Jalisco
Buscan prohibir ''regenteo'' de ambulantes
Los líderes que cobran cuotas a sus agremiados podrían ser merecedores de sanciones pecuniarias y arrestos administrativos en Guadalajara
GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2013).- El Ayuntamiento de Guadalajara estudia una modificación reglamentaria para prohibir expresamente, la comercialización irregular que hacen del espacio público los líderes de los grupos ambulantes de la ciudad, una práctica que ha sido constantemente detectada en el Centro Histórico, pero también en los tianguis del municipio.
La misma Secretaría General de Guadalajara ha señalado que los líderes de los grupos de ambulantes en el primer cuadro exigen un cobro inicial de cinco mil pesos para formar parte de su organización, y poder ocupar así un lugar en el Centro Histórico donde está prohibido por reglamento, para luego solicitar otras cuotas que oscilan entre los 400 y 500 pesos semanales.
Ahora es el regidor José Enrique López Córdova quien propone llevar esta prohibición al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, volviéndolo una falta administrativa a las libertades, al orden y paz públicos, con una sanción que iría de los 10 a los 20 salarios mínimos (de 647.5 pesos a mil 295 pesos), o un arresto de 12 horas.
Así quedaría la redacción de la falta:
“Solicitar, exigir o requerir el cobro entre particulares, por concepto de uso del piso, o denominaciones similares, ajenas al pago de derechos correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal vigente, bajo cualquier modalidad o condición en las que se ejerzan, en tianguis municipales y comercio en espacios abiertos”.
La falta será sancionada tanto cuando se halle en flagrancia por la autoridad municipal como por denuncia de por medio. La misma prohibición también se llevaría al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Industriales, Comerciales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, para que su artículo 104 diga:
“…está prohibido el cobro entre particulares, por concepto de uso del piso, o denominaciones similares, ajenas al pago de derechos correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal vigente, bajo cualquier modalidad o condición en las que se ejerzan, debiendo la autoridad municipal, al percatarse de dicha acción, a petición de parte, por denuncia o en flagrancia, disponer de las gestiones necesarias para la aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad municipal aplicable”.
Para los tianguistas se vuelve, además, una causa de revocación de su permiso si se involucran en esta comercialización ilegal del espacio público, es decir, si permiten, fomentan o participan en la irregularidad.
Así argumenta el regidor López Córdova su propuesta para responder a la problemática que se está suscitando:
“A saber de la inconformidad permanente que manifiestan diversos comerciantes ante el arribo de algunos líderes quienes, según refieren los comerciantes, realizan recorridos recolectando cuotas y haciendo cobros, bajo el argumento de un supuesto acuerdo entre agremiados, lo que propicia tanto confusión cómo molestia entre algunos de ellos (…) Esta situación ha permitido la realización de permanentes señalamientos en contra de supuestos líderes quienes, según refieren, han solicitado cuotas y aportaciones cuyo destino es una organización o agrupación gremial, sin mediar documentación de por medio, con la promesa de presuntos favores administrativos”.
Continúa: “La gravedad del asunto estriba en que dichas aportaciones se efectúan entre particulares y estos recursos no son enterados a las arcas municipales, generando así un desconcierto entre los comerciantes, dado que consideran que sus recursos aportados les constituyen un derecho a ejercitar; esto, sin tomar en cuenta a su vez que los líderes que realizan estas prácticas están asumiendo de facto una función que no les corresponde, vulnerando así la autoridad de los administradores encargados del control y regulación del ejercicio comercial en el tianguis, y en general de todo el personal encargado de la regulación del comercio en espacios abiertos”.
La fracción del PAN tapatía ha señalado que estas cuotas que recogen los líderes de los grupos de ambulantes, son las que terminan por “engrasar” la maquinaria de corrupción de la que forman parte algunos servidores públicos, pues una fracción de estos recursos son los que se destinan para sobornar a funcionarios.
Los ediles panistas aseguran que hay puntos del Centro Histórico donde los pagos que hacen los ambulantes a sus líderes pueden variar entre los mil 400 y mil 600 pesos semanales, “Lo que nos han informado algunos ambulantes son las cuotas semanales que cada líder (de grupo) recauda y entrega a cierto personaje representante de la autoridad municipal”, ha declarado Mario Salazar Madera.
Actualmente, el Reglamento para el Funcionamiento de Giros ya incluye una prohibición relacionada en su artículo 104, pero más encaminada a impedir o disolver relaciones clientelares entre la administración municipal y los grupos de vendedores informales, al decir:
“A ninguna persona podrá coaccionársele para que pertenezca a organización alguna; pague cuotas o aportaciones a dichas organizaciones o personas; se obligue a hacer, no hacer o a permitir alguna acción a favor de persona u organización como condición para que disfrute de un permiso o autorización”.
Para saber
El Ayuntamiento tapatío diagnosticó que el ambulantaje en el Centro Histórico creció un 155% en el periodo 2010-2012, cuando se pasó de 406 vendedores a mil 037 en las zonas prohibidas. Aún hoy sigue sin ser contenido el crecimiento del comercio informal en los espacios públicos del primer cuadro, con andadores, banquetas y plazas ocupadas todos los días por comerciantes.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA
La misma Secretaría General de Guadalajara ha señalado que los líderes de los grupos de ambulantes en el primer cuadro exigen un cobro inicial de cinco mil pesos para formar parte de su organización, y poder ocupar así un lugar en el Centro Histórico donde está prohibido por reglamento, para luego solicitar otras cuotas que oscilan entre los 400 y 500 pesos semanales.
Ahora es el regidor José Enrique López Córdova quien propone llevar esta prohibición al Reglamento de Policía y Buen Gobierno, volviéndolo una falta administrativa a las libertades, al orden y paz públicos, con una sanción que iría de los 10 a los 20 salarios mínimos (de 647.5 pesos a mil 295 pesos), o un arresto de 12 horas.
Así quedaría la redacción de la falta:
“Solicitar, exigir o requerir el cobro entre particulares, por concepto de uso del piso, o denominaciones similares, ajenas al pago de derechos correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal vigente, bajo cualquier modalidad o condición en las que se ejerzan, en tianguis municipales y comercio en espacios abiertos”.
La falta será sancionada tanto cuando se halle en flagrancia por la autoridad municipal como por denuncia de por medio. La misma prohibición también se llevaría al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Industriales, Comerciales y de Prestación de Servicios para el Municipio de Guadalajara, para que su artículo 104 diga:
“…está prohibido el cobro entre particulares, por concepto de uso del piso, o denominaciones similares, ajenas al pago de derechos correspondientes establecidos en la Ley de Ingresos Municipal vigente, bajo cualquier modalidad o condición en las que se ejerzan, debiendo la autoridad municipal, al percatarse de dicha acción, a petición de parte, por denuncia o en flagrancia, disponer de las gestiones necesarias para la aplicación de las sanciones correspondientes, de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad municipal aplicable”.
Para los tianguistas se vuelve, además, una causa de revocación de su permiso si se involucran en esta comercialización ilegal del espacio público, es decir, si permiten, fomentan o participan en la irregularidad.
Así argumenta el regidor López Córdova su propuesta para responder a la problemática que se está suscitando:
“A saber de la inconformidad permanente que manifiestan diversos comerciantes ante el arribo de algunos líderes quienes, según refieren los comerciantes, realizan recorridos recolectando cuotas y haciendo cobros, bajo el argumento de un supuesto acuerdo entre agremiados, lo que propicia tanto confusión cómo molestia entre algunos de ellos (…) Esta situación ha permitido la realización de permanentes señalamientos en contra de supuestos líderes quienes, según refieren, han solicitado cuotas y aportaciones cuyo destino es una organización o agrupación gremial, sin mediar documentación de por medio, con la promesa de presuntos favores administrativos”.
Continúa: “La gravedad del asunto estriba en que dichas aportaciones se efectúan entre particulares y estos recursos no son enterados a las arcas municipales, generando así un desconcierto entre los comerciantes, dado que consideran que sus recursos aportados les constituyen un derecho a ejercitar; esto, sin tomar en cuenta a su vez que los líderes que realizan estas prácticas están asumiendo de facto una función que no les corresponde, vulnerando así la autoridad de los administradores encargados del control y regulación del ejercicio comercial en el tianguis, y en general de todo el personal encargado de la regulación del comercio en espacios abiertos”.
La fracción del PAN tapatía ha señalado que estas cuotas que recogen los líderes de los grupos de ambulantes, son las que terminan por “engrasar” la maquinaria de corrupción de la que forman parte algunos servidores públicos, pues una fracción de estos recursos son los que se destinan para sobornar a funcionarios.
Los ediles panistas aseguran que hay puntos del Centro Histórico donde los pagos que hacen los ambulantes a sus líderes pueden variar entre los mil 400 y mil 600 pesos semanales, “Lo que nos han informado algunos ambulantes son las cuotas semanales que cada líder (de grupo) recauda y entrega a cierto personaje representante de la autoridad municipal”, ha declarado Mario Salazar Madera.
Actualmente, el Reglamento para el Funcionamiento de Giros ya incluye una prohibición relacionada en su artículo 104, pero más encaminada a impedir o disolver relaciones clientelares entre la administración municipal y los grupos de vendedores informales, al decir:
“A ninguna persona podrá coaccionársele para que pertenezca a organización alguna; pague cuotas o aportaciones a dichas organizaciones o personas; se obligue a hacer, no hacer o a permitir alguna acción a favor de persona u organización como condición para que disfrute de un permiso o autorización”.
Para saber
El Ayuntamiento tapatío diagnosticó que el ambulantaje en el Centro Histórico creció un 155% en el periodo 2010-2012, cuando se pasó de 406 vendedores a mil 037 en las zonas prohibidas. Aún hoy sigue sin ser contenido el crecimiento del comercio informal en los espacios públicos del primer cuadro, con andadores, banquetas y plazas ocupadas todos los días por comerciantes.
EL INFORMADOR / LUIS HERRERA