Jalisco
Olvidan en Jalisco ley anticorrupción
Otros 18 estados en México ya aprobaron sus respectivas legislaciones y cuentan con instrumentos para luchar contra esta irregularidad
GUADALAJARA, JALISCO (16/ENE/2015).- Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, Jalisco es superado por 18 entidades que sí tienen una ley para combatir la corrupción, entre las que figuran Aguascalientes, Baja California, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro y Veracruz, entre otros.
En el Congreso del Estado se encuentra atorada, desde junio de 2013, la propuesta de la diputada perredista Celia Fausto para crear una Fiscalía Anticorrupción, un marco jurídico que facilite los procedimientos para denunciar los actos de corrupción y una ley en la materia. El retraso en su discusión, a decir de la legisladora, se debe al rezago legislativo, pero confía en que se apruebe este año.
Señala que la falta de normatividad ha impedido que se contemplen castigos por corrupción, mientras que la ausencia de una autoridad exclusiva para prevenir, investigar y combatir estos actos ha sido el principal caldo de cultivo para que este mal sea el principal flagelo de la sociedad.
José Bautista Frías, investigador del ITESO, recuerda el incumplimiento de las propuestas en materia de combate a la corrupción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco: “La mayoría no se ha desarrollado, no ha mejorado la normatividad, el acceso a la información ni se están transparentando los procesos de toma de decisiones en los asuntos de interés público”.
Para los especialistas, la dispersión normativa y de las instancias encargadas de vigilar e implementar estrategias anticorrupción es uno de los grandes retos a atender.
Otras entidades llevan un camino más avanzado. En Yucatán nació desde 2009 el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, como un organismo desconcentrado de la Contraloría del Estado que se encarga de elaborar el programa para el combate a la corrupción, y establecer los mecanismos para prevenirla y erradicarla al interior de las dependencias estatales.
Promover la cultura de la denuncia ciudadana es uno de sus principales propósitos. Está facultada para recibir, analizar y responder las quejas ciudadanas vinculadas con actos en los que se encuentren involucrados servidores públicos estatales, aunque carece de facultades para sancionar.
Con un presupuesto de dos millones 400 mil pesos para este año, el instituto tiene un enfoque meramente preventivo. Su titular Luis Aldana Burgos explica que en 2014 se recibieron 135 quejas y capacitaron a dos mil 500 ciudadanos y tres mil 500 servidores públicos (de una nómina de ocho mil).
Sin embargo, reconoce lo difícil que resulta probar los actos de corrupción: “De entrada, no deja rastros… es muy complicado demostrar efectivamente un acto, por eso nos concentramos más en la prevención más que en sancionar al corrupto”.
Acuerdos internacionales
México ha suscrito tres convenciones internacionales anticorrupción: la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Éstas representan los instrumentos internacionales que contribuyen a sustentar las iniciativas y planes de acción anticorrupción de las instituciones gubernamentales y del sector privado en el país.
Atorada, figura del “testigo social”
La figura del “testigo social” surge en el contexto de la lucha global contra la corrupción, principalmente en los países que privilegian la participación ciudadana como parte de la solución de este problema. En México, la experiencia de esta figura en el ámbito federal acumula una década desde la primera edición de los lineamientos de la Secretaría de Función Pública a finales de 2004.
En Guadalajara, la implementación de la figura en los procedimientos de contrataciones ha sido impulsada, sin éxito, por la Oficina de Combate a la Corrupción. Pero a diferencia de otros municipios en el país, el Ayuntamiento tapatío no la ha respaldado.
“El problema es que se requiere de una reforma reglamentaria profunda, es un mecanismo internacionalmente reconocido para transparentar y hacer más eficiente las adquisiciones y adjudicaciones de obra pública, pero para que pudiéramos adoptar el ‘testigo social’ tenemos que hacer una reforma a la ley de ingresos, al reglamento de obra pública y adquisiciones”, explica José de Jesús Sosa López, responsable de la dependencia.
Confía en que, en un período municipal más, “el ‘testigo social’ estará implementado no sólo en Guadalajara sino en otros municipios. El proceso técnico y jurídico es el que nos complica”.
La figura es un importante elemento de prevención y disuasión de conductas irregulares y espacios de opacidad proclives a la corrupción, asegurando la transparencia de los procesos licitatorios del Estado, según la organización Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas.
En 2014 fue introducida en la Ley de Petróleos Mexicanos y en la de la CFE con el fin de transparentar los procesos de contratación. En el caso de Pemex, su Consejo de Administración establecerá los casos en que podrán participar “testigos sociales”. Según la legislación, les corresponde participar en calidad de observadores en las distintas etapas de los procedimientos de contratación, emitir un testimonio final que incluya observaciones y recomendaciones y, en su caso, dar aviso de las irregularidades a la Auditoría Interna y a la Unidad de Responsabilidades.
Se reservan diagnóstico
Establecida por primera vez durante la alcaldía del ahora gobernador, Aristóteles Sandoval, la Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara trabaja desde que arrancó la administración actual en un diagnóstico de la corrupción que estaría listo a finales de julio de 2013.
Sin embargo, una solicitud de información precisa que el diagnóstico es de carácter reservado dado que no se ha concluido el procedimiento de aprobación. El director de la dependencia, José de Jesús Sosa López, explica que el mapa de riesgos de la corrupción se actualiza semestralmente: “Está completo, tenemos identificadas las áreas de mayor riesgo, que son Servicios Públicos, Inspección y Vigilancia, Padrón y Licencias, Obras Públicas (…) Se identifica qué trámite, servicio o procedimiento está afectado por posibles actos de corrupción”.
Pero su publicación, dice, es una decisión que le compete al alcalde Ramiro Hernández. “(De momento) no hemos decidido hacerlo público, pero será un documento público que probablemente se presente al cierre de la administración”.
Mientras han estallado diversos escándalos en las áreas de Panteones e Inspección y Vigilancia, lejos de aumentar las quejas por presuntos actos de corrupción en el Ayuntamiento, éstas han disminuido en la presente administración: en 2012, la oficina recibió 623 denuncias, mientras en 2013 la cifra bajó a 415 y, el año pasado, sólo se reportaron 189.
Sosa López justifica la caída: “El sistema de registro que tenemos está vinculado al 070 y a los otros medios electrónicos del Ayunatamiento. Los años anteriores, 60% de las quejas recibidas eran por mal servicio y no estrictamente por actos de corrupción. Desde 2014 hemos logrado filtrar aquellos casos que sí son efectivamente quejas relacionadas con actos de corrupción”.
Se solicitó el número de denuncias y quejas que han llegado a sanciones, apercibimientos o despidos de funcionarios señalados, pero el Ayuntamiento no respondió.
Respecto a las principales agraviantes, Sosa López refiere que el primer motivo de las denuncias se relaciona con el otorgamiento de permisos, derechos, licencias o situaciones irregulares que no están apegadas al reglamento, “por los que sospechamos que hay un intercambio monetario que involucra a funcionarios de diversos niveles”. En segundo lugar destacan situaciones irregulares relativas al uso de la vía pública.
La meta
Informó que para 2015 la meta es concluir en 500 denuncias en materia de corrupción. “La estimación aumentará 10% porque estamos contemplando la posibilidad de que se presenten denuncias que tengan que ver con los procesos político electorales. No somos competentes para investigar eso, pero es probable que tengamos que ver situaciones en las que haya gente que denuncie un acto ilegal”.
Para José Bautista, investigador del ITESO, la percepción del incremento de la corrupción en Guadalajara es una muestra clara de que el combate a este mal no se solucionará si no se implementa un sistema de coordinación integral con una visión amplia que integre a todas las dependencias de la administración municipal.
La diputada Celia Fausto añade: “Los ciudadanos siguen padeciendo los efectos de la corrupción, no hay una actitud de disposición para poner orden”.
Los organismos deben ser autónomos: especialistas
En México no existe un organismo anticorrupción plenamente autónomo, los que existen dependen principalmente de las contralorías o fiscalías estatales.
Sin embargo, para que realmente puedan incidir en la disminución de esta práctica, los expertos ponen en primer orden su autonomía.
Además de esta condición, la aspirante a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, Martha Elena Balam Marín, propone que se conformen al interior de las entidades órganos colegiados integrados de tal forma que sus decisiones carezcan de cualquier influencia política o partidista.
Pero también deben tener las facultades suficientes de investigación y persecución, y la capacidad para combatir abiertamente la corrupción, añade la especialista.
Aunque el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción en Yucatán depende del Poder Ejecutivo, su titular también admite que lo más recomendable es que los organismos anticorrupción sean autónomos y tengan plenas facultades.
A Jalisco le recomienda dotar de autonomía a su Unidad, “no sólo del Ejecutivo sino también del Legislativo, de lo contrario no va a tener el peso, las facultades ni el poder para actuar. El Congreso puede ratificar a sus titulares, pero si no tiene autonomía será poco lo que se pueda avanzar”.
En esto coincide el investigador José Bautista Farías, quien sugiere tomar en cuenta la experiencia internacional de combate a la corrupción.
Ciudad Juárez, el ejemplo
Otros municipios han implementado el mismo mecanismo. El más reciente es Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se aprobó esta semana que las organizaciones gremiales, como la Cámara Nacional de Comercio, dirijan exclusivamente la figura en los procesos de compra de la ciudad, con el fin de transparentar las licitaciones públicas.
La ciudad de Puebla la contempla en su legislación desde hace una década. Mientras que en el Distrito Federal se presentó a finales del año pasado una iniciativa para introducir la figura en los procesos relevantes de contratación pública, con el fin de combatir la corrupción que prevalece en las principales instancias gubernamentales.
En Guadalajara, además de que el “testigo social” no se ha logrado introducir en la normativa, la aproximación con la ciudadanía también se ha visto afectada: “En 2014 tuvimos poco contacto ciudadano porque realmente no logramos localizar a jefes de colonias que quisieran trabajar con nosotros”, admite el titular de la Oficina de Combate a la Corrupción.
En 2014, la dependencia apenas capacitó a 120 servidores públicos, de una nómina que supera los 12 mil burócratas.
Martha Elena Balam Marín indica que la participación de los ciudadanos es indispensable para señalar cualquier acto de corrupción.
SABER MÁS
Padrón.- De acuerdo con la legislación nacional, los “testigos sociales” son las personas físicas o morales que cuentan con el registro correspondiente en el padrón público de esta figura, a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
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¿Cuál es la dependencia gubernamental en la que observa el mayor número de casos de corrupción?
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En el Congreso del Estado se encuentra atorada, desde junio de 2013, la propuesta de la diputada perredista Celia Fausto para crear una Fiscalía Anticorrupción, un marco jurídico que facilite los procedimientos para denunciar los actos de corrupción y una ley en la materia. El retraso en su discusión, a decir de la legisladora, se debe al rezago legislativo, pero confía en que se apruebe este año.
Señala que la falta de normatividad ha impedido que se contemplen castigos por corrupción, mientras que la ausencia de una autoridad exclusiva para prevenir, investigar y combatir estos actos ha sido el principal caldo de cultivo para que este mal sea el principal flagelo de la sociedad.
José Bautista Frías, investigador del ITESO, recuerda el incumplimiento de las propuestas en materia de combate a la corrupción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco: “La mayoría no se ha desarrollado, no ha mejorado la normatividad, el acceso a la información ni se están transparentando los procesos de toma de decisiones en los asuntos de interés público”.
Para los especialistas, la dispersión normativa y de las instancias encargadas de vigilar e implementar estrategias anticorrupción es uno de los grandes retos a atender.
Otras entidades llevan un camino más avanzado. En Yucatán nació desde 2009 el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción, como un organismo desconcentrado de la Contraloría del Estado que se encarga de elaborar el programa para el combate a la corrupción, y establecer los mecanismos para prevenirla y erradicarla al interior de las dependencias estatales.
Promover la cultura de la denuncia ciudadana es uno de sus principales propósitos. Está facultada para recibir, analizar y responder las quejas ciudadanas vinculadas con actos en los que se encuentren involucrados servidores públicos estatales, aunque carece de facultades para sancionar.
Con un presupuesto de dos millones 400 mil pesos para este año, el instituto tiene un enfoque meramente preventivo. Su titular Luis Aldana Burgos explica que en 2014 se recibieron 135 quejas y capacitaron a dos mil 500 ciudadanos y tres mil 500 servidores públicos (de una nómina de ocho mil).
Sin embargo, reconoce lo difícil que resulta probar los actos de corrupción: “De entrada, no deja rastros… es muy complicado demostrar efectivamente un acto, por eso nos concentramos más en la prevención más que en sancionar al corrupto”.
| Se duplican denuncias por corrupción | |||
| 302,645 | 2,388 | 4,533 | 5 |
| jaliscienses fueron víctimas de la corrupción en 2013 al tener contacto con algún servidor público | expedientes de quejas o denuncias por corrupción se han acumulado desde 2010 en el Ayuntamiento de Guadalajara | averiguaciones previas por presunta corrupción de servidores públicos se han abierto en Jalisco entre 2009 y 2014 | El Inegi ubica a Jalisco en este sitio entre las entidades con mayor número de auditorías realizadas por corrupción en 2013 (818) |
Acuerdos internacionales
México ha suscrito tres convenciones internacionales anticorrupción: la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Éstas representan los instrumentos internacionales que contribuyen a sustentar las iniciativas y planes de acción anticorrupción de las instituciones gubernamentales y del sector privado en el país.
Atorada, figura del “testigo social”
La figura del “testigo social” surge en el contexto de la lucha global contra la corrupción, principalmente en los países que privilegian la participación ciudadana como parte de la solución de este problema. En México, la experiencia de esta figura en el ámbito federal acumula una década desde la primera edición de los lineamientos de la Secretaría de Función Pública a finales de 2004.
En Guadalajara, la implementación de la figura en los procedimientos de contrataciones ha sido impulsada, sin éxito, por la Oficina de Combate a la Corrupción. Pero a diferencia de otros municipios en el país, el Ayuntamiento tapatío no la ha respaldado.
“El problema es que se requiere de una reforma reglamentaria profunda, es un mecanismo internacionalmente reconocido para transparentar y hacer más eficiente las adquisiciones y adjudicaciones de obra pública, pero para que pudiéramos adoptar el ‘testigo social’ tenemos que hacer una reforma a la ley de ingresos, al reglamento de obra pública y adquisiciones”, explica José de Jesús Sosa López, responsable de la dependencia.
Confía en que, en un período municipal más, “el ‘testigo social’ estará implementado no sólo en Guadalajara sino en otros municipios. El proceso técnico y jurídico es el que nos complica”.
La figura es un importante elemento de prevención y disuasión de conductas irregulares y espacios de opacidad proclives a la corrupción, asegurando la transparencia de los procesos licitatorios del Estado, según la organización Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas.
En 2014 fue introducida en la Ley de Petróleos Mexicanos y en la de la CFE con el fin de transparentar los procesos de contratación. En el caso de Pemex, su Consejo de Administración establecerá los casos en que podrán participar “testigos sociales”. Según la legislación, les corresponde participar en calidad de observadores en las distintas etapas de los procedimientos de contratación, emitir un testimonio final que incluya observaciones y recomendaciones y, en su caso, dar aviso de las irregularidades a la Auditoría Interna y a la Unidad de Responsabilidades.
Se reservan diagnóstico
Establecida por primera vez durante la alcaldía del ahora gobernador, Aristóteles Sandoval, la Oficina de Combate a la Corrupción del Ayuntamiento de Guadalajara trabaja desde que arrancó la administración actual en un diagnóstico de la corrupción que estaría listo a finales de julio de 2013.
Sin embargo, una solicitud de información precisa que el diagnóstico es de carácter reservado dado que no se ha concluido el procedimiento de aprobación. El director de la dependencia, José de Jesús Sosa López, explica que el mapa de riesgos de la corrupción se actualiza semestralmente: “Está completo, tenemos identificadas las áreas de mayor riesgo, que son Servicios Públicos, Inspección y Vigilancia, Padrón y Licencias, Obras Públicas (…) Se identifica qué trámite, servicio o procedimiento está afectado por posibles actos de corrupción”.
Pero su publicación, dice, es una decisión que le compete al alcalde Ramiro Hernández. “(De momento) no hemos decidido hacerlo público, pero será un documento público que probablemente se presente al cierre de la administración”.
Mientras han estallado diversos escándalos en las áreas de Panteones e Inspección y Vigilancia, lejos de aumentar las quejas por presuntos actos de corrupción en el Ayuntamiento, éstas han disminuido en la presente administración: en 2012, la oficina recibió 623 denuncias, mientras en 2013 la cifra bajó a 415 y, el año pasado, sólo se reportaron 189.
Sosa López justifica la caída: “El sistema de registro que tenemos está vinculado al 070 y a los otros medios electrónicos del Ayunatamiento. Los años anteriores, 60% de las quejas recibidas eran por mal servicio y no estrictamente por actos de corrupción. Desde 2014 hemos logrado filtrar aquellos casos que sí son efectivamente quejas relacionadas con actos de corrupción”.
Se solicitó el número de denuncias y quejas que han llegado a sanciones, apercibimientos o despidos de funcionarios señalados, pero el Ayuntamiento no respondió.
Respecto a las principales agraviantes, Sosa López refiere que el primer motivo de las denuncias se relaciona con el otorgamiento de permisos, derechos, licencias o situaciones irregulares que no están apegadas al reglamento, “por los que sospechamos que hay un intercambio monetario que involucra a funcionarios de diversos niveles”. En segundo lugar destacan situaciones irregulares relativas al uso de la vía pública.
La meta
Informó que para 2015 la meta es concluir en 500 denuncias en materia de corrupción. “La estimación aumentará 10% porque estamos contemplando la posibilidad de que se presenten denuncias que tengan que ver con los procesos político electorales. No somos competentes para investigar eso, pero es probable que tengamos que ver situaciones en las que haya gente que denuncie un acto ilegal”.
Para José Bautista, investigador del ITESO, la percepción del incremento de la corrupción en Guadalajara es una muestra clara de que el combate a este mal no se solucionará si no se implementa un sistema de coordinación integral con una visión amplia que integre a todas las dependencias de la administración municipal.
La diputada Celia Fausto añade: “Los ciudadanos siguen padeciendo los efectos de la corrupción, no hay una actitud de disposición para poner orden”.
Los organismos deben ser autónomos: especialistas
En México no existe un organismo anticorrupción plenamente autónomo, los que existen dependen principalmente de las contralorías o fiscalías estatales.
Sin embargo, para que realmente puedan incidir en la disminución de esta práctica, los expertos ponen en primer orden su autonomía.
Además de esta condición, la aspirante a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Anticorrupción de la PGR, Martha Elena Balam Marín, propone que se conformen al interior de las entidades órganos colegiados integrados de tal forma que sus decisiones carezcan de cualquier influencia política o partidista.
Pero también deben tener las facultades suficientes de investigación y persecución, y la capacidad para combatir abiertamente la corrupción, añade la especialista.
Aunque el Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción en Yucatán depende del Poder Ejecutivo, su titular también admite que lo más recomendable es que los organismos anticorrupción sean autónomos y tengan plenas facultades.
A Jalisco le recomienda dotar de autonomía a su Unidad, “no sólo del Ejecutivo sino también del Legislativo, de lo contrario no va a tener el peso, las facultades ni el poder para actuar. El Congreso puede ratificar a sus titulares, pero si no tiene autonomía será poco lo que se pueda avanzar”.
En esto coincide el investigador José Bautista Farías, quien sugiere tomar en cuenta la experiencia internacional de combate a la corrupción.
Ciudad Juárez, el ejemplo
Otros municipios han implementado el mismo mecanismo. El más reciente es Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se aprobó esta semana que las organizaciones gremiales, como la Cámara Nacional de Comercio, dirijan exclusivamente la figura en los procesos de compra de la ciudad, con el fin de transparentar las licitaciones públicas.
La ciudad de Puebla la contempla en su legislación desde hace una década. Mientras que en el Distrito Federal se presentó a finales del año pasado una iniciativa para introducir la figura en los procesos relevantes de contratación pública, con el fin de combatir la corrupción que prevalece en las principales instancias gubernamentales.
En Guadalajara, además de que el “testigo social” no se ha logrado introducir en la normativa, la aproximación con la ciudadanía también se ha visto afectada: “En 2014 tuvimos poco contacto ciudadano porque realmente no logramos localizar a jefes de colonias que quisieran trabajar con nosotros”, admite el titular de la Oficina de Combate a la Corrupción.
En 2014, la dependencia apenas capacitó a 120 servidores públicos, de una nómina que supera los 12 mil burócratas.
Martha Elena Balam Marín indica que la participación de los ciudadanos es indispensable para señalar cualquier acto de corrupción.
SABER MÁS
Padrón.- De acuerdo con la legislación nacional, los “testigos sociales” son las personas físicas o morales que cuentan con el registro correspondiente en el padrón público de esta figura, a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
| AYUNTAMIENTO TAPATÍO | |
| Denuncias contra corrupción | |
| AÑO | DENUNCIAS |
| 2010 | 113 |
| 2011 | 1,044 |
| 2012 | 623 |
| 2013 | 415 |
| 2014 | 189 |
| 2015 | 4 |
| Total | 2,388* |
| *Se desconoce cuántas han llegado a sanción | |
| FUENTE: Oficina de Combate a la Corrupción |
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