Jalisco
Estrategias de seguridad carecen de efectividad
El investigador considera que el “descontrol” entre instancias de Gobierno obstaculiza la eficiencia de políticas públicas
GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2011).- Las cifras que revelan un incremento en los homicidios con tinte de ejecución y otros delitos de alto impacto en el Área Metropolitana de Guadalajara, preocupan significativamente y demuestran que las autoridades de los tres órdenes de Gobierno han sido rebasadas en su responsabilidad de hacer valer a la población el derecho constitucional a preservar su seguridad pública, expone el investigador de la Universidad de Guadalajara (
UdeG), Dante Haro Reyes.
Desde su punto de vista, la ciudadanía que reside en la Perla Tapatía ha atestiguado por sí misma este exponencial incremento (que es casi del triple en lo que comprende a ejecuciones y 11% en crímenes de repercusión mayor), tan es así que ha dejado de lado sus demandas por mejores salarios como petición prioritaria, y hoy exige seguridad en su persona ante todo.
“Es enteramente comprensible: ¿para qué quieres un mayor sueldo si te lo van a quitar después de que lo cobres?”, ironizó el investigador de Derecho Público en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), para quien las autoridades guardan un evidente “descontrol” en lo que a coordinación respecta. Ahí, dijo, radica el principal obstáculo para incrementar la eficiencia de las políticas en materia de seguridad, incumplidas en lo que va del presente trienio.
Expuso que, si bien las cifras que concedió el área de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ( SSPE) son “alarmantes” por sí mismas, a éstas habría que sumar la cantidad “muerta” o de crímenes cometidos y no denunciados, que llegan a 80% de los perpetrados.
“Estamos en pañales”, afirmó el experto, referente a una verdadera política integral de seguridad pública, toda vez que temas como el de certificación policial (mediante los exámenes de control y confianza) avanza a un ritmo por demás lento, y que el de carrera policiaca simplemente “ha quedado en el aire”.
No obstante, la responsabilidad no únicamente recae en el Poder Ejecutivo, sino que las áreas de legislación. Por ejemplo, en lo que respecta a la Ley de Extinción de Dominio (que permite el aseguramiento de bienes inmuebles usados para perpetrar actos ilícitos) se mantienen al margen, y el Poder Judicial guarda un “fuerte nivel de impunidad”, donde “98% de los delincuentes no tienen castigo”.
“Están pensando más en política que en la ciudadanía, porque vemos que sí hay recursos. Por ejemplo, se compran siete iPad segunda generación. ¿Para qué las queremos, o con eso nos van a defender?”.
Haro Reyes destacó que, a la par de las labores operativas, legislativas y judiciales, resulta imperativo implementar políticas públicas en pro de la ciudadanía, pues claramente la autoridad está perdiendo la batalla contra el delito.
Telón de fondo
Estadísticas sustentan percepción de inseguridad
Un delito de alto impacto afecta sensiblemente la percepción de inseguridad de la población. Una comparación entre el primer semestre de 2010 y el mismo periodo de 2011, arroja que la cifra de este tipo de ilícitos ha crecido 11.2% de manera general en la metrópoli, siendo el homicidio doloso el delito con mayor reincidencia, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El panorama es crudo. La estadística de ejecuciones aumenta, según las mismas cifras. Durante los primeros seis meses de 2011, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha resentido los embates de la delincuencia organizada en casi el triple del registro en ese mismo lapso del año anterior; la estadística de homicidios con características de ejecución tiene un aumento de poco más de 247%, en seis de las ocho localidades conurbadas.
Mientras que el robo y asalto a bancos se multiplicó por 12 y, como en otros indicadores sobre delitos de alto impacto, Guadalajara es la localidad más golpeada en cuanto a asaltos bancarios, las denuncias por abuso sexual aumentan en 127% en la ciudad. Éste el panorama sustentado por estadísticas de la SSPE.
Sin embargo, cinco de los seis municipios metropolitanos citados en el comparativo de crímenes de alto impacto, han tenido una disminución notable en la estadística de robo a vehículos de carga pesada, lo que representa casi 40% menos de esta incidencia delictiva.
Desde su punto de vista, la ciudadanía que reside en la Perla Tapatía ha atestiguado por sí misma este exponencial incremento (que es casi del triple en lo que comprende a ejecuciones y 11% en crímenes de repercusión mayor), tan es así que ha dejado de lado sus demandas por mejores salarios como petición prioritaria, y hoy exige seguridad en su persona ante todo.
“Es enteramente comprensible: ¿para qué quieres un mayor sueldo si te lo van a quitar después de que lo cobres?”, ironizó el investigador de Derecho Público en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), para quien las autoridades guardan un evidente “descontrol” en lo que a coordinación respecta. Ahí, dijo, radica el principal obstáculo para incrementar la eficiencia de las políticas en materia de seguridad, incumplidas en lo que va del presente trienio.
Expuso que, si bien las cifras que concedió el área de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ( SSPE) son “alarmantes” por sí mismas, a éstas habría que sumar la cantidad “muerta” o de crímenes cometidos y no denunciados, que llegan a 80% de los perpetrados.
“Estamos en pañales”, afirmó el experto, referente a una verdadera política integral de seguridad pública, toda vez que temas como el de certificación policial (mediante los exámenes de control y confianza) avanza a un ritmo por demás lento, y que el de carrera policiaca simplemente “ha quedado en el aire”.
No obstante, la responsabilidad no únicamente recae en el Poder Ejecutivo, sino que las áreas de legislación. Por ejemplo, en lo que respecta a la Ley de Extinción de Dominio (que permite el aseguramiento de bienes inmuebles usados para perpetrar actos ilícitos) se mantienen al margen, y el Poder Judicial guarda un “fuerte nivel de impunidad”, donde “98% de los delincuentes no tienen castigo”.
“Están pensando más en política que en la ciudadanía, porque vemos que sí hay recursos. Por ejemplo, se compran siete iPad segunda generación. ¿Para qué las queremos, o con eso nos van a defender?”.
Haro Reyes destacó que, a la par de las labores operativas, legislativas y judiciales, resulta imperativo implementar políticas públicas en pro de la ciudadanía, pues claramente la autoridad está perdiendo la batalla contra el delito.
Telón de fondo
Estadísticas sustentan percepción de inseguridad
Un delito de alto impacto afecta sensiblemente la percepción de inseguridad de la población. Una comparación entre el primer semestre de 2010 y el mismo periodo de 2011, arroja que la cifra de este tipo de ilícitos ha crecido 11.2% de manera general en la metrópoli, siendo el homicidio doloso el delito con mayor reincidencia, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
El panorama es crudo. La estadística de ejecuciones aumenta, según las mismas cifras. Durante los primeros seis meses de 2011, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha resentido los embates de la delincuencia organizada en casi el triple del registro en ese mismo lapso del año anterior; la estadística de homicidios con características de ejecución tiene un aumento de poco más de 247%, en seis de las ocho localidades conurbadas.
Mientras que el robo y asalto a bancos se multiplicó por 12 y, como en otros indicadores sobre delitos de alto impacto, Guadalajara es la localidad más golpeada en cuanto a asaltos bancarios, las denuncias por abuso sexual aumentan en 127% en la ciudad. Éste el panorama sustentado por estadísticas de la SSPE.
Sin embargo, cinco de los seis municipios metropolitanos citados en el comparativo de crímenes de alto impacto, han tenido una disminución notable en la estadística de robo a vehículos de carga pesada, lo que representa casi 40% menos de esta incidencia delictiva.