Jalisco
Congreso local erogará más de 26 MDP en laudos laborales
El legislativo debe reinstalar a 21 personas que habrían sido dadas de baja de la nómina de manera injustificada; dos ya se reincorporaron
GUADALAJARA, JALISCO (30/ABR/2013).- El Congreso del Estado deberá desembolsar más de 26 millones de pesos en salarios caídos, reinstalaciones y prestaciones de 46 personas que demandaron al Poder Legislativo por despidos injustificados.
De acuerdo con la resolución de Tribunales estatales y en algunos casos federales, se instruye la reinstalación de 21 personas que habrían sido dadas de baja de la nómina del Congreso de manera injustificada; la titular de la Dirección Jurídica, Raquel Álvarez Hernández, explicó ante diputados integrantes de la Comisión de Administración que ya se están reinstalados dos empleados.
En tanto, las otras 25 resoluciones van encaminadas a liquidar algún adeudo pendiente con los afectados. Adicionalmente se informó que aún hay 260 juicios vigentes que podrían resolverse en los próximos meses. En total el Congreso local deberá erogar más de 26.6 millones de pesos; el monto sigue en incremento debido a que en algunos casos, cada día cuesta al Congreso hasta en tanto el Poder Legislativo liquide el monto adeudado.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, lamentó que el Congreso deberá desembolsar dinero para pagar salarios caídos.
"A esta Legislatura le corresponde hacer frente a una seria de omisiones y simulaciones de las autoridades y de diputados de las pasadas Legislaturas", dijo la diputada del PRD.
Fausto Lizaola puso a consideración del resto de los legisladores que conforman la Comisión el acatar estas sentencias, propuesta que recibió el voto unánime de los diputados. Los legisladores manifestaron su intención por deslindar responsabilidades respecto a ex diputados y ex funcionarios del Congreso que incurrieron en alguna irregularidad que haya contribuido a que hoy esos asuntos legales se hayan resuelto en contra del Legislativo.
En cuanto a la reorganización administrativa del Congreso del Estado, a propuesta de los diputados, del PAN, Guillermo Martínez Mora, y del PRI, Miguel Castro Reynoso, se acordó girar instrucciones al área correspondiente para que a partir de este día se coloque en los cheques con que se paga el sueldo a los empleados de este Poder la leyenda "no negociable". Además se preguntará a las autoridades hacendarias si es legal colocar la frase "para abono en cuenta del beneficiario"; esta propuesta generó confrontación entre los diputados locales. El vocal de la Comisión de Administración, el panista Guillermo Martínez Mora, llamó al titular de la Secretaría General del Congreso, Marco Antonio Daza Mercado, "a fajarse los pantalones y poner orden porque los directores del Congreso hacen los que quieren".
Los diputados de la Comisión de Administración también recibieron dos peticiones de parte del Sindicato de Servidores Públicos al Servicio del Poder Legislativo. La primera de ellas tiene como finalidad la entrega de recursos económicos para la organización de los festejos del Día del Niño, Día de la Madre y Día del Padre, asunto sobre el que se resolvió que se verifique si hay liquidez y en caso positivo que el formato de entrega del dinero lo resuelva el Comité de Adquisiciones.
La otra petición fue denegada, y consistía en entregar a la organización gremial un apoyo monetario especial cada mes. Se rechazó debido a la política de austeridad validada anteriormente, además de que dicha ayuda no está prevista en el contrato colectivo de trabajo.
Finalmente, se instruyó al titular de la Dirección de Administración y Recursos Humanos, Agustín Araujo Padilla, para dar respuesta a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, quien denunció que existen dos trabajadores presuntamente aviadores en el Órgano Técnico de la Comisión de Desarrollo Humano que ella preside; se trata de José de Jesús Ponce Hernández y Narciso Váldez Partida.
En tanto, el diputado blanquiazul, Guillermo Martínez Mora cuestionó que "en el Congreso no se ha dado de baja a ningún aviador". En medio de la discusión también se instruyó cancelar la comisión de la empleada de nombre Ana Beatriz Ontiveros Tomamatzu, quien supuestamente está adscrita a la oficina del diputado Juan Carlos Márquez Rosas.
Celia Fausto llamó a que no se comisione más personal, particularmente de aquellos que están adscritos a la Dirección Jurídica, pues "esta área debe estar muy reforzada".
La comisión se canceló sin concluir con todos los puntos previstos para analizarse, cuando el panista
Guillermo Martínez abandonó la sesión, por lo que se perdió el quorum legal para que la Comisión de Administración sesione; de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ésta es la única comisión que requiere la presencia y el voto unánime de sus integrantes para que se pueda llevar a cabo.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ
De acuerdo con la resolución de Tribunales estatales y en algunos casos federales, se instruye la reinstalación de 21 personas que habrían sido dadas de baja de la nómina del Congreso de manera injustificada; la titular de la Dirección Jurídica, Raquel Álvarez Hernández, explicó ante diputados integrantes de la Comisión de Administración que ya se están reinstalados dos empleados.
En tanto, las otras 25 resoluciones van encaminadas a liquidar algún adeudo pendiente con los afectados. Adicionalmente se informó que aún hay 260 juicios vigentes que podrían resolverse en los próximos meses. En total el Congreso local deberá erogar más de 26.6 millones de pesos; el monto sigue en incremento debido a que en algunos casos, cada día cuesta al Congreso hasta en tanto el Poder Legislativo liquide el monto adeudado.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Administración, Celia Fausto Lizaola, lamentó que el Congreso deberá desembolsar dinero para pagar salarios caídos.
"A esta Legislatura le corresponde hacer frente a una seria de omisiones y simulaciones de las autoridades y de diputados de las pasadas Legislaturas", dijo la diputada del PRD.
Fausto Lizaola puso a consideración del resto de los legisladores que conforman la Comisión el acatar estas sentencias, propuesta que recibió el voto unánime de los diputados. Los legisladores manifestaron su intención por deslindar responsabilidades respecto a ex diputados y ex funcionarios del Congreso que incurrieron en alguna irregularidad que haya contribuido a que hoy esos asuntos legales se hayan resuelto en contra del Legislativo.
En cuanto a la reorganización administrativa del Congreso del Estado, a propuesta de los diputados, del PAN, Guillermo Martínez Mora, y del PRI, Miguel Castro Reynoso, se acordó girar instrucciones al área correspondiente para que a partir de este día se coloque en los cheques con que se paga el sueldo a los empleados de este Poder la leyenda "no negociable". Además se preguntará a las autoridades hacendarias si es legal colocar la frase "para abono en cuenta del beneficiario"; esta propuesta generó confrontación entre los diputados locales. El vocal de la Comisión de Administración, el panista Guillermo Martínez Mora, llamó al titular de la Secretaría General del Congreso, Marco Antonio Daza Mercado, "a fajarse los pantalones y poner orden porque los directores del Congreso hacen los que quieren".
Los diputados de la Comisión de Administración también recibieron dos peticiones de parte del Sindicato de Servidores Públicos al Servicio del Poder Legislativo. La primera de ellas tiene como finalidad la entrega de recursos económicos para la organización de los festejos del Día del Niño, Día de la Madre y Día del Padre, asunto sobre el que se resolvió que se verifique si hay liquidez y en caso positivo que el formato de entrega del dinero lo resuelva el Comité de Adquisiciones.
La otra petición fue denegada, y consistía en entregar a la organización gremial un apoyo monetario especial cada mes. Se rechazó debido a la política de austeridad validada anteriormente, además de que dicha ayuda no está prevista en el contrato colectivo de trabajo.
Finalmente, se instruyó al titular de la Dirección de Administración y Recursos Humanos, Agustín Araujo Padilla, para dar respuesta a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, quien denunció que existen dos trabajadores presuntamente aviadores en el Órgano Técnico de la Comisión de Desarrollo Humano que ella preside; se trata de José de Jesús Ponce Hernández y Narciso Váldez Partida.
En tanto, el diputado blanquiazul, Guillermo Martínez Mora cuestionó que "en el Congreso no se ha dado de baja a ningún aviador". En medio de la discusión también se instruyó cancelar la comisión de la empleada de nombre Ana Beatriz Ontiveros Tomamatzu, quien supuestamente está adscrita a la oficina del diputado Juan Carlos Márquez Rosas.
Celia Fausto llamó a que no se comisione más personal, particularmente de aquellos que están adscritos a la Dirección Jurídica, pues "esta área debe estar muy reforzada".
La comisión se canceló sin concluir con todos los puntos previstos para analizarse, cuando el panista
Guillermo Martínez abandonó la sesión, por lo que se perdió el quorum legal para que la Comisión de Administración sesione; de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ésta es la única comisión que requiere la presencia y el voto unánime de sus integrantes para que se pueda llevar a cabo.
EL INFORMADOR / ZAIRA RAMÍREZ