorales y por tanto, no estaban contemplados en el artículo tercero transitorio de la reforma electoral constitucional, ya invalidado por la Suprema Corte, sólo atinó a decir: “Pues… es mucho dinero”.
Aceptó que desde el principio, “nosotros estuvimos de acuerdo con la reforma y con ese artículo transitorio para remover a los consejeros electorales, pero los montos de indemnizaciones no los conocíamos. No estábamos enterados. Supongo que esas cantidades las determinaron los asesores técnicos de la Junta de Coordinación Política del Congreso”.
Entrevistado por separado, el representante del PRI ante el Instituto Electoral, José Luis Monterde Ramírez, coincidió en desconocer cómo fue que se asignaron las indemnizaciones al asesor Pedro Pablo Quintero y al ex secretario Manuel Ríos: “No lo sé. Desconozco qué negociación hicieron porque efectivamente, no eran consejeros electorales y no estaban contemplados en la reforma electoral”.
Javier Guízar adelantó que si hay elementos para proceder legalmente, el PRI asumirá su responsabilidad y denunciará formalmente, ante la autoridad correspondiente, los pagos ilegales que hayan acordado los diputados.
Las indemnizaciones descritas figuran en el acuerdo legislativo número 647-LVIII-08, aprobado en la sesión del pleno de los diputados del 12 de septiembre pasado, acuerdo pactado por los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD, junto con los diputados coordinadores de las diferentes fracciones en el Congreso.
El documento estuvo prácticamente oculto durante un mes, hasta que el pasado lunes, el secretario del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, recibió instrucciones para darlo a conocer públicamente. La oficina de Comunicación del Poder Legislativo lo distribuyó entonces, dando a conocer la información que por un mes fue sólo un manojo de reconocimientos por parte de legisladores como el mismo Jorge Salinas Osornio, el perredista Samuel Romero y el priista y presidente de la Comisión legislativa de Administración, Jorge Arana Arana.
Abogados de Jalisco condenan indemnización
También a los abogados jaliscienses miembros de 12 colegios y asociaciones, que se reunieron el martes en el Congreso estatal con litigantes de la Barra de Abogados México-Americana del Condado de Ventura, California, para estudiar la implementación de los juicios orales en Jalisco, les pareció exagerada “y deshonesta” la indemnización otorgada por los diputados a los ex consejeros electorales José Luis Castellanos González y Rosa del Carmen Álvarez López, junto con el asesor del primero y el ex secretario del instituto, que sumaron 17 millones 438 mil pesos.
El dirigente de estas agrupaciones, Luis Octavio Cotero Bernal, aseguró que pedirán en el mismo Poder Legislativo un juicio político contra los diputados que sean responsables, y afirmó que estas indemnizaciones son ilegales “y sobre todo, los impuestos cada quien los debe de absorber, no es para el mismo Estado, como es el caso de José Luis Castellanos, al que le entregaron nueve millones para que de los nueve devolviera tres y se quedara con seis. Eso no se vale, eso es una deshonestidad total y un encubrimiento por parte de quien se lo está permitiendo”.
En el encuentro con diputados y abogados californianos, Cotero Bernal, quien es presidente de la Asociación de Abogados de Jalisco, pidió formalmente al legislador del PRI, Javier Galván Guerrero, que promueva una reforma en la Ley de Profesiones del Estado, para obligatoriamente, todos los litigantes pertenezcan a un colegio de abogados, pues esta práctica beneficia a la sociedad al “dar certeza del ejercicio profesional solicitado, brindar seguridad a la autoridad en lo que se refiere al desempeño de funciones del abogado y también es una herramienta para denunciar al litigante ante el colegio correspondiente cuando incurra en alguna conducta indebida, a fin de que sea sancionado”.
Juicios orales, en 2009
En cuanto al tema que motivó la visita de los abogados de Ventura, los juicios orales, tema que ya se había tratado desde el pasado lunes, en un encuentro previo, el diputado Javier Galván anunció que “la intención” de los legisladores es concluir el estudio de las reformas necesarias en diferentes ordenamientos legales, para que el año entrante ya estén en vigencia este tipo de juicios.
“Nosotros quisiéramos que el próximo año ya estén en operación” anotó, pero advirtió que su implementación “todavía genera muchas dudas”, por lo que “deben afinarse los detalles”.
Cuando se le cuestionó al presidente del PRI en Jalisco que además, fueron indemnizadas otras personas como el asesor de Castellanos González, Pedro Pablo Quintero Badillo, con tres millones 50 mil pesos, y al ex secretario general de instituto, Manuel Ríos Gutiérrez, siendo que ellos no eran consejeros electorales y por tanto, no estaban contemplados en el artículo tercero transitorio de la reforma electoral constitucional, ya invalidado por la Suprema Corte, sólo atinó a decir: “Pues… es mucho dinero”.
Aceptó que desde el principio, “nosotros estuvimos de acuerdo con la reforma y con ese artículo transitorio para remover a los consejeros electorales, pero los montos de indemnizaciones no los conocíamos. No estábamos enterados. Supongo que esas cantidades las determinaron los asesores técnicos de la Junta de Coordinación Política del Congreso”.
Entrevistado por separado, el representante del PRI ante el Instituto Electoral, José Luis Monterde Ramírez, coincidió en desconocer cómo fue que se asignaron las indemnizaciones al asesor Pedro Pablo Quintero y al ex secretario Manuel Ríos: “No lo sé. Desconozco qué negociación hicieron porque efectivamente, no eran consejeros electorales y no estaban contemplados en la reforma electoral”.
Javier Guízar adelantó que si hay elementos para proceder legalmente, el PRI asumirá su responsabilidad y denunciará formalmente, ante la autoridad correspondiente, los pagos ilegales que hayan acordado los diputados.
Las indemnizaciones descritas figuran en el acuerdo legislativo número 647-LVIII-08, aprobado en la sesión del pleno de los diputados del 12 de septiembre pasado, acuerdo pactado por los presidentes de los partidos PRI, PAN y PRD, junto con los diputados coordinadores de las diferentes fracciones en el Congreso.
El documento estuvo prácticamente oculto durante un mes, hasta que el pasado lunes, el secretario del Congreso, Alfredo Argüelles Basave, recibió instrucciones para darlo a conocer públicamente. La oficina de Comunicación del Poder Legislativo lo distribuyó entonces, dando a conocer la información que por un mes fue sólo un manojo de reconocimientos por parte de legisladores como el mismo Jorge Salinas Osornio, el perredista Samuel Romero y el priista y presidente de la Comisión legislativa de Administración, Jorge Arana Arana.
Abogados de Jalisco condenan indemnización
También a los abogados jaliscienses miembros de 12 colegios y asociaciones, que se reunieron el martes en el Congreso estatal con litigantes de la Barra de Abogados México-Americana del Condado de Ventura, California, para estudiar la implementación de los juicios orales en Jalisco, les pareció exagerada “y deshonesta” la indemnización otorgada por los diputados a los ex consejeros electorales José Luis Castellanos González y Rosa del Carmen Álvarez López, junto con el asesor del primero y el ex secretario del instituto, que sumaron 17 millones 438 mil pesos.
El dirigente de estas agrupaciones, Luis Octavio Cotero Bernal, aseguró que pedirán en el mismo Poder Legislativo un juicio político contra los diputados que sean responsables, y afirmó que estas indemnizaciones son ilegales “y sobre todo, los impuestos cada quien los debe de absorber, no es para el mismo Estado, como es el caso de José Luis Castellanos, al que le entregaron nueve millones para que de los nueve devolviera tres y se quedara con seis. Eso no se vale, eso es una deshonestidad total y un encubrimiento por parte de quien se lo está permitiendo”.
En el encuentro con diputados y abogados californianos, Cotero Bernal, quien es presidente de la Asociación de Abogados de Jalisco, pidió formalmente al legislador del PRI, Javier Galván Guerrero, que promueva una reforma en la Ley de Profesiones del Estado, para obligatoriamente, todos los litigantes pertenezcan a un colegio de abogados, pues esta práctica beneficia a la sociedad al “dar certeza del ejercicio profesional solicitado, brindar seguridad a la autoridad en lo que se refiere al desempeño de funciones del abogado y también es una herramienta para denunciar al litigante ante el colegio correspondiente cuando incurra en alguna conducta indebida, a fin de que sea sancionado”.
Juicios orales, en 2009
En cuanto al tema que motivó la visita de los abogados de Ventura, los juicios orales, tema que ya se había tratado desde el pasado lunes, en un encuentro previo, el diputado Javier Galván anunció que “la intención” de los legisladores es concluir el estudio de las reformas necesarias en diferentes ordenamientos legales, para que el año entrante ya estén en vigencia este tipo de juicios.
“Nosotros quisiéramos que el próximo año ya estén en operación” anotó, pero advirtió que su implementación “todavía genera muchas dudas”, por lo que “deben afinarse los detalles”.