Jalisco
Crearán fideicomiso para ayuntamientos endeudados
La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas aclara que no es un rescate
GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2014).- Luego de que el Gobierno del Estado se diera cuenta del problema que pasan seis de cada 10 municipios con respecto a una deuda pública que presiona las finanzas de sus administraciones; el siguiente año se podría concretar la creación de un Fideicomiso único para que los municipios se endeuden sólo con un banco, a un interés menor y a mayor plazo; y con eso puedan tener liquidez.
“Quiero aclarar que esto no es un rescate. Lo que planteamos es que los municipios que así lo consideren, puedan adherirse a este Fideicomiso, le deban sólo a una entidad y tengan recursos para solventar las necesidades de cada municipio en particular”. Son las palabras del titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Rafael Pérez Partida.
Se trata de un proyecto cuya línea crediticia oscilará entre los siete y los 10 mil millones de pesos, para que los municipios que hoy tienen deuda con uno o más bancos, puedan integrarla en una sola; y que sumada a los montos de otros ayuntamientos, pueda ocasionar que los intereses bajen.
El funcionario hace referencia al orden que han tenido que imponer en las finanzas públicas de los municipios. Esto debido a que “en muchos casos les hemos parado esa deuda y los mandamos a Banobras. Si te fijas, las reestructuras de muchos créditos se van para Banobras, y la intención es liberar flujos financieros porque (con la banca privada) se contrata a tasas elevadas”.
Lo que sucede, relata el funcionario, es que los ayuntamientos no hicieron los análisis correctos al momento de contratar una deuda pública en años o administraciones anteriores. Se les impuso una tasa de interés compuesta por una variable y una tasa fija, cuyas penalizaciones son altamente costosas. Al momento que un municipio se retrasa en sus pagos, el interés que se paga se multiplica, lo que hace las deudas más caras que lo que originalmente votaron los regidores en sus cabildos.
“Ahora lo que hacemos es decirles: ¿sabes qué? No vas a poder pagar porque nunca vas a poder obtener la calificación (que pide el banco para no penalizar). Porque necesitas tener al día todas tus finanzas, debes transparentarlas y tener en línea todos tus procesos para saber cómo se comportan tus finanzas. Y además, debes tener al día todos tus pasivos de corto plazo… y lo que pasa es que ante este problema, los municipios caen con prestamistas privados”.
Diputados y Gobierno deben prevenir
A finales de 2011 y principios de 2012, los ayuntamientos de Jalisco siguieron la tendencia nacional de registrar deuda pública para pagar desde sueldos hasta obra pública. A partir de entonces, se encendió un foco que advertía que no era posible que los ayuntamientos se endeudaran para pagar gasto corriente. Sin embargo, las restricciones que se pensaron nunca se concretaron en leyes.
“Se supone que a todos los municipios tenemos derecho a ese crédito a corto plazo, que te voy a confesar que nos ayudó porque era un adelanto de participaciones. Los municipios dependemos del dinero que nos mandan de la federación, pero a veces tarda en caer ese dinero. Con el crédito pudimos resolver problemas graves que estaban desechas”, señala Ramón Bañales, presidente municipal de Atotonilco.
En retrospectiva, Bañales dice que en el espectro estatal hace falta más vigilancia para que los ayuntamientos no se vayan con la finta y contraten deuda con banca privada, solamente porque les ofrecen buenos plazos pero a tasas tramposas.
“Creo que falta más seguimiento en el espectro estatal, que los municipios no quedarán tan descubiertos con la banca privada y pública. Se requiere una reforma a la ley en la cuestión de endeudamiento. Hay un vacío en la vigilancia de administraciones y son las deudas que se tienen con proveedores. Cuando llegas es ahí cuando se resientes porque tiene que ser a los primeros que les pagues… como son como proveedores locales tienes que reactivar la economía”.
EMERGENCIAS
Línea de crédito emergente
Actualmente el Gobierno del Estado tiene una línea de crédito para los municipios, de hasta mil 500 millones de pesos, en la modalidad de corto plazo. Funciona para emergencias. Entre los requisitos que se tienen para acceder a esos recursos es que la deuda debe ser pagada dos meses antes de concluir la administración. Esto permite a las administraciones municipales a que “no caigan con personas o con la banca privada, porque les manejan tasas muy altas ante una emergencia”, refiere el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida.
Esta línea de crédito “se ha manejado con mucha prudencia”, porque hasta principios del mes de noviembre sólo se habían utilizado 300 millones de pesos.
“Cuidar que el destino sea en inversión pública. Porque si el beneficio (del crédito) presente no trae beneficios en el futuro, estás afectando a la población”.
El fideicomiso
Esta “línea global del crédito” está pensada para la modalidad de largo plazo, enfocada en que los ayuntamientos que lo autoricen sean las próximas administraciones que sucedan a las actuales.
“Los nuevos presidentes (que lleguen a las alcaldías) se van a encontrar con que tienen deudas a tasas elevadas y plazos ya establecidos, que van a limitar su programa de actividades. Tendrán evaluar si se cambian al fideicomiso y deberán de seguir el mismo proceso: tener la autorización del Ayuntamiento, y sólo servirá para obra pública o para restructurar los pasivos anteriores”.
Pérez Partida sostiene que este fideicomiso no será un rescate financiero, porque el Gobierno del Estado “no contratará a fondo perdido”. Lo que ofrecen es una orientación y disciplina en el gasto municipal.
El gasto operativo de dicho Fideicomiso podría rondar los 600 mil pesos mensuales, que serían para pagar a las calificadoras crediticias y a los funcionarios que lo operen.
BALANCE
Bancos, los beneficiados con deuda pública
Los grandes ganadores con el registro de las deudas públicas que han hecho los Ayuntamientos son los bancos privados. Con el pretexto de ofrecer mejores condiciones a mayores plazos y tasas de interés, las comunas prefieren las “aparentes” restricciones de un banco a las condiciones que pone la banca pública. Pero eso no quiere decir que todo esté bien.
Los bancos son quisquillosos con sus condicionantes y al menor incumplimiento encuentran la manera de cobrarse los “favores” que ofertan como instituciones financieras. Francisco Cuevas, especialista en temas económicos lo resume de la siguiente manera: “Los últimos 10 años la tendencia fue endeudarse de una manera muy fácil sin importar en qué se fueran a gastar el dinero, la mayor parte de esos recursos fue para pagar gasto corriente y no en actividades para beneficios de la sociedad, poca deuda se fue a realizar obra pública”.
Ahora que se le relata la tendencia del refinanciamiento para salir de la deuda y los intereses penalizadores, afirma que los ayuntamientos “no planearon debidamente el uso del financiamiento, lo que es malo es que se destinan a otras actividades, eso por una parte. Por otra, los bancos vieron el gran negocio al colocar gran parte de su dinero en fondos garantizados. Calcularon y estimaron, creyendo que la economía iba a repuntar. Pero la realidad es que ha tenido un raquítico crecimiento, poniendo en aprietos la liquidez del municipio”.
Fideicomiso y campañas electorales
El especialista en finanzas públicas ve con recelo el fideicomiso que se “cocina” en el Gobierno del Estado, que podría llegar a los 10 mil millones de pesos. “Veo muy difícil o muy complicado ese proyecto, (los gobernantes) deben manejarse bajo un criterio financiero y no político, van a aprovechar para endeudarse para que el que venga atrás pague la deuda, en su mayor parte esa deuda va a financiar las campañas a través de la inducción de la nómina, eso es lesivo para las finanzas municipales y los servicios públicos”.
Afirma que se requiere una ley estatal o federal que limite a su capacidad de endeudamiento, “porque no les importa mucho, se afanan más en situaciones políticas”. Existen casos en los que bancos sólo funcionan como agiotistas, pues contratan deuda en Europa a tasas menores, y vienen y les venden un crédito con tasas y plazos que castigan las finanzas públicas.
Sucedió en Europa
“Deben poner en cintura a los municipios, porque el refinanciamiento no es otra cosa que adquirir más deuda a intereses más altos… no se soluciona el problema, al final se tiene que pagar los intereses y el capital. Si la economía va mal y no tienen la economía, la capacidad de pago será nula. Lo que pasa es que tampoco regulan a los bancos, que tienen una ganancia enorme, y los bancos están muy prestos a cualquier tipo de ayuntamiento porque es una garantía de que se les va a pagar. Pero sólo les recuerdo que ya sucedió en España o Grecia, y los bancos quebraron al Estado”.
Zapopan niega información
A principios de 2014, el Ayuntamiento zapopano aprobó la restructuración de la deuda pública. Fue hasta el 28 de marzo cuando el nuevo empréstito quedó registrado en la Secretaría de Finanzas, por un monto de mil 237 millones de pesos, que se pagaría en 180 meses al banco Banorte.
Sin embargo, el municipio administrado por Héctor Robles Peiro incumple sus obligaciones en materia de transparencia. En la página de internet sólo se publica un documento titulado Estado de Deuda Pública al 31 de agosto 2014, en el que se siguen mostrando cuatro créditos simples por un monto global de mil 151 millones 515 mil 128.
Dos de estos créditos fueron contratados en la pasada administración, pero como lo documentó esta casa editorial el 22 de noviembre de 2013, el dinero fue “malgastado”. Hubo obras que siguen sin concluir y otras tantas se quedaron sin recursos y están a medias.
Este medio de comunicación quiso entrevistarse con el tesorero municipal, pero la solicitud hecha desde hace cuatro semanas al área de comunicación social, no se ha concretado.
Necesitamos que nos amarren las manos: Alcalde
Ramón Bañales conoció el precio de ser alcalde hasta que su tesorero le dijo que no había dinero suficiente para llevar a cabo su programa de Gobierno, que apenas en días pasados había prometido en campaña. Era octubre de 2012 cuando tuvo que idearse de otras maneras de hacerse de dinero y poder cumplir con lo que prometió, pero también con las obligaciones financieras que tenía como presidente municipal de Atotonilco.
Han pasado los meses y ahora está en cuenta regresiva para entregar la administración y se dice satisfecho de su estrategia: no hubo dinero para dispendio y él solito se amarró las manos. Ahora que se avecina la contienda electoral, una de sus mayores satisfacciones será dejar números negros en las finanzas públicas.
“Hubo un ofrecimiento del Gobierno del Estado y de Banobras, para que estuviéramos pagando deuda. Cuando llegamos recibimos la administración con una deuda de 34 millones de pesos que era el 60% de nuestro presupuesto”.
Atotonilco es uno de los municipios que optó por el crédito a corto plazo para pagar deudas con los bancos. “Era como un adelanto de participaciones, nos prestan y se ha venido pagando vía Secretaría de Finanzas con retención. Si todo sale como lo planeamos, lo vamos a terminar de pagar en lo que resta de la administración. Ese dinero de liquidez nos sirvió para infraestructura, pavimentaciones, asfaltado, repavimentaciones y la reconstrucción de áreas dañadas”.
“Quiero aclarar que esto no es un rescate. Lo que planteamos es que los municipios que así lo consideren, puedan adherirse a este Fideicomiso, le deban sólo a una entidad y tengan recursos para solventar las necesidades de cada municipio en particular”. Son las palabras del titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), Héctor Rafael Pérez Partida.
Se trata de un proyecto cuya línea crediticia oscilará entre los siete y los 10 mil millones de pesos, para que los municipios que hoy tienen deuda con uno o más bancos, puedan integrarla en una sola; y que sumada a los montos de otros ayuntamientos, pueda ocasionar que los intereses bajen.
El funcionario hace referencia al orden que han tenido que imponer en las finanzas públicas de los municipios. Esto debido a que “en muchos casos les hemos parado esa deuda y los mandamos a Banobras. Si te fijas, las reestructuras de muchos créditos se van para Banobras, y la intención es liberar flujos financieros porque (con la banca privada) se contrata a tasas elevadas”.
Lo que sucede, relata el funcionario, es que los ayuntamientos no hicieron los análisis correctos al momento de contratar una deuda pública en años o administraciones anteriores. Se les impuso una tasa de interés compuesta por una variable y una tasa fija, cuyas penalizaciones son altamente costosas. Al momento que un municipio se retrasa en sus pagos, el interés que se paga se multiplica, lo que hace las deudas más caras que lo que originalmente votaron los regidores en sus cabildos.
“Ahora lo que hacemos es decirles: ¿sabes qué? No vas a poder pagar porque nunca vas a poder obtener la calificación (que pide el banco para no penalizar). Porque necesitas tener al día todas tus finanzas, debes transparentarlas y tener en línea todos tus procesos para saber cómo se comportan tus finanzas. Y además, debes tener al día todos tus pasivos de corto plazo… y lo que pasa es que ante este problema, los municipios caen con prestamistas privados”.
Diputados y Gobierno deben prevenir
A finales de 2011 y principios de 2012, los ayuntamientos de Jalisco siguieron la tendencia nacional de registrar deuda pública para pagar desde sueldos hasta obra pública. A partir de entonces, se encendió un foco que advertía que no era posible que los ayuntamientos se endeudaran para pagar gasto corriente. Sin embargo, las restricciones que se pensaron nunca se concretaron en leyes.
“Se supone que a todos los municipios tenemos derecho a ese crédito a corto plazo, que te voy a confesar que nos ayudó porque era un adelanto de participaciones. Los municipios dependemos del dinero que nos mandan de la federación, pero a veces tarda en caer ese dinero. Con el crédito pudimos resolver problemas graves que estaban desechas”, señala Ramón Bañales, presidente municipal de Atotonilco.
En retrospectiva, Bañales dice que en el espectro estatal hace falta más vigilancia para que los ayuntamientos no se vayan con la finta y contraten deuda con banca privada, solamente porque les ofrecen buenos plazos pero a tasas tramposas.
“Creo que falta más seguimiento en el espectro estatal, que los municipios no quedarán tan descubiertos con la banca privada y pública. Se requiere una reforma a la ley en la cuestión de endeudamiento. Hay un vacío en la vigilancia de administraciones y son las deudas que se tienen con proveedores. Cuando llegas es ahí cuando se resientes porque tiene que ser a los primeros que les pagues… como son como proveedores locales tienes que reactivar la economía”.
EMERGENCIAS
Línea de crédito emergente
Actualmente el Gobierno del Estado tiene una línea de crédito para los municipios, de hasta mil 500 millones de pesos, en la modalidad de corto plazo. Funciona para emergencias. Entre los requisitos que se tienen para acceder a esos recursos es que la deuda debe ser pagada dos meses antes de concluir la administración. Esto permite a las administraciones municipales a que “no caigan con personas o con la banca privada, porque les manejan tasas muy altas ante una emergencia”, refiere el titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Héctor Rafael Pérez Partida.
Esta línea de crédito “se ha manejado con mucha prudencia”, porque hasta principios del mes de noviembre sólo se habían utilizado 300 millones de pesos.
“Cuidar que el destino sea en inversión pública. Porque si el beneficio (del crédito) presente no trae beneficios en el futuro, estás afectando a la población”.
El fideicomiso
Esta “línea global del crédito” está pensada para la modalidad de largo plazo, enfocada en que los ayuntamientos que lo autoricen sean las próximas administraciones que sucedan a las actuales.
“Los nuevos presidentes (que lleguen a las alcaldías) se van a encontrar con que tienen deudas a tasas elevadas y plazos ya establecidos, que van a limitar su programa de actividades. Tendrán evaluar si se cambian al fideicomiso y deberán de seguir el mismo proceso: tener la autorización del Ayuntamiento, y sólo servirá para obra pública o para restructurar los pasivos anteriores”.
Pérez Partida sostiene que este fideicomiso no será un rescate financiero, porque el Gobierno del Estado “no contratará a fondo perdido”. Lo que ofrecen es una orientación y disciplina en el gasto municipal.
El gasto operativo de dicho Fideicomiso podría rondar los 600 mil pesos mensuales, que serían para pagar a las calificadoras crediticias y a los funcionarios que lo operen.
BALANCE
Bancos, los beneficiados con deuda pública
Los grandes ganadores con el registro de las deudas públicas que han hecho los Ayuntamientos son los bancos privados. Con el pretexto de ofrecer mejores condiciones a mayores plazos y tasas de interés, las comunas prefieren las “aparentes” restricciones de un banco a las condiciones que pone la banca pública. Pero eso no quiere decir que todo esté bien.
Los bancos son quisquillosos con sus condicionantes y al menor incumplimiento encuentran la manera de cobrarse los “favores” que ofertan como instituciones financieras. Francisco Cuevas, especialista en temas económicos lo resume de la siguiente manera: “Los últimos 10 años la tendencia fue endeudarse de una manera muy fácil sin importar en qué se fueran a gastar el dinero, la mayor parte de esos recursos fue para pagar gasto corriente y no en actividades para beneficios de la sociedad, poca deuda se fue a realizar obra pública”.
Ahora que se le relata la tendencia del refinanciamiento para salir de la deuda y los intereses penalizadores, afirma que los ayuntamientos “no planearon debidamente el uso del financiamiento, lo que es malo es que se destinan a otras actividades, eso por una parte. Por otra, los bancos vieron el gran negocio al colocar gran parte de su dinero en fondos garantizados. Calcularon y estimaron, creyendo que la economía iba a repuntar. Pero la realidad es que ha tenido un raquítico crecimiento, poniendo en aprietos la liquidez del municipio”.
Fideicomiso y campañas electorales
El especialista en finanzas públicas ve con recelo el fideicomiso que se “cocina” en el Gobierno del Estado, que podría llegar a los 10 mil millones de pesos. “Veo muy difícil o muy complicado ese proyecto, (los gobernantes) deben manejarse bajo un criterio financiero y no político, van a aprovechar para endeudarse para que el que venga atrás pague la deuda, en su mayor parte esa deuda va a financiar las campañas a través de la inducción de la nómina, eso es lesivo para las finanzas municipales y los servicios públicos”.
Afirma que se requiere una ley estatal o federal que limite a su capacidad de endeudamiento, “porque no les importa mucho, se afanan más en situaciones políticas”. Existen casos en los que bancos sólo funcionan como agiotistas, pues contratan deuda en Europa a tasas menores, y vienen y les venden un crédito con tasas y plazos que castigan las finanzas públicas.
Sucedió en Europa
“Deben poner en cintura a los municipios, porque el refinanciamiento no es otra cosa que adquirir más deuda a intereses más altos… no se soluciona el problema, al final se tiene que pagar los intereses y el capital. Si la economía va mal y no tienen la economía, la capacidad de pago será nula. Lo que pasa es que tampoco regulan a los bancos, que tienen una ganancia enorme, y los bancos están muy prestos a cualquier tipo de ayuntamiento porque es una garantía de que se les va a pagar. Pero sólo les recuerdo que ya sucedió en España o Grecia, y los bancos quebraron al Estado”.
Zapopan niega información
A principios de 2014, el Ayuntamiento zapopano aprobó la restructuración de la deuda pública. Fue hasta el 28 de marzo cuando el nuevo empréstito quedó registrado en la Secretaría de Finanzas, por un monto de mil 237 millones de pesos, que se pagaría en 180 meses al banco Banorte.
Sin embargo, el municipio administrado por Héctor Robles Peiro incumple sus obligaciones en materia de transparencia. En la página de internet sólo se publica un documento titulado Estado de Deuda Pública al 31 de agosto 2014, en el que se siguen mostrando cuatro créditos simples por un monto global de mil 151 millones 515 mil 128.
Dos de estos créditos fueron contratados en la pasada administración, pero como lo documentó esta casa editorial el 22 de noviembre de 2013, el dinero fue “malgastado”. Hubo obras que siguen sin concluir y otras tantas se quedaron sin recursos y están a medias.
Este medio de comunicación quiso entrevistarse con el tesorero municipal, pero la solicitud hecha desde hace cuatro semanas al área de comunicación social, no se ha concretado.
Necesitamos que nos amarren las manos: Alcalde
Ramón Bañales conoció el precio de ser alcalde hasta que su tesorero le dijo que no había dinero suficiente para llevar a cabo su programa de Gobierno, que apenas en días pasados había prometido en campaña. Era octubre de 2012 cuando tuvo que idearse de otras maneras de hacerse de dinero y poder cumplir con lo que prometió, pero también con las obligaciones financieras que tenía como presidente municipal de Atotonilco.
Han pasado los meses y ahora está en cuenta regresiva para entregar la administración y se dice satisfecho de su estrategia: no hubo dinero para dispendio y él solito se amarró las manos. Ahora que se avecina la contienda electoral, una de sus mayores satisfacciones será dejar números negros en las finanzas públicas.
“Hubo un ofrecimiento del Gobierno del Estado y de Banobras, para que estuviéramos pagando deuda. Cuando llegamos recibimos la administración con una deuda de 34 millones de pesos que era el 60% de nuestro presupuesto”.
Atotonilco es uno de los municipios que optó por el crédito a corto plazo para pagar deudas con los bancos. “Era como un adelanto de participaciones, nos prestan y se ha venido pagando vía Secretaría de Finanzas con retención. Si todo sale como lo planeamos, lo vamos a terminar de pagar en lo que resta de la administración. Ese dinero de liquidez nos sirvió para infraestructura, pavimentaciones, asfaltado, repavimentaciones y la reconstrucción de áreas dañadas”.