Internacional
Proyecto sobre inmigración llega a la legislatura de Luisiana
El proyecto más amplio sometido a discusión prohíbe dar transporte o refugio a sabiendas a los indocumentados con la intención de ayudarles a evitar a la policía
LUISIANA, ESTADOS UNIDOS (30/ABR/2011).-El encendido debate sobre políticas de inmigración ha llegado a la capital de Luisiana, donde los legisladores que intentan endurecer las leyes contra los indocumentados probablemente enfrentarán la oposición de la industria de la construcción y la Iglesia Católica.
Los proyectos van desde una medida para prohibir la contratación de inmigrantes ilegales en obras públicas hasta un paquete amplio que imita al de Arizona al crear nuevos delitos y encomendar a la policía local la aplicación de la ley federal de inmigración.
Todavía no se ha fijado fecha para debatir los proyectos.
Entretanto, crece la población de indocumentados en Luisiana. El Centro Pew Hispánico dice que el número de inmigrantes ilegales llegó a 65 mil en 2010, casi el doble que en el 2007.
El proyecto más amplio sometido a discusión es del independiente Ernest Wooton, que prohibiría dar transporte o refugio a sabiendas a los indocumentados con la intención de ayudarles a evitar a la policía o las autoridades de inmigración. El blanco concreto de esta ley serían los que contratan jornaleros en las calles.
La medida prevé algunas excepciones, tales como brindar ayuda humanitaria.
Wooton dijo que su proyecto sigue el modelo de Arizona, que fue derogado por la corte bajo el argumento presentado por el Departamento de Justicia, de que viola la constitución al otorgarle al estado el poder de aplicar la ley inmigratoria. Un recurso impide la puesta en vigencia de disposiciones importantes de la ley, incluida la que obliga a la policía a interrogar a las personas detenidas por otras causas sobre su estatus inmigratorio.
Wooton dijo que su proyecto fue compulsado por abogados constitucionalistas, pero reconoció que hay mucha ambigüedad en cuanto a la función de los agentes de policía.
El representante republicano Joe Harrison, autor de otro proyecto amplio, y Wooton expresaron esperanzas de que sus iniciativas impulsen al Congreso y la Casa Blanca a asegurar las fronteras.
El gobernador republicano Bobby Jindal sólo apoya los proyectos del legislador Kirk Talbot, que obligarían a verificar la ciudadanía de quien solicite beneficios públicos y la situación migratoria de los solicitantes de trabajo.
Todos los autores de proyectos prevén la oposición de la Iglesia Católica.
La Conferencia Episcopal de Luisiana se negó a hacer declaraciones, pero en el pasado siempre ha pedido a Jindal y los legisladores que rechacen medidas basadas en un enfoque puramente represivo. La iglesia dijo en el 2008 que cualquier reforma aceptable de incluir un procedimiento de acceso a la legalización, la protección de extranjeros, la reducción del tiempo de espera para la reunión de familias y estrategias frente a las "causas de raíz" de los problemas de inmigración.
En cuanto a los constructores, Randy Noel, ex presidente de la Asociación de Constructores de Vivienda, dijo que en Luisiana predominan las pequeñas empresas, y que los subcontratistas suelen ser los que contratan a los jornaleros.
"Algunos proyectos echan el peso sobre los empleadores, y son difíciles de cumplir si uno usa un contratista independiente", dijo Noel.
Los proyectos van desde una medida para prohibir la contratación de inmigrantes ilegales en obras públicas hasta un paquete amplio que imita al de Arizona al crear nuevos delitos y encomendar a la policía local la aplicación de la ley federal de inmigración.
Todavía no se ha fijado fecha para debatir los proyectos.
Entretanto, crece la población de indocumentados en Luisiana. El Centro Pew Hispánico dice que el número de inmigrantes ilegales llegó a 65 mil en 2010, casi el doble que en el 2007.
El proyecto más amplio sometido a discusión es del independiente Ernest Wooton, que prohibiría dar transporte o refugio a sabiendas a los indocumentados con la intención de ayudarles a evitar a la policía o las autoridades de inmigración. El blanco concreto de esta ley serían los que contratan jornaleros en las calles.
La medida prevé algunas excepciones, tales como brindar ayuda humanitaria.
Wooton dijo que su proyecto sigue el modelo de Arizona, que fue derogado por la corte bajo el argumento presentado por el Departamento de Justicia, de que viola la constitución al otorgarle al estado el poder de aplicar la ley inmigratoria. Un recurso impide la puesta en vigencia de disposiciones importantes de la ley, incluida la que obliga a la policía a interrogar a las personas detenidas por otras causas sobre su estatus inmigratorio.
Wooton dijo que su proyecto fue compulsado por abogados constitucionalistas, pero reconoció que hay mucha ambigüedad en cuanto a la función de los agentes de policía.
El representante republicano Joe Harrison, autor de otro proyecto amplio, y Wooton expresaron esperanzas de que sus iniciativas impulsen al Congreso y la Casa Blanca a asegurar las fronteras.
El gobernador republicano Bobby Jindal sólo apoya los proyectos del legislador Kirk Talbot, que obligarían a verificar la ciudadanía de quien solicite beneficios públicos y la situación migratoria de los solicitantes de trabajo.
Todos los autores de proyectos prevén la oposición de la Iglesia Católica.
La Conferencia Episcopal de Luisiana se negó a hacer declaraciones, pero en el pasado siempre ha pedido a Jindal y los legisladores que rechacen medidas basadas en un enfoque puramente represivo. La iglesia dijo en el 2008 que cualquier reforma aceptable de incluir un procedimiento de acceso a la legalización, la protección de extranjeros, la reducción del tiempo de espera para la reunión de familias y estrategias frente a las "causas de raíz" de los problemas de inmigración.
En cuanto a los constructores, Randy Noel, ex presidente de la Asociación de Constructores de Vivienda, dijo que en Luisiana predominan las pequeñas empresas, y que los subcontratistas suelen ser los que contratan a los jornaleros.
"Algunos proyectos echan el peso sobre los empleadores, y son difíciles de cumplir si uno usa un contratista independiente", dijo Noel.