Internacional
Retoman juicio sobre asesinato de ex alcalde brasileño
Su familia vincula la muerte de Celso Daniel a asuntos de corrupción, lo que respalda la reapertura del proceso de investigación
SAO PAULO, BRASIL (10/MAY/2012).- La justicia de Sao Paulo reabrió hoy el juicio por el asesinato del exalcalde Celso Daniel, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), cuya muerte en 2002 se atribuyó a delincuentes comunes pero que su familia vincula a asuntos de corrupción.
Esa segunda hipótesis fue respaldada en la reapertura de este proceso que la justicia había archivado por el fiscal Márcio Friggi, quien pidió que los tres primeros acusados del asesinato juzgados hoy sean condenados por un "crimen político" vinculado a corruptelas en alcaldías paulistas que en 2002 estaban en manos del PT.
Daniel fue secuestrado en enero de ese año, cuando era alcalde de la ciudad de Santo André y acababa de ser nombrado coordinador de la campaña electoral que unos meses después acabó por llevar al poder a Luiz Inácio Lula da Silva por primera vez.
Los secuestradores nunca hicieron ningún contacto con la familia y dos días después de su desaparición el alcalde fue hallado en una carretera, muerto de once balazos y, según algunas versiones, con señales de tortura.
La policía y el propio PT atribuyeron el caso al crimen común, pero familiares de Daniel denunciaron en 2005 que Gilberto Carvalho, entonces jefe de gabinete del presidente Lula, les había confesado que el alcalde había sido víctima de una red de corrupción del PT, que en parte servía también para financiar la campaña electoral.
Carvalho, hoy ministro de la Secretaría de la Presidencia en el Gobierno de Dilma Rousseff, negó siempre esa versión, que el fiscal, sin embargo, refrendó hoy en su declaración ante el jurado.
Según denunció Friggi, Daniel fue asesinado "por saber demasiado" y porque había descubierto que dirigentes del PT se quedaban con parte del dinero de las corruptelas, cuando debía ser destinado a financiar la campaña.
De acuerdo a esa tesis, defendida por familiares de Daniel, el alcalde estaba dispuesto a denunciar la red de corrupción, lo que condujo a su asesinato.
El fiscal recordó además que, tras la muerte de Daniel, seis personas vinculadas de una u otra forma al crimen fueron asesinadas, entre ellas el camarero que le atendió en un restaurante durante la que fue su última cena, junto a su jefe de seguridad, Sergio Gomes, conocido como "Sergio Sombra" y sospechoso de ordenar el crimen.
Gomes es uno de los otros tres acusados pero no fue incluido en la nueva vista que comenzó hoy, que solamente tiene en el banquillo a tres de los presuntos autores materiales, identificados como Ivan Rodrigues, José Edison da Silva y Rodolfo Rodrigo dos Santos.
Los tres acusados negaron hoy su participación en el hecho, pero además coincidieron en acusar al abogado y exdiputado del PT Luiz Eduardo Greenhalgh de presionarles para que se declarasen culpables.
Según dijo Rodrigues, cuando fue detenido y acusado del crimen, en 2002, Greenhalgh se presentó como si fuera su abogado y le pidió firmar unos papeles que ni siquiera pudo leer y que eran en verdad una confesión.
Versiones parecidas presentaron los otros dos reos, que además dijeron haber sido torturados por la policía a fin de que confesaran su supuesta participación en el secuestro y asesinato de Daniel.
Tras conocerse hoy esas declaraciones, Greenhalgh desmintió a los tres reos a través de una nota, en la que niega haber ejercido presiones pero admite, sin embargo, que estuvo presente en los interrogatorios en su calidad de abogado del PT.
Greenhalgh sostuvo que "están intentando politizar el caso" y acusar al PT por un crimen que la policía "ha demostrado" que fue cometido por delincuentes comunes.
Según las previsiones del tribunal, el juicio deberá concluir mañana, cuando terminarán de declarar los 13 testigos presentados por la parte acusadora y otros tantos citados por la defensa.
Esa segunda hipótesis fue respaldada en la reapertura de este proceso que la justicia había archivado por el fiscal Márcio Friggi, quien pidió que los tres primeros acusados del asesinato juzgados hoy sean condenados por un "crimen político" vinculado a corruptelas en alcaldías paulistas que en 2002 estaban en manos del PT.
Daniel fue secuestrado en enero de ese año, cuando era alcalde de la ciudad de Santo André y acababa de ser nombrado coordinador de la campaña electoral que unos meses después acabó por llevar al poder a Luiz Inácio Lula da Silva por primera vez.
Los secuestradores nunca hicieron ningún contacto con la familia y dos días después de su desaparición el alcalde fue hallado en una carretera, muerto de once balazos y, según algunas versiones, con señales de tortura.
La policía y el propio PT atribuyeron el caso al crimen común, pero familiares de Daniel denunciaron en 2005 que Gilberto Carvalho, entonces jefe de gabinete del presidente Lula, les había confesado que el alcalde había sido víctima de una red de corrupción del PT, que en parte servía también para financiar la campaña electoral.
Carvalho, hoy ministro de la Secretaría de la Presidencia en el Gobierno de Dilma Rousseff, negó siempre esa versión, que el fiscal, sin embargo, refrendó hoy en su declaración ante el jurado.
Según denunció Friggi, Daniel fue asesinado "por saber demasiado" y porque había descubierto que dirigentes del PT se quedaban con parte del dinero de las corruptelas, cuando debía ser destinado a financiar la campaña.
De acuerdo a esa tesis, defendida por familiares de Daniel, el alcalde estaba dispuesto a denunciar la red de corrupción, lo que condujo a su asesinato.
El fiscal recordó además que, tras la muerte de Daniel, seis personas vinculadas de una u otra forma al crimen fueron asesinadas, entre ellas el camarero que le atendió en un restaurante durante la que fue su última cena, junto a su jefe de seguridad, Sergio Gomes, conocido como "Sergio Sombra" y sospechoso de ordenar el crimen.
Gomes es uno de los otros tres acusados pero no fue incluido en la nueva vista que comenzó hoy, que solamente tiene en el banquillo a tres de los presuntos autores materiales, identificados como Ivan Rodrigues, José Edison da Silva y Rodolfo Rodrigo dos Santos.
Los tres acusados negaron hoy su participación en el hecho, pero además coincidieron en acusar al abogado y exdiputado del PT Luiz Eduardo Greenhalgh de presionarles para que se declarasen culpables.
Según dijo Rodrigues, cuando fue detenido y acusado del crimen, en 2002, Greenhalgh se presentó como si fuera su abogado y le pidió firmar unos papeles que ni siquiera pudo leer y que eran en verdad una confesión.
Versiones parecidas presentaron los otros dos reos, que además dijeron haber sido torturados por la policía a fin de que confesaran su supuesta participación en el secuestro y asesinato de Daniel.
Tras conocerse hoy esas declaraciones, Greenhalgh desmintió a los tres reos a través de una nota, en la que niega haber ejercido presiones pero admite, sin embargo, que estuvo presente en los interrogatorios en su calidad de abogado del PT.
Greenhalgh sostuvo que "están intentando politizar el caso" y acusar al PT por un crimen que la policía "ha demostrado" que fue cometido por delincuentes comunes.
Según las previsiones del tribunal, el juicio deberá concluir mañana, cuando terminarán de declarar los 13 testigos presentados por la parte acusadora y otros tantos citados por la defensa.