Jalisco
Nóminas de OPD, un hoyo negro
Sin tomar en cuenta al Gobierno de Jalisco, cada paraestatal decide sus salarios y nuevas plazas laborales
GUADALAJARA, JALISCO (18/JUN/2013).- Desde 2007 se arrastra un desorden administrativo en las plantillas y salarios de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del Gobierno de Jalisco. El Ejecutivo destinará 20 mil 784.4 millones de pesos a 70 paraestatales este año (el doble de lo ejercido en 2007), pero la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) se deslinda de la información sobre la totalidad de empleados y salarios en estas entidades públicas, con el argumento de que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio.
Gerardo Castillo Torres, director jurídico y titular de transparencia de la Sepaf, turna esa solicitud de información a las mismas OPD. El problema es que la mayoría de esos organismos están reprobados en rendición de cuentas por parte del Instituto de Transparencia (Itei).
En la evaluación 2011 aplicada a 62 paraestatales, 42 no pasaron el examen (el promedio general fue de 52 puntos sobre 100). Las mejores evaluadas fueron Pensiones, Consejo de Trasplantes de Órganos, Tecnológico de Puerto Vallarta, Servicios de Salud, Universidad de Guadalajara y Consejo de Promoción Económica. Otras 14 pasaron de “panzazo”.
Las entidades reprobadas incumplieron, por ejemplo, en transparentar información sobre sus presupuestos anuales, las plantillas y las remuneraciones mensuales por puesto, cuando menos de los últimos seis años. Sin embargo, no hay sanciones ejemplares del Gobierno del Estado ni del Itei por estas conductas de opacidad.
— ¿Por qué se deslinda el Gobierno de la información sobre los sueldos y trabajadores de sus OPD? —se le pregunta al contralor Juan José Bañuelos Guardado.
— La ley así lo establece, nosotros (sólo) podemos dar información de la administración central.
En las juntas de gobierno de cada paraestatal se autorizan los incrementos a las nóminas. Bañuelos Guardado aclara que “participan en casi todas las juntas, pero solamente concurrimos con voz”. No tienen voto.
En octubre pasado se realizó la última evaluación del Itei: sólo 19 de 60 organismos mostraron información fundamental “completa” en sus páginas electrónicas; 41 tienen datos incompletos.
Las 70 OPD tenían una plantilla de 33 mil 620 trabajadores en febrero pasado; es decir, 60% más que la administración central (tiene 21 mil, sin considerar maestros).
Gerardo Castillo Torres, director jurídico y titular de transparencia de la Sepaf, turna esa solicitud de información a las mismas OPD. El problema es que la mayoría de esos organismos están reprobados en rendición de cuentas por parte del Instituto de Transparencia (Itei).
En la evaluación 2011 aplicada a 62 paraestatales, 42 no pasaron el examen (el promedio general fue de 52 puntos sobre 100). Las mejores evaluadas fueron Pensiones, Consejo de Trasplantes de Órganos, Tecnológico de Puerto Vallarta, Servicios de Salud, Universidad de Guadalajara y Consejo de Promoción Económica. Otras 14 pasaron de “panzazo”.
Las entidades reprobadas incumplieron, por ejemplo, en transparentar información sobre sus presupuestos anuales, las plantillas y las remuneraciones mensuales por puesto, cuando menos de los últimos seis años. Sin embargo, no hay sanciones ejemplares del Gobierno del Estado ni del Itei por estas conductas de opacidad.
— ¿Por qué se deslinda el Gobierno de la información sobre los sueldos y trabajadores de sus OPD? —se le pregunta al contralor Juan José Bañuelos Guardado.
— La ley así lo establece, nosotros (sólo) podemos dar información de la administración central.
En las juntas de gobierno de cada paraestatal se autorizan los incrementos a las nóminas. Bañuelos Guardado aclara que “participan en casi todas las juntas, pero solamente concurrimos con voz”. No tienen voto.
En octubre pasado se realizó la última evaluación del Itei: sólo 19 de 60 organismos mostraron información fundamental “completa” en sus páginas electrónicas; 41 tienen datos incompletos.
Las 70 OPD tenían una plantilla de 33 mil 620 trabajadores en febrero pasado; es decir, 60% más que la administración central (tiene 21 mil, sin considerar maestros).